#AYOTZINAPA El terrorismo de Estado y los derechos humanos de las víctimas

Después de escuchar la conferencia de prensa realizada por el Procurador General de la República, nos queda claro que, con su negativa a reconocer que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no tendrán como no han tenido, desde el Estado, el tratamiento que requiere la gravedad y magnitud de tan lamentables sucesos.

La conferencia, más que informar, fue parte de un mecanismo de impunidad cuyo objetivo intenta desmovilizar a la sociedad civil indignada por este CRIMEN DE ESTADO, dicha conferencia nunca tuvo el objetivo de abonar a la justicia o a la verdad, su objetivo era claro; generar dos sentimientos: tristeza e impotencia. Sentimientos que tratan de generar un comportamiento de inmovilidad en quienes hemos salido a la calle a exigir que los desaparecidos sean presentados con vida.

El Estado dice que los normalistas están desaparecidos en tanto no se tenga confirmación científica del hecho, pero hace una narración para asegurarnos que fueron atrozmente ejecutados, juega con la información, con las imágenes y con testimonios de sujetos visiblemente torturados para convencernos de un hecho que niega unos segundos después y que además, como dicen los familiares, es una tortura.

En las respuestas a las preguntas de los periodistas niega que el caso Ayotzinapa sea un crimen de Estado. El trabajo de documentación de violaciones a derechos humanos que realiza nuestra organización de derechos humanos y por la cual llevamos 13 amenazas de muerte, no sólo nos permite afirmar que sí es un crimen de Estado, sino que además obedece a una estrategia de terrorismo de Estado.
En voz de jueces internacionales que participaron en la audiencia inicial del TPP en México desde antes de los hechos de Iguala ya se manifestaban actos propios de terrorismo de Estado:

“El Tribunal (Permanente de los Pueblos. Capítulo México) considera que muchos de los episodios, probados ante él, constituyen actos de terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política de Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y/o aniquilar a la oposición armada y/ o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos. [1]]

Dichas acciones están encaminadas a lograr, en México, que la población acepte sumisamente y sin resistencia organizada la profundización de las reformas estructurales que niegan los derechos humanos de la población.

“En el curso de la Audiencia, el Tribunal verificó la presencia de un cuadro repetitivo de conductas que constituyen violaciones a los derechos humanos, de tal modo que puede afirmarse la existencia de patrones o modalidades de comportamiento por parte de los agentes del Estado Mexicano. En ese sentido es llamativa la reiteración de determinados delitos en un marco generalizado de impunidad, tales son: asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, violaciones y otros abusos sexuales, y criminalización de la protesta social.

Tales conductas se reiteran y entrecruzan en los diversos casos puestos a consideración de este Tribunal, y configuran un cuadro generalizado y sistemático de violaciones a los derechos humanos.” [2]

Las reformas estructurales recientemente aprobadas profundizan en los hechos el saqueo de las riquezas naturales en detrimento de los derechos humanos de toda la población mexicana, derechos humanos que México está obligado a garantizar como son el DH a un trabajo digno y bien remunerado, el DH a una educación gratuita, el DH a la alimentación saludable, el DH a la salud gratuita y de calidad también, el DH al territorio, entre muchos otros.

Una característica de los actos de terrorismo de Estado es que, como son justificados por una razón de Estado (actos ilegales e ilegítimos cuya intención es, en México, imponer por sobre el valor de la vida, el valor del dinero), conllevan la creación de mecanismos de impunidad para no investigar y proteger a los responsables, el caso más palpable es la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sólo ha emitido recomendaciones en el 0.02 por ciento de las denuncias recibidas.

Concluimos entonces que dicha conferencia es parte de un mecanismo de impunidad creado para ocultar la verdad y negar la justicia en el caso de los normalistas desaparecidos de manera forzada como resultado de una política de Estado.

A continuación, explicamos lo que el Estado no difunde, no explica y, si puede, oculta ¿Cuáles son estos derechos humanos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos? Los derechos humanos que el Estado, con dicha conferencia, está violando son los siguientes:

Derecho humano a la VERDAD: La búsqueda de la verdad implica un compromiso ético con las víctimas que consiste en aclarar las razones de tipo económico, político o social de las agresiones del Estado, evidenciar la lógica represiva que las produjo, quiénes facilitaron y encubrieron los crímenes, descubrir su sistematicidad, descubrir la identidad, los móviles y los contextos de los crímenes, sus ejecutores y beneficiarios.

Las víctimas, sus familias, allegados y la sociedad tienen el derecho a saber:

¿Quiénes fueron los responsables y beneficiarios del crimen?
¿Cuándo, Cómo, Por qué y Dónde ocurrieron los hechos?
Dónde están sus familiares en los casos de desapariciones forzadas.
¿Qué se ha hecho para investigar los hechos y sancionar a los responsables?
Derecho humano a la JUSTICIA: implica que el Estado

Investigue, juzgue y sancione a los responsables materiales, intelectuales, facilitadores y beneficiarios de los crímenes.
Adopte medidas para garantizar la integridad de las víctimas, familiares, representantes, testigos, operadores judiciales.
El derecho humano a la REPARACIÓN INTEGRAL: Este derecho empieza por el acceso real a la VERDAD y a la JUSTICIA. Implica la reparación de todos los daños y perjuicios que las víctimas han sufrido, en la medida de lo posible.

Reparar significa, no sólo intentar aliviar el sufrimiento de las personas y comunidades afectadas, sino superar las causas de la violación a los derechos humanos. En este sentido, la reparación involucra también una acción social permanente que transforme a largo plazo las condiciones socioeconómicas que han dado lugar a la victimización de diversos sectores de la población.

Solo puede haber una reparación integral de los crímenes de Estado si se ha dado a conocer públicamente la verdad de lo sucedido y si han sido sancionados los responsables de los hechos.

Garantías de no repetición, referidas a todas aquellas acciones estatales encaminadas a prevenir la ocurrencia de nuevos hechos similares.

Este derecho sólo puede ser satisfecho plenamente mediante la puesta en práctica de mecanismos institucionales que lleven al desmonte de las estructuras que hicieron posible la comisión de los crímenes atroces, con miras a prevenir que éstos vuelvan a repetirse.

La principal garantía de no repetición es la sanción de los responsables para que los hechos no se sigan cometiendo.

Derecho humano a la MEMORIA: La memoria social y socializada es la única garantía de que los días y noches de terror no se repitan. La memoria es el mecanismo idóneo para conservar o reconstruir la historia de las luchas de los pueblos y la historia de la represión desatada por el poder para impedir la determinación de los mismos.

Por último, queremos decirles que a pesar de que la tristeza nos invada, lo mejor que podemos hacer para recuperar la alegría de la vida, es organizarnos y continuar movilizándonos, no sólo por la justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, sino por la aparición de todos los detenidos desaparecidos, por justicia en el caso de los ejecutados extrajudiciales, por la libertad de todos los presos políticos del país y por transformar esta sociedad, en una donde todos los mexicanos construyamos las condiciones materiales necesarias para tener una vida digna.

08 de noviembre de 2014

Comité Cerezo México
“Por que ser defensor de derechos humanos, no es sinónimo de terrorista”