Amenazas y amedrentamientos en Santa Rosa, sur de Bolívar

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó denuncia ante a la comunidad nacional e internacional la grave situación en materia de derechos humanos que se presenta en el municipio Santa Rosa del Sur, en Bolívar, donde fueron asesinados miembros de las Farc-EP el pasado 13 de noviembre. El 26 de noviembre la población civil del corregimiento Buenavista sufrió atentados por parte de hombres armados que no pudieron ser identificados.

Cuando eran aproximadamente las 8:00 de la mañana salieron a trabajar desde Buenavista, jurisdicción de Santa Rosa del Sur de Bolívar, Andrés Alfonso Garavito y Jon Garavito (este último menor de edad y primo de Andrés). Andrés trabaja limpiando cacao en una finca del corregimiento y Jon, por encontrarse en vacaciones, decidió ayudar a su familiar.

En el trayecto hacia el lugar de trabajo, por la vía que conduce a la vereda Canelos, aproximadamente a tres kilómetros del lugar de residencia, Andrés y Jon escucharon disparos que provenían de un rastrojo. Andrés, quien iba conduciendo la moto, se lanzó hacia un lado y Jon salió para el otro costado y fue alcanzado por dos balas que le impactaron en el muslo izquierdo.

Andrés y Jon se arrastraron por el camino, rodaron hacia otro rastrojo donde pudieron resguardarse y posteriormente salieron huyendo del lugar. Cuando se sienten seguros, en un sitio cercano, llamaron a sus familiares para que los auxiliaran. Jon fue trasladado por sus familiares hasta Santa Rosa donde está siendo atendido.

Cabe resaltar que Andrés es hermano de Omar Garavito, quien es delegado de la junta de acción comunal en Asojuntas del municipio y es vicepresidente de la Asociación para la Explotación Ganadera de Buenavista -Agropebu-. Omar, como líder social del territorio, participa activamente en diferentes actividades que se promueven tanto desde su organización de base como por parte de Aheramigua. Por estas razones la familia Garavito ha sido víctima de señalamientos y amenazas. En marzo fue asesinado su hermano Wilmer Alfonso. La denuncia correspondiente fue realizada, pero la investigación no ha conllevado a la detención del culpable.

Así mismo se traen a colación los siguientes elementos de contexto que configuran varios factores de riesgo.

• El 16 de agosto de 2016 Aheramigua denunció que en Santa Rosa, sur de Bolívar, Germán Espinel, miembro de Aheramigua, fue amedrentado por seguimientos por parte de un hombre desconocido quien se transportaba en una moto sin placas. Cabe anotar que Espinel es el encargado del área de comunicaciones de la asociación y, si bien se encuentra radicado en Bogotá, su labor le obliga a estar en permanente movimiento por zonas rurales y urbanas en donde Aheramigua lo requiere.

• El 21 de septiembre Aheramigua pone en conocimiento la vulneración a la vida digna que están sufriendo las comunidades del Sur de Bolívar, especialmente las de Santa Rosa; además de los constantes señalamientos y estigmatizaciones de los que son víctimas los miembros de la asociación por parte de miembros de la fuerza pública.

Desde inicios del mes de septiembre, efectivos de la Policía Nacional han realizado operativos de erradicación de cultivos de uso ilícito en el sector Fátima de la serranía de San Lucas, municipio Santa Rosa, Bolívar; ante esta acción la comunidad respondió movilizándose masivamente e intentando interlocutar con los uniformados que realizaban el operativo, logrando que se detuviera el mismo y que se organizara una reunión con el coronel Guio de la Policía de Santa Rosa. En los anteriores eventos Alberto Osorio acompañó y apoyó a la comunidad como miembro de Aheramigua, ya que la asociación trabaja con los campesinos en torno a la idea de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con garantías y apoyo estatal.

• El 15 de septiembre el mencionado coronel atendió a los ciudadanos con el supuesto fin llegar a un acuerdo, pero lo que hizo fue preguntar a la comunidad por “Beto” (así conocen en la región a Alberto), el “bandido que los está organizando”. Esto con el fin crear el estigma de subversivo sobre el miembro de Aheramigua (Es necesario recordar que, en la jerga de las fuerzas armadas, se utilizan indistintamente los apelativos de bandido y terrorista para hablar de la insurgencia).

• El viernes 16 de septiembre, Alberto Osorio se reunió con el Coronel con el fin de aclarar el asunto. Pero durante la reunión el funcionario público informó que se ordenó detener las erradicaciones; sin embargo, también avisó que tomó fotos y videos a todos los asistentes a la reunión, así como a las personas presentes en los operativos de erradicación y que este material fue enviado a la Fiscalía para judicializar a los ciudadanos y hacer extinción de dominio sobre las fincas de los campesinos. Por otro parte el uniformado constriñó de manera amenazante para que detallara ¿quiénes eran los de Aheramigua? ¿para qué organizan a la gente? ¿de dónde sacan los recursos para lo que hacen? ¿quienes son sus miembros?

• El 2 de octubre de 2016 Aheramigua denunció los señalamientos, constreñimientos y participación indebida en política que el Batallón 48 “Prócer Manuel Rodríguez Torices”, presente en el corregimiento Canelos, en Santa Rosa, Bolívar, cometió durante las votaciones por el plebiscito instigando a la comunidad para que votaran por el No en la entrada del punto de votación preparado para este ejercicio electoral.

Por todo lo anterior se exige al gobierno local y nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los derechos humanos, el derecho a la vida, la integridad persona y psicológica, al trabajo, la libre movilidad, y al acceso a la justicia. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a las autoridades pertinentes que se investiguen los hechos aquí denunciados y se proceda al desarrollo de las acciones disciplinarias correspondientes contra los culpables. A la Fiscalía General de la Nación que investigue los actores responsables de los hechos aquí denunciados. A la Unidad Nacional de Protección evaluar de manera urgente la implementación de medidas de protección para las víctimas de los hechos denunciados.

Asimismo se solicita a los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos, intervenir con carácter urgente y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano. A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento a estas comunidades golpeadas por los actores armados.