Auxilio, auxilio, auxilio
Todo lo hemos intentado a través de las vías del diálogo, de las acciones jurídicas, entre ellas 4 acciones de Tutela, de comisiones de verificación. Todo está pero no para el avance de la destrucción del bosque, ni las amenazas de muerte contra los legítimos propietarios. Sigue la deforestación y la siembra de palma aceitera en los territorios colectivos de las comunidades del Jiguamiandó-Curvaradó y en los territorios con títulos individuales de miembros de las comunidades. Todo se ha intensificado. Antes que detener la destrucción de los recursos naturales y el avance de la siembra de palma, esta actividad ilegal se ha acelerado, de octubre para acá, nuevas carreteras se han construido, centenares de nuevas hectáreas de bosque se han tumbado, decenas de kilómetros de canales artificiales se han excavado y nuevas hectáreas de palma se han sembrado como se pudo observar en la última semana de enero y el 24 de marzo de 2005.
Desde el 2001, Justicia y Paz, denunció por autorización nuestra, la siembra ilegal de Palma dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y su proyección sobre el Jiguamiandó; dejaron constancia ante altos funcionarios del gobierno y del Estado, de las operaciones militares y paramilitares de protección o de avanzada del proyecto agroindustrial sostenido en la ilegalidad, en la impunidad y en las violaciones de derechos humanos.
En el 2003, la Corte interamericana otorgó medidas provisionales anotando en los antecedentes la siembra ilegal de palma por parte de Urapalma y sus incidencias en las violaciones a los derechos humanos. “e) desde el año 2001 la empresa URAPALMA S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera de por lo menos 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con la ayuda de ‘la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas’. Los operativos e incursiones armados en estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las Comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio. La preparación de la tierra para la extensión del cultivo, por parte de dicha empresa, sigue avanzando en dirección a la comunidad de Nueva Esperanza, cerca del lugar escogido por los miembros de las comunidades para la construcción de sus ‘Zonas Humanitarias de Refugio’. Además, la siembra de palma africana y la explotación de los recursos naturales en los territorios de las Comunidades , en las presentes circunstancias, ponen en peligro la vida y la supervivencia de estas familias” (Resolución del 6 de marzo de 2003).
Solamente hasta febrero de 2004, el gobierno nacional accedió a adelantar una comisión al terreno en el que se constató la ilegalidad de la siembra. Meses después, en octubre, se realizó una comisión técnica en cuyo informe la institución del Gobierno INCODER reconoció que el 95% de la Palma se encuentra sembrada de manera ilegal en los territorios colectivos de las comunidades, que se prepara un siembra de cerca de 22.121 hectáreas (44.000) acres y la adecuación de 4.010 hectáreas ( 8.000 ácres) para ganadería y que en un intento de legalización de esa actividad ilícita, han adelantado contratos de compraventa de mejoras, contratos de usufructo y compra de algunos territorios con títulos individuales, todos ellos de manera ilegal pues desconocen los procedimientos de la ley 70 de comunidades negras y la ley de adjudicación de predios individuales.
El informe de INCODER reconoce el impacto ambiental por la construcción de vías, canales de drenaje, tala de bosques y aprovechamiento de fuentes de agua. Según ingenieros forestales que participaron de una de las verificaciones, se calculó el área en la que se han construido vías en 20,25 Ha teniendo en cuenta el ancho de las vías de 5,5 m y longitud de 36. 819 m. En el caso de las zanjas de drenaje el área se calculó entre 138,6 Ha y 184,8 Ha, con base en que las zanjas de drenaje presentan en general un ancho de 2,0 m y frecuencia promedio entre 150 m y 200 m. Para la construcción de las zanjas se removieron entre 2`772333 y 3`696444 m3 de tierra. (Informe Interno de Justicia y Paz).
Mucho de nuestro bosque y animales han sido destruidos, de acuerdo con el informe que hicimos en conjunto con los ingenieros que estuvieron por Justicia y Paz, pues comparamos lo que teníamos antes de las siembras , con lo que hay ahora, solo palma. Hemos perdido 39 especies de árboles maderables, 15 de árboles frutales, 11 especies que utilizamos para la construcción, 5 especies que utilizamos como colorantes, 8 especies medicinales 64 especies de fauna que no aprovechamos directamente y 28 especies de fauna comestibles, para un total de 170 especies de las que mas conocemos. Toda esa riqueza ha sido destruida para meter una sola especie, la palma aceitera.
En el citado texto, la institución gubernamental requirió a las instancias del Estado detener de inmediato el avance de las siembras de palma, lo mismo ha hecho en comunicado público la Defensoría del Pueblo del 8 de abril de 2005, recordando además, que en el 2003 los paramilitares amedrentaban a los miembros de las comunidades y los presionaban a la siembra de este monocultivo.
El 14 de marzo en la Audiencia ante la Corte Interamericana el Gobierno Nacional a través de la Vice Presidencia de la República expresó que, la situación causada por la Palma se resolvía de manera interna, que no se requería de la intervención de la Corte, que el Gobierno solicitaría a los empresarios cesar la siembra y que se definirían mecanismos de solución al problema.
Hoy cuatro semanas después, se constató por organizaciones no gubernamentales como el Proyecto Justicia y Vida, el Colectivo “José Alvear Restrepo”, la Diócesis de Quibdó y, Justicia y Paz, que continúa la destrucción de los ríos, el bosque y animales de esta zona ubicada en el chocó biogeográfico, considerado como un patrimonio biológico de la humanidad; observaron como hay un control militar de la Brigada XVII en los lugares donde se deforesta a pasos agigantados, donde se destruyen bosques, plantas, aguas, animales de toda especie, bosques primarios. Ellos, también como ha sucedido con comisiones anteriores en que ha participado la Comisión Colombiana de Juristas, el PASC de Canadá, la agencia británica Christian Aid, y los mismos funcionarios del Gobierno y del Estado, se constata como el Derecho a la supervivencia, el respeto a nuestra identidad cultural está en grave riesgo por la actuación militar del Estado, sus acciones afectan a nuestras Comunidades y a los acompañantes permanentes de Justicia y Paz.
Nuestra posibilidad de existir como pueblo está siendo sometida a una persecución por la siembra de palma de aceite en la que se encuentran vinculadas 9 empresas palmicultoras, algunas, de ellas que hacen publicidad, a nombre de lograr la desmovilización de paramilitares para vincularlos en la siembra de palma aceitera. Nuestra posibilidad de vivir en el Territorio es cada vez más imposible debido a la impunidad en que se encuentran más de 110 crímenes y la actuación militar y paramilitar contra nuestras comunidades. A esta grave situación se suma el secuestro de nuestros 5 acompañante de Justicia y Paz, por parte, de las FARC que ha sido un golpe muy duro a nuestro proceso de Resistencia Civil, hoy nos encontramos con menos del acompañamiento previsto, pues los 5 secuestrados no han podido regresar, por las amenazas parainstitucionales y el riesgo que corren y crear un equipo de acompañamiento es algo que se hace con tiempo.
En estos últimos 8 días, en las Zonas Humanitarias, en donde estamos acompañados por un personal pequeño de Justicia y Paz y por PBI, estamos escuchando el arrasamiento de nuestros bosques primarios, hemos conocido del secado de los ríos y hemos visto como a través de paramilitares que nos rodean sigue el avance de esos proyectos de injusticia y de muerte.
Justicia y Paz fue informado que el pasado viernes 22 de abril que cuando un grupo de campesinos se disponía a reunirse para buscar salidas a la expropiación de la que han sido víctimas y cuando una familia propietaria se disponía aprovechar de modo domestico la madera de su finca, en los dos casos se les amenaza con cometer una masacre y quemar los ranchos que han construido en las tierras que les pertenecen.
La Brigada XVII ha protegido a los expropiadores de nuestras tierras, en actuaciones que no corresponden a su investidura y a su papel ante la ilegalidad. El general Pauxelino Latorre comandante de la Brigada XIII del Ejercito, conoció las denuncias de las comunidades y no intervino, al contrario, actuó como “facilitador” de procedimientos sumarios que favorecían a los empresarios que se han apropiado de las tierras. Ello, además de constituir una conducta reprochable tanto en el ámbito disciplinario como penal configura una extralimitación de sus funciones y un favorecimiento ilícito a particulares así como una omisión de sus funciones de control y vigilancia ambiental y protección de la integridad y bienes de las personas pertenecientes a las comunidades de las cuencas.
SOLICITUDES DE SOLIDARIDAD
1. Presencia urgente de voluntarios internacionales en las 3 Zonas Humanitarias y apoyo a la presencia permanente de Justicia y Paz en nuestras Zonas Humanitarias “Pueblo Nuevo”, “Bella Flor Remacho”, “Nueva Esperanza”
2. Participación de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos a la semana de presencia mundial en las territorios de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó del 1 al 10 de agosto de 2005, con el fin de:
Constatar las actividades de las empresas palmicultoras durante esa semana, exigir la suspensión de los trabajos en los territorio de las comunidades y realizar un acto de indignación.
Visualizar la expropiación de tierras, de la que vienen siendo víctimas las comunidades, a través de medios nacionales e internacionales de información que
serán convocados a la jornada en terreno.
Señalizar las propiedades familiares dentro de los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó de las propiedades individuales con los nombres de las organizaciones internacionales
Hermanar las propiedades familiares dentro de los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó de las propiedades individuales con los nombres de las organizaciones internacionales
Adherir como organización la acción Popular que interpondremos los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó y la Comisión Justicia y Paz conforme al formato que adjuntamos a esta.
SOLICITUDES DE EXIGENCIA AL ESTADO Y AL GOBIERNO
Enviar cartas al Presidente de la República ALVARO URIBE VELEZ, al Vicepresidente FRANCISCO SANTOS, al Ministro del Interior SABAS PRETEL DE LA VEGA, al Ministro de Agricultura ADRES FELIPE ARIAS a la Ministra del Medio Ambiente SANDRA SUAREZ PEREZ, solicitando:
Honrar la palabra empeñada ante la Corte interamericana el 14 de marzo pasado, en San José de Costa Rica, de frenar y de suspender de modo inmediato la siembra de palma aceitera en los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó
Responder integralmente a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo respecto a la asistencia humanitaria, condiciones de retorno de las comunidades, respeto a las Zonas Humanitarias, dotación de los sistemas de comunicación , presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en las Zonas Humanitarias
Al Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON solicitando sancionar a los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Autónoma Regional del Chocó, CODECHOCO, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura, de la Policía Nacional, El Ejercito Nacional, que han permitido y protegido la implementación de la siembra ilegal de palma aceitera y la destrucción de la biodiversidad en los territorios colectivos y de propiedad individual de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó.
Al Defensor Nacional del Pueblo WOLMAN PEREZ, adelantar todas las acciones jurídicas en lo administrativa, disciplinaria y penales que le corresponden, para que se detenga la siembra de Palma aceitera, se devuelvan las tierras expropiadas a las comunidades, se les indemnice por los daños causados y se les garanticen las condiciones de un retorno digno y seguro, conforme a los principios rectores del desplazamiento forzado.
Contamos con ustedes, con su inmensa solidaridad para salvar esta tierra nuestra que es también de ustedes.
CONSEJO COMUNITARIO DEL JIGUAMIANDÓ Y COMUNIDADES DEL CURVARADO