Ascensos a espaldas del país: No se aprendió nada del caso Santoyo

Una vez más la Comisión Segunda del Senado demostró que su papel es el de mero refrendador de las decisiones del Gobierno, a pesar de que la Constitución Política le atribuye la facultad de aprobar, que lleva implícita la de improbar, los ascensos a oficiales superiores de la Fuerza Pública.

El país está acostumbrado a que, como en tantos otros campos, el Legislativo apruebe sin condiciones todas las propuestas del Ejecutivo y que no ejerza sus atribuciones de control político y de órgano representativo de la ciudadanía, esenciales en un estado democrático y de derecho.

Los ascensos militares y policiales deberían ser objeto del más amplio escrutinio, no solamente por parte de los congresistas sino especialmente de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Sin embargo, no es así y las promociones se vuelven cosa de rutina ya que cuando llegan al Senado en las respectivas fuerzas todo marcha como si se hubieran aprobado porque prácticamente se hacen automáticas y el rol del Congreso es meramente testimonial.

Creíamos que el vergonzoso episodio del coronel Mauricio Santoyo, acusado de haber participado en la desaparición de dos activistas de derechos humanos en Medellín y sancionado con destitución por la Procuraduría por la intercepción ilegal de teléfonos de organizaciones populares en la misma ciudad, cuyo ascenso a general se votó favorablemente, para luego ser extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, haría que la Comisión Segunda del Senado tuviera al menos esta vez algo de pudor y fuera más cuidadosa en su examen de las hojas de vida sometidas a su consideración.

Pero no fue así. Esta vez se aprobó en bloque, prácticamente sin discusión, el ascenso de 42 oficiales de las diferentes fuerzas. Solamente hubo debate en el caso del general de la Policía Francisco Patiño, gracias a las posiciones democráticas de los senadores Camilo Romero y Marcos Avirama y a la familia del grafitero Andrés Felipe Becerra, muerto por Wilmer Alarcón, policía de aquellos de gatillo fácil, en agosto de 2011.

En esa ocasión no se trató solamente del asesinato del joven sino de la actitud cómplice y encubridora del entonces Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Francisco Patiño, quien para justificar la actuación de los hombres bajo su mando, defendió y promovió la versión de que Andrés Felipe acababa de atracar un vehículo de transporte público y que en su fuga abrió fuego contra la policía, por lo que el patrullero Alarcón habría tenido que actuar en “defensa propia”. La Fiscalía, en sesión ante el Senado, demostró que esa versión fue un montaje, al que calificó de “falso positivo urbano” porque el supuesto asalto a la buseta nunca existió, la víctima estaba desarmada, desde luego no agredió al policía y por el contrario fue asesinada de un tiro en la espalda.

Ante esto la decisión no fue como era lógico, negar la promoción y retirar al oficial de las filas policiales. Ni siquiera se postergó la promoción hasta que la justicia definiera. Bastó que, ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Director de la Policía Nacional, José Roberto León, reconociera la responsabilidad de la institución en ese caso, pidiera perdón al país y a la familia, para que la célula legislativa aprobara el nuevo grado para el oficial cuestionado.

No pueden unas excusas tardías y farisaicas [1] borrar el grave crimen cometido ni diluyen la responsabilidad del montaje, avalado en su momento por el general Patiño. El debate sobre el ascenso no es un proceso judicial sino un escenario en el que el país entero define si un oficial merece continuar en la institución y ascender en el escalafón. La sociedad no puede dormir tranquila si se premia de esa forma a quienes pervierten su misión [2] y no merecen la confianza que se les ha entregado.

Una cosa es la responsabilidad penal y disciplinaria, que se examina en los procesos correspondientes con todas las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Otra muy diferente es la responsabilidad política y moral de quienes tienen mando militar o policial. Si se equivocan en materia grave, las consecuencias no pueden ser otras que su retiro de la fuerza porque de otro modo no tendría ningún sentido que la Constitución disponga la atribución del Senado de la República de aprobar o no los ascensos.

Si el general Patiño participó deliberadamente en la obstrucción a la justicia con la historia del falso asalto a la buseta no puede ser ascendido y debe responder ante la justicia penal. Pero si no actuó con dolo y fue engañado por sus subalternos también es responsable políticamente y tampoco merece el ascenso porque entonces sería inepto al no tener control sobre su gente, elemento que es el pilar de la disciplina y el funcionamiento en instituciones armadas, expresado en el principio de que el comandante responde por lo que hacen las personas bajo su mando.

La plenaria del Senado tiene la oportunidad de definir si aprueba lo decidido en la Comisión. Esta es una oportunidad histórica para reparar la vergüenza de promover a una persona cuestionada tan seriamente. La familia del joven asesinado y el honor del país esperan que primen los intereses de la sociedad y no los de la cúpula policial que se empeña en mantener a toda costa en las filas a uno de sus integrantes a pesar de esta mancha en su historial [3].

Es hora de demostrar que algo se aprendió del caso Santoyo y que el control civil y social sobre las fuerzas armadas debe ser tomado en serio y no como el adorno de una falsa democracia.

Notas

[1] El general León Riaño se expresó en la sesión de la Comisión Segunda: “Quiero, en nombre de todos mis policías, aquellos que de manera sistemática ofrecen su vida por mejores condiciones de seguridad para los colombianos, ofrecer excusas públicas a la familia de Diego Felipe Becerra. La institución se equivocó, pero fueron unos pocos”.

[2] La Policía está concebida como un cuerpo civil encargado de la protección de los derechos ciudadanos.

[3] La prelación del interés corporativo se evidencia en este otro aparte de su intervención ante el Senado, el Director General de la institución, general León Riaño: “Tengo una encrucijada en alma, la prioridad de la Policía son los ciudadanos y, de igual manera, la defensa de mis policías”.