Asesinato de hija de líder de restitución, militarización territorial inconsulta, hostigamientos y amenazas a reclamantes de tierras
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la pretensión dentro de la estrategia de control social territorial de instalar una base militar en predios de colectivos de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó en abierto desconocimiento de los principios del derecho internacional humanitario, de los derechos de administración del territorio y de la jurisprudencia nacional e internacional…
Bogotá, D.C. junio 22 de 2012
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
FEDERICO RENGIFO VÉLEZ
Ministro del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia
FRANK JOSEPH PEARL GONZÁLEZ
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
SANDRA MORELLI
Contralora General de la Nación
“Saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. Que no sea así entre ustedes”. (Mt 20, 25-26)
Ref: Asesinato de hija de líder de restitución de Curvaradó, militarización territorial inconsulta, continuidad de hostigamientos, amenazas de tipo paramilitar contra reclamantes de tierras.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la pretensión dentro de la estrategia de control social territorial de instalar una base militar en predios de colectivos de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó en abierto desconocimiento de los principios del derecho internacional humanitario, de los derechos de administración del territorio y de la jurisprudencia nacional e internacional sobre la consulta previa, información eficaz y consentimiento libre, los abusos de autoridad de la brigada 17 y la continuidad de operaciones paramilitares en Curvaradó y Jiguamiandó con siembras de coca, protegiendo agronegocios ilegales de palma, de banano y de ganadería extensiva y el asesinato de JHOHANA TRUAQUERO, quien no fue inscrita en el censo que se encuentra elaborando el Ministerio del Interior.
Mientras tanto, bajo mecanismos poco transparentes y de ausencia de participación comunitaria, los consejos comunitarios siguen conociendo de avances en el ofrecimiento de propuestas de efectivos militares a algunas personas de los consejos comunitarios para la instalación de una base militar, los paramilitares y beneficiarios del paramilitarismo o grupos armados de empresarios ocupantes de mala fe en Curvaradó y Jiguamiandó continúan la ocupación ilegal y de mala fe con agronegocios de palma, y banano, la ganadería extensiva y la coca.
Nuestra fundamentación fáctica de la Constancia Histórica.
*Sábado 5 de mayo LEDIS TUIRAN, integrante del Consejo menor de Caño Manso, Curvaradó, recibió un papel de cuaderno con su nombre pidiendo que llamara a una persona de nombre MARY al número celular 310 4476198. Al marcar dicho número, LEDIS sostuvo una conversación con la señora MARY quien le manifestó que ambas debían asistir a una declaración en la Fiscalía de Belén de Bajirá entre los días 18 y 20 de mayo, requeridas por un fiscal, de nombre EDILSON.
Posteriormente, una integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz, se comunicó con EDILSON, quien manifestó ser investigador adscrito a la Fiscalía 36 de la Unidad de Derechos Humanos de la ciudad de Medellín, que investiga el homicidio de WALBERTO HOYOS, líder de Curvaradó reclamante de tierras. El investigador le señaló que en efecto estaba buscando a LEDIS, que había enviado un mensaje con una persona del lugar, ya que según él, era imposible comunicarse con ella, desconociendo que en el expediente figuran los datos completos, teléfonos y dirección de contacto de la abogada que representa a las víctimas en el proceso.
La señora MARY habita en predios del ocupante de mala fe, Coronel ® LUIS FELIPE MOLANO.
*Domingo 20 de mayo hacia las 8:30 a.m. y por espacio de 15 minutos, en la comunidad de El Cerrao, Curvaradó, dos paramilitares, que se movilizaban en moto, hostigaron insistentemente al integrante de ese consejo comunitario, perteneciente a la familia TRUAQUERO, líder de restitución de esta comunidad.
*Miércoles 23 de mayo hacia las 7:00 p.m., FANNY JHOANA TRUAQUERO GÓMEZ fue asesinada por paramilitares en el casco urbano de Riosucio, Chocó.
FANNY JOHANA, hija del reclamante de tierras de la comunidad de El Cerrao, Curvaradó, RAFAEL TRUAQUERO, se encontraba en la sala de su casa cuando dos hombres ingresaron al lugar y le dispararon en nueve ocasiones en la cara. FANNY fue sepultada el sábado 26 de mayo en Apartadó.
Luego del asesinato paramilitares manifestaron en Belén de Bajirá que la habían asesinado.
En marzo pasado en el territorio colectivo de El Cerrao, Curvaradó familiares de líderes de la restitución de tierras escucharon que paramilitares manifestaron “a esos hijueputas les vamos a dar por donde más les duele”.
Como un mecanismo de “justificación” injustificable del asesinato a FANNY los paramilitares promovieron la idea, que fue asesinada por motivos pasionales.
En el municipio de Riosucio hay permanente presencia de la Brigada 17 y de la Policía de Urabá.
FANNY nunca fue censada como integrante del consejo comunitario.
*Lunes 4 de junio hacia las 2:00 p.m. en Carmen del Darién, el coronel JAVIER ALBERTO VALLEJOS DELGADO, comandante de la Brigada 17, manifestó que se instalaría en los territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó un batallón “de combate terrestre número 100”. Manifestó el oficial que para la construcción beneficiaría laboralmente a 190 personas, aparte de las que emplearían en actividades de aseo, cocina y otros servicios. También señaló que gracias a la instalación de ese batallón en los territorios colectivos, “el sueldo de los soldados terminaría en el bolsillo de las mujeres de la comunidad”.
*Martes 5 de junio hacia las 9:30 a.m., se presentó un ataque de la guerrilla de las FARC contra efectivos de la brigada 17 a menos de 15 minutos de la Zona Humanitaria de Camelias en donde habitan integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó.
Una hora después del ataque, el integrante del consejo menor de Buena Vista, Curvaradó, ARNOBIS DURANGO, quien se encontraba en en el Puerto de Brisas, fue abordado por efectivos de la policía, quienes lo obligaron a subir a una camioneta conduciéndolo hasta el lugar del hostigamiento donde le hicieron quitar la camisa, le revisaron el celular y sus documentos personales. Un cabo de la policía le manifestó: “ tiene tiempo de escaparse si dice la verdad sobre el movimiento de la guerrilla y el ataque”.
Aseveraron, además que los habitantes de las Zonas Humanitarias “son población civil revuelta con la guerrilla”. El cabo hizo registros fotográficos y tomó los datos personales de ARNOBIS, pidieron los de su esposa e hijos.
Los policiales al enterarse de la preocupación de miembros de las comunidades que estaban trabajando en sus siembras, entre ellas la lideresa LIGIA CHAVERA, manifestaron: “de pronto estaba con la guerrilla, si estuviera combatiendo le daríamos a ella”.
* Lunes 11 de junio, hacia las 3:30 p.m, en Bogotá, un hombre rondó en tres ocasiones la sede de la Comisión de Justicia y Paz, luego de que ingresaran delegados de las comunidades negras de Curvaradó para preparar testimonios y documentación en intervenciones que tendrían con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, Naciones Unidas y agencias de cooperación.
*Jueves 14 de junio hacia las 10:00 a.m. cuatro trabajadores al servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, entre ellos, ARMANDO GÓMEZ GARZÓN, SAMIR, NARCISO, FREDY y WILLIAM TANGARIFE, ingresaron 100 búfalos a predios comunitarios de Curvaradó y Pedeguita y Mancilla, convertidos ilegalmente en las Haciendas Villa Alejandra 1 y 2.
Los animales fueron ubicados en 50 hectáreas cercadas con alambre eléctrico, predios de integrantes del consejo comunitario de la familia MERCADO, espacio que tradicionalmente se usó como reserva natural para la pesca y conservación de biodiversidad.
Con la ocupación de mala fe se han contaminado fuentes de agua por las heces de los búfalos, se afectó la circulación de agua por el canal del Diez, que vierte agua al caserío de este mismo nombre, se han deforestado árboles primarios como el Suan y la Tacana, y se ha destruido la reserva de pesca. En esas mismas hectáreas los niños solían movilizarse.
Los hechos fueron informados por la comunidad a la Defensoría del Pueblo.
Ese mismo día, en horas de la tarde una tropa de 30 soldados se movilizó de tierras del consejo menor de Caño Manso hacia el consejo menor de Nueva Unión, y conversaron con WILLIAM TANGARIFE, uno de los trabajadores, sin que alguna acción se realizara para resolver este estado de cosas ilegales.
Al día siguiente, otra tropa de 10 soldados se movilizó fuera por el entorno de la Zona Humanitaria de Caño Manso. Ambas tropas se retiraron el sábado 16 de junio.
*Domingo 17 de junio hacía las 5.00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y paz conoció de acuerdos con algunas personas, sin consulta ni participación ni conocimiento de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó sobre la instalación de una base militar del ejército en tierras del consejo menor de Andalucía.
Los acuerdos sin la consulta sin el consentimiento de la totalidad de los integrantes de los consejos comunitarios, en contra de usos y costumbres, y de la aplicación del derecho internacional humanitario.
*Lunes 18 de junio a las 11:00 a.m. aproximadamente, FREDY MANCHENGO, integrante del Consejo menor de Bracito, Jiguamiandó, recibió una llamada amenazante de LUIS NICOLS, ocupante de mala fe, quien le manifestó: “sé quiénes son los líderes que van con el Incoder EMILIO CABEZAS, ENRIQUE CABEZAS y GUILLERMO DÍAZ y ellos tendrán que asumir las consecuencias, porque para acá viene alguien más caliente”
*Miércoles 20 de junio a las 4:00 p.m. ingresó sin autorización a la Zona Humanitaria de integrantes del consejo comunitario de Camelias, Curvaradó, un hombre apodado “El Lale” al parecer de apellido MURILLO, quien en tono agresivo abordó a los integrantes del consejo comunitario ADRIANA TUBERQUIA, FREDY TUBERQUIA y MARÍA CHAVERRA.
El llamado “Lale” amenazó de muerte a JESÚS FRANCINED, si el joven va a la platanera lo mato, aseverando que “él tenía su gente para defenderse”.
Con anterioridad, el hombre apodado “El Lale” ha amenazado en varias ocasiones al integrante del consejo comunitario de Andalucía, ANDRÉS CARMONA.
Nuestra Censura Ética ante las actuaciones de la brigada 17 que nuevamente desconocen los principios que protegen a las comunidades negras e indígenas que viven en zonas de conflicto armado, entre ellos el derecho a la información transparente, la consulta y consentimiento, frente a decisiones que afectan su habitación, su ocupación pacífica y ancestral en predios colectivos.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de operaciones eficaces de la brigada 17 contra estructuras paramilitares y grupos armados, que continúan protegiendo operaciones empresariales ilegales en predios colectivos con el uso de la fuerza o abusos de poder, sin que actúan de ninguna manera eficaz.
Nuestra Censura Ética ante la vulneración de los postulados del derecho internacional humanitario por parte de la brigada 17 al pretender involucrar a la población civil en actividades laborales de apoyo desconociendo la existencia del conflicto armado interno y el desarrollo de operaciones guerrilleras de las FARC en el bajo Atrato, tales propuesta, colocan en actividades de riesgo a la población.
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de operaciones militares que desconocen el carácter de civiles de los pobladores que habitan en medio del conflicto armado con señalamientos y detenciones ilegales bajo el pretexto de que son de las FARC.
Nuestra Censura Ética ante la eventual asentamiento y ocupación fija en predios colectivos de instalaciones militares dentro de los territorios colectivos, los que desconocen los derechos territoriales y de responsabilidad de administración de los territorios por parte de las comunidades negras e indígenas, los que desconocen los mecanismos de autoridad y autoprotección de la población para proteger sus vidas como población civil sin participar en las hostilidades ni brindar apoyos o ventajas militares para ninguna de las partes.
Nuestra Censura Ética ante los mecanismos de desarrollo de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación respecto al asesinato de WALBERTO HOYOS desconociendo la información existente expedientes judiciales, justificando su inoperancia, en la imposibilidad de encontrar a las víctimas o sus familias.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y sus responsabilidades institucionales solicitamos se nos de respuesta a las siguientes preguntas:
1. Cuál es el estado de las respuestas institucionales de la Unidad de Protección respecto a las propuestas y demandas de los integrantes de los consejos comunitarios protegidos con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las propuestas de protección colectiva?
2. Cuáles son los criterios con los que se pretende instalar una base militar en predios colectivos? Cómo se resuelve la aplicación del derecho internacional humanitario sobre personas y bienes, sobre la responsabilidad de consejos en la administración del territorio?
3. Cuáles son los criterios del desarrollo de investigación judicial sobre el asesinato de WALBERTO HOYOS, que desconoce la información que existe en los expedientes judiciales?
4. En qué estado se encuentra la investigación del asesinato de FANNY JHOANA TRUAQUERO GÓMEZ, bajo que hipótesis se está investigados este crimen?
De toda consideración,
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ