Buenaventura, progreso del Terror.

Desplazamiento Interno de familias. Desarrollo abierto del paramilitarismo. Guerra urbana. Genocidio juvenil de afrocolombianos. Tráfico de Drogas Más de 400 crímenes en el 2006. Fracaso de la seguridad democrática y del Estado Comunitario. Amenazas al Obispo HECTOR EPALZA.

Un municipio que evidencia el fracaso de la política de seguridad en estos cuatro últimos años es el puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia, ubicado en el pacífico, en el departamento del Valle.

La militarización diaria, la política social del Estado comunitario no solamente ha perpetuado la miseria sino que ha desarrollado estrategias de control y de participación que simulan democracia pero que configuran nuevas formas de esclavitud

Del municipio abarca un territorio afrocolombiano, donde la titulación colectiva del Naya no ha sido posible. La ausencia gubernamental de voluntad política para posibilitar el goce del derecho a la tierra, el desconocimiento de la identidad socio cultural, de las prácticas de protección ambiental, usos, costumbres y formas de administración propias, tanto de indígenas y afrocolombianos son desconocidas. La ocupación de agentes externos comerciales en la región, con la extracción y usufructo pesquero internacional, la proyección de obras de infraestructura y la intervención del bio comercio, construido sobre la exclusión coincide con la dilación institucional a través del INCODER para la titulación como mecanismo de protección. Hoy Buenaventura es un espacio estratégico en las lógicas del mercado global que se interacciona y exacerba el desarrollo del conflicto social y armado, y las nuevas dinámicas de criminalidad en la reingeniería paramilitar.

La invisibilización y tergiversación sobre la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos son parte de los mecanismos de control social interno, que genera confusión, construye imaginarios que llevan a la paralización de la conciencia y la uniformidad de la sensibilidad. En lo externo poco se conoce de lo que allí sucede, salvo cuando ocurre una masacre, como dos de hace dos años, o cuando hace pocos días hizo explosión una carretilla bomba. La muerte diaria es silenciada. Esta se hace parte de la costumbre, se muestra como muertes oscuras, confusas, imposibles de determinar sus responsables. Sin embargo, los patrones de los asesinatos, el sector excluido al que se dirigen, las técnicas de destrucción de la vida, los barrios donde ocurren, la actitud de las estructuras estatales nos hablan de operaciones encubiertas toleradas, consentidas.

En los últimos diez años, en desarrollo de estrategias paramilitares como estrategia de Estado, se han afectado núcleos profundos de la identidad socio cultural de los pueblos afrocolombianos, a través de su desterritorialización o la imposición de formas productivas y de nuevas formas de interacción con el Territorio. La retórica oficial que usa del discurso de lo afrocolombiano, del tráfico de drogas por actores ilegales, de la guerra territorial, en apariencia y solo de modo ficticio, diezmada por la desmovilización de estructuras de tipo paramilitar, oculta una realidad signada de crímenes de lesa humanidad, una práctica de genocidio juvenil, de persecuciones, señalamientos, amenazas de muerte, desplazamiento intra urbano, asesinatos selectivos, judicializaciones y del tráfico de drogas.

El pasado 1 de noviembre, hacia las 6:00 p.m. en el sector El Country del barrio San Francisco de Buenaventura, seis “civiles” armados de la estrategia paramilitar, al mando de uno conocido como “Jimmy” llegaron a la cancha de fútbol, señalando al joven Wilmar Camacho Hinestroza de ser guerrillero, lo golpearon y amenazaron con asesinarlo. Posteriormente, aparecieron unos policías, se dirigieron a los paramilitares y le expresaron al joven: “eso es para que se cuide con quién anda”. Luego se retiraron del lugar. Treinta minutos después, llegan cerca de 40 paramilitares, quienes se movilizaban en taxis.

Varios pobladores y familiares se acercaron al espacio deportivo exigiendo respeto a la vida. Dos horas, más tarde el “Jimmy” dio la orden a otro paramilitar de disparar. Su victimario decidió huir antes de asesinarlo. El comandante se vio entonces obligado a entregar el joven a la familia con la condición que al día siguiente se presentara ante él para hablar de su situación, lo que hicieron.

Cuatro días después, el 5 de noviembre, los paramilitares obligaron a los pobladores del sector a reunirse en la caseta comunal ordenando que del barrio nadie se iba a ir, agregaron “nosotros estamos acá como autoridad” (…) “estamos desmovilizados pero no vamos a dejar que la guerrilla entre acá” (…) pidan lo que quieran y nosotros responderemos. Acá nos quedamos porque la pelea es por este territorio y nosotros no se lo vamos a ceder a la guerrilla”.
A raíz de las amenazas y las órdenes, los habitantes del barrio San Francisco, en particular del sector del Country, Zona de Bajamar se han ido desplazando a cuenta gotas, en silencio, la consejera de la sobrevivencia.

Los hechos del barrio Country no dejan de sorprender aunque para los que habitan en el puerto, son parte de la costumbre. Semanalmente jóvenes y algunos niños son víctimas de tortura, de asesinatos selectivos. Los desplazamientos diarios son permanentes inicialmente de un barrio a otro, luego a Cali o a Bogotá. A lado de atentados a la vida, la libertad es amenazada permanentemente a través de falsos informantes que sustentan falsos procesos judiciales. El ente investigador se convierte en parte de la guerra, actúa como el guerrero, no actúa como aparato de justicia.

El desarrollo de la estrategia institucional muestra que los blancos militares no han sido objetivos legítimos según el Derecho Internacional. En lo corrido del presente año se han presentado 435 homicidios en Buenaventura, bajo la ficción de la desmovilización de Bloque Pacífico, se marcó un nuevo momento de la estrategia paramilitar. Las estructuras se modificaron para dar paso al control social, político, económico del puerto, más allá del control sobre el tráfico de drogas.

En respuesta el desarrollo de una guerra de guerrillas en las extrañas de muchos barrios populares en donde se dinamizan prácticas de control y de protección frente a las estrategia criminales de tipo paramilitar. Guerra de guerrillas con indicios de una guerra de posición territorial, sui generis, en lo urbano. Un modelo de guerra que se desarrolla en la cotidianidad de modo clandestino, no perceptible con facilidad, salvo cuando se producen combates en la ciudad o cuando se cometen crímenes de blancos militares, de supuestos o reales combatientes. A las guerrillas se les atribuye cerca de 40 crímenes

Buenaventura muestra una reconfiguración de la geografía de la guerra. La militarización cotidiana a través de las diversas fuerzas institucionales bajo el modelo de seguridad “democrática” ha generado mayor vulnerabilidad a los afrocolombianos, pues no existe una ruptura fundamental con la estrategia encubierta. En Buenaventura se trata de la tolerancia o permeabilidad del tráfico de drogas en la institucionalidad, que viene de años atrás, y de una reingeniería de la desmovilización que ha significado el paso de lo encubierto a lo público.

Las recientes amenazas a Monseñor HÉCTOR EPALZA QUINTERO, luego de atreverse a expresar sus preocupaciones ante la grave crisis humanitaria de este puerto, los permanentes crímenes, y el hacer visible una cadena de institucionalidad corroída por la corrupción de la droga, por supuesto silenciada por los medios, muestran la institucionalización del silencio o del terror que lleva al silencio. Las palabras del Obispo fueron en el Consejo Comunal de Buenaventura, una voz en el desierto, en el Consejo presidido por ALVARO URIBE, son una posibilidad para rastrear la gravedad de lo que sucede en Buenaventura

Adjuntamos el artículo publicado en el diario El Tiempo el pasado 4 de noviembre, “Las dos Buenaventuras. Las denuncias del Obispo y la ley del silencio que impera”.

Noviembre 4 de 2006

Las dos Buenaventuras

Las denuncias del Obispo y la ley del silencio que impera.
No me sorprende que ahora otro obispo de Buenaventura, Héctor Epalza Quintero, deba salir de ese Puerto sobre el Pacífico vallecaucano, por amenazas contra su vida.

Desde que en noviembre de 1952, el Papa Pio XII creó -mediante Bula Pontificia- el Vicariato Apostólico de Buenaventura, y la ciudad dejó de ser una parroquia dependiente de la Diócesis de Cali, a la Iglesia Católica le ha tocado poner la cara para denunciar aquello que la clase dirigente del puerto masculla en un mar de odios y silencios. Antes, lo habían hecho los obispos Rigoberto Corredor Bermúdez y Heriberto Correa Yepes.

Pero hace más de medio siglo, en marzo de 1953, la corruptela -oficial y privada- fue denunciada desde el púlpito de la catedral de Sanbuenaventura por el primer obispo que tuvo la ciudad -y el que más resistió en el cargo-, el antioqueño Gerardo Valencia Cano, muerto a principios de 1972 en un confuso accidente de aviación.

Como mentor espiritual del grupo Golconda, Valencia Cano también criticó a su propia Iglesia por “vivir muy alejada de los pobres”. Y puso en evidencia los torcidos de la estatal Colpuertos, antes de ser privatizada. Hablaba duro sobre la manera cruel como el sindicato de esa entidad derrochaba el dinero sin pensar en la miseria de su propios hermanos, que aún hoy malviven en la desesperanza. Sin alegorías ni parábolas, llamó a los sindicalistas “oligarcas de overol”. Y así como denunció la desatención del Estado, también develó la idiosincrasia porteña y su proclive tendencia a buscar el dinero fácil representado en la posibilidad de viajar ilegales en un buque hacia el exterior. Hoy, las expectativas de los muchachos son servir al narcotráfico, aunque les figure hacerse matar por unos cuantos pesos, mientras otros llenan sus bolsillos.

Esta patética realidad, desatendida por el sector oficial, es un “coctel molotov” aderezado por el usufructo que unos pocos obtienen de la riqueza del Puerto, hasta el punto de que muchos ven ese muro de seis kilómetros (detrás del cual opera la privada Sociedad Portuaria Regional) como una barrera que divide la ciudad en dos Buenaventuras: la de los salones de aire acondicionado y sueldos de 40 millones de pesos y la que cuelga de los palafitos, teniendo como cimientos las basuras de la zona de baja mar.

Esa miseria podría contribuir para que allí la corrupción sea mutante. Va de generación en generación, hasta llegar a la total degeneración. El más reciente ejemplo, las denuncias sobre infiltración de los “narcos’ en la Fuerza Pública, hecha por monseñor Epalza Quintero, el cuarto obispo que ha pasado por el Puerto y uno más amenazado.

Epalza Quintero es un férreo nortesantandereano que se atrevió a hablar de frente, teniendo como testigo a nadie menos que al presidente de la República, Álvaro Uribe, en un consejo de seguridad, el mismo día en que el Mandatario ordenó conducir hacia un juzgado al secretario de Gobierno de Buenaventura, Adolfo Chipatiza, por influir -presuntamente- en favor de los mafiosos. Lo tenaz es que con esas denuncias no pasa nada, en cambio sí dejan claro que en la isla Cascajal impera la “ley del silencio”. Por allí, no pocos “chi(m)patizan” con la mafia y la corrupción.
* Ex edil Localidad Comuna 5 de Cali

vozcomun@yahoo.com
XIMENA GUTIÉRREZ*
Noviembre 8 de 2006
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/opinion/2006-11-05/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3313824.html