“Aparece una fosa común con 2.000 cadáveres acumulados desde 2005 en Colombia”
En el periódico español “El Publico” el pasado 26 de enero se publicó el artículo “Aparece una fosa común con 2.000 cadáveres acumulados desde 2005 en Colombia” (http://www.publico.es/internacional/288773/aparece/colombia/fosa/comun/cadaveres, ver también en anexo) sobre una fosa común en La Macarena, departamento del Meta. Esta noticia probablemente va a escandalizar de nuevo a la sociedad colombiana y la comunidad internacional, al igual como lo hizo la noticia sobre los hornos crematorios usados por los paramilitares en Norte de Santander, para hacer desaparecer a las victimas que sufrieron sus atrocidades. La magnitud de la desaparición forzada, su continuidad hasta hoy en día y los impactos que tiene en las familias y comunidades son conocidos y puestos en cocimiento de las autoridades como por ejemplo en Argelia, Buenaventura o Putumayo donde nuestra Comisión realiza acompañamiento.
La Comisión Ética ha recogido información de Argelia Cauca donde han sucedido mas de 15 desapariciones forzadas entre abril 2008 hasta noviembre 2009 (ver https://www.justiciaypazcolombia.com/Comunicado-7o-Visita-de-la), y hay muchos mas casos que nadie ha registrado ni denunciado. Así mismo nuestra Comisión registró casos en Buenaventura (ver https://www.justiciaypazcolombia.com/Buenaventura, https://www.justiciaypazcolombia.com/Jovenes-asesinados-y-desaparecidos) o en Putumayo (ver https://www.justiciaypazcolombia.com/asesinato-de-comunicador-Indigena, https://www.justiciaypazcolombia.com/Desaparecido-forzadamente-LUIS).
Sin embargo la desaparición forzada sigue invisibilizada para la mayoría de la población y poco trasciende mas allá de un momento de asombro, estupefacción o de escandalizarse.
El problema no es tanto que la gente se escandalice, pero si es un problema que se trate de una reacción momentánea que lleva a que las personas “del bien” o “del común” se distancien rápidamente de estas barbaridades, sin tener en cuenta que muchos de ellos siguen apoyando o mantienen silencio hacia las políticas represivas y autoritarias que llevan a que en Colombia haya miles de desaparecidos y a que la desaparición forzada continúe hoy en día como lo evidencian los casos de Argelia-Cauca y Buenaventura-Valle. El mismo silencio que se evidencia hacia el creciente número de casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, práctica cuya expansión se le debe a la política de Seguridad Democrática; y el mismo silencio que avala estigmatizaciones y señalamientos como que los miembros de la fuerza publica son “injustamente perseguidos por defensores y defensoras de DDHH que son nada menos que el brazo político de las FARC”.
¿Quién se atreverá después de este hallazgo de fosa denunciar la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial de su ser querido, en medio de una militarización y paramilitarización tan fuerte que se da en la región de La Macarena? ¿Será que hay condiciones para que los familiares de esas victimas puedan participar en las exhumaciones como es su derecho? ¿Será que posterior a una investigación preliminar exhaustiva para determinar la posible identidad de la persona, las familias serán avisadas a tiempo para poder asistir a la exhumación? y ¿será que pueden tener acompañamiento por organizaciones independientes de antropología forense – si lo desean – para garantizar un análisis independiente y la aplicación de los protocolos y estándares internacionales para exhumaciones?
Y mientras que nos escandalizamos momentáneamente siguen el irrespeto y la revictimización de las familias por parte de las autoridades cuando se hace la denuncia de una desaparición forzada; siguen los comentarios que justifican por medio de prejuicios culturales la ausencia e invisibilizan la desaparición forzada como crimen de Lesa Humanidad: “eso es que su marido se fue con la otra”, “se fue para la guerrilla”, “hay que esperar unos días mas y eso aparece”.
Siguen también los esfuerzos por esconder y maquillar cifras de desaparición forzada que cada día aumentan, con falsas expectativas e informaciones piden a la familias que se atreven a denunciar que nieguen la desaparición forzada de su ser querido, porque si dicen que es homicidio más fácil le van a dar plata de reparación, porque no pueden garantizar la seguridad de la familia, porque es peligroso o porque simplemente ya no hay nada que hacer.
Y mientras que nos escandalizamos y lamentamos la impunidad en que están estos casos, el Consejo de Estado expide una sentencia que suspende provisionalmente la directriz denominada “Apoyo a Justicia Penal Militar” entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa con la cual los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la Fuerza Publica deben ser remitidos nuevamente al Juez Penal Militar como su juez natural y no a la Fiscalía; y será este juez quien decide si la investigación se traslada a la justicia ordinaria, contrariando así las exigencias del derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH, entre otros. Si hubiese un conflicto de interés el Consejo Superior de Judicatura debe resolver el conflicto de competencia, y mientras tanto habrá pasado el tiempo, habrá pasado el tiempo para que se haga justicia y se le dará camino libre a al impunidad.
Y mientras nos escandalizamos, el gobierno del presidente Uribe presentó objeciones presidenciales a un proyecto de ley de homenaje a las victimas de desaparición forzada por supuesta falta de dinero para su implementación, especialmente para el Banco de perfiles Genéticos que manejado adecuadamente podría aumentar las posibilidades de identificación de cadáveres NN como los encontrados en la fosa de la Macarena.
Es posible que haya muchas mas fosas comunes, y ni hablar de los ríos que son los cementerios más grandes de Colombia ¡y que los cuerpos allí arrojados no serán encontrados nunca! Y no es tan cierto como dice el artículo que la mayoría de la información se debe a las versiones libres de los paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz, muchos familiares han indicado posibles sitios de enterramiento, pero la fiscalía no les ha prestado atención. Además muchas de las personas que la Fiscalía presenta como desaparecidos que han sido identificados, se trata realmente de excombatientes (paramilitares) que han caído en combate, y por ello los paramilitares saben donde están enterrados y quienes son. Es un hecho de que no se están encontrando los miles de desaparecidos de los años 80 y 90.
Otro de los problemas es que muchos familiares, tal vez la mayoría siguen – con toda razón – desconfiando de las autoridades para denunciar la existencia de fosas, porque sigue el control de los victimarios en la zona. El Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado – MOVICE, capitulo Meta, donde fue encontrada la fosa común tiene mas información sobre fosas en ese departamento, pero reina el silencio por miedo; parte del trauma psicosocial del cual habla Martin Baró.
Es urgente visibilizar estos crímenes, esta represión y la existencia de tantos desaparecidos forzadamente en Colombia, pero también las falencias y la ausencia de una política publica sobre desaparición forzada por parte de Colombia, para la cual pide millones de pesos a la cooperación internacional. Hace falta visibilizar el daño que hace el escándalo momentáneo seguido del silencio complaciente con las mismas políticas que generan los motivos de escándalo.
Por todo ello, por esta situación tan grave de continuidad de desaparición forzada, por los probablemente hasta 50 mil personas desaparecidas forzadamente en Colombia y por las exhumaciones masivas y sin participación de los familiares, las falencias en los procesos de identificación así como la impunidad reinante acerca de este crimen de lesa humanidad, el 2° congreso mundial de trabajo psicosocial en desaparición forzada, procesos de exhumación, Verdad y Justicia tendrá lugar del 21 al 23 de abril de 2010 en Colombia.
Bogotá, D.C: 27 de enero de 2010
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
“Aparece una fosa común con 2.000 cadáveres acumulados desde 2005 en Colombia”