Carta a Sergio Caramagna

Bogotá, D.C. 29 de mayo de 2004

Señor:
Sergio Caramagna
Jefe Misión para Apoyar el Proceso de
Paz en Colombia (MAPP/OEA)
Ciudad

Señor Caramagna:

Quienes suscribimos esta comunicación somos un conjunto de organizaciones e instituciones conformadas por personas y comunidades víctimas de la acción de los grupos paramilitares.
Desde el comienzo del proceso de diálogos entre algunos de estos grupos y el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en diciembre de 2002, hemos dejado claramente sentada nuestra posición frente a estos acercamientos públicos.

Creemos que se requiere una superación integral del fenómeno paramilitar en Colombia, en el contexto de un proceso real de negociación y paz que involucre también a los movimientos insurgentes y no la readaptación a una nueva estrategia de guerra, o de seguridad, bajo la apariencia de una política de desmovilización. Por eso, hemos sostenido, entre otras consideraciones, que estos diálogos no deben conducir a la adopción de leyes de perdón que dejen en la impunidad los crímenes atroces cometidos por los paramilitares y que, por el contrario, se requiere adoptar normas y mecanismos que garanticen plenamente la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas, como lo establece nítidamente el derecho internacional.

Insistimos, además, en que cualquier proceso que se emprenda con los grupos paramilitares no debe significar el ocultamiento o la desaparición de la responsabilidad histórica que en su conformación y desarrollo le cabe al Estado colombiano; responsabilidad que han reconocido abiertamente los propios líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El esclarecimiento y sanción de esa responsabilidad es un aspecto central de cualquier intento que busque verdaderamente desmontar las estructuras paraestatales. En fin, hemos advertido que el proceso de Santa Fe de Ralito no cuenta con ninguna garantía de transparencia ante los ojos de la comunidad internacional y la opinión nacional, lo que ha significado que mientras se habla de “cese al fuego” y de “negociaciones de paz”, en muchas regiones del país los paramilitares sigan cometiendo toda clase de crímenes y abusos.

Este último aspecto nos preocupa particularmente, pues el impacto de esa acción criminal recae sobre comunidades, cuya situación permanece inaccesible al conocimiento de la opinión pública.
La creación de la Misión para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), que usted dirige, tiene por objetivo esencial realizar la función de verificación internacional del proceso entre el gobierno colombiano y las AUC. Como lo afirmara la Asamblea General de la OEA, al ratificar el acuerdo que crea la Misión, dicha función de verificación debe acogerse al principio de independencia y velar por el respeto de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

En el marco del proceso con los grupos paramilitares vienen presentándose múltiples violaciones a esos derechos. Según lo reportan informes de las organizaciones de derechos humanos, los grupos paramilitares irrespetan sistemáticamente su anuncio de cese de hostilidades. De acuerdo con cifras presentadas por estas organizaciones, en el año anterior se habrían presentado 1440 victimas en masacres, de las cuales el 70% cometidas por paramilitares y 3.313 asesinatos políticos, de los cuales el 80% fueron cometidos por los grupos paramilitares.

El propio informe que este año presentó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala el incumplimiento de la tregua y la continuidad de los nexos entre grupos paramilitares y agentes estatales. A estos hechos se añade que estos grupos estarían desarrollando nuevas formas de acción violenta, como lo mostraría, de comprobarse judicialmente, su incursión en el territorio venezolano.
Las denuncias que nuestras organizaciones han recibido, y constatado, en varias regiones del país indican que lejos de estar desmovilizándose, los paramilitares continúan consolidando su poder territorial y el proceso de legalización de las tierras y capitales del narcotráfico. Las exigencias de las víctimas sobre los procesos de justicia y reparación que deben emprenderse para superar las graves consecuencias que tienen acciones violentas como éstas no han sido tomadas en consideración. En lugar de ello, se está imponiendo de hecho la impunidad de crímenes atroces bajo el Decreto 128 de 2003 y las llamadas “desmovilizaciones colectivas” de bloques paramilitares.
Todas estas violaciones a los derechos de la población civil y de las víctimas están ocurriendo, Señor Caramagna, sin que la opinión nacional haya conocido hasta ahora su posición sobre el particular. Además, nos ha sorprendido su incorporación a la llamada “mesa de negociación”, pues es incompatible con su mandato de observador imparcial.

Tal como ha sido concebido el actual proceso con los grupos paramilitares, nos preocupa hondamente que la OEA, de hecho abandone su posición imparcial y de verificación y se este colocado abiertamente del lado de una de las partes en el actual conflicto colombiano, deslegitimándose de paso, para un proceso futuro en la perspectiva de una solución negociada del conflicto interno.
Entendemos que la verificación de un proceso tan complejo como éste requiera de una actitud rigurosa y discreta por parte de los observadores internacionales. No obstante, la verificación internacional debe dar cuenta de los hechos que se están produciendo y de las violaciones que están afectando gravemente a comunidades enteras en el territorio nacional. En consecuencia, le solicitamos a usted respetuosamente, que haga pública la posición de la Misión de la OEA sobre los temas que hemos tocado en esta comunicación y sobre todos aquellos aspectos que atañen a la vulneración de los derechos de las víctimas y la población civil en el proceso actualmente en curso con los grupos paramilitares.
Cordialmente,

Suscriben: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS-(ASFADDES), COLECTIVO DE ABOGADOS “JOSÉ ALVEAR RESTREPO”, COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ, FUNDACIÓN MANUEL CEPEDA VARGAS, ASOCIACIÓN NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA. (ANDAS), PROYECTO JUSTICIA Y VIDA, ASOCIACION AGROPECUARIA CAMPESINA E INDIGENAS DESPLAZADOS DEL ALTO NAYA ( ASOCAIDENA), COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS, COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS, CORPORACIÓN AVRE, CORPORACION REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CREDHOS), ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR (O.F.P.), HUMANIDAD VIGENTE, COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS, CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT, UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO, RED DE ALTERNATIVAS A LA IMPUNIDAD Y A LA GLOBALIZACIÓN DEL MERCADO, ASONAL JUDICIAL, SINALTRAINAL, SINTRAMINERCOL, SINTRAUNINCCA, UNEB, FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES, FECODE, ANTHOC, ASPU, CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CTC), CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEMOCRATICOS (CGTD ), FEDERACION NACIONALDE TRABAJADORES ESTATALES (FENALTRASE) FEDERACION SINDICAL AGROPECURIA, ACUN-UR, ACEU – DDHH, CÁTEDRA CAMILO TORRES RESTREPO – UNIVERSIDAD NACIONAL, SOCIEDAD JURÍDICA – UNIVERSIDAD NACIONAL, FENSUAGRO, ASOCIACION COLOMBIANA DE ABOGADOS DEFENSORES EDUARDO UMAÑA MENDOZA, ASOCIACION COLOMBIANA DE JURISTAS DEMOCRATAS, ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ, COMITÉ COLOMBIA LUCHA CONTRA EL ALCA, IGLESIA MENONITA DE BERNA, RED DE ALTERNATIVAS A LA IMPUNIDAD Y LA GLOBALIZACION, UNIÓN PATRIÓTICA – UP, JUVENTUD COMUNISTA (JUCO), PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO – PCC, FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO (FSP), MOVIMIENTO GAITANÍSTA, WILSON BORJA (PARLAMENTARIO), PIEDAD CORDOBA (SENADORA DE LA REPUBLICA),