Ana Fabricia Córdoba
Desde muy joven padeció la violencia bipartidista y el destierro por la misma, luego, debido a su activismo y compromiso con la comunidad, desde los 51 años de edad, Ana, empezó a sufrir los atropellos cometidos por paramilitares en contra de su familia por el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Ever Velosa alias “HH” y tras la muerte de su primer esposo se vio obligada a huir del Urabá Antioqueño y luego del asesinato de unos de sus hijos de 13 años, paso a refugiarse en la ciudad de Medellín, en el barrio La Cruz, Comuna 3, en 2001.
Desde el año 2002 se intensifico la estrategia paramilitar en los barrios de Medellín especialmente en La Cruz y La Honda y Ana Fabricia valientemente denunció los abusos cometidos por parte de la Policía de la Estación de San Blas (Manrique), quienes torturaban y le dé daban tratos crueles a los jóvenes del barrio entre ellos sus propios hijos.
Sus denuncias también ponían al descubierto la connivencia de la fuerza pública con grupos paramilitares siendo clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes dicha estación, de apoyar la estructura paramilitar en la zona.
Dos años después, fue acusada de ser colaboradora de la guerrilla de las FARC, por lo que estuvo dos meses en la cárcel del Buen Pastor. Ana Frabricia responsabilizó a la Policía del barrio La Cruz debido a las persecuciones y malos tratos de los que sus hijos habían sido víctimas. Seguido de esto, recibió reiteradas acciones de allanamiento sin orden judicial e intimidaciones acusándola nuevamente de ser colaboradora de las FARC.
La persecución nunca cesó y el 7 de julio de 2010 su hijo Jonatan Arley Ospina de 19 años de edad fue asesinado, Ana encontró el cuerpo de su hijo sin vida en el sector de La Honda, contiguo al barrio La Cruz. Jonatan antes de su muerte se comunicó con Ana y le indicó que lo tenía la policía los agentes Carmelo y Osorio y que lo iban a matar.
A partir de este trágico hecho Ana Fabricia denunció con más insistencia la culpabilidad de la policía, que provocó múltiples amenazas contra su vida y su familia. La Policía Metropolita del Valle del Ubarrá le propuso la práctica de un análisis de riesgo, pero la lideresa la negó debido a que sus denuncias eran contra esta entidad del Estado.
En abril de 2011 denunció públicamente la situación de riesgo, las amenazas y hostigamientos durante la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos y aun así, el 7 de Junio de 2011 fue asesinada, un hombre le disparó en su cabeza con un arma con silenciador mientras se movilizaba en un bus público de la ruta Santa Cruz. Por temor, sus conocidos, familiares y compañeras del movimiento comunitario de Medellín se desplazaron de la ciudad o se exiliaron.
El caso fue asignado a la Fiscalía número 37 de derechos humanos de Medellín, pero la Fiscal asignada se ha encargado de frenar el proceso para que lo abogados de las víctimas no conozcan, ni hagan seguimiento al caso en la fiscalía.
Luego de la muerte de Ana sus familiares continuaron siendo perseguidos, amenazados e incluso asesinados. Más tarde el 1 de febrero de 2014 fue asesinado su hijo Carlos Arturo Ospina, recibió cuatro disparos en su cuerpo en el sector conocido como Naranjal.
En junio de 2018 se dio la captura de Carlos Mosquera Moreno alias “Batei” señalado como responsable del asesinato de la lideresa. Batei es acusado del crimen, líder de una banda delincuencial denominada los Triana, un grupo sicarial de Medellín.
El asesinato de Ana Fabricia evidencia la constante persecución contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país y pese a todas las denuncias es clara la negligencia y omisión de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida.
Desde el 2010 se han intensificado las agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos, siendo asesinatos, organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros, la omisión, ineficacia, negligencia se constituyen en elementos de impunidad que obstaculizan la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos.
Seguimos esperando a que el Estado Colombiano brinde garantías reales a los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia.
Ana Fabricia Córdoba, en la Memoria
Ana Fabricia Córdoba, Sin Olvido