Bananero

“Todas las empresas nos apoyaban. No una sola, sino que todas. Cuando eso quien manejaba abiertamente la relación con los bananeros era Carlos”. Antes de ser extraditado, en marzo de 2009, el ex jefe paramilitar alias H.H narró sus rutinas de financiación y patrullaje.

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“(…) Eh yo como comandante del grupo, me daban la orden era de patrullar toda la zona bananera y hacer trabajar a la gente de la zona bananera. La relación con los empresarios la manejaban directamente ellos, pero todos pagaban ya que yo hacía presencia en toda la zona bananera y desde luego cuando iba a haber paro nosotros no permitíamos hacer paro”.

Las versiones de H.H. anclan en la década del 80. Para ese momento bullía el movimiento laboral del Urabá, compuesto por dos grandes sindicatos con aproximadamente 18 mil afiliados. Los sindicatos, que tras mucha presión fueron reconocidos como interlocutores, lograron entonces su mayor logro: un pliego único para el sector, con condiciones al salario agroindustrial. Inmediatamente después del pliego vino la represión fuerte. Como lo narra el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia: “la respuesta de las elites políticas y económicas de la época, que comenzaron a enfrentar elevadas pérdidas, fue la vía armada con la muerte de 40 obreros, luego de la firma del pliego”.

La situación se hizo peor en la medida en que los hombres de H.H. se organizaban con autonomía militar. En sus declaraciones el exparamilitar explicó que a través de las Convivir se subvencionaron sus armas y demás gastos. Lamentó que después de la parapolítica, que esculcó entre funcionarios y políticos, el ejercicio de justicia no alcanzara a manosear a los empresarios. Vaticinó que si la responsabilidad no recaía sobre los que alcahueteaban la seguridad privada, estos podrían recurrir a otros grupos en el futuro.

Algunos de los empresarios bananeros de entonces aparecen hoy como donantes en la campaña del No. Sus donaciones en la coyuntura llevaron a Verdad Abierta a revolver expedientes y encontrar que dos de estos empresarios, Jaime Henríquez Gallo y Rodrigo Posada Echeverri, están relacionados con la adquisición de predios (10 mil hectáreas) en un territorio ancestral reclamado por la comunidad afrodescendiente de Puerto Girón. La comunidad, compuesta por 2.350 familias, espera en la lista de restitución de tierras –dentro de las actividades que Henríquez y Posada tienen previstas para sus tierras, está la construcción de un gran terminal portuario.

La defensa de un número de hectáreas que les serán productivas a los empresarios encaja completica dentro de las “bases de un acuerdo nacional” que predicó Uribe Vélez, en cabeza del Centro Democrático. Uribe explica que el modelo de desarrollo rural es una de las líneas “rojas e innegociables”. Exige que el uso económico de la tierra rural sea determinado “por el libre mercado” y pontifica sin soporte (ni vergüenza) que “Históricamente, las reformas centradas exclusivamente en la redistribución de la tierra no han logrado disminuir la pobreza rural”.

Históricamente, para parafrasear a Uribe, son empresarios como los bananeros los que no han permitido disminuir la pobreza rural. Empresarios con “líneas rojas innegociables” que se apropian de la tierra, del trabajo, y del agua de irrigación.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/bananero