Carta a Baltasar Garzón de Comunidades y Organizaciones Colombianas
Comunidades y organizaciones que habitan en zonas de conflicto armado interno, solicitan al señor Baltasar Garzón una reunión para poder hablar sobre su papel en Colombia y para expresar sus inquietudes y preocupaciones.
Colombia, 23 de mayo de 2011
Señor
Baltasar Garzón
Asesor Misión de Apoyo a Proceso de Paz
Hotel Ar Salitre
Bogotá.
Reciba un cordial saludo.
Las comunidades y organizaciones abajo firmantes que habitamos hoy en zonas de conflicto armado interno o que nos encontramos desplazados internamente, algunas que hemos sido despojadas por la violencia paramilitar consentida, apoyada, y orquestada por militares de alto nivel, mandos de brigadas, y que han beneficiado a sectores empresariales, nos dirigimos a usted en su calidad de asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), para solicitar a la mayor brevedad posible una reunión con usted en la que nos precise su papel en Colombia y conozca de manera directa nuestras inquietudes y preocupaciones.
La semana pasada tuvimos conocimiento a través de la prensa, que es un hecho su presencia en Colombia. Sin embargo, no tenemos acceso y claridad sobre su rol. Aprovechando la información que recibimos en la revista Semana sobre la realización de una Conferencia sobre la legislación para la paz, y evidentemente a la que no somos invitados, aprovechamos la ocasión para hacerle esta solicitud.
En medio de estas imprecisiones sobre su misión en los próximos años en Colombia, nos atrevemos a manifestar nuestra preocupación por el papel que la MAPP OEA, creada en febrero de 2004, ha jugado. Ese año, las víctimas fuimos desconocidos y excluidos de interlocuciones directas del Señor Sergio Caramagna, que desconoció cada una de nuestras preocupaciones respecto a la simulación de desmovilización y rearme inmediato de grupos paramilitares. Esta situación se ha venido conociendo a través de escándalos mediáticos, que las víctimas denunciamos, pues conocimos y vimos como los paramilitares, en medio de la presencia de la fuerza pública y autoridades civiles, ofrecían dinero a jóvenes para hacerse pasar como paramilitares. Pero esa verdad fue silenciada y desconocida, cuando como parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, lo hicimos conocer.
Hoy la MAPP OEA, a pesar de todas las evidencias, de los informes del Sistema Interamericano y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, concibe la aplicación de la ley 975 como de “justicia transicional”, que ha colapsado. Evidentemente tal calificativo, usado estratégicamente por el pasado gobierno, y en el que el presidente Santos continúa cimentando sus planteamientos y apuestas legislativas, dista mucho de la realidad.
Si observamos la realidad de manera menos ingenua no ha nacido ningún pacto social que profundice la democracia, que posibilite una construcción de memoria colectiva, que deslegitime la operación criminal del Estado y que reconozca los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
Hoy seguimos observando, padeciendo, viviendo los nefastos resultados de lo que se quiso vender como paz, pero que en realidad ha sido el desarrollo de una fase de una guerra prolongada con la pacificación forzosa. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación integral ni garantías de no repetición.
Los exparamilitares, en muchas regiones no son exparamilitares, son los mismos que en el pasado operaron y hoy operan con el conocimiento, consentimiento de las brigadas y de la policía Nacional. Somos blanco de su persecución, de sus amenazas, de sus asesinatos y de operaciones de control social territorial que impiden el disfrute de la tierra.
Su control en administraciones locales, su incidencia, se mantiene, se amenaza, se hostiga, se mata, en medio del conocimiento del Estado. Puede ser entonces veraz la expresión en el último informe de abril de la MAPP OEA, según el cual, “Uno de los principales impactos de la desmovilización ha sido la desaparición de las autodefensas como realidad política”. No solo lo que vivimos en las comunidades y zonas rurales contradice las afirmaciones de la MAPP OEA sino que también los mismos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Este proceso que es inédito, como lo califica, la MAPP OEA, es inédito, claro, por la perversidad de quiénes la diseñaron y por las graves consecuencias que ha traído para las víctimas y para la sociedad colombiana, que hasta hoy estamos viendo, pero cuyas graves afecciones para el futuro de la democracia colombiana hasta ahora se están experimentando muy silenciosamente.
Hoy continúan siendo desconocidas y judicializadas las promesas incumplidas, las traiciones a lo pactado por el gobierno de Uribe con paramilitares al decidir la extradición. Cuando las verdades de los hoy extraditados, iban a comprometer la responsabilidad de funcionarios del alto gobierno, cuando ellos iban a aportar a develar la estructura criminal, que incluía militares y policías de alto rango, prestigiosos empresarios de Antioquia y de la Costa, se les llevó a los Estados Unidos. Y allí, a las víctimas, a la sociedad que ha padecido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y conductas repudiables en el derecho interno e internacional se nos ha impedido el acceso a la verdad y a la justicia. Por eso, solicitamos que usted incida, como ya en el pasado lo planteo Piedad Córdoba, para que sea posible, un acuerdo político con los Estados Unidos, que garantice la repatriación a Colombia, de quiénes han manifestado sus disposición a la verdad y a la justicia.
A través de la aplicación de la ley 975, se ha accedido parcialmente a verdades, no corroboradas con investigación técnica de las unidades especiales; las versiones no han servido para impulsar la eficacia judicial en materia de procesos en que militares y empresarios están vinculados con el paramilitarismo. La excepción han sido las investigaciones por lo que se ha llamado parapolítica, en la que resulta evidente, que un amplio sector del mismo cuerpo legislador que aprobó la mal llamada ley para la “justicia y la paz” se encuentra en la cárcel ya sentenciados por ser parte de la operación criminal.
Las verdades parciales en esas audiencias, no son parte de una agenda pedagógica, no pasa más allá de una agenda de escándalos mediáticos, donde ya parece que poco importa la verdad y la justicia, pues el crimen cimentando en la impunidad es parte de una construcción que se ha ido legitimando el olvido, el silencio, y la negación del valor de la vida. Los montajes del desmonte paramilitar, la simulación de tribunales para la verdad y la justicia, las trampas de la reparación y de la supuesta paz lograda, entre otras, las dimos a conocer, el tiempo y las verdades fragmentadas que se han conocido en instancias judiciales nacionales e internacionales, nos dan la razón en derecho.
Hoy como víctimas seguimos exigiendo nuestros derechos, contra toda esperanza, los seguimos afirmando. Estamos en medio de la guerra interna, en medio de la militarización de nuestros territorios por parte de la fuerza pública, de agentes de seguridad y de paramilitares, en medio de operaciones de las guerrillas de las FARC y del ELN. A un reciente encuentro en Buenos Aires, convocado por Colombianas y Colombianos por la Paz, hicimos llegar a Piedad Córdoba, un documento, en el que planteamos garantías judiciales para el ejercicio de nuestras propuestas humanitarias pues nuestras iniciativas son estigmatizadas y perseguidas judicialmente
La criminalización de la exigencia de humanización y de una salida política al conflicto armado interno en aplicación del derecho a la paz y del artículo 22 de la Constitución Nacional es una realidad. Porque vivimos el desborde de los códigos del derecho humanitario, porque padecemos las afecciones directas de las partes en el conflicto armado y vemos por todos lados que los costos económicos, ambientales, sociales, militares son insostenibles o llevarán a mayores niveles de degradación y desesperanza, estamos convencidos de la necesidad de la paz para la justicia social y la democracia integral.
Señor Garzón, hoy se nos mata con exclusión, se nos mata con hambre, se nos mata con balas, se nos criminaliza con la persecución judicial, por todo esto no creemos qué estemos en una transición democrática, mucho más cuando amplios sectores institucionales no actúan bajo los lineamientos de un Estado Social de Derecho.
Señor Garzón frente a casos como el del exdictador Pinochet, las desapariciones forzadas en Argentina, las ejecuciones sumarias y extrajudiciales durante el franquismo ha sido importante su actuación en la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia en la Audiencia Española. Por eso nos extrañaron algunas de sus apreciaciones favorables al proceso de aplicación la ley 975 en el gobierno de Uribe. Hace pocos meses escuchamos en un encuentro de Toledo, que sus valoraciones de este proceso cambiaron favorablemente a favor de las víctimas cuando se interpretó la ley 975 a la luz de sus resultados en relación con los derechos de las víctimas respecto a la aplicación de la ley 975.
Señor Garzón, hemos constatado que hay un cambió en el lenguaje del discurso gubernamental de la Seguridad Democrática a Prosperidad Democrática, de supuesta concertación y
respeto a los derechos humanos. Sin embargo, esta disposición no ha trascendido a los hechos, se mantiene
la violencia sociopolítica, la impunidad y el conflicto social y armado. Se
encubren crímenes de lesa humanidad bajo la denominación de Bandas
Criminales – Bacrim, que son parte de la reingeniería paramilitar y la
falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones, persistiendo en muchas regiones el poder mafioso, político y empresarial acumulado con la violencia paramilitar.
Señor Garzón, hace pocas semanas presentamos una demanda de inconstitucionalidad en contra la ley 1424 del 2010 desarrollada por el presidente Santos. Esta ley para enmendar uno de los horrores del proceso de desmovilización pretende proteger los derechos de 31 mil desmovilizados, cuyos aportes a la verdad ni serán judicializados ni conocidos por las víctimas. Tal proyecto, en el marco de la mal llamada justicia transicional, desconoce la jurisprudencia de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, del derecho internacional sobre la impunidad y los derechos de las víctimas, así como, la jurispridencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Señor Garzón, en el marco de la jurisdicción universal ante la Audiencia Española se instauró una querella por la responsabilidad del general Rito Alejo del Río Rojas en crímenes de lesa humanidad por comunidades del Atrato, Urabá Antioqueño, que suscriben esta carta. El caso nunca avanzó bajo el argumento que la preclusión mostraba una actividad procesal eficaz de la justicia colombiana. Valga la pena anotar que estas comunidades, que suscriben este texto, continúan sufriendo los efectos de la impunidad por la violación sistemática de sus derechos humanos por acción y omisión del Estado colombiano con la persecución de las fuerzas militares, la policía y los grupos paramilitares y de montajes judiciales en medio del conflicto armado, y cuando esta querella fue interpuesta los testigos y los demandantes fueron objeto de una persecución ilegal del DAS en el territorio español.
Señor Garzón, los pocos casos en que militares han sancionado, tienen como reacción el desconocimiento de los derechos de las víctimas, ofensivas mediáticas y señalamientos, y las manifestaciones contra derecho de los propios presidentes, en el pasado Uribe y ahora Santos. En esas condiciones y cuando ni siquiera en el caso de los desaparecidos forzados los militares han dicho la verdad, no entregan la información de los lugares donde se hallan los restos, se impulsan ideas para generar salvaguardas para que estos logren su pronta libertad. De que “Justicia Transicional” se puede hablar?, No es eso una remembranza de las leyes de punto final del sur del continente, cuando lo paz aquí es una quimera, y la guerra persiste y se profundiza?.
Cuando se buscan derrotas militares donde los más afectados somos los civiles, porque no parar la guerra, por qué no cambiar de método y discutir las causas de la violencia, escuchar a quienes la padecemos, hablar de los derechos de las víctimas y pactar los cimientos hacia una nueva democracia, son verdad, con justicia, con libertades.
Hoy esperamos que su involucramiento directo en Colombia posibilite la protección de los derechos de las víctimas y se allane con esta intervención un aporte hacia una paz verdadera y sostenible, sustentable y viable con democracia, la que venimos construyendo a pesar de grandes costos humanos y de persecución con el apoyo de Colombianas y Colombianos por la Paz y solidaridad nacional e internacional.
Señor Garzón, esperamos su respuesta, no será en vano escuchar y tener en cuenta las preocupaciones y propuestas de nosotras y nosotros que formamos parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, y de esta Red de Alternativas a la globalización del mercado y a la impunidad.
Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó
Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”-Dabeiba
Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó, y Curvaradó-Chocó
Resguardo Indígena de Urada Jiguamiandó-Chocó
Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
Comunidad indígena de Juin Phubuur-Chocó
Zona Humanitaria CIVIPAZ, Medellín del Ariari – Meta
Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica – ADISPA-Putumayo
Asociación de Productores y Procesadores “Semillas de Paz” – ASPROSEPAZ-Putumayo
Asociación de Productores y Procesadores “Camino al Futuro” – ASPROCAF-Putumayo
Asociación Campesina de Desarrollo Sostenible San Salvador.
ASCADES-Putumayo
Juventud Raíces de Dignidad Perla Amazónica. JURADIPA-Putumayo
Kwe´sx ksxa´w. Consejo Regional Nación Nasa del departamento del Putumayo.
Grupo porvenir–Zona de biodiversidad de Ancura–Putumayo. Familias campesinas vereda Puerto Playa, corregimiento Perla Amazónica–Putumayo.
Familias campesinas vereda Guadalupe, corregimiento Perla Amazónica–Putumayo.
Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya-Valle
Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam-Valle
Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA-Trujillo-Valle.
JUBCA. Jóvenes unidos por el Bajo Calima-Valle
Familiares de víctimas de San Antonio-Inzá-Cauca
Familias desplazadas pro-retorno de Argelia-Cauca
Asociación campesina “Huerto Renacer”-Tequendama-sucre-Cauca
Escuela-Taller Ullucos Zonas de Encuentro, Autonomía y Resistencia indígena nasa-Resguardo de San Francisco-Toribío-Cauca
Organización campesina de sucre BIENANDANTES-Cauca
Resguardo Urada Jiguamiandó, Pueblo Embera Katio
Espacio Humanitario Ambiental – So Bia Drua, Pueblo Embera Katio
Cabildo Mayor Indigena de los Resguardos Rio Murindo’ Y Turriquitado’ Chagerado Del Pueblo Embera Katio
Resguardo De Chidima- Tolo, Jurisdicción Acandi- Departamento Chocó, Pueblo Embera Katio
redalternativas21@gmail.com
Esperamos su repuesta a la Calle 61 A N° 17 – 26 información