Carmelo Agámez Berrio: Entrevista desde la Cárcel de Corozal

Luego de su injusta detención, el 15 de noviembre de 2008, Carmelo Agámez Berrio, secretario técnico del Movice, Capítulo Sucre, permanece en la Cárcel de Corozal. Pese a las absurdas pruebas que se le endilgan y la apelación a la decisión de llevarlo a juicio, que se interpuso hace siete meses, hoy no existe respuesta alguna. Integrantes del Movice lo entrevistamos, el 8 de junio, para saber sobre su situación jurídica y estado de ánimo.

Carmelo Agámez Berrio ha sido secretario técnico del MOVICE, Capítulo Sucre, desde principios del 2008. Es sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y por su trabajo en defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas, ha sido sujeto de amenazas y detenciones que le obligaron en un tiempo a vivir en el exilio. En noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección, por las constantes amenazas de las que ha sido víctima.

El 13 de noviembre de 2008, hacia la una de la madrugada, cinco hombres vestidos de civil, que se identificaron como parte de la policía, ingresaron violentamente a la vivienda Carmelo Agámez, sin orden de allanamiento ni de captura. Insultaron a su esposa preguntando por el paradero de Carmelo, para luego proceder a requisar todas las habitaciones. Después de media hora, los hombres salieron de la casa y se marcharon en un carro oficial. El 15 de noviembre de 2008, Carmelo Agámez se presentó voluntariamente en compañía de su abogado a la Fiscalía de Sincelejo, el Fiscal le tomo la indagatoria y durante tres horas Carmelo insistió en su inocencia. Pese a ello, el Fiscal le impuso medida de aseguramiento.

En la actualidad, el defensor de derechos humanos es investigado absurdamente por el delito de concierto para delinquir, por pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar.

El 13 de mayo de 2009, poco antes de que su oficina emitiera la resolución 3230/2009, el Tribunal Penal de Sincelejo emitió un fallo determinando que el fiscal había violado los derechos de defensa y debido proceso a Agámez al no informarle de los cargos y evidencia en su contra.

En julio de 2009, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en la que ordenó una investigación penal en contra del Fiscal que abrió la investigación contra Agámez por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación contra Agámez. La investigación fue asignada al Fiscal 28 de la Unidad Nacional Antiterrorismo de Bogotá. El 6 de noviembre de 2009, sin tener en cuenta todas las irregularidades evidenciadas dentro del proceso, se resolvió acusar y llevar a juicio al defensor de derechos humanos. Carmelo apeló la decisión del Fiscal de llevar el caso a juicio, pero siete meses más tarde no ha recibido respuesta a dicha apelación.

A principios de junio, varios integrantes del MOVICE hicimos una visita a la cárcel de Corozal y aprovechamos para preguntar a Carmelo sobre su situación jurídica y estado de ánimo:

Cómo está el proceso judicial que se ha llevado en tu contra?

Carmelo: Desde medianos de noviembre del año pasado a un año más o menos de mi detención, se hizo una apelación por parte de mi defensa, ya que el Fiscal había decidido llevar el proceso a juicio. Esta apelación lleva más de 6 meses y no se ha resuelto. A pesar de que la ley no da un tiempo para resolverla, se supone que es un tiempo prudencial. En este momento, sin embargo, parece que el Vicefiscal se va tomar todo el tiempo que él quiere, constituyendo otra modalidad, después de tantas, de dilatar el proceso.

El Fiscal General de la Nación hace más de un mes tiene la apelación en su despacho. Hace 20 días interpusimos una tutela para pedir una respuesta frente a la apelación. El Consejo Superior de la Judicatura la remitió por competencia al Tribunal de Cundinamarca y hasta la fecha no ha habido respuesta. En este proceso hemos agotado todos los mecanismos jurídicos, pero parece que mi proceso no avanza por intereses políticos.

Cómo te encuentras en tu detención?

Carmelo: Estoy detenido, en su mayoría, con políticos y policías, cada uno detenido por sus razones. Ahora tengo una celda para mi solo y estoy participando en unos talleres de artesanía en las que trabajo sobre todo la madera. Las cosas que voy elaborando les he entregado a mi esposa. Recibo visitas de mi familia, mi esposa, mis nietos y el otro día mi nieto de cuatro años me decía “porqué no sales con nosotros si la puerta está abierta”. Me han dejado ir al médico para cuestiones de odontología. Sin embargo, recibir una atención médica adecuada no ha sido fácil y tuve que presionar al Vicefiscal para que se me otorgara. Alguna vez también he recibido dos visitas a la vez, una de Medicina Legal y otro de Odontología y el guardia me! dijo que esto no se podía.

Cómo ves la situación del MOVICE en la región?

Carmelo: Está complicada la situación. Todos y todas los que estamos en esto, en la cuestión de trabajar en defensa de los derechos humanos y para los derechos de las víctimas, les ha tocado una situación complicada de seguridad. Nos quedan básicamente tres opciones: O nos matan o nos encierran o nos desplazan. A la vez, hay una estrategia que ha buscado vincular el trabajo del MOVICE en Sucre con la estrategia paramilitar, con el objetivo de confundir la gente y criminalizar a las víctimas. A mi me acusan de formar parte de la estrategia paramilitar y lo mismo lo han querido hacer con Rogelio Martínez, quién fue asesinado el 18 de mayo de este año, y Juan David Díaz.

Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado

10 de junio de 2010