Asesinatos y desplazamientos forzados en Santa Lucía, Puerto Guzmán
El miércoles 8 de enero en horas de la noche en la inspección de Santa Lucía, municipio de Puerto Guzmán, se produjo el asesinato de Oscar Quintero y Gentil Hernández y el desplazamiento forzado del núcleo familiar de Arturo Tovar, reconocido líder social, quien tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos, ante la inminencia de un atentando contra su integridad.
Hacia las 6:30 p.m. en la comunidad de Caño Sabalo, Santa Lucía, hombres armados y motorizados asesinaron a Oscar Quintero, oriundo de Santander de Quilichao, Cauca. Oscar estaba afiliado a la Junta de Acción Comunal de Caño Sabalo.
Posteriormente, hacia las 7:00 p.m. los mismos armados llegaron hasta la comunidad del Mango, también ubicada en la inspección de Santa Lucía y asesinaron a Gentil Hernández, miembro de la JAC de su comunidad.
Luego, los armados se dirigieron a la vivienda del líder comunitario Arturo Tovar, en la comunidad de Buena Esperanza, en Santa Lucía. El líder fue obligado a desplazarse, salvaguardando su integridad física y la de su familia, antes de que los armados los encontraran.
Estos asesinatos se suman a la muerte de la lideresa Gloria Ocampo y de Helodio Moreno quienes fueron asesinados en vereda de La Estrella el pasado 7 de enero, en Puerto Guzmán. Gloria era integrante de la JAC de su vereda, delegada del Consejo Municipal de Planeación Participativa, del PNIS y al núcleo del PDET, también fue candidata al concejo municipal.
Desde finales del año pasado, las comunidades de las inspecciones de José María y Santa Lucía en Puerto Guzmán, han manifestado su preocupación por la presencia de una estructura armada de tipo paramilitar al servicio del narcotráfico, quienes han venido imponiendo restricciones a la movilidad, así como amenazas, y asesinatos selectivos a través de la modalidad sicarial.
A pesar de la fuerte presencia militar de la Brigada XXVII de Selva, los armados siguen moviéndose, e imponiendo control social sobre la población rural. Es necesaria una respuesta urgente y eficaz por parte del gobierno nacional que garantice la integridad física y psicológica de las comunidades de Puerto Guzmán.
Bogotá D.C., 9 de enero de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.