Así funcionan los matrimonios entre políticos y empresarios

Una de las dinámicas del poder más comunes -y menos explicadas en detalle- son los matrimonios por conveniencia entre políticos y empresarios que se unen para ayudarse mutuamente desde sus respectivas orillas, en unas relaciones que suelen hacerse más evidentes en épocas electorales como la que arranca.

Un ejemplo clásico es el matrimonio entre familiares. Y acaso el principal botón para esa muestra en todo el país sea el poderoso clan Gerlein del Atlántico, integrado por el veterano senador conservador Roberto Gerlein Echeverría y su hermano el contratista dueño de la empresa Valorcon, Julio Gerlein Echeverría.

Los hermanos Gerlein montaron de la mano un imperio que tiene casi medio siglo. En sus comienzos, desde su silla de congresista, Roberto hacía lobby para que Julio pudiera acceder a ministros y altos funcionarios con el objetivo de ganarse sus primeros contratos.

“Vea, Ministro, se abrió una licitación y acá está mi hermano pegando ladrillos. Me gustaría que le dieras una cita”, nos aseguró un dateado periodista político de Barranquilla que un día le oyó a Roberto decir durante una llamada telefónica.

Otra persona que lo sabe de primera mano nos contó que, hace ya muchos años, los líderes (también llamados mochileros o puya ojos, que buscan votos en los barrios) del Senador se reunían en Valorcon para recibir allí las tejas y demás materiales que obsequiaba el grupo a las personas que votaban por el Congresista.

Como lo contamos en La Silla Caribe, los Gerlein fueron los creadores del famoso TLC (tejas, ladrillos y cemento) que se les daba a las personas de barrios barranquilleros recién nacidos para que pudieran levantar sus casas, a cambio, por supuesto, de sus votos.

Por su parte, Julio ha sido uno de los financiadores de Roberto a lo largo de su extensa carrera política.

Para la campaña de 2014, de acuerdo a lo reportado al Consejo Nacional Electoral, le donó a su hermano 23 millones de pesos.

Actualmente, de acuerdo a versiones de personas dentro del gerleinismo, Julio Gerlein no necesita que su hermano interceda por él, pues ya se convirtió en uno de los contratistas más grandes del país.

Sin embargo, han existido casos recientes en donde Julio recibió ayudas del Banco Agrario que controlaban los conservadores y en donde su hermano Roberto tenía mucha influencia, como lo hemos contado en La Silla.

Este próspero matrimonio, como también lo contamos, está a punto del divorcio, desde que el empresario decidió respaldar en las legislativas del año entrante a la representante Aída Merlano, quien aspirará al Senado y, por lo tanto, le competirá a Roberto.

La luna de miel

Pero mientras unos matrimonios familiares se acaban, otros están apenas despuntando. Es el caso del que tiene el también senador godo Hernán Andrade con su hermano, el ingeniero John Jairo Andrade, con una dinámica similar a la de los Gerlein.

Desde hace unos siete años, el ingeniero Andrade se ha venido ganando contratos públicos en los municipios de Acevedo y Neiva, en el Huila, y La Calera, en Cundinamarca, justo en donde su hermano congresista ha hecho política y respaldado candidatos a la Alcaldía.

Son contratos que van de 782 a 32 mil millones de pesos y que suman más de 49 mil millones de pesos, en esos siete años. El mayor es la construcción de un intercambiador vial en Neiva, la principal obra del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), por 32 mil millones de pesos, en una unión temporal de la que John Jairo tiene el 15 por ciento.

Ese contrato ha sido polémico porque se adjudicó en una licitación con un único proponente, pese a que hubo interés de varias firmas que finalmente no hicieron parte ante las exigencias de los pliegos, y porque la entregó el entonces alcalde Pedro Hernán Suárez en diciembre de 2015, aliado de Hernán, a días de terminar su mandato.

Con la alcaldía de Acevedo tiene otro para construir una vía que se ganó en una licitación que adjudicó la alcaldesa Luzdey Artunduaga, quien hace parte del grupo político del senador Andrade. Es una obra de 14.929 millones de pesos, otorgada en una licitación de un único proponente, que a septiembre de este año, después de un año de firmarse el contrato, ni siquiera ha arrancado. 

Y con la Alcaldía de La Calera, en donde Hernán Andrade fue el senador más votado en 2014, y en donde su hermana Esperanza Andrade, quien aspira a heredar su curul, también hace campaña ahora, John Jairo Andrade fue el único proponente habilitado en una licitación por 900 millones de pesos para mejoramiento de vías. La licitación la entregó en diciembre de 2016 la alcaldesa Ana Lucía Escobar, a quien el Congresista acompañó en la posesión.

En otros dos contratos públicos que revisamos y ganó sí hubo competencia. Ambos fueron en Neiva, durante el mandato del actual alcalde Rodrigo Lara, a quien Hernán y Esperanza Andrade apoyaron en campaña.

El matrimonio, en las buenas y las malas

Algunos de estos matrimonios sobreviven en las buenas y las malas. En ocasiones, se trata de políticos condenados que lograron armar sus parejas en el mundo empresarial antes de que la justicia les tocara la puerta y las han mantenido.

Un clásico de este tipo es el matrimonio del exsenador bolivarense de La U condenado por corrupción, Juan José ‘Juancho’ García Romero. Su pareja en el mundo de los negocios privados es su hijo: el empresario Juan José ‘Juanchito’ García Zuccardi.

Los García Zuccardi son una empresa familiar experta en combinar negocios y política: mantienen una curul desde hace casi 40 años en el Congreso, a pesar de los líos judiciales de sus cabezas (la esposa de Juancho es la exsenadora de La U Piedad Zuccardi, en juicio por parapolítica), y durante todo ese tiempo sobran registros del florecimiento de sus inversiones privadas.

El ejemplo más claro de ello es la forma en la que se convirtieron, en los 90, en accionistas de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Lo lograron luego de una llamativa decisión del alcalde de la época Gabriel García Romero, quien es primo hermano de Juancho García, cuando recién se había creado esa concesión.

Como lo contamos en La Silla Caribe, el entonces mandatario dijo que la ciudad no tenía plata para comprar las acciones de la Sociedad y recomendó venderlas a una lista de firmas privadas. Entre ellas, a una empresa en la que luego apareció como socia una empleada del servicio de los García. Las acciones de la mujer terminaron en manos de los esposos García Zuccardi, a través de una de sus sociedades.

Además de eso, hace unos años Daniel Coronell reveló cómo, siendo aún senadora, Piedad Zuccardi intervino ante la corporación ambiental Cardique para favorecer los intereses de Promotora El Campín, una empresa de la que eran accionistas directos o indirectos, entre otros, su suegra, un primo de su esposo y su hijo Juanchito García Zuccardi.

Precisamente, lo que nos dijeron en Cartagena dos empresarios, un alto funcionario, un exalto funcionario y un político que estuvo en el grupo de los García es que Juanchito es el brazo del clan de sus padres en el mundo empresarial, en donde una de sus puntas de lanza sigue siendo Promotora El Campín.

Nosotros revisamos y hoy Juanchito García no aparece en la junta directiva de dicha empresa. Sin embargo cuando llamamos allí a preguntar por él nos confirmaron que sí es su oficina.

Lo que nos detallaron dos de las las fuentes por aparte es que desde las oficinas de Promotora El Campín, en el tercer piso del Centro Comercial Bocagrande en Cartagena, despacha no sólo el hijo sino también uno se puede encontrar al propio Juancho García Romero.

Promotora El Campín ha ganado en los últimos años, sola o en consorcio, millonarios contratos de obra pública en Cartagena (como uno por casi 700 millones de pesos para adecuar unas instalaciones físicas, en 2007 en la empresa Transcaribe, que políticamente manejaron los García), ciudad en la que han respaldado a los últimos alcaldes.

La familia García, asimismo, tiene a dos primos de Juancho (Iván y el exalcalde Gabriel Antonio García, el que les facilitó que se quedaran con las acciones de la Sociedad Portuaria) en el mundo de lo privado, con acciones en el corredor vial de carga de Cartagena y negocios en salud, respectivamente, que son considerados como parte de los activos del grupo político.

Con esta gran máquina política y económica han ayudado a llegar a alcaldes, gobernadores y hasta al presidente Juan Manuel Santos (gran amigo de Juancho García, quien lideró sus dos campañas presidenciales en Bolívar), y, por esa vía, su grupo ha sumado innumerables cuotas burocráticas.

El amor se reparte

En las mismas aguas nada el parapolítico conservador y cacique de Bello, Antioquia, Óscar Suárez Mira, ‘casado’ políticamente con una empresa llamada Mayor Seguridad LTDA, cuya cara visible es su representante legal, Diego León Ortiz Gil, que -según datos de Semana-entre 2008 y 2015 tuvo contratos por 27 mil 800 millones de pesos con la Administración de ese municipio, en donde mandan los Suárez Mira.

Esa empresa ha tenido estrechas relaciones con el clan Suárez, que tiene como máxima representante visible a la actual senadora conservadora, Olga Suárez Mira, hermana de Óscar.

Como contó Semana en 2015, otro de los hermanos Suárez, Héctor Hernán, aparecía como socio y gerente de Mayor Seguridad hasta 2008.

Asimismo, había sido accionista de esta empresa la esposa del alcalde de Bello, César Suárez Mira, quien es hermano menor de Óscar y está investigado actualmente por supuestamente haber falsificado su diploma de bachiller.

El actual secretario de Primera Infancia de Bello y exsecretario de Educación en la Alcaldía cuando la senadora Olga era alcaldesa, Borís León Rivera, también fue representante legal de Mayor Seguridad.

De 2015 hacia acá, esa empresa ha sumado a su millonaria contratación con la misma Alcaldía dos contratos más, uno por 3.587 millones y el otro por 1.621 millones de pesos.

Sologamia o el matrimonio yo con yo

También encontramos al político que se casa con él mismo, el matrimonio yo con yo.

Ese es el caso del representante por Santander del viejo PIN Fredy Anaya, quien, en simultáneo con su carrera política, ha ido forjando una red de inversiones y empresas privadas en negocios asociados a temas de saneamiento básico y alcantarillado que están ligadas al crecimiento de su poder.

Eso lo ha logrado junto a varias personas que fungen como sus “parejas”.

Una de ellas es su hermano William Anaya, quien es representante legal de la empresa Sistemas de Alcantarillado, Aseo y Agua Natural, Sayan, vinculada al Congresista, al punto de que su hijo Andrés es el subgerente.
A finales de 2014, en medio de una puja política, esa empresa, al igual que otras dos relacionadas con él, fueron denunciadas por el entonces director de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, Arley Anaya, por presuntamente hacer parte de un carrusel de contratación dentro de la Empresa de Alcantarillado de Santander, Empas.

Esa empresa de servicios públicos la creó Fredy Anaya siendo director de la Cdmb en 2006, luego de un fallo que le impidió a las CAR tener la doble condición de autoridades ambientales y prestadores de servicios, y desde entonces se convirtió en uno de sus fortines.

En ese entonces se dijo que a través de Sayan y de otras dos empresas: Proconam (ahora ELS Ingeniería) y López Morales & CIA (ahora  Polo Construcciones), el ahora congresista había manejado la ejecución de más de 54 mil millones de pesos, en contratos adjudicados por Empas, empresa que por ser de servicios públicos tiene un régimen de contratación más laxo que cualquier entidad pública.

Después de esas denuncias (de las cuales aún no se conocen resultados), las empresas de Anaya no volvieron a contratar con Empas.

Pero en 2016, una vez el Congresista recuperó el dominio político de la Cdmb y de paso de Empas con la llegada de Martín Camilo Carvajal -aliado de Anaya- a la dirección de la corporación, retornaron con él las empresas.

Desde entonces, Sayan ha ejecutado con Empas dos contratos que sumados ascienden a los 9 mil millones de pesos y hace parte de un consorcio que tiene la ejecución de un contrato por otros 2 mil millones. Todos son para obras y operación de la Ptar de Río Frío, la misma por la que en 2014 denunciaron que había manejado más de 30 mil millones.

La segunda pareja de Fredy, es Pedro Oróstegui, esposo de Fanny Anaya, quien es hermana del congresista. Él es el representante legal de Polo Construcciones, la empresa más poderosa del grupo de Anaya.

Inicialmente su nombre fue López Morales & CIA, una sociedad en comandita en la que el socio gestor era el Congresista y los socios comanditarios su esposa Nubia López, quien el próximo año intentará llegar a la Cámara con el aval liberal, y sus dos hijos.

Esa empresa no solo maneja contratos de saneamiento básico y alcantarillado, sino que también alquila grúas en Floridablanca (cuyo alcalde apoyó Anaya en campaña), le alquila la maquinaria pesada a la Cdmb y fue contratada por la Empas para actualizar el catastro de las redes de alcantarillado de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

Desde la creación de Empas hasta 2014 Polo recibió nueve contratos que sumados superan los 10 mil millones de pesos.  Además desde 2016, año en el que Anaya recuperó el dominio político de esa empresa, ha ejecutado otros dos por 4.224 millones. (Anaya había perdido el control de Empas en 2014 y lo recuperó en 2016).

La tercera pareja, es Edilso López Suárez, quien es cuñado del hermano de Fredy Anaya, William Anaya.

Él es el representante legal de ELS Ingeniería, antes Proconam, otra de las empresas conocidas dentro de los círculos políticos de Santander como parte del grupo de Fredy Anaya y otra de las supercontratistas de obras de saneamiento básico y agua potable en el departamento.

Esa empresa tiene su sede en el mismo edificio de Sayan y Polo Construcciones SAS y funciona en la oficina contigua a las dos anteriores.

Desde la creación de Empas y hasta 2014 recibió 14 contratos que sumados llegan a los 10.648 millones de pesos y desde 2016, año en el que Anaya recuperó el fortín, ELS Ingeniería ha recibido dos contratos que, sumados, superan los 3.500 millones de pesos.

Este año ELS también ha suscrito dos contratos de mínima cuantía con la Alcaldía de Ríonegro, municipio en el que Fredy Anaya guarda un fuerte electoral: en 2014 fue el candidato más votado a la Cámara, cuando era alcalde José Alberto Rodríguez, un aliado suyo .

En 2015, Rodríguez como parte del consejo directivo de la Cdmb, votó para elegir a Martín Camilo Carvajal, ficha de Anaya en la dirección de esa corporación, y ahora la esposa de ese exalcalde, Blanca Clavijo, es secretaria general de Empas.

Sobre su relación con estas empresas, Anaya le dijo a La Silla que no era socio y que el único vínculo que guardaba con dos de ellas (Sayan y Polo) era que su familia era dueña. También negó manejarlas detrás de bambalinas y aseguró que en todo caso esas firmas no han estado involucradas en problemas con la ejecución de los recursos.

Las vacas flacas

Estos matrimonios funcionan mientras el político está en el poder. Cuando lo pierde, la pareja pierde los negocios. El ejemplo lo encontramos en Nariño.

Lo conforman el exrepresentante a la Cámara y exalcalde de Tumaco liberal Neftalí Correa (destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos por 14 años, por irregularidades en la contratación) y el ingeniero civil tumaqueño Luis Alberto Ricaurte.

Ricaurte, dueño de una bodega de materiales de construcción y maquinaria, se convirtió en contratista del puerto en 2005 durante la segunda Alcaldía de Nilo del Castillo (expadrino político de Neftalí Correa) y luego creció de la mano de Correa en su Administración y en las dos siguientes, apoyadas por él.

Según tres fuentes que se conocen las movidas en Tumaco, Del Castillo hizo un acuerdo con Ricaurte y otros contratistas para que financiaran la campaña de Neftalí Correa a sucederlo en 2007, a cambio de continuar obteniendo contratos.

Cuando Correa ganó, rompió relaciones con Del Castillo pero no con los contratistas y Ricaurte siguió ganando licitaciones. En los cuatro años de gobierno de Neftalí, el contratista obtuvo 27 contratos con la Alcaldía.

Las fuentes coinciden en que ha sido uno de los financiadores de las campañas de los dos alcaldes que ha puesto Correa luego de eso: Víctor Gallo en 2011 y Emilsen Angulo (destituida por haberse elegido estando inhabilitada) en 2015, y por eso el matrimonio se ha mantenido.

Esa relación también se hace evidente en que Ricaurte aparece con 28 contratos con la Alcaldía entre 2010 y 2017, exceptuando 2014 y 2015, cuando el entonces alcalde Víctor Gallo rompió con Correa.
En el 2016, año que gobernó Angulo, Ricaurte fue uno de los megacontratistas del municipiocon dos contratos por más de 1200 millones de pesos.

Este año, el contratista aparece con tres contratos firmados a finales de marzo en la administración temporal de Marco Fidel Martínez (aliado de Neftalí), un mes antes de las elecciones atípicas por la destitución de Angulo. Dos de ellos fueron firmados el mismo día y todos aparecen liquidados antes de las elecciones, por 100 millones de pesos.

Además, su esposa Ana Arabella Buitrago Benítez, trabajó entre 2008 (cuando el alcalde era Correa) y 2016 (en la administración de Angulo) como enlace con el programa Más Familias en Acción. La funcionaria salió con la llegada del actual alcalde, Julio Rivera, opositor de Neftalí.

Desde que llegó Rivera, este año en atípicas, Ricaurte no ha vuelto a recibir ningún contrato.

Así es el amor entre políticos y contratistas que alimenta en tantos lugares el poder en el país.

Fuente: http://lasillavacia.com/asi-funcionan-los-matrimonios-entre-politicos-y-empresarios-63661