Ante amenazas a jóvenes que se oponen al fracking en Puerto Wilches, deben suspenderse los proyectos piloto I #SOSPuerto Wilches

La Alianza Colombia Libre de Fracking rechaza las recientes amenazas ocurridas en Puerto Wilches – Santander, contra jóvenes del Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio – AguaWil y de la Alianza, por su liderazgo en defensa de los bienes comunes y los derechos de la naturaleza.

AguaWil es un comité conformado recientemente en Puerto Wilches, Santander, que se viene organizando para defender su territorio frente a la posible implementación del fracking; desde diciembre ha liderado acciones pacíficas de carácter pedagógico, cultural y de movilización para expresar su oposición a los mal llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII” que el Gobierno Nacional impone a la región del Magdalena Medio. AguaWil, además, hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Desde hace varios años hemos advertido sobre los riesgos que para las defensoras y los defensores ambientales representa el desarrollo de los proyectos piloto de fracking en territorios afectados por el conflicto armado, los cuales ocasionarían nuevos conflictos socioambientales como ya viene sucediendo. Así mismo, hemos cuestionado que la llamada licencia social, un concepto desprovisto de los contenidos constitucionales del derecho fundamental a la participación real y efectiva, sea tramitada, promovida o coadyuvada en medio de amenazas, presiones y exclusión de los habitantes de las zonas que podrían ser impactadas.

En 2020, Global Witness reportó que Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras del ambiente y del territorio. Según lo reportó esa organización internacional: “el asesinato de líderes comunitarios y sociales ha aumentado dramáticamente en Colombia en los últimos años”1.

Por lo anterior, exigimos al Estado colombiano dar las garantías a los jóvenes integrantes de AguaWil para ejercer sus derechos a la vida, a la movilización y la protesta social, a la reunión, a la libre expresión y circulación pacíficas, a la libertad de conciencia, a la integridad personal, y a la oposición a estos megaproyectos.

Así mismo exigimos a Ecopetrol garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las etapas de implementación de dichos proyectos, en aplicación coherente y eficaz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU).

Hacemos un llamado al Presidente Iván Duque para que se suspendan de inmediato los proyectos piloto como medida urgente para salvaguardar los valores democráticos, la vida de estas y estos jóvenes, y de quienes en Puerto Wilches y la región del Magdalena Medio se oponen a la imposición del fracking.

Agradecemos los pronunciamientos que desde el Congreso de la República, organizaciones ambientales y la opinión pública se vienen dando en rechazo a estos lamentables hechos.

Bogotá, febrero de 2021

Señor

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República de Colombia Estimado señor presidente:

Colombia libra un debate trascendental para su devenir energético, relacionado con su posible incursión en la explotación de Yacimientos No Convencionales de roca generadora, a través de la técnica de fracturación hidráulica o fracking. Desde los primeros intentos del Gobierno por regular la materia para hacerla operativa, han surgido voces de alerta y rechazo desde diversos escenarios institucionales y de la sociedad civil, nacionales e internacionales. Recientemente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente advirtió acerca de los riesgos de esta técnica sobre los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, el ambiente sano, la cultura y un nivel de vida adecuado de las y los colombianos, recomendando a este Congreso aprobar una ley para prohibir dicha práctica.

En ese contexto, su Gobierno avala y abandera la propuesta de unos pilotos experimentales de fracking, indicando que estarían supeditados a la consecución de una licencia social. El primer piloto fue adjudicado a Ecopetrol, empresa insigne del país y será desarrollado en Puerto Wilches, Santander, un  municipio que adolece de altos índices de inequidad, violencia y pobreza y que, históricamente, ha padecido graves impactos en el ambiente y, en especial en sus fuentes de agua, como consecuencia de la explotación por décadas de hidrocarburos.

De manera reciente, un grupo de jóvenes, hombres y mujeres oriundos de Puerto Wilches, constituyó el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio en el municipio – Aguawil, hoy parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Estos jóvenes se han declarado en oposición a los proyectos piloto, con la legitimidad indiscutible de ser habitantes del territorio que será intervenido. Su activismo social se ha materializado a través de acciones artísticas, comunicativas y de movilización que en nada riñen con el ejercicio pacífico de la protesta social.

Sin embargo, hemos sido informados de graves hechos de amenaza en contra de varias jóvenes de Aguawil, ocurridos en las últimas semanas. Los hostigamientos han coincidido con debates públicos alrededor del cuestionamiento a los pilotos, y han sido ejecutados de manera directa por sujetos armados que ocultan su identificación y que, abiertamente, justificaron sus amenazas por el activismo social que desarrollan los y las jóvenes de Aguawil. El mensaje es claro: “Quédense quietos”. Adicionalmente, miembros de la Policía han quitado afiches de “No al Fracking en Puerto Wilches” pegados por integrantes de este Comité, en una clara persecución de su trabajo como defensores ambientales.

Estos hechos se suman a otras amenazas y ataques contra organizaciones de la Alianza Colombia Libre de Fracking en Barrancabermeja, Santander, y San Martín, Cesar, que ponen en grave riesgo la vida e integridad de activistas ambientales en el Magdalena Medio.

Estamos, señor Presidente, ante un conflicto social y ambiental complejo que enfrenta a partes muy desiguales, y que demanda acciones urgentes del Estado para hacer respetar la ley y garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personales de quienes cuestionan un modelo de desarrollo basado en este tipo de extracción de recursos. De un lado, tenemos un grupo de jóvenes, estudiantes y personas trabajadoras en un municipio que no ofrece mayores oportunidades, decididos a organizarse para sentar su voz de rechazo ante las nuevas promesas de desarrollo que implican el sacrificio de su territorio. De otro lado, tenemos poderosas empresas petroleras como Ecopetrol, Drummond, Tecpetrol y Exxon Mobil, con intereses económicos multimillonarios de por medio, respaldadas abiertamente por el Gobierno Nacional que usted preside.

En ese sentido, con independencia de la decisión futura que se tome alrededor de los Yacimientos No Convencionales, nos genera una honda preocupación que este debate y que la exigencia de licencia social, entendida como aprobación o aceptación sin objeciones de las comunidades a los proyectos extractivos, sea tramitada, promovida o coadyuvada por medios violentos, represivos e ilícitos, coartando gravemente una multiplicidad de derechos fundamentales como el derecho a la movilización y la protesta social, a la reunión, a la libre expresión y circulación pacíficas, a la libertad de conciencia, a la integridad personal, y el derecho a la oposición, en una sociedad que se reputa democrática.

Por consiguiente, solicitamos con urgencia:

• Se proteja efectivamente la vida, seguridad e integridad de las personas integrantes de Aguawil, sujetos de especial protección, en su calidad de jóvenes.
• Se exija a la Fiscalía General de la Nación la priorización para investigar a los autores intelectuales y materiales de las amenazas, el esclarecimiento de los hechos y la judicialización efectiva de los
• Se protejan efectivamente los derechos a la movilización pacífica y a la oposición de los integrantes de Aguawil, a fin de que se garantice un entorno seguro para el libre ejercicio de su labor.
• Se exija a Ecopetrol, en su calidad de operadora del proyecto piloto en Puerto Wilches, garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las etapas de implementación de dichos proyectos, en aplicación coherente y eficaz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) de 2011 que como empresa mayoritariamente estatal le

Del señor Presidente, cordialmente,

Imagen: Vanguardia