Así denominó el coronel Alfonso Plazas Vega el informe ‘Operación Palacio de Justicia’

Un documento inédito hallado por la Fiscalía en la Escuela de Caballería, en el que se plantean nueve “recomendaciones estratégicas” para que la opinión pública vea con los ojos del Ejército cómo fue la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, vuelve a atizar el ya cenagoso expediente judicial que tiene procesados a los dos protagonistas del citado informe conocido por este diario. El 11 de noviembre de 1985, el entonces teniente coronel y comandante de la Escuela de Caballería, Luis Alfonso Plazas Vega, le envió al comandante de la XIII Brigada, general Jesús Armando Arias Cabrales, un reporte rotulado como Operación Palacio de Justicia.

Al contrastar el documento que Plazas le envió al general Arias Cabrales, en tiempos en que las cenizas del Holocausto no habían sido removidas del todo por las autoridades, con el informe final de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia (CVPJ), divulgado el pasado 17 de diciembre, se observa que las conclusiones, 24 años después, son diametralmente opuestas y que, en el caso particular del teniente coronel Alfonso Plazas Vega, a través de su informe, pretendió direccionar las investigaciones y unificar versiones para proteger el estamento castrense y las acciones que derivaron en la sangrienta retoma.

Uno de los más particulares puntos de las “recomendaciones estratégicas” de Plazas Vega a su superior es que el responsable directo de la operación y quien dirigió a los mandos militares fue el entonces presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas. En cambio, el reporte de la CVPJ fue contundente: no hubo jefe de Estado durante las 48 horas del Holocausto. “(Se) generó un vacío de poder, dado que el Presidente simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos acontecimientos”. El propio Betancur reconoció que las Fuerzas Militares obraron de acuerdo con sus propios esquemas y obviaron las recomendaciones de que las vidas de los rehenes no sufrieran riesgo.

Pero quizá los dos puntos más polémicos de las recomendaciones de Plazas se circunscriben a la cantidad de armamento que llevaban los 35 guerrilleros del M-19 que asaltaron el Palacio y cómo se generó el incendio que lo destruyó. Sobre el primer asunto, Plazas Vega afirmó que, según las evidencias, cada subversivo tenía una dotación aproximada de 3.000 cartuchos, por lo que concluyó que hubo complicidad “dentro del Palacio”. En esa tesis, según han declarado varios testigos a la misma Fiscalía, se habrían apoyado los militares para retener a los empleados de la cafetería, aquellos que hasta hoy están desaparecidos. La Comisión de la Verdad descartó que esas siete personas tuvieran vínculo con los guerrilleros del M-19.

En relación con la conflagración, el comandante de la Escuela de Caballería señaló que debía direccionarse a la opinión pública que el incendio que destruyó el Palacio “fue el producto de la quema de los expedientes que cursaban en la Corte” por el delito de rebelión y otros conexos, además de narcotráfico y extradición, pero, “en ningún momento, por la acción de las municiones empleadas para repeler el ataque guerrillero”. Al respecto, la Comisión de la Verdad dedujo que no había sido posible “precisar judicialmente la responsabilidad” de los tres incendios que consumieron la sede máxima de la justicia, todos provocados por fuego no controlado.

Finalmente, Plazas Vega le reportó al general Jesús Armando Arias Cabrales que al término de la operación de la retoma, se sucedieron “variadas manifestaciones de afecto y apoyo a las Fuerzas Militares por el excelente desenlace final”. Y es curioso que termine sus “recomendaciones estratégicas” con esta sentencia, porque casi un cuarto de siglo después del peor atentado contra la institucionalidad del país, en el que perdieron la vida alrededor de un centenar de personas entre magistrados, trabajadores del Palacio, visitantes ocasionales, miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros, a la luz del expediente, y con rasero reposado puede concluirse que nada de exitoso tuvo este episodio.

1. La responsabilidad de Betancur

“El responsable de la operación y quien dirigió por medio de los altos mandos militares fue el señor Presidente de la República”.

Por el contrario, la Comisión de la Verdad señaló que ni el Presidente ni los ministros fueron informados por el general Jesús Armando Arias Cabrales, o demás mandos castrenses, de lo que sucedía.

La Comisión encontró que Arias Cabrales y Plazas Vega entregaron datos fragmentados, y el propio Betancur admitió que nunca dio la orden de entrar con tanques. La CVPJ, de hecho, calificó este panorama como un “ocultamiento deliberado de parte de la Fuerza Pública al Gobierno Nacional de hechos trascendentales”.

2. Una complicidad descartada

Mucho se ha especulado sobre una supuesta participación de personas en el interior del Palacio con la emboscada. En los expedientes de la Fiscalía reposan varios testimonios que afirmaron que los trabajadores de la cafetería, siete personas cuyo paradero se desconoce hasta hoy, fueron señalados de auxiliar al M-19 y, por ello, retenidos por los militares. Sin embargo, ninguna instancia judicial, así como tampoco la Comisión de la Verdad, ha dado credibilidad a esta versión o hallado pruebas que la respalden. La CVPJ descartó que los empleados de la cafetería pertenecieran al grupo asaltante y, al contrario, los definió como “trabajadores sencillos (…) con expectativas y proyectos de vida familiar y laboral definidos”.

3. Los nexos con el narcotráfico

No obstante, ni el Tribunal Especial de Instrucción ni la Comisión de la Verdad hallaron en sus pesquisas elementos para deducir que los guerrilleros emboscaron el Palacio de Justicia con el propósito de destruir expedientes referentes a delitos propios de la insurgencia. El tema del narcotráfico fue abordado con más relevancia por la Comisión que por el Tribunal, y mientras éste señaló que no existía evidencia de participación del narcotráfico, la CVPJ, apoyada en los testimonios de Virginia Vallejo, del sicario del cartel de Medellín John Jairo Velásquez (alias ‘Popeye’), del libro ‘Mi confesión’, de Carlos Castaño, y trayendo a colación que ese 6 de noviembre la Sala Constitucional de la Corte Suprema debía debatir la exequibilidad del tratado de extradición, resumió: “Todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”.

4. A sangre fría

El informe de la CVPJ, sin embargo, indicó otra cosa. Si bien ésta coincidió con el Tribunal Especial de Instrucción en 1986 en que Manuel Gaona fue ejecutado por el M-19, las necropsias del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, y de sus colegas Ricardo Medina y José Eduardo Gnecco, acreditaron que sus muertes no fueron causadas con armas guerrilleras.

Luz Stella Bernal y Aura María Nieto, del Consejo de Estado, murieron por tiros a quemarropa, según Medicina Legal. Pero el magistrado de la Corte Darío Velásquez murió por asfixia, y sus colegas Horacio Montoya Gil y Fabio Calderón, por algún mecanismo explosivo. La Comisión resaltó, además, el particular caso del abogado del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán: “Debe advertirse que existe un video en el cual su propia esposa (lo) identifica cuando sale vivo del Palacio”. Urán estaba herido pero no mortalmente, y salió custodiado por personal castrense. Sin embargo, “inexplicablemente”, su cadáver apareció en el primer piso del Palacio, con un disparo producido a menos de un metro de distancia.

5. ¿Operación exitosa?

La Comisión de la Verdad, al contrario, con base en testimonios de entonces funcionarios del Gobierno, rehenes sobrevivientes y familiares de las víctimas, estimó que lo sucedido el 6 y 7 de noviembre en el Palacio de Justicia tuvo un “desenlace trágico” que incluyó la muerte de casi un centenar de personas, estableció que los militares recurrieron a un desproporcionado uso de la fuerza y, como si fuera poco, acogió la tesis de la “ratonera” como la más probable, es decir, que el retiro de la protección de los magistrados fue un acto deliberado de algunos oficiales para permitir el ingreso de los guerrilleros al edificio y allí emboscarlos y derrotarlos.

6. La posible dictadura marxista

Terminando su mandato, el presidente Virgilio Barco le concedió una amnistía al M-19, lo cual significó el fin de las investigaciones penales en contra de sus integrantes, incluidas las relacionadas con el Palacio de Justicia. En abril de 1990, el ex comandante Carlos Pizarro se lanzó a la carrera presidencial pero murió acribillado en un avión en pleno vuelo. Antonio Navarro Wolff, otro reconocido ex militante del M-19, formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente, candidato a la presidencia, congresista entre 1998 y 2006 y, actualmente, gobernador de Nariño por el partido del Polo Democrático. Gustavo Petro, por su parte, integrante de la misma colectividad, fue representante a la Cámara por Bogotá en 1991, en 1998 volvió al Congreso de la República y ahora se encuentra postulado, como candidato del Polo Democrático, a la Presidencia.

Dos oficiales (r) en entredicho

Dos de los protagonistas del documento sobre la ‘Operación Palacio de Justicia’, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, viven procesos paralelos por el expediente del Holocausto, en dos instancias distintas. El primero está ad portas de conocer la decisión de un juez sobre su presunta responsabilidad en la desaparición de 11 personas. En el caso del general Arias Cabrales, su juicio, por los mismos hechos, está por iniciarse. Ambos oficiales en retiro han insistido una y otra vez en su inocencia y han referido supuestas inexactitudes y yerros en la investigación que adelanta la Fiscalía. De cualquier manera, en ambos expedientes la justicia está a punto de tomar decisiones.