Asesinado ALBERTO TAPIAS, retornado al Ariari
“¿Por qué del mal te jactas, infame prepotente? Crimen proyectas sin cesar. Tu lengua es como una afilada navaja ¡oh artífice de engaño! Amas el mal más que el bien, la mentira más que la justicia… Por eso Dios te aplastará, te arrancará por siempre, te sacará de tu tienda de campaña, te extirpará de la tierra de los vivos… los justos lo verán…”
RESUMEN
ALBERTO TAPIAS, campesino del Ariari fue asesinado por “civiles” armados de la estrategia paramilitar, en el sitio conocido como la “Y” de Puerto Unión, municipio de El Castillo. El poblador fue detenido arbitrariamente, el pasado domingo 5 de junio, su cadáver encontrado a 45 minutos de este lugar en cercanías al caserío Caño Claro, el lunes 6 de junio. ALBERTO era poblador de la vereda La Cima, quien había retornado junto con su familia luego de ser desplazado por la ofensiva militar regular e irregular que se ha desarrollado desde el 2002, y que ha dejado como resultado más de 700 familias desplazadas y más de un centenar de Crímenes de Lesa Humanidad.
Este es el segundo crimen en menos de 8 días en jurisdicción de este municipio, en lo que pareciera ser una nueva ofensiva contra las familias que intentan retornar a su lugar de origen. Este daño irreparable ocurre en medio de la militarización de la región, en medio de la consolidación de estructuras paramlitares, en medio de la anunciada desmovilización del “Boque Centauros de las AUC”.
HECHOS EN DETALLES
* Domingo 5 de junio, desde las 7:00 a.m. en el sitio conocido como la “Y” de Puerto Unión, a la altura del puente de Caño Embarrado en la vía que comunica de Medellín del Ariari con Puerto Esperanza se instaló un retén por parte de unos 25 “civiles” armados y uniformados de la estrategia paramilitar al mando de un hombre de etnia negra, conocido con el alias “Sangre”.
Durante el día, los pobladores fueron objeto de registros y controles cuando se dirigían hacia Medellín del Ariari o los caseríos vecinos, los paramilitares exigieron documentos de identificación, y los lugares de su movilización.
En Medellín del Ariari “civiles” armados de la estrategia paramilitar se percataron de la presencia del campesino ALBERTO TAPIAS de 48 años de edad, a quien alias “Caballo” le hizo seguimiento mientras permaneció en el casco urbano hasta su salida en vehículo de servicio público en dirección hacia Puerto Esperanza.
Hacia las 4:30 p.m. en el retén de tipo paramilitar más o menos a 5 minutos de Medellín, el vehículo en que ALBERTO se movilizó fue obligado a detenerse, lo obligaron a bajarse. Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar ordenaron al resto de pasajeros quedarse dentro del vehículo y seguir su camino.
Minutos más tarde, los padres de ALBERTO se dirigieron a los paramilitares y preguntaron por el paradero de su familiar, a lo que uno de ellos respondió: “vayan y lo buscan por Caño Claro a ver si lo encuentran”. Los padres fueron al caserío Caño Claro, buscaron pero no encontraron rastros de ALBERTO.
* Lunes 6 de junio, hacia las 5:30 a.m. pobladores de la zona escucharon tres impactos de bala en cercanías a la “Y” de Puerto Unión, a la altura del puente de Caño Embarrado. En horas de la tarde, campesinos de la región encontraron el cadáver de ALBERTO TAPIAS, tirado a un lado del camino en cercanías a la vereda Caño Claro. El cadáver del poblador presentaba signos de tortura: las venas de los brazos cortadas, uno de los ojos extraídos, y degollado. ALBERTO presentaba tres impactos de bala en el cuerpo, uno de ellos en el rostro. Sus documentos de identidad no aparecieron.
Al encontrar su cuerpo, los pobladores informaron a las autoridades locales. De acuerdo con versiones de pobladores, el inspector de Policía de Medellín del Ariari expresó: “yo no voy por allá a mi me da miedo… que lo levante la familia para que el médico acá lo mire”.
* Martes 7 de junio, hacia el medio día llegó un delegado de la Defensoría del Pueblo desde Villavicencio quien acompañó el levantamiento del cadáver, que se realizó horas después aproximadamente a las 4:30 p.m. por parte de las autoridades pertinentes.
Los restos sin vida de ALBERTO TAPIAS son dirigidos a la cabecera municipal de El Castillo, donde los funcionarios del Hospital no permitieron su traslado hacia Villavicencio, a pesar que el padre de ALBERTO se encontraba en el lugar reclamándolo.
Según testimonios, este mismo día apareció un nuevo cadáver sobre la vía que conduce a Caño Claro, de un poblador de la vereda Brisas de Yamanes, el que no ha podido ser identificado.
* Miércoles 8 de junio, al finalizar la tarde autorizaron el traslado del cadáver de ALBERTO TAPIAS hacia la ciudad de Villavicencio donde se realizaron las exequias y el funeral el día jueves 9 de junio.
LINEAS DE INTERPRETACIÓN
A escasos ocho días del asesinato del campesino JAIME MORENO, quien fue descuartizado por “civiles” armados de la estrategia paramilitar que operan en la región del Alto Ariari como Bloque Centauros, nuevamente el caserío Caño Claro es escenario de la barbarie paramilitar que desde el 2002 ejerce control militar, político y social desde el municipio El Castillo, Medellín del Ariari y sus alrededores.
No es posible que se siga negando, ocultando, enterrando los crímenes que vienen sucediendo en la región del Alto Ariari. No se puede negar la institucionalización del paramilitarismo en esta región. No se puede continuar negando la destrucción del cuerpo y del alma de campesinos y campesinas del municipio de El Castillo, el destrozo del cuerpo y el alma, la negación de la dignidad. No es posible que se siga negando la verdad, la búsqueda de Justicia y de Castigo a los responsables de estos crímenes.
El asesinato de ALBERTO ocurre en medio de la impunidad frente a más de un centenar de crímenes ocurridos de la región del Alto Ariari desde el 2002. El asesinato de ALBERTO TAPIAS sucede en vísperas del segundo aniversario del asesinato de SILVADO SANABRIA PIÑEROS, el 7 de Junio de 2003 y de EUGENIA ROMERO MENDIETA, asesinada el 5 de junio de 2004, por parte de los paramilitares en la misma región.
Un nuevo poblador es asesinado, aún sin identificar. Habitantes de Brisas de Yamanes, lugar en donde desde comienzos de abril, al parecer se ha iniciado labores de exploración petrolera la Occidental Company (OXY), se encuentran con campesinos y campesinas que se han resistido a abandonar sus tierras, en momentos en que la riqueza privada empieza a implementar grandes obras de explotación y de inversión para la extracción de aguas, y la imposición de proyectos agroindustriales. Desde el comienzo del gobierno del Presidente URIBE, el territorio del Ariari ha visto el abandono forzoso de más de 700 familias por aplicación de la política de seguridad.
Los habitantes de Caño Claro luego de un año de su desplazamiento y después de regresar, vuelven a ser víctimas del terror con el asesinato de ALBERTO TAPIAS. La vía hacia Caño Claro se está convirtiendo en el sitio donde enterrar los restos de humanidad, donde botar los cuerpos torturados, los destrozos del operar paramilitar.
El crimen de ALBERTO TAPIAS se da en medio de la militarización del municipio de El Castillo, de los retenes establecidos por “civiles” armados de la estrategia paramilitar que controlan el paso de mercado y mantienen una restricción de bienes de supervivencia no superior a $ 60.000 ($ U.S. 25) y de la impunidad absoluta de los crímenes cometidos dentro de la parainstitucionalidad que se gestó en esa región.
Las autoridades continúan haciendo caso omiso de sus obligaciones para garantizar la integridad física y la vida de los campesinos de la región, contradictoriamente se promueven retornos individuales de familias a distintas veredas y niegan las condiciones para retornos colectivos como el de la Comunidad Civil de Vida y Paz; promueven retornos a zonas donde existe presencia permanente de la estrategia de tipo paramilitar. Hablan de la no existencia de condiciones de seguridad para realizar una Comisión de Verificación hacia el Retorno de la Comunidad Civil de Vida y Paz, justificando la ausencia de garantías en la presencia de la guerrilla de las FARC EP en la zona de cordillera y por la “instalación de minas antipersonales en las veredas”, sin siquiera reconocer la presencia paramilitar, su control, mucho menos su accionar. Todo está siendo negado. Todo se pretende ocultar, disfrazar, distorsionar.
Los tres asesinatos en menos de una semana y los más de un centenar de crímenes cometidos desde el 2002 son la verdadera “justicia y paz” que se está institucionalizando en la región del Alto Ariari. Es la real política de removilización paramilitar, el real escenario de Santafe de Ralito Córdoba en el Meta. El número de víctimas crece, gracias a la impunidad en que se encuentran los Crímenes de Estado, los de antes y los del proceso de institucionalización paramilitar eso son los resultados de la política de seguridad, la destrucción de la vida humana, de la dignidad, pues el Estado de Hecho se ha ido constituyendo en Colombia
Bogotá, D.C. Junio 9 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ