Amenazas y extraños seguimientos a defensores de Derechos Humanos
Durante estos últimos días se han conocido nuevas amenazas y seguimientos contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz
El 15 de diciembre, un grupo de paramilitares en la comunidad de El Cerrao, Curvaradó, manifestaron a pobladores que deberían “desterrar” a integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, pues “debían asegurar la tierra de los Patrones, que se encuentran en la cárcel”.
El anuncio de la amenaza se produjo por parte de seis paramilitares, que se encontraban armados. Esta amenaza se hizo extensiva a los líderes de restitución en Curvaradó.
Es de anotar que la movilidad neoparamilitar se produce en medio de una base militar, que se instaló de manera inconsulta y en predios despojados a las comunidades.
La amenaza confirma la ausencia de garantías para nuestra labor humanitaria en esta subregión del bajo Atrato. En marzo pasado, luego de las amenazas y torturas a las que fueron sometidos reclamantes de tierra en Pedeguita y Mansilla, apoyados por estructuras armadas, herederas de Sor Teresa Gómez, de los paramilitares de los Castaño Gil, afirmaron que nuestros integrantes serían torturados y asesinados.
Desde esa fecha hasta hoy, nuestro trabajo se ha visto seriamente limitado con estas comunidades, pues la UNP y la Fiscalía General de la Nación, no han actuado con la eficacia requerida.
El pasado viernes, 11 de Diciembre, en la ciudad de Bogotá, hacia las diez de la noche, conocimos que sectores empresariales palmeros se encuentra muy preocupados por el tipo de inversión que realiza la empresa Poligrow Ltda en Mapiripán.
En particular, manifestaron su preocupación por la situación y riesgo del defensor de derechos humanos Fabio Ariza, “hay una situación muy grave de irregularidades y de operaciones ilegales armadas, que pueden llegar a Bogotá”. Los actores privados manifestaron que el trabajo del defensor de Derechos Humanos Fabio Ariza ha permitido que las comunidades indígenas y pobladores del casco urbano se hayan animado a expresar la gravedad de la operación empresarial. Agregaron que en ese municipio es muy delicado lo que está pasando.
Los mismos expresaron que la intervención de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el apoyo a las víctimas es positiva a favor de un proceso de reconciliación y la construcción a la paz. Destacaron la propuesta realizada en la propuesta de reconocimiento de responsabilidad en Bojayá y el respaldo a las iniciativas con las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ y otros grupos de víctimas frente a la verdad y a la justicia.
Esa misma noche en Bogotá, hacia las once, integrantes del esquema de protección de la UNP, para el defensor de derechos humanos, Danilo Rueda, luego de dejarlo en su lugar de residencia, detectaron la presencia de un hombre motorizado.
De acuerdo con el reporte de los escoltas, el hombre se movilizó en el entorno de lugar de habitación del defensor, luego de que Danilo Rueda, ingresara al edificio. Los escoltas luego del ingreso esperaron en el lugar y abordaron al motorizado quien expresó que estaba buscando una dirección, la que no correspondía al lugar en que se encontraba. Tratando de disimular, ingresó a la puerta principal de un edificio vecino sin que nadie le atendiera. Luego, al continuar observando la presencia de los escoltas, éste se retiró.
Segundos después apareció un taxi, con dos hombres en su interior, buscando una dirección similar a la del motorizado. Los escoltas también les abordaron, al observar que tomaron la vía en contravía y se ubicaron en el entorno de la residencia del defensor de manera extraña.
El sábado a eso de las nueve de la mañana, otro motorizado tomó registros fotográficos sobre los edificios vecinos y en el que habita el defensor de derechos humanos, Danilo Rueda. El grupo de escoltas valora que la actuación de este motorizado podría corresponder a una operación de la inteligencia policial.
Semanas atrás, la portera del edificio en que habita el defensor de derechos humanos fue abordada por un motorizado, que la abordó preguntando por las cámaras de vigilancia instaladas en el lugar, y su cobertura. Al no recibir respuesta y preguntar por la entidad que requería la información y el nombre, el motorizado se retiró.
Bogotá, D.C. 16 de diciembre de 2015
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz