Boletín Especial No. 4 – Continuidad y sistematicidad de espionaje y persecución a defensores y defensoras desde la Inteligencia Militar Estatal
Una vez más, y como ha sido de manera recurrente en los últimos años, los medios de comunicación han puesto al descubierto operaciones de espionaje ilegal perpetrado desde batallones y brigadas de inteligencia y contrainteligencia que dependen directamente del Comando de las Fuerzas Militares[1]. En esta ocasión, al menos 130 líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, entre los que figura el Colectivo de Abogados “Jose Alvear Retrepo”, periodistas nacionales y extranjeros, políticos de oposición e incluso algunos mandos militares que estuvieron vinculados a tareas relacionadas con el proceso de paz, fueron objeto de “perfilaciones” y “trabajos especiales” que implicaban seguimientos, recopilaciones de datos sobre sus comunicaciones privadas, teléfonos, correos electrónicos, lugares de vivienda y trabajos, datos de sus familias y personas de contacto, intromisiones a su intimidad e incluso interceptaciones de sus comunicaciones. Para esto, se utilizaron herramientas informáticas y de software adquiridas mediante de recursos de cooperación de la agencia de inteligencia militar de los Estados Unidos.
Estos programas de seguimiento informático, efectuados en esta ocasión entre los meses de febrero y diciembre de 2019, no constituyen eventos aislados, sino que se inscriben en prácticas reiteradas que se vienen desarrollando de manera continuada al menos desde el año 2002, cuando desde las más altas autoridades del Estado, se puso en marcha a través del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) una estrategia de persecución y seguimiento contra defensores de derechos humanos, dirigentes políticos de oposición, periodistas y magistrados que investigaban los vínculos con paramilitares de familiares y dirigentes cercanos al entonces Presidente de la República.
Con la liquidación del antiguo DAS, la reconfiguración de las entidades de inteligencia y la aprobación de la Ley 1621 de 2013 sobre Inteligencia y Contrainteligencia, el Gobierno aseguró que se habían establecido controles y mecanismos de supervisión para prevenir, reprimir y sancionar los usos ilegales de la inteligencia y la repetición de estos ataques contra las personas que denuncian, defienden o investigaciones las graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, desde ese momento se han denunciado de manera reiterada nuevas prácticas de persecución y espionaje ilegal contra defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados, políticos comprometidos con el proceso de paz e incluso funcionarios del entorno del alto Gobierno comprometidos con las negociaciones de paz y su implementación. Estos actos incluyen los denunciados en años recientes desde la Sala Gris del CIME del Ejército[2], los posteriores espionajes desde la Sala Andrómeda y otras Salas Satélites de fachada, a los que sucedieron los espionajes contratados con oficinas de hackers como Andrés Sepúlveda y otros[3], las interceptaciones al Equipo Negociador del Gobierno para el proceso de Paz[4], la interceptaciones de las comunicaciones del propio Presidente Santos y su familia[5], los actos de espionaje y montajes desde el Comando de las FFMM denunciados en octubre de 2017[6], las actividades de espionaje y actividades ilegales llevadas a cabo desde la fachada conocida como “La Finca” bajo control de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC) adscrita al Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) denunciados en abril de 2018[7], e incluso el control de miembros de inteligencia militar habrían tenido sobre salas de interceptación[8] ubicadas en la sede de la Fiscalía General de la Nación[9] para desaparecer pruebas en contra de un expresidente con procesos en la Corte Suprema de Justicia[10].
Todas estas actividades han estado motivadas por la continuidad de estructuras que de manera persistente han venido controlando por fuera de las reglas de derecho la inteligencia militar por medio de altos mandos y personal retirado[11], que no se someten al control de las normas constitucionales, y a los cuales las autoridades civiles encargadas no han podido desmantelar, pues solamente en momento de los escándalos son temporalmente removidos pero luego reinsertados nuevamente en sus funciones, por la calidad de información que manejan sobre altas autoridades estatales y porque, al saber demasiado, se les ha llegado a calificar como “hombres bomba”[12].
La característica común a estos eventos continuidad de actividad de inteligencia ilegal en contra de personas que defienden los derechos humanos, periodistas, magistrados y líderes políticos de oposición, es que las investigaciones nunca han llegado hasta los máximos responsables, a quienes dieron las órdenes, se beneficiaron e hicieron uso ilegal de dicha información. En todos los casos, son medios de comunicación quienes han destapado estas actividades ilegales. En ningún caso, los defensores de derechos humanos y miembros de las ONG que se ocupan de su defensa han sido informados de estar siendo objeto de estas actividades de espionaje ilegal. En el caso reciente, las investigaciones tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía General de la Nación fueron solamente asumidas luego de la publicación hecha por la Revista Semana donde detallaba las 130 carpetas de personas objeto de estas actividades de espionaje. Y en el caso de las investigaciones sobre altos mandos, están siendo llevadas por una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que ostenta, de manera incomprensible, el grado de Mayor del Ejército Nacional, y la cual, supuestamente, ha sido objeto también de estas interceptaciones. A pesar de que las nuevas actividades ilegales se comenzaron en febrero del 2019, el Gobierno Nacional solo decidió remover del cargo a algunos militares implicados cuando supo que el fin de semana del 3 de mayo iba a ser publicada la denuncia en la Revista Semana, y las medidas solo consistieron en el retiro temporal del servicio de 11 oficiales de grado inferior a coronel, y al único General involucrado se le permitió solicitar de manera voluntaria la baja del Ejército.
Las víctimas en este caso corresponden a periodistas nacionales y extranjeros, entre los cuales quienes se han ocupado de informar actividades ilegales que han propiciado casos de ejecuciones extrajudiciales, abogados que llevan representación de víctimas de estas mismas ejecuciones ante la la Jurisdicción Especial para la Paz, militares que estuvieron vinculados al proceso de negociación o implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc, líderes sociales y políticos de oposición o que se han ocupado de hacer control político al gobierno. Estas actividades se enmarcan en medio de una feroz campaña de exterminio de líderes sociales que desde 2016, año de la firma del Acuerdo Final de Paz, ha llevado al asesinato de más de 780 líderes y lideresas sociales y miles de amenazas. Gran parte de estas amenazas provienen de las denominadas Águilas Negras, entidad a la que en distintas ocasiones se ha denunciado en el Congreso de la República como vinculada a organismos de inteligencia militar. En los primeros 4 meses del año, según la Defensoría del Pueblo, el asesinato de líderes sociales se ha incrementado en un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior con 56 asesinatos, aunque organizaciones de derechos humanos han denunciado entre 62 y 84 asesinados.
Estas actividades de inteligencia ilegal que se han presentado de manera reiterada, generalizada y de manera persistentemente impune, evidencian la continuidad de un plan criminal de ataques dirigidos contra defensores de los derechos humanos, funcionarios públicos que investigan las graves violaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas, sindicalistas, integrantes de organizaciones firmantes del Acuerdo Final de Paz e integrantes de comunidades indígenas y afro-colombianas. Además, existe fundamento suficiente para creer que estas actividades se cometieron conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas armadas y que constituye una política del Estado o de una organización política que las controla al margen del orden constitucional para cometer esos crímenes.
Urgen reformas legislativas con la participación de la sociedad civil que permita establecer límites y controles civiles independientes así como judiciales para el seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, el derecho al acceso de información a la ciudadanía sobre estas actividades, rendición de cuentas sobre datos estadísticos, procesos de contratación y gastos usados en la adquisición de nuevas tecnologías y la depuración, desclasificación de archivos de inteligencia y contra inteligencia sobre derechos humanos. Como garantía de no repetición llamamos a realizar un debate público sobre las reformas al sector defensa y seguridad, su doctrina militar la cual debe estar fundamentada en la garantía y respeto a los derechos humanos.
Por las razones expuestas, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, plataforma que agrupa 281 organizaciones sociales y ONG defensoras de derechos humanos solicita:
- A los organismos judiciales encargados de la investigación de estos crímenes (la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia) informar públicamente el listado completo de víctimas de estas prácticas de actividades de espionaje ilegal, y entregar a todas y cada una de las personas afectadas copia de las carpetas con todo el material recogido de manera inconstitucional a partir de estas actividades de espionaje.
- A la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, adelantar las investigaciones que permitan individualizar, enjuiciar y sancionar de manera efectiva a todos los perpetradores materiales de estos crímenes, a quienes impartieron las órdenes para su comisión, a los destinatarios de la misma y a quien recibió e hizo uso ilegal de esta información ilegalmente obtenida.
- A la Jurisdicción Especial para la Paz, proferir medidas cautelares que permitan la obtención completa de la información y la determinación completa de las personas afectadas, especialmente en los casos en que las víctimas del espionaje son defensoras y defensores de derechos humanos que llevan casos ante esta jurisdicción, lo mismo que a las organizaciones de víctimas y quienes han acompañado la presentación de casos ante el sistema. Igualmente, la JEP debería priorizar la apertura de un caso sobre los máximos responsables de las actividades de inteligencia ilegal que han llevado a cabo u ordenado estos crímenes en las últimas décadas.
- A la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, incluir en sus actividades y en su informe final una estrategia especial relacionada con las actividades criminales desplegadas desde los organismos de inteligencia militar y su implicación en la perpetración de graves crímenes contra los derechos humanos en el marco del conflicto y de la violencia política ejercida contra diferentes sectores victimizados, y formular propuestas para desmantelar estas prácticas criminales e impedir su repetición en el marco de la búsqueda de una sociedad en paz.
- Al Gobierno Nacional, tomar sin dilaciones las medidas exigidas para que, en lo inmediato, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se ocupe de implementar planes para el desmonte de las actividades y estructuras que desde la inteligencia militar han venido desplegando en las últimas dos décadas actividades y planes criminales de persecución y ataques a las personas que defienden los derechos humanos, líderes sociales y quienes defienden la construcción de la paz en las distintas regiones. Estos planes deberían incluir, como mínimo, pautas para la revisión de la doctrina militar, la revisión de antecedentes de los integrantes de estas entidades, la depuración de las estructuras de inteligencia militar, y la desclasificación y depuración de archivos de inteligencia obtenida de manera ilegal en contra los líderes sociales, opositores políticos y quienes luchan por la paz y defienden su construcción. Así mismo, se deben abrir al debate público las medidas para la reestructuración de las Fuerzas Armadas y de seguridad y de la inteligencia militar con miras a construir una propuesta para la construcción de unas Fuerzas Armadas para la Paz, comprometidas con la vigencia y el respeto de los derechos humanos.
- A los Gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y los demás Gobiernos que prestan asistencia y colaboración militar de inteligencia al Gobierno colombiano, revisar sus políticas de cooperación militar con Colombia con el objetivo de establecer firmes garantías de que los recursos, herramientas y capacidades de inteligencia militar transferidas no se sigan destinando a la persecución, espionaje o perfilamiento de personas que defienden los derechos humanos, opositores políticos, periodistas, líderes sociales, sindicalistas, afro e indígenas que defienden sus comunidades o ejercen su derecho a la libertad de expresión, organización y movilización, y asegurarse de que estos recursos y capacidades queden limitados a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines precisos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación nacional, asegurándose previamente de que antes de conceder esta cooperación estas actividades desplegadas con estos recursos puedan contar con control judicial previo.
- Solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocuparse de esta grave situación que afecta los derechos a la intimidad, la integridad, la vida y las actividades de defensa de los derechos humanos así como las condiciones para la vigencia plena de la democracia y para la consecución y mantenimiento de la paz, mediante la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas, que pueda dar cuenta de la persistencia, afectación y responsabilidades estatales y de las autoridades implicadas en la implementación de actividades criminales desplegadas desde los organismos de inteligencia militar que han afectado al país desde el año 2002 hasta el presente.
- Solicita a la Corte Penal Internacional su intervención para profundizar el análisis, en el marco de sus actividades de examen preliminar que está llevando a cabo sobre el país, para asegurar que sean individualizados, procesados y llevados ante la justicia los máximos responsables de estos planes criminales de ataques en contra de personas que defienden los derechos humanos y demás sectores victimizados, dada la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades civiles del Estado para someter al control a los mandos militares de las brigadas y batallones de inteligencia y contrainteligencia comprometidos de hace dos décadas en estos crímenes y los mandos civiles de organizaciones políticas que están detrás de estas actividades criminales persistentes y sistemáticas.