Apoyamos a la JEP y objetamos actuación del Fiscal General de la Nación.
Las comunidades y procesos territoriales que hemos vivido el conflicto armado socio político, que lo seguimos viviendo, y que estamos padeciendo las delicadas situaciones derivadas de tardíos o nulos cumplimientos de acuerdos sociales, políticos y ambientales, entre ellos el gobierno y la FARC- EP, rechazamos tajantemente la intervención ilegal, arbitraria, contra derecho de la sede y archivos de la Jurisdicción Especial de Paz, por orden del Fiscal General de la Nación, en el día de ayer.
Lamentamos que una vez más el Fiscal General de la Nación atente contra la posibilidad de la reconciliación sobre la base de la verdad y de un sistema justicia que propicia nuestra participación, abriendo posibilidades inéditas del derecho restaurador por el que venimos abogando.
Este sistema judicial por el que venimos abogando desde el año 2002, como conclusión de un Encuentro Internacional sobre Verdad y Justicia realizado en Cacarica, Chocó, está en la mira de sectores de poder que se niegan a la verdad.
La JEP ha sido sometida a modificaciones sustanciales en el Congreso por sectores que se oponen a la construcción de una paz en donde todos reconozcan sus responsabilidades en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. A esta delicada situación se suma la operación mediática y judicial sin derecho del propio Fiscal General de la Nación en la que se niegan nuestros derechos y los de los comparecientes al debido proceso. El temor a las verdades negadas está a la vista.
La pretensión de reducir los alcances de la JEP es un propósito que atenta contra la igualdad y contra el derecho del país a una construcción de paz. Lo han hecho y quieren continuar haciéndolos hasta imposibilitar que este mecanismo de justicia funcione.
Nosotras las víctimas abogamos al debido proceso para todos los responsables y afectados. Llamamos al Fiscal General de la Nación a cesar su destrucción mediática, y con uso abusivo de sus facultades para destruir aquello que más bien que mal, una arquitectura judicial como la JEP, que enfrenta la impunidad.
Invitamos al Presidente a pronunciarse para legitimar este mecanismo de construcción hacia la paz completa, sostenible y sustentable, validada por la comunidad de naciones.
La JEP en su nacimiento se ha convertido en esperanza para nuestras víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, y a nosotros de amenazas, de desplazamientos forzados, daños ambientales, y en algunos casos de despojo.
Todo este conjunto de actuaciones han sido parte de planes criminales que parecieran quieren ser encubiertos y mantenerse en un sistema penal en que el Fiscal General puede incidir. Esa justicia ordinaria que en la mayoría de las ocasiones ha sido mecanismo de persecución a nosotros y los defensores de D.D.H.H., y a los operadores de justicia que han actuado en derecho, es el que se quiere imponer.
Invitamos como comunidades y procesos de base a continuar respaldando a la presidente de la JEP, y cada uno de sus magistrados.
Como beneficiarios en muchos procesos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, les llamamos a monitorear y recomendar al Estado colombiano garantizar el debido proceso y la independencia judicial ante esta injerencia indebida y contra derecho del Fiscal General de la Nación.
Firman:
Víctimas de la Masacre de la Chinita, Apartadó (Antioquia).
ADISPA como organización representativa de las 24 Comunidades de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (Putumayo):
Comunidad de Agualongo.
Comunidad de Bajo Cuembí.
Comunidad de Bajo Lorenzo.
Comunidad de Bajo Mansoyá.
Comunidad de Baldío.
Comunidad de Belén.
Comunidad de Bocana de Cuembí.
Comunidad de Buen Samaritano.
Comunidad de Camios.
Comunidad de Angosturas.
Comunidad de Chufiyá.
Comunidad de Comandante.
Comunidad de Frontera.
Comunidad de Guadalupe.
Comunidad de Juvenil.
Comunidad de La Alea.
Comunidad de La Española.
Comunidad de La Piña.
Comunidad de La Rosa.
Comunidad de Puerto Playa.
Comunidad de San Salvador.
Comunidad de Sevilla.
Comunidad de Toaya.
Comunidad de Zamora.
Asociación Campesina del Municipio de Ríosucio, ACAMURI (Chocó).
Asociación Consejo Regional Indígena del Pueblo Nasa del Putumayo Kwe’sx Ksa’xw en representación de las 38 comunidades (Putumayo):
Resguardo Kiwnas Çxhab, Alto Lorenzo, Puerto Asís.
Resguardo Nasa Çxhab, Puerto Asís.
Cabildo Ksxa’w Nasa, Alto Danubio, Puerto Asís.
Cabildo Sat’t Tama, Puerto Asís.
Cabildo Kwe’sx Kiwe. Puerto Asís.
Cabildo Nasa Fxi’w La Libertad, Puerto Asís.
Cabildo Kiwe Nxusxa, Las Delicias.
Cabildo Yu’luuçx, Las Minas, Puerto Asís.
Cabildo Yu’kh Zxiçxkwe, Selva Hermosa, Puerto Caicedo.
Cabildo Kiwe U’kwe, Puerto Caicedo.
Cabildo Kwe’sx Tata Wala, Puerto Caicedo.
Cabildo Pkid Kiwe, Los Guayabales.
Cabildo Kwe’sx Nasa çxayu’çe, Alto Coqueto, Puerto Caicedo.
Cabildo Yu’ Çxihme, El Libano, Puerto Caicedo.
Resguardo Sek Kaanxi thä’ Kiwe Alpes Orientales, La Floresta, Alto Coqueto.
Cabildo Çxhab Wala, Villagarzon.
Cabildo Thä’ Tadx Kiwe, Loma Redonda, Villa Garzón.
Cabildo Alto Sinaí, Villa Garzón.
Resguardo Jerusalén San Luis Alto Picudito.
Cabildo Juan Tama, Puerto Guzman.
Resguardo Jxkase Kiwe, El Descanso, Puerto Guzmán.
Cabildo Cerro de Guadua, Puerto Guzmán.
Resguardo Yu’ukwe Kiwe, Aguaditas, Puerto Guzmán.
Resguardo Txitx U’kwe Kiwe, Porvenir La Barrialosa, Puerto Guzmán.
Resguardo La Florida, Mocoa.
Cabildo Kjwen Tama Luuçxwe’sx, hijos de Juan Tama, Mocoa.
Resguardo Nasa Uh Los Gavilanes, Jardines de Sucumbíos, Ipiales.
Cabildo Kwe’sx Kiwe, Orito.
Cabildo Nada Tkuymatewe’sx, Orito.
Cabildo Alto Suspisacha, Piamonte.
Cabildo Kiwe Zxiçxkwe, Tierra Linda, Valle del Guamuéz.
Cabildo Kiwe U’se, Nueva Palestina, Valle del Guamuéz.
Cabildo Nada Kiwe Puerto Leguizamo.
Mühm Kiwe, Los Guaduales, Puerto Guzmán.
Santa Rosa de Juanambu, Villa Garzón.
Jerusalén, Villa Garzón.
San Luis Alto Picudito, Villa Garzón
Asociación de Familiares Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, municipio de Inzá, Sembradores de Paz (Cauca).
Asociación de Familias Desplazadas, municipio de Argelia (Cauca).
Asociación de familias de Consejos Comunitarios de Cacarica, Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA (Chocó).
Asociación de Mujeres Desplazadas de Meta, ASUMUDEM (Meta).
Asociación en Defensa del Medio Ambiente de Mapiripán, ASODEAMAPI (Meta).
Asociación Familia Aljure, municipio de Mapiripán (Meta).
Asociación Tradicional Indígena del Carmen del Darien, ASOTECAD (Chocó).
Cabildo Mayor Embera de Resguardo Urada Jiguaminado, CAMERU (Chocó).
Comité Central de Jóvenes: JURADIPA Juventud Raíces de Dignidad Perla Amazónica (Putumayo).
Comité Central de Mujeres MEMPA: Mi nombre es Mujer Perla Amazónica (Putumayo).
Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, municipio de El Castillo (Meta).
Consejo Comunitario del Río Jiguamiandó (Chocó).
Familias afectadas por la intervención minera, municipio de Galíndez, Patía y Pilón (Cauca).
Red por la Defensa de la Vida y el Territorio, municipio de Inzá (Cauca).
Resguardo Indígena Sikuani, Caño Ovejas, municipio de Mapiripán (Meta).
Resguardo Jiw Naexal Lajt, municipio de Mapiripán (Meta).
Resguardo Uradá Jiguamiandó (Chocó).
Zona Humanitaria Nueva Esperanza (Chocó).
Zona Humanitaria Pueblo Nuevo (Chocó).