Aumenta la crisis ambiental por derramamiento de petróleo en diferentes puntos del Departamento

Habitantes del Putumayo han manifestado como la industria petrolera y el aumento de atentados contra infraestructura, maquinaria y transporte de hidrocarburos está contaminando de manera alarmante bosques, fincas y fuentes de agua.

Tan solo la última semana se produjeron 3 atentados en la vía Puerto Asís – La Alea – La Rosa, Zona de Reserva Campesina (ZRC) atribuidos a las Farc. Todo esto sucedió en vísperas al arribo del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y altos mandos militares a Puerto Asís, lo que produjo la militarización de todo el Municipio, en especial la mencionada ruta. Lo que no logramos comprender es como suceden este tipo de hechos con el despliegue militar existente, teniendo en cuenta además que dentro de los pozos petroleros se encuentran instaladas bases militares. ¿Cómo después del primer incidente la fuerza pública no reaccionó como suele hacerlo?

Ya en Puerto Asís, el pasado sábado 26 de julio, el ministro presidió un Consejo de Seguridad donde fue enfático en señalar la responsabilidad de las Farc en la grave emergencia ambiental que calificó como ecocidio en el Putumayo, prometiendo o amenazando con incrementar el pie de fuerza con dos batallones especiales, helicópteros de asalto aéreo, equipos de guerra, inteligencia, vehículos, un fiscal antiterrorismo y unidades del Escuadrón Móvil Anti Disturbio (ESMAD), todo con el fin de proteger la infraestructura e industria petrolera.

Llama especialmente la atención que el Ministro haya prometido traer unidades del ESMAD, así como que en su discurso haya pasado por alto la reciente movilización de campesinos en la región del corredor Puerto Vega – Teteyé en Puerto Asís, quienes desde inicios de este mes están en manifestación pacífica oponiéndose a la avanzada de las petroleras y en concreto a la ampliación concedida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante Resolución 0551 del 30 de mayo de 2014 a la empresa Vetra Exploración Colombia. Cabe recordar que las comunidades de la ZRC también están en oposición a la ampliación de la licencia ambiental a la empresa Amerisur Resources Colombia para el Área de explotación de hidrocarburos Platanillo que permitiría pasar el crudo mediante oleoducto por debajo del río Putumayo hasta el Ecuador, así como la apertura de más pozos petroleros. En la misma posición se encuentran comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de todo el departamento quienes se oponen a la ampliación de campos petroleros por los probados impactos ambientales que esta industria está generando sobre ríos, fauna, bosques, el aire, la tierra etc; además de la agudización del conflicto que ésta genera pues en donde se abre un pozo petrolero, se instala una base militar para su custodia, generándose serias infracciones al DIH. Por esta razón las comunidades han manifestado que no quieren la apertura de ningún otro pozo petrolero. Señor Ministro ¿acaso lo que hacen las empresas petroleras no es ecocidio? Y si es un ecocidio, ¿también denunciará a las multinacionales petroleras que lo están provocando?

Respecto a los últimos hechos, según el diario digital miputumayo.com la Fiscalía General de la Nación en informe anuncia que está investigando la responsabilidad de las empresas transportadoras de crudo como Cootranskililí Ltda, pues según dicho informe “los vehículos de la empresa transportadora del crudo iban por rutas no autorizadas por la autoridad ambiental” http://miputumayo.com.co/2014/07/28/investigan-a-empresas-relacionadas-con-derrame-de-petroleo-en-putumayo/ “Además, la Corporación Autónoma Regional de la Amazonía, Corpoamazonia, inició un proceso administrativo sancionatorio ambiental contra Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. y la empresa transportadora Cootranskililí ltda, por el incumplimiento en las labores de limpieza y recuperación del sitio donde ocurrió el derrame de petróleo”, concluye el diario.

Esperamos que estas investigaciones tengan avances reales que permitan sancionar las actuaciones ilegales de las empresas petroleras. De igual manera vemos con preocupación el silencio de las autoridades ambientales, que no se han pronunciado, ni mucho menos iniciado estudios que permitan determinar el grado de contaminación provocado por la explotación petrolera existente en los territorios. Hacemos un llamado a estas y otras instituciones a que actúen de manera urgente, para evitar la continuidad de las afectaciones sociales, ambientales y culturales.

Finalmente olvidó el ministro pronunciarse sobre el reinicio de las fumigaciones aéreas con glifosato, que tanta contaminación han generado, dejando a los campesinos en una situación de inestabilidad económica, no solo por la afectación de las matas de coca, sino porque destruye los cultivos de pan coger. Se desconoce por parte del ministro y del gobierno nacional, las propuestas de sustitución construidas por las propias comunidades, donde se lograría evitar las contaminaciones y destrucción ambiental que se genera con el glifosato. El gobierno nacional pasa por alto los acuerdos pactados en la región en el marco del Paro Nacional Agrario de 2013, en donde el gobierno se comprometió en no fumigar más mientras no se consolidara con las comunidades campesinas y afrodescendientes, organizaciones sociales y pueblos indígenas el Plan de Desarrollo Integral Amazónico (PLADIA); así mismo el gobierno central desconoce la posición de gobernantes locales y la Asamblea Departamental quienes han manifestado a éste su rechazo porque su estrategia de aspersión aérea con glifosato está contaminando el medio ambiente y destruyendo cultivos de pancoger muchos de los cuales son apoyados con recursos públicos ¿Por qué el Estado Colombiano reconoce las afectaciones causadas a raíz de las fumigaciones aéreas en Ecuador, pero no lo hace con las comunidades nacionales? ¿Que nos hace diferentes, que nos hace menos? ¿O será que las fumigaciones y la nueva fase de militarización regional hacen parte de una nueva estrategia de consolidación de entrega de los territorios a las multinacionales?

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz