Balance engañoso: no coinciden ni las fechas ni los números de la nueva guerra
POR CAMILO GONZÁLEZ POSSO
Presidente de Indepaz
Bogotá. D.C. agosto de 2019
La gran noticia en cuanto a política de drogas es que a diciembre de 2018 se tiene la misma área de cultivos de coca que la registrada en los informes de 2017. Esto se presenta como un gran logro de la política de erradicación forzada privilegiada por el gobierno de Iván Duque que se inició en agosto de 2018. “Logramos cambiar la tendencia de crecimiento acelerado heredada del gobierno anterior” repiten los voceros del gobierno sin aclarar que ese “logramos” es un oscuro plural que difícilmente se puede atribuir a un gobierno que apenas puede contar unos días de ejecución en el segundo semestre del año evaluado por ONUDC/SIMCI o por ONDCP de EE.UU.
¿Qué fue lo nuevo a lo largo de 2018 que frenó el crecimiento de cultivos de coca? “El área sembrada con coca a corte del año pasado tuvo una ligera reducción al pasar de 171.00 hectáreas (en 2017) a 169.000 hectáreas”, dijo el representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Pierre Lapaque. Lo mismo anunció la administración Trump en junio de 2019, con sus cuentas de 209.000 y 208.000 hectáreas para los mismo años.
A la administración Duque le cuesta trabajo aceptar que en esa materia lo extraordinario ocurrió a partir de la firma del Acuerdo de Paz y del inicio en febrero de 2017 de los programas de sustitución concertada con los campesinos cocaleros que masivamente acudieron al llamado a firmar los Planes de Acción Inmediata como primera fase del Programa Nacional Integral de Sustitución, PNIS, definido en el punto 4 del pacto de La Habana. Estos PAIs fueron firmados por 99.000 familias y otras 120.000 se pusieron en lista con pactos colectivos de erradicación voluntaria para entrar en los proyectos productivos definidos en el Decreto 896 de 2017. Eso fue lo que heredó Iván Duque y que no han sabido implementar por dedicarse a criticar la improvisación de los primeros días del PNIS.
La ONUDC certificó la erradicación voluntaria de 35.000 hectáreas con resiembra de sólo 0.6% y las organizaciones campesinas como la COCCAM afirman que esa cifra es en realidad cercana a 60.000 has teniendo en cuenta que la ONUDC no llegó a todas las fincas alegando en el segundo semestre de 2018 falta de personal y problemas de seguridad.
Los ministros de Defensa de Santos y Duque se especializaron en amenazar, descalificar y anunciar decenas de miles de hectáreas erradicadas: si sumamos lo que han dicho superarían las 200.000 hectáreas arrancadas en operativos militares represivos. La realidad es que en el 2018, como obra conjunta de las dos administraciones, lograron erradicar militarmente 50.000 hectáreas con una resiembra superior al 50% un año después. Lo cierto es que las cifras de erradicación que han anunciado los ministros de Defensa, bajo efectos extraños, no han sido verificadas por ninguna entidad independiente y cambian según las conveniencias para justificar la estrategia de guerra por regiones y garrote a los pequeños cultivadores; esas noticias efímeras son las que más cosechan aplausos en Washington. En resumen no confesado, con las hectáreas erradicadas en operativos militares decenas de miles de familias pobres fueron arrojadas a la mayor pobreza o a nuevas ofertas de los narcotraficantes.
El verdadero balance a diciembre de 2018 es que se mostraron las virtudes de los planes concertados de sustitución de economías ilegales y la capacidad de fábula engañosa de los defensores de las nuevas operaciones de guerra antidroga.