Cabalgando en la impunidad
Legalización de la ilegalidad. Abusos de MARMOLEJO, desconocimiento de los derechos de los afrocolombianos y mestizos en Curbaradó.
Bogotá, D.C., 23 de marzo 2010
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro de Interior
JAIME BERMÚDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores.
FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación (e)
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
JULIO CÉSAR TURBAY QUINTERO
Contralor General de la República
CARLOS COSTA POSADA
Ministro de Medio Ambiente
FRANK PEARL
Alto Comisionado de Paz
GONZALO SÁNCHEZ
Coordinador Comisión de la Memoria Histórica
“Ustedes han devorado los frutos del campo, en sus casas están los despojos del pobre. ¿Con qué derecho humillan a mi pueblo y pisotean a los pobres?” Isaías 3,15.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la operación de legalización de la ilegalidad que se adelanta para la restitución de la propiedad Colectiva en Curbaradó, con el aval del Ministerio del Interior, que ha obrado con ausencia de transparencia, sin los mínimos éticos y en contra de derecho, desconociendo los derechos de la mayoría de los afrocolombianos y mestizos, reconocidos habitantes legítimos, tradicionales y legales de Curbaradó.
Lo anterior bajo el amparo y reconocimiento legal de GERMÁN MARMOLEJO como representante legal del Consejo Comunitario, desconociendo los fundamentos de hecho y de derecho de la impugnación. Entre ellos, la participación de solamente una comunidad y algunas familias de otras dos, en contravía del artículo 10 de la Ley 70; la presencia y participación de familias de otras cuencas que no tienen derechos en Curbaradó; el apoyo de los ocupantes de mala fe e invasores, beneficiarios del paramilitarismo en la realización de la misma y la posterior negación en el derecho a la información, pues no se ha entregado el expediente del trámite administrativo, lo que evita las actuaciones a las que tienen derecho los afectados. Todos estos hechos reflejan que MARMOLEJO es la reedición de las viejas prácticas indebidas, ilegales abusivas, que han desarrollado los beneficiarios del paramilitarismo desde 1999.
Para dar un piso de legalidad al despojo violento se crearon las Asociaciones Comunitarias, foráneas al territorio; se amenazó de comprarle a la viuda al rechazo o no aceptación de los empresarios, se falsificaron escrituras y se desarrollaron mecanismos fraudulentos, falsificación de firmas, la sustitución de la representante legal y hasta resucitaron muertos.
Hoy el mecanismo se ha modificado levemente, al aceptar la representación de MARMOLEJO y de la junta directiva, con miras a edificar una fachada de legalidad a la ilegitimidad, a la ilegalidad y arbitrariedad paraempresarial.
Ante ustedes nuevamente nuestra Constancia y Censura Ética que hace menos de 14 días describía cómo MARMOLEJO ya abusaba, expensas y con el aval de las Fuerzas Militares y del Ministerio del Interior, por supuesto también de los empresarios beneficiarios del paramilitarismo, del poder legal para usufructo propio.
* Lunes 15 de marzo. Hacia las 11:45 a.m. integrantes del Consejo Comunitario de Curbaradó e integrantes de la Zona Humanitaria de Andalucía, junto con LUIS ALBERTO RENTERÍA, sorprendieron al reconocido paramilitar PEDRO TORDECILLA, saqueando el alambrado de cables del transporte de palma. Al ser descubierto éste se comunicó con alguien a quién llamó “El Patrón”, informando de la presencia de los mestizos y afrocolombianos, de la constitución de la Zona Humanitaria en el antiguo lugar conocido como El Casino, y asegurando que sus habitantes hurtaron el cable. Muy cerca se encontraban unidades de la Brigada 15 del Ejército, quiénes escucharon cómo la Comunidad desmintió sus afirmaciones y demostraron cómo éste, en contra del principio de verdad, estaba hurtando. TORDECILLA manifestó al afrocolombiano RENTERÍA, que tenía algunas cuentas pendientes y enfatizó:” si quieren guerra, guerra van a tener, ustedes saben que yo puedo darles guerra“.
Dos días antes el reconocido participante en la comisión de crímenes desde 1996, PEDRO TORDECILLA, junto a 8 trabajadores, fue visto desmontando infraestructura para el transporte de la palma.
Este mismo lunes, a eso de las 6:00 p.m., efectivos de la Brigada 15 del Ejército de la Fuerza de Tarea para Jiguamiandó y Curvaradó se acercaron hasta la Zona Humanitaria de Andalucía, en el sector del antiguo casino. El Sargento SUÁREZ MONTOYA comunicó a sus habitantes que el Coronel al que le es subordinado les envió el mensaje que: “no siguieran trabajando en el territorio, que no cortaran palma y no construyeran más casas, porque iban a tener una visita del inspector General del Ejército”.
* Martes 16 de marzo. Hacia las 8:00 a.m., en las corralejas del ocupante de mala fe, empresario GABRIEL JAIME SIERRA, se encontraba el reconocido PEDRO TORDECILLAS, quién gestualmente intimidó a observadores nacionales e internacionales como si estuviera activando un arma de fuego.
Hacia las 9:00 a.m. ocupantes de mala fe, trabajadores de las empresas palmeras informaron que el Ejército recibió la orden de GERMÁN MARMOLEJO, representante de los intereses empresariales bajo la figura de Consejo Comunitario de Ley 70, de impedir que avancen los trabajos de adecuación de viviendas y de terrenos para las siembras de productos para la autosusbsistencia en Curbaradó y Jiguamiandó.
*Jueves 18 de marzo. A las 6:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el Inspector General de las Fuerzas Militares estuvo presente en Brisas de Curbaradó en una reunión, en donde se encontraban afrocolombianos y mestizos que no son de esta cuenca y algunas pocas familias del casco urbano de Carmen del Darién y ocupantes de mala fe que respaldan a GERMÁN MARMOLEJO.
En la reunión se produjeron falsas afirmaciones, infamias y calumnias contra las y los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de biodiversidad, que ha liderado iniciativas de la población afrocolombiana y mestiza y, respecto a las organizaciones de derechos humanos, entre ellas, nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Una de las personas que tomó la palabra además de GERMÁN MARMOLEJO fue ADÁN QUINTO, foráneo de Curbaradó. Como se recordará QUINTO es uno de “los negritos” a los que hace alusión el General RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS en la conversación sostenida con el ex ministro FERNANDO LONDOÑO, conocida en octubre de 2008, en la que se refieren a una estrategia de desprestigio y de montajes judiciales contra nuestra organización.
En horas de la mañana, aproximadamente a las 8:00 a.m., los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí fueron nuevamente objeto de abusos de la empresa La Tukeka, ocupante de mala fe en el caserío de Caracolí, territorio Colectivo de Curbaradó. Con su ganado la familia ARGOTE, propietaria de la empresa, destruyó nuevamente siembras de pan coger de las familias que habitan en la Zona Humanitaria.
* Viernes 19 de marzo. A las 8:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció por boca de los trabajadores de los ocupantes de mala fe que GERMÁN MARMOLEJO autorizó la realización de obras sobre la propiedad de ENRIQUE PETRO, habitante tradicional de Curbaradó y miembro del Consejo Comunitario de Andalucía.
La decisión de MARMOLEJO, representante legal gubernamental y empresarial, se produjo sin consulta alguna con los integrantes del Consejo Comunitario Menor y menos con quien ha habitado su propiedad en los últimos 50 años, el señor PETRO.
A pesar de las solicitudes para el cese a las actuaciones empresariales arbitrarias e ilegales y los abusos cometidos por orden de GERMÁN MARMOLEJO, y la advertencia de las consecuencias legales, los camioneros y sus trabajadores continuaron su actuación contra derecho. Uno de ellos cuando fue requerido telefónicamente, ante la inacción del Gobierno, afirmó que se les estaba amenazando por parte de la Comisión de Justicia y Paz, cuando se le expresó enfáticamente que estaba cometiendo un acto ilegal y se le advertía de las consecuencias legales.
Durante la tarde, nuevamente los empresarios de la familia ARGOTE, financiadores y electores de GERMÁN MARMOLEJO, continuaron cometiendo abusos contra los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí, integrantes del Consejo Comunitario de Curbaradó.
* Sábado 20 de marzo. Hacia las 7:50 p.m. miembros de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó, que habitan en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, escucharon disparos realizados por el Ejército cerca del punto conocido en la Boca del Hobo, mientras que algunas unidades militares estuvieron enfrente del espacio humanitario.
Hacia la 1:00 p.m. ese mismo día en la ampliación de la Zona Humanitaria Andalucía, el propietario de la tierra FIDEL ANAYA, miembro del Consejo Comunitario, fue abordado por cerca de 10 militares y uno de ellos le manifestó, expresando que no podían trabajar allí porque el Estado era el dueño de las tierras. Los militares les tomaron 4 fotos y se retiraron del lugar.
La propiedad de la familia ANAYA fue convertida desde el 2000 en un casino por los ocupantes de mala fe de las empresas palmeras.
* Domingo 21 de marzo. 7:50 a.m., el sargento SUÁREZ manifestó a los habitantes de la Zona Humanitaria de Andalucía, que el General CARLOS A. BUSTAMANTE estaba molesto por el montaje de la cerca que identifica la Zona Humanitaria.
A las 10:30 a.m., aproximadamente el cabo CAUDILLO, expresó a los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí que no podía seguir trabajando por orden del Coronel DUCUCUARA y del representante legal GERMÁN MARMOLEJO.
* Lunes 21 de marzo. Nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, en horas de la mañana recibió la información según la cual para la comisión del crimen de ARGENITO DÍAZ, los empresarios de ganado y de palma y algunos comerciantes aportaron una suma de dinero. Éste fue destinado para la estructura criminal paramilitar y agentes estatales policiales que conocieron de las órdenes de los invasores u ocupantes de mala fe.
La fuente aseveró que estaba cansado de ser de la estructura armada ilegal, que se tenían las pruebas, pero que no contaba hasta ahora con garantías para su vida e integridad personal.
*Martes 22 de marzo. Nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció que MARMOLEJO con el apoyo de una reconocida ex funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, han ofrecido el apoyo logístico aéreo de la Brigada 17, a miembros de la prensa internacional para conocer la verdadera realidad de Curbaradó.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el hecho de que contra natura, contra derecho, contra los mínimos razonables, GERMÁN MARMOLEJO ha sido impuesto con el consentimiento del Ministerio del Interior como representante legal. Representante legal, por supuesto, de los empresarios y del Ministerio del Interior, no de las comunidades, sino de los intereses paraempresariales y de la política de impunidad que se ampara hoy en el Ministerio del interior. Es evidente el giro que se ha presentado con las amenazas de muerte a funcionarios públicos, con el cambio de funcionarios, con la negativa a entregar la información de manera oportuna. El desmonte del plan de trabajo construido con la ex viceministra del Interior, MARÍA ISABEL NIETO, con base en derecho, en las responsabilidades institucionales y administrativas, ha sido sepultado. ¡Qué vergüenza!
Todo continúa siendo diáfano en medio de la capacidad de generar confusión. El conflicto no es entre las comunidades como lo argumenta MARMOLEJO y lo han dicho muchos de los voceros del Gobierno para justificar su incapacidad que permita restituir el territorio a las comunidades negras. El conflicto tiene una causa: la implementación de agronegocios que sirven al lavado de activos, a los beneficiarios y a los paramilitares que han operado con el apoyo de la Brigada 17, ahora de la Brigada 15 y la policía de Urabá. Agronegocios financiados con recursos públicos de FINAGRO, que deberían haber generado una actuación eficaz de los entes de control. Lo que sucede en el Curbaradó es el modelo de desarrollo de la “confianza inversionista”.
Nuestra Censura Ética ante el autoritarismo, la desfachatez, el cinismo, el abuso y la arbitrariedad con que actúa MARMOLEJO, gracias al aval del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Militares. MARMOLEJO es hoy una víctima más de la perversidad empresarial que usa del paramilitarismo, de las fuerzas militares y de la ley para imponer sus intereses, una víctima enceguecida por los beneficios que hoy sectores de poder criminal o quiénes les legitiman.
Ya se temen y se conocen los nuevos anuncios de la comisión de crímenes de habitantes de las Zonas Humanitarias y de las Zonas de Biodiversidad y de los integrantes de la Junta del Consejo Comunitario de Curbaradó, que fueron “destituidos” ilegal e ilegítimamente.
Señor Ministro, de usted que ha conocido estas situaciones de tiempo atrás, es la responsable de lo que le pueda suceder a los habitantes de las comunidades, pues no ha actuado oportunamente contra los abusos empresariales y le ha dado un nuevo impulso con la elección de MARMOLEJO.
Señor Ministro del Interior, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, solicitamos a nombre de los habitantes, que han sido excluidos sistemáticamente de la posibilidad de acceder a las informaciones oportunas y de ser reconocidos como parte en la impugnación contra la elección de GERMÁN MARMOLEJO, y como representantes de las familias que habitan en Curbaradó como miembros de los Consejos Comunitarios en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, las siguientes peticiones:
1. Ordenar la expedición de copias del trámite surtido desde el 12 de septiembre de 2008 cuando fue “elegido” GERMÁN MARMOLEJO y la junta del Consejo Comunitario de Curbaradó.
2. Dar a conocer qué actuaciones ha realizado su despacho al conocer los abusos, las extralimitaciones, las arbitrariedades cometidas por GERMÁN MARMOLEJO, antes y después de que usted mismo lo reconociera como representante legal de Curbaradó.
3. Qué mecanismos ha adoptado el Ministerio del Interior al aceptar a GERMÁN MARMOLEJO como representante legal para que cada una de las personas, de las familias y de los habitantes legales y legítimos de Curbaradó conozcan el estado actual de la eventual restitución de la propiedad. Qué seguimiento se le ha hecho a la socialización de información que se está realizando.
4. ¿Por qué razón, tal como sucedió con una información del diario El Tiempo y Fedepalma, las comunidades se enteraron que su Ministerio reconocía a MARMOLEJO como representante legal y hoy las comunidades se enteran que se realizó el pasado viernes, en una reunión en Quibdó, para la restitución de la propiedad colectiva? ¿Cuáles son los mecanismos ciertos de participación y de información?
5. Dado que existe una ausencia de transparencia, de contravenciones, de actuaciones contra derecho, la mayoría de las familias de las comunidades de Curbaradó han convocado a una nueva Asamblea Extraordinaria para el próximo 24 de abril, en el caserío de El Guamo. ¿Qué garantías va adoptar para propiciar la libre deliberación y realización de las elecciones?
6. ¿Cesarán sus actuaciones para que la restitución de la propiedad sea abierta, coherente, conforme al derecho interno y al derecho internacional, con el representante legal que sea elegido, eso sí con la participación de las 19 comunidades que fueron excluidas de la elección de MARMOLEJO y que ustedes han certificado recientemente? ¿Habría un congelamiento del proceso de entrega de tierras?
7. ¿Qué medidas eficaces han adoptado para enfrentar el enquistamiento de operaciones y lógicas de operación paramilitar en Pavarandó, Brisas de Curbaradó, Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Barranquillita, Mutatá? ¿Cuáles son los resultados?
8. ¿Qué actuaciones han realizado y qué medidas concretas para dar cumplimiento al Auto 222 de la Corte Constitucional, pues los ocupantes de mala fe de la empresa La Tukeka, continúan produciendo daños a bienes de supervivencia de la población de la Zona Humanitaria de Caracolí?
9. ¿Cuál es el interlocutor institucional para el tema de los territorios de las comunidades negras? ¿El Ejército o el Ministerio del Interior? Si es el Ministerio del Interior, ¿Por qué las Fuerzas Militares vienen actuando, interviniendo, injiriendo con el aval y a nombre de GERMÁN MARMOLEJO?
10. ¿En virtud de qué disposición legal el Ejército está asumiendo roles frente al uso de la tierra por parte de los ocupantes de buena fe?
Señor Ministro de Relaciones Exteriores, en conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitamos en conformidad con el artículo 23 de la Constitución.
1. Solicitar copia al Ministerio del Interior de todo el expediente que exista desde el 12 de septiembre de 2009, cuando se realizó la elección irregular de GERMÁN MARMOLEJO, ya que a los Consejos Comunitarios menores de Curbaradó y a quiénes forman parte de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, se les ha negado el derecho a esa información.
2. Se sirva convocar a la mayor brevedad posible con carácter urgente a una reunión de seguimiento de Medidas Provisionales con beneficiarios de las mismas, a fin de que se definan los mecanismos de prevención de nuevos daños irreparables a la vida e integridad de los habitantes, a raíz de la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria, que se ha hecho para el 24 de abril próximo, en el que se elegirá una nueva junta del Consejo Mayor de Curbaradó en estricto cumplimiento de la ley y los derechos de las comunidades.
Señor Ministro de Ambiente, como usted sabe, Curbaradó y Jiguamiandó son cuenca que forman parte de la Reserva Forestal desde1957. Desde 1999 se generaron daños ambientales, muchos de ellos irreparables, como lo muestra técnicamente una universidad. En la actualidad se continúan presentando operaciones empresariales autorizadas por GERMÁN MARMOLEJO, de las que son prueba fehaciente los daños ambientales cometidos desde 1999. Las autoridades ambientales no tienen capacidad probada para enfrentar la criminalidad y hacer respetar las disposiciones ambientales, por tal razón, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, solicitamos se nos informe sobre lo siguiente:
1. ¿El Ministerio de Ambiente ha concedido algún tipo de licencia ambiental solicitada por GERMÁN MARMOLEJO, para operaciones de obras de infraestructura, agronegocios y extractivas?
2. ¿Qué intervención concreta y eficaz se ha realizado frente a las operaciones empresariales de la palma y la ganadería extensiva ante la ineficacia de Codechocó y cuáles ha solicitado GERMÁN MARMOLEJO?
Señor FRANK PEARL, Alto Comisionado de Paz, el señor MARMOLEJO ha realizado recientemente en Estados Unidos afirmaciones injuriosas, calumniosas sobre la labor de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Curbaradó y Jiguamiandó, basado en supuestos testimonios de personas que se encuentran en sus programas, ellos son el conocido como “Samir” y “Karina”. Desde diciembre del año pasado solicitamos a la Vicepresidencia de la República su actuación, a fin de que “Samir” y ahora incluimos a “Karina”, con base en las nuevas situaciones, sean convocados por usted a una presentación ante miembros de la Comisión Interamericana y delegados de la comunidad internacional para que ante cada uno y cada una de los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, sostengan sus afirmaciones sobre nuestra labor.
Para tal fin esperamos pronta respuesta a esta convocatoria que está colocando en riesgo nuestra vida e integridad personal, más allá de nuestro buen nombre.
Señor historiador GONZALO SÄNCHEZ. Hace varios meses atrás, en el marco de seguimiento de las medidas provisionales de la Corte Interamericana, se hizo llegar una comunicación al Doctor EDUARDO PIZARRO, respecto al conocimiento que se tuvo de la actuación de la Comisión de Memoria Histórica en Curbaradó y Jiguamiandó.
En dicha comunicación se expresaron razones de fondo del por qué la labor de la Comisión Histórica no era conveniente y debería evaluarse. En virtud del artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos respetuosamente se nos responda:
• ¿Conoció usted la misiva que los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad dirigieron al despacho del Doctor PIZARRO? ¿Conoció usted la respuesta?
• ¿Estaría usted en disposición de habilitar a la mayor brevedad posible una reunión con delegados de las comunidades, que legal y legítimamente han habitado los territorios colectivos, a fin de que directamente usted escuche sus preocupaciones frente a una reconstrucción de la memoria, una actuación de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación y una actuación de Acción Social, que lejos está de la protección y de las garantías de los derechos de las víctimas a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral?
Han pasado ya casi 14 años desde la primera denuncia de las operaciones paramilitares consentidas, apoyadas y realizadas en un plan operacional con la Brigada 17 al mando del General RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS. Todo sigue en la impunidad, algunos de los autores materiales de los crímenes, los responsables del despojo violento, los que cometieron fraude procesal y falsificación de documentos, los que otorgaron créditos bancarios de dineros públicos, los notarios y registradores, políticos que han hecho carrera diplomática y hoy aparecen como gerentes de campañas a la Presidencia de la República, siguen allí, disfrutando de plenas garantías de libertad, disfrutando de la impunidad social y política, gracias a la sistemática impunidad.
Entre tanto, las víctimas continúan perseguidas militar, judicial, económica y mediáticamente. Para ellos las amenazas de muerte, la planeación de nuevos crímenes, la cárcel injusta y la desviación de las investigaciones, la presión económica, la difamación, la estigmatización y la mentira. 15 desplazamientos forzados colectivos, más de 140 crímenes de lesa humanidad, daños ambientales y despojo de sus propiedades y aquí hoy nos encontramos con el nuevo mecanismo del despojo, remozado con la legalización de la ilegalidad con un representante legal de los paraempresarios y de amplios sectores del Gobierno, la reconstrucción de la memoria histórica con base en las mentiras oficiales y con sujetos que han obrado en la generación de la violencia socio política, victimizando nuevamente a las comunidades, sometiéndolas a la destrucción de su identidad con la narración de mentiras.
Si la “Seguridad Democrática” fuera realmente democrática, seria seguridad humana y no arreglo de la arbitrariedad con formalidades que no son legales, que prolongan el despojo a través de nuevas técnicas de control empresarial y paramilitar.
Con profunda preocupación e indignación ante los artificios creados,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz