Ante la judicialización Me declaro en objeción de Conciencia: P Giraldo
ContagioRadio Bogotá 11 de marzo, En rueda de prensa el sacerdote jesuita Javier Giraldo rechazó las acusaciones de injuriar y calumniar al coronel Néstor Iván Duque, imputación también extensiva al abogado Elkin Jaramillo, presidente de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín y a Miguel Ángel Afanador, ex defensor del pueblo de Urabá
Cabe señalar que el coronel Néstor Iván Duque estuvo dirigiendo, en su momento, al Batallón Bejarano Múñoz de la Brigada 17, del Ejército Colombiano, batallón que es responsable, junto con los grupos paramilitares, de la participar en la masacre cometida en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, contra población civil, el 21 de febrero de 2005, en donde asesinaron a 8 personas, entre ellos, al reconocido líder de la comunidad de Paz de San José, Luis Eduardo Guerra y su familia, un niño de 19 meses, obligando al desplazamiento forzado de centenares de habitantes.
Es un absurdo que defensores de derechos humanos, como el padre Javier Giraldo y Elkín Ramirez, que denunciaron a los responsables de la masacre de febrero de 2005 en San José de Apartadó y participaron en la búsqueda de los cadáveres de las víctimas, “hoy sean vinculados a una investigación que se origina en una denuncia interpuesta por quien ejercía el mando operacional de la Operación Fenix”, que ejecutó, en complicidad con paramilitares, la masacre en esta comunidad de Paz.
El padre Giraldo, coordinador del banco de datos de Derechos humanos del Centro de Investigación de Educación Popular (Cinep), manifestó que se ha declarado en objeción de conciencia y desde hace dos años se ha negado a colaborar con una justicia que ha manipulado y mercantilizado el testimonio “de una manera realmente vergonzosa”.
Enfatizó que las declaraciones han sido pagadas y han sido confeccionadas desde la Brigada 17, “que es una institución del poder ejecutivo y no del judicial, sin embargo allí se llenan los pasos del proceso judicial, allí se decide a quien se persigue judicialmente, se les asesora, se les lleva con documentos confeccionados en la misma fiscalía de Urabá, se compran los testigos, pero la principal desviación es la usurpación de justicia por parte del poder ejecutivo”
Por su parte, el padre Mauricio García, director del Cinep, señaló que es preocupante que se esté dando una tendencia de relación entre las dinámicas del gobierno nacional y los grupos paramilitares. “Como cuando la presidencia hace declaraciones sobre algún defensor o periodista y casualmente los grupos paramilitares envían comunicados amenazando a los aludidos”.
Asimismo, recalcó que la información que hemos trabajado en el banco de datos muestran que eso no es cierto, que se haya acabado los paramiilitares, el fenómeno con características distintas sigue y las amenazas muestran que hay un perfil que tiene un sentido político concreto. Entonces preguntamos cuáles son las políticas públicas ante estas situaciones”.
Ante este aberrante hecho de judicialización se ha exigido al Fiscal General de la Nación brinden garantías reales para ejercer libremente la defensa de los Derechos Humanos.