Ausencia de garantías para reclamantes de Curbaradó, ineficacia de la brigada 17
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de extrañas operaciones que develan la vulnerabilidad en que se encuentran el reconocido líder ENRIQUE PETRO y la lideresa LIGIA CHAVERRA por las omisiones o tolerancia de la brigada 17.
Bogotá, D.C., 30 de enero de 2013
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia
JUAN GABRIEL URIBE
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Ausencia de garantías para reclamantes de Curbaradó, ineficacia de la brigada 17
Ante la ausencia de decisiones en derecho para proteger los derechos de los despojados como la orden de desalojo contra habitantes legítimos del territorio colectivo de Pedeguita y Mansilla por parte de la Inspección Municipal de Río Sucio; ante la continuidad de difamaciones para proteger los intereses de sectores empresariales, ocupantes de mala fe, beneficiarios de operaciones violentas paramilitares, vinculados en agronegocios de palma, de yuca, de banano, ganadería extensiva.
Como es de su conocimiento en el mes de diciembre se conoció de un plan para atentar contra líderes y lideresas de restitución, que no se llevo a cabo, según las fuentes por la presión internacional y la permanente observación que existe sobre la situación de Curvaradó y Jiguamiandó y la grave situación que se está develando de Santa Rosa de El Limón, Vigía de Curvaradó, Bijao Onofre en Pedeguita Mansilla.
En esa misma Constancia se expresó la profunda preocupación por operaciones paramilitares, de hombres vestidos de camuflado con armas cortas y largas en el poblado de El Guamo y en Caño Manso en límites con Pedeguita, sus actuaciones contra la población. Igualmente reiteramos la movilización de operaciones paramilitares en el territorio del Curvaradó en medio de la presencia de la fuerza pública en Belén de Bajirá, Brisas de Curvaradó, Barranquillita, Mutatá.
En este contexto se conocieron tres actuaciones de entidades públicas. El informe del INCODER (ver informe) que revela nuevos sectores empresariales y mecanismos fraudulentos como se han hecho a la propiedad colectiva y el Auto de la Corte Constitucional 299 del 18 de diciembre de 2012 (ver Auto) que llama a plazos perentorios para lograr un reconocimiento de los legítimos habitantes del territorio y por otra parte, la decisión de la brigada 17 de parar la instalación de una base militar dentro del territorio colectivo debido a las serias irregularidades denunciadas.
Las reacciones no se han hecho esperar y se ha dado continuidad a la campaña de desprestigio y la de eventuales montajes judiciales en las que ha participado un circulo cercano a ÁLVARO URIBE VÉLEZ, entre ellos FERNANDO LONDONO, LUIS MARIO GAVIRIA, JOSÉ OBDULIO GAVIRIA, RITO ALEJO DEL RÍO, MARÍA FERNANDA CABAL con los cuales se pretende exonerar socialmente de responsabilidad a la brigada 17 en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica.
* Martes 15 de enero hacia las 8:30 p.m., en la Comunidad de Caño Claro, Zona Humanitaria de Andalucía lugar de habitación del Líder ENRIQUE PETRO; hicieron presencia siete hombres movilizados en 4 motocicletas, los cuales se ubicaron a 15 metros de la vivienda.
El señor PETRO solicitó al ejército que en función del control perimetral desalojara a los hombres de su propiedad.
Los hombres manifestaron ser pescadores de la comunidad de Llano Rico, territorio colectivo de Curvaradó. Sin embargo, es la primera vez que estas personas eran vistas en el territorio de Curvaradó.
PETRO instó a los oficiales solicitar los documentos de identidad a los forasteros y los regulares se negaron a hacerlo argumentando que eran de la región.
Los hombres pasaron en varias ocasiones por la vivienda del señor PETRO y posteriormente en dirección al rio Cano Claro, tras de ellos iba el ejercito.
A eso de las 12:00 a.m. se retiraron.
* Martes 22 de enero a eso de las 10:30 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de la presencia de dos hombres extraños movilizados en motocicletas en la Zona Humanitaria de Camelias.
Los hombres preguntaron de manera insistente, amenazante y agresiva por la lideresa LIGIA MARÍA CHAVERRA. Cuando LIGIA MARÍA fue informada de la presencia de esas personas extrañas se refugió en una de las viviendas de la Zona Humanitaria evitando ser vista por los estas personas.
Los hombres antes de irse manifestaron: “Ella tiene muchas culebras que se tiene que esconder, el que nada debe nada teme” (…) “Nosotros tenemos que hablar con ella y con nadie más, tenemos que descargar y eso es solo con ella”
* Domingo 27 de enero hacia las 10:00 a.m., las comunidades negras ubicadas en el caserío de Bijao Onofre, fueron notificadas de la orden de desalojo proferida por la inspección municipal de Río Sucio, en cabeza de la funcionaria CELMIRA GUTIÉRREZ.
La orden de desalojo beneficiaria los intereses del ocupante de mala fe JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ MORENO. GONZÁLEZ MORENO es representante del sector palmero y ganadero; reconocido como beneficiario del paramilitarismo por las víctimas de la región; su empresa RECIFE ha tenido serios y graves cuestionamientos en informes emitidos por instituciones públicas.
Sobre el señor GONZÁLEZ se adelantan investigación penal por la presunta comisión de delitos en contra de las comunidades negras del territorio colectivo del Curbaradó.
Los delitos que se imputan, hacen referencia al desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
* Martes 29 de enero en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de la carta escrita por la Corporación Medio y Bajo Atrato, ASODESMA, organización integrada por desplazados y dirigida a instancias oficiales, Naciones Unidas y Sistema Interamericano.
La carta (Ver anexo) expresa que las actuaciones del Ministerio del Interior, Vicepresidencia de la República, de la Defensoría del Pueblo, La Cancillería y nuestra Comisión de Justicia y Paz operan bajo las directrices de las FARC – EP.
“El Objetivo de Este oficio es enterarlos de las atrocidades que ha venido cometiendo la guerrilla de las Farc (…) la comisión Intereclesial de justicia y paz en compañía de la directora de Derechos Humanos del ministerio del interior MARIA PAULINA RIVERO DUEÑAS (sic), las defensoras comunitarias MADELEIN AHUMADA, MONICA CARVAJAL Y JANETH (sic). CAROLINA RUCINQUE (sic) de presidencia, funcionarios del incoder y demás montando un complot para exterminar a los miembros de las comunidades negras para despojarlos de sus territorios (…) ”
Los denunciantes aseguraron que funcionarios de estas instituciones han tomado decisiones sobre esquemas de protección, la restitución de predios colectivos en razón a la “obediencia” a nuestra Comisión de Justicia y Paz, actuaciones que forman parte de una estrategia construida por las FARC.
La misiva asevera que nuestra Comisión “Organiza los lideres mestizos que pertenecen a las llamadas zonas humanitarias que están en nuestro territorio de manera inconsulta para que protesten en contra de la construcción e implantación del batallón de selva N° 54 y la base militar que el ejército está construyendo en llano rico (…)”
Esta afirmación sostiene una falsa reacción sobre nuestro papel frente a la instalación de una base militar en predios colectivos indicando que es una actuación a favor de las FARC. Esta misma afirmación fue realizada por un alto mando de la brigada 17 semanas atrás.
La falsa aseveración se contradice con las constataciones en sitio que realizó el pasado mes de noviembre una comisión internacional de verificación que recibió decenas de testimonios del proceder de la brigada 17 y del desconocimiento de los derechos que se estaba realizando con la construcción de la base militar en predios colectivos, ocupados de mala fe. Las comunidades indicaron que sin su consentimiento se estaba construyendo la base militar, en predios colectivos despojados por la violencia paramilitar.
Por otra parte, la misiva de manera calumniosa manifiesta que nuestra Comisión insta a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que retire esquemas de protección a personas afrocolombianas de manera que estas queden en vulnerabilidad y sean asesinado por la guerrilla de la FARC, de lo que se colige que todas estas acciones hacen parte de un plan concertado entre las diferentes instancias del gobierno, nuestra Comisión y las FARC.
“Hay un complot para asesinarnos razón por la cual nos están quitando los esquemas de protección como lo hicieron conmigo porque esta es la estrategia de la ONG comisión Intereclesial de justicia y paz y ejecutada por MARIA PAULINA RIVERO DUEÑAS, directora de derechos humanos del ministerio del interior (…)”
Los denunciantes manifiestan que le papel de nuestra Comisión de Justicia y Paz es garantizar que la propiedad colectiva quede bajo orientaciones de las FARC y para ello es necesario la ejecución de asesinatos en el bajo y medio Atrato.
En horas de la noche fue conocida por nuestra Comisión otra misiva, la cual afirma que los integrantes de los consejos comunitarios están en concierto con la guerrilla de las FARC.
Nuestra Censura Ética ante las situaciones de riesgo que de manera concreta han experimentando LIGIA CHAVERRA y ENRIQUE PETRO las que reflejan la ausencia de medidas preventivas por parte de la brigada 17, su ineficacia para evitar este tipo de actuaciones de personas foráneas en el entorno y las Zonas Humanitarias y la continua complicidad o tolerancia con operaciones de tipo paramilitar.
Nuestra Censura Etica ante las ideas discriminatorias, racistas para negar los derechos a afros y mestizos y la descalificación de los contenidos centrales de los Autos de la Corte Constitucional porque en derecho no favorecen a los ocupantes de mala fe. Detrás de tantas afirmaciones sin sustento probatorio, porque no existe, se pretende proteger intereses inconfesables de sectores de poder empresarial para proteger su ocupación ilegal y sus agronegocios de palma, banano, plátano, yuca, coca, así como, la ganadería extensiva en predios colectivos.
Nuestra Censura Ética ante la coincidencia de las afirmaciones de la misiva con las expresadas por mandos militares de la brigada 17 y las planteadas en procesos penales contra palmeros en los que se quiere desviar las responsabilidades estatales y empresariales en el despojo violento. En la audiencia de juicio HERNANDO OLIER expresó las mismas afirmaciones calumniosas sobre la relación de la Comisión de Justicia y Paz con la FARC.
Cuando a OLIER se le pregunto por el sustento de acusaciones respecto al robo de recursos expresó que era LUIS MARIO GAVIRIA.
GAVIRIA fue coordinador en Urabá de Acción Social, hasta hace unos meses funcionario del gobierno de SANTOS en el Urabá. GAVIRIA es hermano de JOSÉ OBDULIO GAVIRIA, asesor de ÁLVARO URIBE VÉLEZ. Estas mismas afirmaciones sobre nuestra organización han sido expresadas recientemente por integrantes de la comandancia de la brigada 17. Ante estos cuestionamientos a nuestra labor el ejecutivo no ha exigido el cumplimiento de las directrices presidenciales.
OLIER ha acusado a nuestra organización por fraude procesal, por representar a integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó ante la Corte Interamericana en el trámite de medidas provisionales. También calumnió en un proceso penal interno a los defensores ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA sosteniendo que (…) “Aduciendo que había que decir que todo el desplazamiento lo había hecho el ejército. Nosotros los negros dijimos: no. Hay que decir qué hizo el ejército, qué hicieron los paramilitares y qué hizo la guerrilla. Para ellos esa demanda les bajaba legitimidad si decíamos que la guerrilla estaba involucrada en ese desplazamiento. Esa demanda se colocó desde 2005. En el 2007 o 2008 estuvieron MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDÓN en Costa Rica. MANUEL MOYA cuando se presenta ante la Corte, que van los abogados de JyP DANILO RUEDA, con MARÍA CHELERO y toda su corte. Va MANUEL MOYA, representante de Curvaradó y GRACIANO BLANDÓN, representante de los desplazados de Jiguamiand (…) Se les cae parte de la demanda. De ahí inicia la CIJYP que tenemos evidencia, por su página web a decir que MANUEL MOYA era paramilitar, que era palmero”.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces por posible fraude procesal, obstrucción a la justicia, falsa denuncia de varios de los firmantes de las misivas que son parte de la estrategia de desprestigio y montajes judiciales conocidos desde octubre de 2008, llamados entre RITO ALEJO DEL RÍO y Fernando Londoño Hoyos como “los negritos”
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una investigación eficaz sobre cada una de las y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz acusados de ser de las FARC, de actuar con las FARC, de concertar con las FARC, de ser auxiliares de las FARC; negligencia investigativa que imposibilita continuar en libertad realizar nuestra labor legítima de defender, de proteger, de develar la estructura criminal violenta y empresarial que ha cometido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos.
La imagen y la idea que se pretende proyectar como obstáculo para la restitución de tierras son las diferencias en las comunidades frente al uso de la tierra, la labor de nuestra Comisión de Justicia y Paz, y la demonización del mecanismo de autoprotección de las Zonas Humanitarias que ha posibilitado a integrantes de los consejos comunitarios proteger sus vidas y develar el paramilitarismo y el sector empresarial que se ha beneficiado por sus actuaciones; lo que se quiere ocultar con tal cúmulo de difamaciones es la capacidad de sectores empresariales beneficiarios de la criminalidad paramilitar que mediante mecanismos perversos pretenden asegurar una restitución de predios favorable a sus intereses. Las afirmaciones calumniosas que pretenden excluir a las comunidades mestizas de sus derechos territoriales desconoce el contenido de los Autos de la Corte, a la Jurisprudencia y el carácter de contenido de la ley 70 de comunidades negras para lo cual se usan argumentos racistas y discriminatorios contra esta población.
No hay que olvidar que en el gobierno de URIBE los empresarios estuvieron a punto de lograr el nombramiento de un representante de las comunidades que favorecieran sus interese sobre el uso de la tierra, el exministro del Interior VALENCIA COSSIO, hizo caso omiso a las denuncias de las arbitrariedades cometidas por los empresarios en dicha elección y fue la Corte Constitucional la que a través de un Auto, mayo de 2008, impidió esa actuaciones en contra derecho de la totalidad de las comunidades negra.
Esperamos que los graves señalamientos contra funcionarios del gobierno de SANTOS que han actuado en Derecho, los que pueden generar temores fundados, no aminalen la disposición a cumplir con su deber constitucional.
Nuestra Censura Ética ante las actuaciones a todas luces arbitrarias, cuestionables éticamente y contra derecho de la Inspección Municipal de Río Sucio a favor de empresarios, ocupantes de mala fe en Bijao.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y de acuerdo a sus competencias institucionales solicitamos se sirvan dar respuesta eficaz y por escrito a las siguientes preguntas:
1. ¿En el marco de dar cumplimiento a lo estipulado en el Auto N° 092 de 2008 y Auto 237 de 2008 los cuales exhortan la protección de los derecho de las mujeres en condición de desplazamiento forzado, sírvase informarnos que acciones efectivas están desarrollando para salvaguardar la vida e integridad de la Lideresa LIGIA MARÍA CHAVERRA?
2. ¿Según lo estipula la Corte Constitucional en su Sentencia T025 de 2004 y los Autos de seguimiento 005 de 2009, 009 de 2009 que acciones y medidas de protección eficaces y adecuadas tendientes a garantizar la vida e integridad del líder ENRIQUE PETRO se están desarrollando?
3. En el marco de las medidas provisionales se concertó un esquema de protección desde hace 5 anos que no se ha materializado, cuando se dará cumplimiento a estos medios materiales de protección.
4. ¿Qué acciones materiales, oportunas y eficaces se están adelantando para garantizar la permanencia en el territorio a la comunidad afrodescendiente que habita en el territorio colectivo de Pedeguita y Mansilla?
5. ¿Qué acciones inmediatas se implementarán para evitar el desalojo arbitrario ordenado por la Inspección Municipal de Río Sucio, el cual favorece el interés privado de los empresarios y ocupantes de mala fe?
6. ¿Solicitamos nos informen las acciones concretas, de tipo material y político que se han adelantado para dar cumplimiento a los diferentes Autos de seguimiento de la Sentencia T025 de 2004 por parte de las diferentes carteras responsables de la atención a la población desplazada, en atención a las comunidades del territorio colectivo de Jiguamiandó y Curbaradó?
7. ¿Cuál es la respuesta al plan de protección colectivo en sus aspectos materiales solicitado desde mayo de 2012 por parte del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección?
8. ¿De manera expedita instamos a la Fiscalía General de la Nación para que abra investigación a cada uno y cada una de las integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, a fin de que esclarezca las imputaciones y afirmaciones expresadas por la organización ASODESMA sobre nuestra relación con las FARC, nuestra operación en concierto para delinquir y planear asesinatos?
9. ¿Respecto a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en relación a las acciones contra derechos acaecidas en las comunidades de Jiguamiandó, Curbaradó y Pedeguita y Mansilla las cuales tienen relaciones coincidentes frente a los actores responsables, contexto y móviles, cómo interpretan la sistematicidad de las acciones?
10. ¿En relación a las actuaciones irregulares de las empresas que hacen presencia en los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó, que investigaciones viene adelantando la Fiscalía en el marco del cumplimiento de los Principios Ruggies?
Con preocupación
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz