Amenazas y hostigamiento contra miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
El 28 de febrero de 2014, la defensora de derechos humanos Sra Janeth Hernández y el defensor Sr Abilio Peña fueron seguidos en horas de la tarde por hombres desconocidos en una motocicleta . Ese mismo día, antes del medio día, una nota fue dejada en el buzón del defensor de derechos humanos Sr Danilo Rueda, amenazándolo de muerte. El 27 de febrero, en horas de la noche, el defensor Sr José Rocamora fue seguido por tres hombres cuando salió de su residencia.
Los cuatro defensores son miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz – CIJP, siendo Danilo Rueda el cordinador nacional. La CIJP es una ONG de base eclesial que trabaja para exponer las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden y paramilitares en las zonas de conflicto de Colombia. Debido a este trabajo, varios miembros de la CIJP han sido objeto de amenazas de muerte y hostigamiento en el pasado.
El 28 de febrero en la ciudad de Bogotá, Janeth Hernández y Abilio Peña fueron advertidos por las personas encargadas de su esquema de seguridad que estaban siendo seguidos. En el mismo día, llegó una nota dejada por un hombre y una mujer al buzón de Danilo Rueda, haciendo referencia al defensor de derechos humanos, amenazándolo de morir como su padre. . La noche anterior, José Rocamora, se dio cuenta que le estaban siguiendo, logrando ingresar a un edificio cercano donde los vecinos le corroboraron que era seguido. Los hombres le esperaron fuera del edificio por treinta minutos. Mientras tanto, el computador personal del defensor de derechos humanos fue sustraído, el cual contenía información sensible, incluso investigaciones sobre la situación carcelaría, las apuestas culturales y juveniles en diversas zonas de conflicto social y la presencia paramilitar. Nada de valor fue robado.
Los incidentes siguen otro incidente el 16 de enero de 2014 que tuvo lugar mientras Danilo Rueda estuvo en otra ciudad visitando a su familia y concediendo entrevistas en relación con la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de sancionar al Estado colombiano por el desplazamiento forzado y asesinato de Marino López. Ese día, la familia de Danilo Rueda recibió una carta de advertencia, diciendo lo siguiente: “Digale a su hermano que se cuide. Estuvo muy descuidado en su visita familiar. No están molestando. Están muy pendientes. Sabemos que sus amigos hacen cosas por el bien de la gente. Yo no soy participe de lo malo. Que se cuide”. Durante este período de supuesto receso, la UNP no dio respuesta para facilitar la presencia del esquema de protección del defensor de derechos humanos en esa ciudad.
La CIJP apoya a los afrodescendientes y las comunidades indígenas que viven alrededor del Curvaradó y Jiguamiandó para reclamar sus tierras y afirmar sus derechos pacíficamente . A finales de 1990, los paramilitares y fuerzas del orden ocuparon la tierra y expulsaron las comunidades con el fin de plantar palma africana como cultivo comercial. Poderosos intereses mineros también desarrollaron las operaciones en estas áreas. A pesar de repetidas órdenes de la Corte Constitucional, las tierras no han sido devueltas a las comunidades, y los que han regresado sufren amenazas y asesinatos por rutina. El trabajo a favor de los derechos humanos de estas comunidades, especialmente contra la impunidad de casos emblemáticos, ha convertido los miembros del CIJP en blanco de amenazas y también de ataques .
A Front Line Defenders le preocupa que este tipo de amenaza ocurre muy frecuentemente en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, además siendo común que queden en la impunidad. Front Line Defenders considera que las amenazas y hostigamiento detallados arriba están directamente relacionados con la labor pacifica y legitima del CIJP. Para mas información sobre este caso, por favor véase previos llamados urgentes emitidos por Front Line Defenders el 15 de febrero de 2013 y el 20 de mayo de 2011.
Front Line Defenders insta a las autoridades colombianas a que:
1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte contra el defensor de derechos humanos Danilo Rueda con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley.
2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Janeth Hernández, Abilio Peña, José Rocamora, Danilo Rueda y los demás miembros del CIJP, incluyendo reforzando cualquier medida de protección vigente donde sea necesario.
3. Aseguren que todos los defensores de derechos humanos en Colombia, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
Front Line Defenders