Asesinado líder Hernán Bedoya
Hoy, viernes 8 de diciembre hacia las 1:15 p.m. en el caserío de Playa Roja, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, jurisdicción del municipio de Riosucio, miembros de la estructura neoparamilitar de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) asesinaron al líder reclamante de tierras Hernán Bedoya.
El asesinato ocurrió entre el punto conocido como El Acopio y el caserío de Playa Roja. Hernán iba en dirección hacia su vivienda, movilizándose en un caballo, cuando dos neoparamilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, le dispararon 14 veces, con arma de fuego 9 milímetros, provocando inmediatamente su muerte.
Hernán Bedoya desde 2015 había sido blanco de amenazas por parte de las AGC, las mismas que se agudizaron este año; sin embargo, y pese a las reiteradas denuncias, solo le fueron otorgadas como medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección un chaleco antibalas y un teléfono celular.
El líder reclamante de tierras, propietario de la Zona de Biodiversidad Mi Tierra, ubicada en el consejo local de Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, se había opuesto a la implementación de los proyectos agroindustriales financiados con recursos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y ejecutados por La Sociedad Anónima denominada Asociación Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A, administrados por el cuestionado representante legal Baldoyno Mosquera Palacios.
El pasado mes de julio, Baldoyno Mosquera afirmó que el predio declarado como Zona de Biodiversidad de propiedad de Hernán Bedoya sería una de las fincas que estarían ocupadas por los ocupantes de mala fe que repoblarían Pedeguita.
Dentro de las fincas que serán objeto de parcelación además de la del líder asesinado, están las de los reclamantes de tierra Eleodoro Polo, Benjamín Gómez, Mary Hernández y la familia Londoño, también se incluirán los predios que colindan con el territorio hasta salir a Caño Manso en el Curvaradó.
Los proyectos agroindustriales que se pretenden imponer en el territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla han contado con el respaldo de la estructura neoparamilitar de las AGC.
Entre La sociedad AGROMAR S.A. y el Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla de manera inconsulta y desconociendo la medida cautelar que protege el territorio colectivo, proferida por el Tribuna de Antioquia Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, elevaron convenio para la explotación agroindustrial del 41% del territorio colectivo (20.000 Hectáreas), con una temporalidad de 100 años.
La materialización del convenio con AGROMAR ha estado acompañada de acciones contra derecho; Baldoyno Mosquera en agosto de 2016 fue denunciado por el punible de amenazas según consta en SPOA 050456000360201601640 y en diciembre de 2016 por el punible de Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica, SPOA 050456000360201602116.
La Zona de Biodiversidad Mi Tierra durante este año había sido objeto de múltiples intervenciones en el marco del proyecto agroindustrial de plátano para exportación y palma aceitera, proyectos a los que el líder Hernán Bedoya había presentado en diferentes escenarios locales y nacionales su oposición por las afectaciones ambientales y sociales que de ello derivan.
En abril de 2017 Mosquera, una vez más fue denunciado por el delito de amenazas, según consta en SPOA 050456100498201700208, en denuncia presentada por el líder reclamante de tierra Edilson Salas, alias “El Ñato” quien se identificó como miembro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia afirmó que “Vengo de parte del representante legal de la cuenca de Pedeguita y que tuviera presente que si seguía denunciando lo mataba a plomo o envenenado” advirtió a de más que las amenazas cesarían y ordenó al líder que se desplazara del territorio. Alias “El Ñato” aseguró que lo mejor era dejar al representante desarrollar su proyecto; haciendo referencia al convenio firmado con la empresa AGROMAR.
Las amenazas en contra de quienes han cuestionado los proyectos y acciones del representante legal de Pedeguita y Mancilla datan de 2015 según consta en SPOA 050456000360201501870.
Integrantes de las AGC identificados por los alias de “Coyote”, “Yeison” y “Lute” han amenazado varios líderes del territorio que han hecho oposición a estas propuestas entre ellos el asesinado líder Hernán Bedoya.
Se tiene conocimiento que las AGC han declarado como blanco de sus amenazas a las y los 20 líderes de las Zonas de Biodiversidad y Zonas Humanitarias que se han opuesto a los proyectos agroindustriales que son liderados por la empresa AGROMAR S.A., propiedad del empresario José Guerra Genes como asociado capitalista.
Amenazas que tienen hoy en estado de zozobra a líderes y lideresas reclamantes de tierra, y que se hacen extensibles a las y lo defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz que apoyan los procesos de denuncia y exigibilidad de derechos territoriales.
Una de las empresas beneficiarias de estas acciones de despojo y de la implementación de la agroindustria del plátano tipo exportación, es Turbana Corp., con sede administrativa en Coral Gables, Florida, Estados Unidos.
Turbana Corp., es la quinta importadora de banano en ese país y la primera de plátano, y es filial de la empresa beneficiaria de las acciones de despojo UNIBAN.
Como mayor beneficiario de las lógicas de despojo en el marco de la agroindustria de la palma aceitera esta la empresa RECIFE S.A., propiedad del empresario Javier Restrepo Girona y representada legalmente por Juan Guillermo González, beneficiarios de las operaciones paramilitares de 1997. González, también es un reconocido empresario ganadero, ocupante de “mala fe”, quien ha sostenido que: “Nosotros vamos a cortar el plátano que ha sembrado las familias reclamantes, porque vamos a recuperar el negocio de la palma, que le pertenece al consejo”
Por las acciones de despojo y las afectaciones ambientales que se están adelantado en el marco de los proyectos agroindustriales de la empresa AGROMAR S.A., y financiados con recursos públicos de la ANT se presentaron varias denuncias ante la Inspección de Policía de Riosucio y ante los entes de control ambiental a nivel local y nacional, sin que ninguna autoridad protegiera los derechos territoriales de estas comunidades.
Hernán segundo líder asesinado en 10 días era integrante del Consejo Comunitario, integrante de CONPAZ.
Este asesinato beneficia a los ocupantes de mala fe beneficiarios del desplazamiento y despojo de 1996 desarrollado con la operación “Septiembre Negro” de la brigada 17 y las estructuras armadas paramilitares de las AUC.
Bogotá, D.C., diciembre 8 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Foto: Contagio Radio