Asesinatos del defensor de derechos humanos Manuel Ruiz y su hijo por paramilitares
Los días 27 y 28 de marzo de 2012, fueron hallados los cuerpos del defensor de derechos humanos Manuel Ruiz y su hijo Samir de Jesús Ruiz, miembros de la comunidad afrodescendiente y afro-mestizo de Apartadocito en la zona del Ríosucio tras su secuestro el 23 de marzo.
Manuel Ruiz era miembro del consejo de la comunidad de Apartadocito en la cuenca de Río Curvaradó en el departamento de Chocó y un líder activo que abogó por la restitución de tierras a las comunidades desplazadas en Curvaradó y Jiguamiandó. Participó en el “Comité de Censo”, un comité establecido con el fin de identificar los derechos a la tierra para los desplazados de la zona.
El 27 de marzo de 2012, miembros de las comunidades de la cuenca de Río Curvaradó, acompañados por observadores nacionales e internacionales, descubrieron el cuerpo de Manuel Ruiz en el área de Ríosucio. El 28 de marzo, el cuerpo de su hijo fue hallado cerca de la zona Cañaduzales. Ambos cuerpos fueron identificados por miembros de la familia que habrían ido de su casa temiendo por su seguridad.
El 23 de marzo de 2012, Manuel Ruiz y su hijo de 15 años de edad viajaban entre la ciudad de Mutatá y el área de Apartadocito cuando unos paramilitares, presunto miembros del grupo conocido como “Águilas Negras”, los obligó a bajarse del vehículo. El defensor de derechos humanos comunicó por teléfono con su familia para decirles que se les habían forzado a abandonar el vehículo y que los secuestradores les exigían 2.5 millones de pesos (unos 1.058 euros) para dejarlos en libertad. Al día siguiente, el grupo paramilitar informó a la familia que el defensor de derechos humanos y su hijo habían sido asesinados y que sus cuerpos se encontraban debajo del puente de Ríosucio.
El día después de su secuestro Manuel Ruiz iba a guiar a las autoridades gubernamentales en la inspección de la zona conocida como “Los Piscingos”. La inspección fue ordenada por la Corte Constitucional el 7 de marzo 2012, en el marco del establecimiento de una comisión para determinar los legítimos propietarios de la tierra ocupada de mala fe desde 1996 a raíz de las operaciones paramilitares. Manuel Ruiz, junto con 37 otros miembros del consejo de la comunidad de Apartadocito, había sido objeto de amenazas de muerte de grupos paramilitares en el pasado. Manuel Ruiz había solicitado medidas de protección de los programas de protección estatales tres veces, sin embargo, a la fecha de su asesinato sólo había recibido un teléfono móvil.
A pesar de que la Corte Constitucional había ordenado la elaboración de un Plan de Prevención y Protección para garantizar la seguridad de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en mayo del 2010, la Corte declaró en marzo del 2012, que las medidas adoptadas hasta la fecha no eran sostenibles o suficientes para ser considerados en su conjunto como un plan integral de protección y prevención.
Front Line Defenders considera que el asesinato de Manuel Ruiz, junto con su hijo, está directamente relacionado con su trabajo pacífico por los derechos humanos y en particular su trabajo por los derechos a la tierra en la cuenca de Río Curvaradó. Front Line Defenders expresa su grave preocupación por la integridad física y psicológica de la familia de Manuel Ruiz y los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en derechos a la tierra en la cuenca de Río Curvaradó. Además estos asesinatos son un ejemplo del reto que existe para los defensores de los derechos a la tierra que trabajan en la restitución de tierras, a pesar de las proclamas gubernamentales de apoyo para este trabajo. Según informes, hasta la fecha 68 defensores de los derechos a la tierra que abogan por la restitución de tierras han sido asesinados.
Front Line Defenders insta a las autoridades colombianas a que:
1. Lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Manuel Ruiz y su hijo con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia de acuerdo con los estándares internacionales;
2. Tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de la familia de Manuel Ruíz y de todos los defensores y defensoras de derechos humanos trabajando en defensa los derechos a la tierra en la cuenca de Río Curvaradó;
3. Garanticen en toda circunstancia que los defensores de los derechos humanos en Colombia puedan llevar a cabo sus actividades legítimas y pacíficas de defensa de los derechos humanos, sin temor a represalias y libres de toda restricción.
30 de marzo de 2012