Bajo Ariari, Represión ACCION URGENTE de las Comunidades
Amenazas de muerte, operaciones de tipo paramilitar, acoso a las mujeres campesinas, abusos de autoridad, presión electoral, limitación a la libertad de expresión y asociación, señalamientos son algunas de las técnicas de represión adoptadas contra las comunidades del Bajo Ariari con el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP en aplicación de la política de seguridad.
El Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Asociación del Río Guejar ha escrito una ACCION URGENTE a fin de evitar el cumplimento de las amenazas, llamando al Presidente Uribe a actuar en responsabilidad como Comandante de las Fuerzas Militares con la destitución de los militares responsables, instando a los entes de investigación y de control a actuar respecto a los abusos militares y el más de medio centenar de ejecuciones extrajudiciales que allí han ocurrido. En la ACCION URGENTE se indica que líderes desplazados de la región que se encuentran en Bogotá, serían objeto de un atentado en desarrollo de la estrategia paramilitar bajo el nombre de “Aguilas Negras”.
En septiembre pasado un grupo de organizaciones de derechos humanos, escuchamos los testimonios sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigadas Móviles 2 y 4 dependientes de la Brigada 7 Batallón 21 Vargas, en el último de la comisión de más de 7 desapariciones forzadas. En Ambas conductas criminales del Estado se ha descubierto un mismo patrón de ejecución antecedidos de detenciones arbitrarias y la tortura. E igualmente, los militares en desarrollo de su estrategia de terror han anunciado la actuación paramilitar. Infringiendo el Derecho Humanitario han cometido actos de pillaje, de ocupación de viviendas de la población civil
Adjuntamos la ACCION URGENTE
ACCION URGENTE
AVANCE DEL INFORME DE LA MISION HUMANITARIA Y DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES DEL BAJO ARIARI, DEPARTAMENTO DEL META
COLOMBIA .
Las organizaciones que suscribimos esta denuncia, integrantes de la Comisión Humanitaria y de Acompañamiento a las Comunidades del Bajo Ariari, en el departamento del Meta, Colombia, denunciamos ante las organizaciones que velan por la promoción, el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos nacionales e internacionales, a las instituciones del Estado y de Gobierno competentes para prevenir y contrarrestar las graves situaciones que vienen padeciendo las y los pobladores de esta región del sur occidente del departamento del Meta; nos permitimos denunciar las siguientes situaciones
DENUNCIAMOS:
Días después de la visita de la Comisión Interinstitucional, los pobladores de la región comprendida entre los ríos Guejar y Ariari, han denunciando la presencia nuevamente de grupos paramilitares compuestos hasta por 80 sujetos, al mando de alias “Casanare”.
Este sujeto ha venido amedrantando a la población de las veredas visitadas por la Misión Humanitaria y de Acompañamiento, amenazándolas con la inminente realización de una masacre antes del 28 de octubre, con el propósito de escarmentar a los pobladores por las denuncias realizadas a la Misión y evitar que participen en los próximos comicios electorales en ejercicio de sus derechos democráticos3.
Las comunidades a través del Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Asociación del Río Guejar, han denunciado también la aparición de anónimos y letreros en lugares de transito regular de los pobladores en los que se amenaza de muerte a los líderes de la región por haber promovido la visita de la Misión Humanitaria y de Acompañamiento.
El pasado 01 de octubre el señor Guillermo Romero y la señora Marina Castro, miembros de la Junta Directiva de la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que se encuentran desplazados en la ciudad de Bogotá, fueron alertados de manera urgente para que cambiaran su lugar de residencia.
Algunos de estos compañeros y compañeras han debido salir de la región para salvaguardar sus vidas, pero mantienen una estrecha relación con estas comunidades.
Incluso, varios de ellos estuvieron acompañando la Misión en terreno. La Alerta esta referida a que se tiene conocimiento de que se encuentra en Bogotá un grupo de miembros de las llamadas “Aguilas negras”, cuya misión sería asesinar a estos integrantes de la Comisión de Seguimiento que tienen su lugar de residencia en el sector de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, Cundinamarca
La citada información da cuenta de las características de al menos tres (3) de los sujetos que realizarían los atentados. El primero es un sujeto afro descendiente, de 1.60 metros, conocido con el alías de “bombombum”, quien ha sido reconocido como el presunto jefe de las “aguilas negras” que opera en el barrio La isla, de Soacha, Cundinamarca. Otro corresponde a un sujeto de piel morena y 170 de estatura, y el otro sería un hombre también de piel morena, de 1.55 de estatura, que se hace llamar con el alias de “Moisés” y ha llegado procedente de Vista Hermosa y Granada en el departamento del Meta .
ANTECEDENTES
Durante los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre del año en curso -2007- las y los delegados participantes en la Misión, pudimos escuchar de viva voz de las comunidades y sus lideres, múltiples denuncias acerca de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, las graves infracciones al derecho humanitario y las graves violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos, así como la ausencia de plenas garantías para el pleno disfrute de las libertades fundamentales y los derechos constitucionales de las y los pobladores.
1. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES…EL SUR CONVERTIDO EN PAREDON
La Comisión fue informada de numerosas ejecuciones extrajudiciales de las que han sido víctima inermes campesinos de la región y que comprometen la responsabilidad de miembros de la fuerza publica, particularmente de tropas del ejército de las Brigadas Móviles 12 y 4, esta ultima al mando del Coronel Yusti; pertenecientes a los batallones 21 Vargas y Joaquín París .
Estas ejecuciones han ocurrido en desarrollo de operaciones militares contra grupos insurgentes y, en la mayoría de los casos, en desarrollo de patrullajes rutinarios de la tropa. Los familiares de las víctimas han sido testigos de las retenciones de muchos de estos campesinos por parte del Ejército . Varios de estos han permanecido en poder de la tropa durante largos periodos de tiempo y posteriormente han aparecido en las morgues de hospitales de la región, reportados por el ejercito como guerrilleros dado de baja en combate . En la mayoría de los casos se ha podido constatar la presencia de brutales señales de tortura en los cadáveres.
Estas ejecuciones parecen no ser casos aislados y mucho menos, ni hechos excepcionales toda vez que según denuncias del Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario del Sector del Río Guejar y de la Plataforma de Derechos Humanos -COEUROPA- ESTADOS UNIDOS- a través de su informe “Ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública en Colombia, julio de 2006 a junio de 2007 , esta es una práctica sistemática, masiva y persistente del ejército nacional en la región.
La prensa nacional ha publicado informaciones, según las cuales en el ultimo año se han presentado al menos 130 ejecuciones extrajudiciales que comprometen la responsabilidad del ejército nacional .
3. DETENCIONES DESAPARICIONES FORZADAS:
La Misión también fue informada de al menos 7 casos de desaparición forzada durante el ultimo año, que comprometen igualmente la responsabilidad de miembros de las mismas brigadas y guarniciones militares ya mencionadas, en situaciones similares a las presentadas con las víctimas de ejecuciones extrajudiciales .
Algunas de estas desapariciones son atribuidas directamente a miembros del ejército en tanto estas se han presentado luego de detenciones o de supuestas capturas a las víctimas. Las desapariciones forzadas se cuentan como violaciones al derecho a la vida pues, en la gran mayoría de los casos, las víctimas son encontradas muertas, o han sido ejecutadas aunque se desconozca el paradero de los cuerpos Los casos en los que se ha vuelto a saber de las víctimas, están asociados a torturas, consistentes generalmente en desmembramiento de cuerpos, extracción o mutilación de partes intimas y múltiples heridas con arma blanca.
La Comisión expresa su preocupación por el hecho de que ninguna autoridad judicial haya iniciado de oficio ningún tipo de acción tendiente a dar con el paradero de las víctimas y menos aun, de individualizar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de estas desapariciones
Es importante recordar que el delito de desaparición forzada así como la practica persistente, masiva y sistemática de las ejecuciones extrajudiciales, son delitos considerados como crímenes de lesa humanidad y en consecuencia no prescriben y pueden comprometer la responsabilidad de agentes estatales y gubernamentales involucrados en ellos ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de derechos Humanos, la Corte Interamericana o la misma Corte Penal Internacional.
Las Comunidades denuncian el patrullaje conjunto de tropas del ejército con personas encapuchadas, supuestos desmovilizados de los grupos guerrilleros y miembros de las redes de informantes, cuya función es señalar a las campesinas y los campesinos de ser guerrilleros, milicianos o auxiliadores de estas organizaciones ilegales. En todos los testimonios los pobladores coincidieron en afirmar que durante las detenciones el ejercito les ha dado un tratamiento, degradante y humillante .
Estos señalamientos aunados a la abrogación de funciones de policía judicial, por parte de la fuerza pública atentan contra los mas elementales derechos de estas personas y violan flagrantemente las garantías judiciales de los detenidos así como el derecho a una justicia pronta eficaz.
4. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO HUMANITARIO
En ocasiones la tropa que realiza patrullajes de rutina a proferido amenazas directas contra las comunidades al anunciar que ellos “no les van a hacer nada pero los que vienen detrás si”, en velada alusión a la llegada de los paramilitares.
Fueron reiteradas las denuncias relacionadas con graves infracciones al derecho humanitario por parte del Ejército las cuales tiene que ver con la presencia permanente de la tropa en bienes civiles protegidos por el derecho internacional humanitario como escuelas, acueductos, y centros de salud. La tropa se a establecido y permanecido durante largos periodos de tiempo en escuelas, centros de salud, al lado de los beneficiaderos de agua, y en centros comunitarios o casas de habitación de los campesinos.
También se presentan bloqueos alimentarios prolongados e injustificados, control de las remesas y regulación arbitraria de las cantidades de insumos y alimentos que deben adquirir y transportar las familias.
Ante los esporádicos hostigamientos de la guerrilla a la tropa, regularmente ubicada en los cascos urbanos o en todo caso en medio de la población civil, el ejercito ha instalado ametralladores y dispuesto soldados en casas de civiles. En tres ocasiones la comunidad denunció ametrallamientos indiscriminados sobre casas de vivienda2 después de estos combates, con lo cual se ha puesto en grave riesgo la vida y la integridad física de los pobladores.
Las mujeres denunciaron acoso sexual, amenazas de muerte, señalamientos y tratos indignantes y humillantes de los que han sido víctima al momento de transitar por sitios donde se encuentran apostados miembros del ejército nacional. “Las vamos a violar y a matar por que ustedes son guerrilleras”, ha sido una de las amenazas proferidas contra mujeres niñas, jóvenes y adultas.
En sus patrullajes es frecuente que los miembros de la tropa señalen a los pobladores como guerrilleros de civil o auxiliadores de estas organizaciones ilegales con lo cual se desconoce flagrantemente el principio de distinción y de respeto por la población civil, consignado en la normas del derecho internacional humanitario .
6. FUMIGACIONES…”Nos quieren sacar de la región a cualquier precio”
La Comisión fue informada sobre las fumigaciones que se vienen realizando en la región. Las fumigaciones efectuadas en su primera fase en desarrollo del Plan Patriota y realizadas inicialmente contra las grandes extensiones con cultivos de uso ilícito, ahora se han venido implementando de manera mas focalizada hacia los pequeños cultivos.
La Comisión pudo constatar técnica y visualmente que las fumigaciones se han venido realizando selectivamente contra cultivos de pancojer (yuca, plátano, maíz, café, etc.), contra fuentes y nacimientos de agua, sobre la humanidad de las personas, sobre las casas de habitación, y sobre los animales domésticos . En ocasiones los cultivos de uso ilícito han quedado intactos mientras los cultivos de sobre vivencia han sido arrasados después de haber sido fumigados con glifosato mezclado en altas dosis evidentemente perjudiciales para los suelos y para la salud de animales y seres humanos .
La Comisión escuchó testimonios en los cuales pobladores de la región denunciaron la quema por parte de la fuerza publica de casas y “cambullones” -construcciones precarias y artesanales en los cuales se almacena la hoja de coca-
Los pobladores coinciden en calificar estos procedimientos de la fuerza publica como propios de un ejército de ocupación, pues a las fumigaciones de la hoja de coca se vienen asociando a otro tipo de conductas delictivas como el robo de artículos de valor, la quema indiscriminada de bienes e inmuebles y la pretensión de quebrantar por hambre la decisión de las comunidades de resistir al desplazamiento. No solo se están fumigando los cultivos de uso ilícito sino también y selectivamente los cultivos de pancojer.
Estas prácticas a todas luces violatorias de los mínimos humanitarios evidencian una preocupante intención de desplazar y expulsar de la región a estas masas de población que ven limitar de manera peligrosa sus fuentes de vida y de sustento, con lo cual se esta poniendo en grave riesgo la Seguridad Alimentaria de estas poblaciones.
Estas fumigaciones indiscriminadas, asociadas a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, han generado una grave crisis humanitaria que se evidencia en los altos niveles de desabastecimiento de alimentos, los altos indicadores de desnutrición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; así como en la pérdida de las fuentes vitales, pecuarias y agrícolas de sobre vivencia de las comunidades.
6. Desplazamiento Forzado: “Quieren apoderarse de nuestras tierras”
La Comisión pudo observar durante su recorrido la gran cantidad de viviendas abandonadas no solo en las zonas rurales sino también en los cascos urbanos . También es evidente el abandono de de los pequeños fundos para la siembra y la enorme cantidad de terrenos si labranza…enmontados – plagados de maleza -o en todo caso sin ningún tipo de explotación agrícola o pecuaria . Existen casos dramáticos como los del corregimiento El Tigre, donde alrededor del 80% de sus pobladores se han visto obligados a desplazarse o se encuentran en una situación flotante entre sus casas habituales de residencia y las viviendas de amigos o familiares. Estas situaciones no solo acentúan los ya de por si dramáticos procesos de inestabilidad emocional y económica de las familias, sino que además, desestructuran peligrosamente los lazos de integración de las núcleos familiares y las mismas comunidades.
7. PROCESO ELECCIONARIO DEL 28 DE OCTUBRE
La Comisión recibió varias denuncias que dan cuenta de la falta de garantías para que la población de esta región pueda ejercer plenamente su legítimo derecho democrático a participar en los procesos eleccionarios del próximo 28 de octubre.
Las denuncias están referidas a los señalamientos que han hecho miembros de la fuerza pública del ejército nacional y algunos funcionarios públicos, en el sentido de que los candidatos a las corporaciones públicas, fundamentalmente alcaldías y concejos, apoyados por estas comunidades, son candidatos de la guerrilla.
Adicionalmente las y los pobladores de esta región han debido enfrentar numerosos obstáculos para poder surtir los procesos de inscripción de cédulas y de procurar el establecimiento de mesas de votación cercanas a sus sitios de residencia y de trabajo.
SOLICITUDES:
1. Al presidente de la República doctor Álvaro Uribe Vélez, en calidad de jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, para que de instrucciones precisas y eficaces a todas las dependencias de la fuerza publica y principalmente a las brigadas y batallones con jurisdicción en la región del bajo Ariari, que ya han sido mencionadas anteriormente, para que se abstengan de realizar conductas que atenten contra la plena vigencia los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, las libertades fundamentales y los derechos constitucionales de los pobladores de esta región del departamento del Meta.
2. Al presidente de la República Doctor Álvaro Uribe Vélez para que en calidad de jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, en uso de su capacidad discrecional, retire del servicio a los miembros de la fuerza publica comprometidos en las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
3. Al presidente de la república en calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, dar instrucciones prontas y eficaces a fin de suspender inmediatamente las fumigaciones indiscriminadas que vienen afectando cultivos de pan coger, fuentes de agua y bienes civiles protegidos por el derecho internacional humanitario. Así mismo dar instrucciones precisas para que la tropa desista de la aplicación de estrategias de desplazamiento forzado a estas comunidades
4. A la Fiscalía General de la Nación iniciar de oficio las investigaciones tendientes a judicializar e individualizar a los determinadores materiales e intelectuales de las múltiples violaciones que se han venido presentando contra estas comunidades, sean estos funcionarios públicos o agentes particulares que actúan con la complicidad, tolerancia y aquiescencia de los primeros.
5. De manera urgente, que todos los casos de ejecuciones extrajudiciales que estén siendo conocidos por la jurisdicción penal militar sean trasladados a la justicia penal ordinaria.
6. Así mismo adoptar las medidas necesarias, a fin de que la jurisdicción penal militara se abstenga de iniciar y tramitar actuaciones, o proponer colisión de competencias en aquellos casos que actualmente se investigan en la justicia penal ordinaria o en aquellos similares que pudieran presentarse en el futuro.
7. A la Procuraduría General de la Nación que a que inicie inmediatamente las investigaciones tendientes a determinar las reales o eventuales responsabilidades de funcionarios públicos, militares, policiales, o civiles en la ocurrencia de los hechos denunciados.
8. Con relación a las detenciones desapariciones forzosas que se han denunciado en la región del Bajo Ariari, le solicitamos a las autoridades judiciales y demás agentes del Ministerio Público, invocar de oficio la Activación del mecanismo de Búsqueda Urgente para la Prevención del Delito de la Desaparición Forzada , a fin de hallar el paradero de las personas desaparecidas.
9. Al gobierno nacional y de mas autoridades competentes a gestionar ante la organización de Estados Americanos – OEA- la conformación de una Comisión de Forenses de Alto Nivel, que inicie de manera imparcial las investigaciones tendientes a determinar las condiciones de modo, tiempo, y lugar, así como las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos en las ejecuciones extrajudiciales de los millares de campesinos que han sido reportados por el ejército como guerrilleros dados de baja en combate, en esta región del bajo Ariari.
10. A las autoridades civiles, militares y de policía, locales, departamentales y nacionales abstenerse de estigmatizar y señalar a los pobladores de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla, toda vez que precisamente los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, las torturas y las amenazas de muerte han estado precedidas de ese tipo de acusaciones infundadas contra los campesinos.
11. De igual manera Solicitamos a la Procuraduría que haciendo uso del poder preferente que le confirió la Sentencia C -104 del 2004 de la Corte Constitucional, asumir de oficio los expedientes en los cuales la justicia castrense profirió fallos absolutorios y a archivado muchos otros.
12. A la Defensoría del Pueblo a establecer un monitoreo y un seguimiento permanente de la grave situación de violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que viven estas comunidades del Bajo Ariari. Levantar una Alerta Temprana sobre la situación en la región, y particularmente, en lo referido al accionar delictivo y las nuevas amenazas de muerte que viene desarrollando el grupo paramilitar comandado por “alías Casanare” .
13. A las autoridades civiles del orden local y departamental y nacional a implementar acciones de suministro y entrega de ayudas humanitarias de emergencia como un primera paso que permita paliar la grave crisis humanitaria que padece la región y, en todo caso, en la perspectiva de diseñar y ejecutar de manera extraordinaria programas humanitarias de abastecimiento, producción, comercialización y consumo de los medios de sobrevivencia de estas comunidades.
SOLICITUDES A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL.
Dirigirse al señor presidente Doctor Álvaro Uribe Vélez, a las autoridades civiles, militares y de policía, del orden local, departamental y nacional expresando su preocupación por los hechos aquí denunciados y apoyando las solicitudes de las comunidades y de la Misión Interinstitucional de Observación y Acompañamiento a fin de que las autoridades adopten las medidas necesarias y suficientes que permitan superar las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, las graves violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos y las graves infracciones al derecho Internacional Humanitario; que se viene presentando en la región del Bajo Ariari.
Todas las medidas y acciones de contención de los factores objetivos y subjetivos en cuyo marco se presentan estas violaciones, deberán estar indisolublemente acompañadas de medidas de tipo político, como la real desarticulación y combate a las organizaciones paramilitares supuestamente en proceso de desmovilización, la lucha frontal contra la impunidad y el retiro de sus cargos de aquellos miembros de la fuerza publica involucrados en estas violaciones. Se necesitan políticas decididas que permitan contrarrestar y enfrentar eficazmente los factores de riesgo que generan y alimentan estas violaciones.
• Enviar comunicaciones a las siguientes autoridades:
• Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Bogotá D.C.
Fax: 57 1 566 2071
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República
Cra 8ª # 5-57, Bogotá D.C.
E-mail: buzon1@presidencia.gov.co
Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Dr. Carlos Franco, Director
Cll 7 # 5-54, Bogotá D.C.
Teléfono: 565 97 97 ext. 744
E. mail: cefaro@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Dr. Mario Hernán Iguarán Arana. Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B # 52-01, Bogotá D.C.
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co
Defensoría Nacional del Pueblo
Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo
Teléfono: 314 73 00
E.mail: defensoria@defensoria.org.co
Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón. Procurador General de la Nación
Teléfono: 336 00 11
E.mail: cap@procuraduria.gov.co
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DerechosHumanos en Colombia.
Teléfono 658 33 00
Programa de Derechos Humanos de la Policía Nacional
Coronel Efraín Oswaldo Aragón. Director
Teléfono: 315 94 38
E.mail: efrainaragon@gmail.com
Oficina de Derechos Humanos del Ejército Nacional
Coronel Enrique Garay Saleg. Director
Teléfono: 266 03 16
E.mail:
Cualquier Notificación a:
* Doctora Jahel Quiroga Carrillo.
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – REINICIAR -.
Calle 19 Nº 3 – 10. Of. 1102. Edificio Barichara Torre B.
Teléfonos: 284 – 86 – 53 – 337 – 59 – 45. Telefax: 243 – 38 – 05.
E – mail: reiniciar@reiniciar.org
* Padre Alejandro Ángulo
Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP-
Carrera 5ª Nº 33 A- 08. Tel: 245 – 61 – 81. Telefax: 287 – 90 – 89
* Jaime León.
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Carrera 15 Nº 10 – 41. Sede Voto Nacional. Tel: 282 – 522 – 60.
* Eduardo Carreño.
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Calle 16 Nº 6 -66. Edificio Avianca. Piso 25. Tel: 284 – 61 – 20 – 284 – 60 – 40. E – mail: colect@colectivodeabogados.org
SUSCRIBEN:
* CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO
* CORPORACION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS – REINICIAR.
* CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUACION POPULAR, CINEP
* COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO.
* COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LA ASOCIACION DEL RIO GUEJAR
* COMITÉ CIVICO POR LOS DERECHOS HUMANOS DEL META –
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO -MOVICE-
• FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS – CSPP-.
• COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ.
• ASODEMUC.
• HIJAS E HIJOS PÒR LA MEMORIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD.
• SINDICATO DE TRABAJADORES AGRICOLAS DEL META -SINTRAGRIM-
• CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORIA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA COS-PACC
• DIGNIDAD HUMANA, VILLAVICENCIO.
• MESA HUMANITARIA DEL META.