Amenazas paramilitares mientras avanza la siembra ilegal de palma y la deforestación con conocimiento de la Brigada XVII
“cuando los poderosos dominan, todo el mundo calla, teme, se esconde,
cuando desaparece el terror, los justos se multiplican” proverbios, 28, 28
INFORME 37
Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Curvaradó
RESUMEN
El viernes 3 de junio se realizó en Bogotá la presentación de la Audiencia Defensorial 039 sobre Violaciones de Derechos Humanos y siembra de Palma Aceitera en el Bajo Atrato, este ha sido otro documento que constata la grave situación por la que atraviesan las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó. A pesar de la misma, el Gobierno Nacional que pretende oficiar de mediador entre los empresarios y los afrodescendientes, desconociendo la responsabilidad estatal en el desplazamiento del 2001, los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzadas, las quemas de poblados, que coinciden con los 14 caseríos que hoy se encuentran sembrados con Palma, manifiesta no solo el desconocimiento de su responsabilidades en la situación sino además la ausencia de voluntad política para asumir la medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
Mientras más pronunciamiento de los organismos de control, una actitud de desconocimiento de la situación y la negación a búsquedas de salidas administrativas por parte del Gobierno Nacional. En los últimos 15 días de junio y los primero de julio, la deforestación, la canalización y desertificación en la región sigue avanzando ya dentro del Territorio Colectivo del Jiguamiandó, pasando ya del Territorio Colectivo del Curvaradó. Los daños ambientales y la destrucción del Patrimonio de la Humanidad es invaluable, al tiempos que sobre los pobladores persisten las amenazas, los señalamientos, las presiones, las cuentas de cobro a través de la estrategia paramilitar, al lado de controles militares sobre la palma, la que es protegida en su avance como ahora en Zapayal.
Las actuaciones empresariales, las que vienen realizando desde el 2001, como las de las últimas semanas, y las reconocidas por Vicente Castaño, Comandante de las AUC, se encuentran acompañadas por la Brigada XVII. Se evidencia el desconocimiento de hecho de los derechos de los pobladores afrodescendientes. La instauración de un Estado de Hecho, sustentado en los intereses privados, donde las instituciones gubernamentales y estatales de fuerza son protectores de la ilegalidad. Se constata la actitud OMISIVA, PERMISIVA, COMPLICE y TOLERANTE de las autoridades Policiales de Urabá y de la Brigada XVII con la estrategia encubierta de tipo paramilitar, los abusos de autoridad que persisten contra los afrodescendientes; la INACCION institucional efectiva para frenar la extensión de la siembra de palma aceitera y la ampliación de la ganadería extensiva de modo ilegal, paradójicamente, a la vista de las unidades militares, cuando no en COINCIDENCIA TEMPORAL Y ESPACIAL con la protección de los
Los nuevos crímenes cometidos, las amenazas y las presiones sobre los campesinos coinciden con el requerimiento de siembra de 1200 hectáreas con semillas de Palma que se encuentra cerca de Brisas y de Caño Claro.
HECHOS EN DETALLE
* Domingo 5 de junio, en la Revista Semana, VICENTE CASTAÑO: ¿Cómo se financiaban?
V.C.: Todo venía de los ganaderos y los industriales que hacían aportes directos. En ese momento era mucho más fácil que ahora porque aportaban mucho más. Esos dineros se utilizaban para impulsar el crecimiento de los grupos en otras zonas en donde no había esas personas pudientes que aportaran dinero.
SEMANA: ¿Las autodefensas cómo van a reparar a las víctimas de sus crímenes?
V.C.: La reparación es más simbólica. No entendemos cómo le podemos reponer a una persona un familiar perdido. Nosotros también hemos sido víctimas. El solo hecho de vernos obligados a ingresar a una guerra que nunca quisimos nos convirtió en víctimas desde el primer momento.
SEMANA: ¿Pero la reparación podría incluir, por ejemplo, las tierras que ustedes se han apropiado o han comprado?
V.C.: Si nos toca dar las tierras para programas sociales no hay diferencia porque eso ya lo venimos haciendo con proyectos productivos en varias zonas del país. Queremos que nos dejen hacer nuevos modelos de empresas que ya hemos venido desarrollando a nivel nacional
SEMANA: ¿En dónde está desarrollando esos proyectos?
V.C.: En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes.
* Sábado junio 18 en el Consejo Comunitario presidido por el Presidente ALVARO URIBE VELEZ, en el municipio de Turbo, Urabá Antioqueño, el afrodescendiente MANUEL MOYA expresó: “Dice, Señor presidente Doctor Álvaro Uribe Vélez. Los abajo firmantes, queremos expresarle cuatro grandes aspiraciones que tenemos las comunidades negras de la cuenca hidrográfica del Curvaradó, Bajo Atrato, Chocó:
Definición de la representación legal e interlocución del verdadero representante legal del consejo comunitario de comunidades negras de la cuenca del Curvaradó ante los organismos públicos del Estado.
Esta solicitud se hace debido a que la señora Ligia María Chaverra, quien es actualmente reconocida por el Estado, no goza de la representación legal del consejo comunitario de comunidades negras del Curvaradó debido a que dicha representación fue impuesta bajo presión de las armas, armas perdón, desconociendo la Ley 70 del 93 y sus disposiciones legales. Para constancia se anexan las copias de las denuncias hechas en la Fiscalía General y en el departamento de policía Urabá, decreto 080 emanado de la alcaldía municipal de Carmen del Darién, donde se revoca la intención de la junta directiva y reglamenta la realización de la asamblea, realizada el 12 de septiembre del 2003 en la localidad de Churima, cuenca del río Jiguamiandó.
De igual manera señor Presidente, usted puede solicitar ante la comisión de la Fiscalía…de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación copia de las declaraciones de unos desmovilizados del 57 Frente de las FARC, donde relatan la forma que la señora Ligia María Chaverra fue impuesta como representante legal sin tener en cuenta el decreto 1745 para la elección de los miembros del consejos comunitarios de las comunidades negras.
Uribe: Muy bien. Yo resumiría el problema hasta aquí de la siguiente manera: necesitamos respetar los títulos de las comunidades afrocolombianas, necesitamos palma africana, no podemos tumbar selva, ni un milímetro cuadrado más de tumba…de tumbe de bosque, siembren en los potreros. Ministro, mantenga la mesa de concertación hasta llegar al acuerdo,
Ministro de Agricultura: En eso estamos señor.
Uribe: Yo tengo que ayudar a crearle confianza a la comunidad colombiana para denunciar, pero sin crearle riesgos a los denunciantes. Simplemente eso General, sin preguntarle a la comunidad de donde le provienen las presiones. El favor que yo le ruego a usted y a la policía es impedir aquí cualquier presión de cualquier grupo armado. No se puede permitir grupos armados de un lado ni de otro. Y el ministro, en una mesa de concertación, impulsará que se encuentre la solución.
Ministro Arias: En eso estamos Presidente.
*Lunes 13 de junio se constató la continuación de la siembra de palma aceitera, la construcción mecanizada de canales, dirigidos por un empresario de nombre JUAN GUILLERMO, previa deforestación mecanizada de las comunidades de Caño Claro, Caño Manso y Playa Roja.
Desde este día, la carga y movilización de los recursos forestales se realiza en horas de la noche pasando por el caserío de Brisas en el río Curvaradó cruzando por Belén de Bajirá en 6 camiones.
Simultáneamente, la movilización de madera de los propietarios auténticos es impedida por las autoridades locales. El transporte del recurso forestal se realiza en medio de fuerte presencia militar, policial y la paramilitar en Brisas, Belén de Bajirá y Barranquillita.
* Lunes 20 de junio, en horas de la tarde se conoció del hallazgo de cerca de 4 cadáveres, a pocos metros del puente ubicado cerca del municipio de Mutatá en la vía que conecta a Belén de Bajirá con ese municipio. De acuerdo con relatos de la región, los responsables son “civiles” armados de la estrategia paramilitar que se concentran entre el casco urbano de Belén de Bajirá, Mutatá, Curvaradó y Urada
* Miércoles 22 de junio, en horas de la tarde nuestra Comisión Justicia y Paz, tuvo conocimiento que en la vía que conduce del casco urbano de Belén de Bajirá hacia Nuevo Oriente, “civiles” armados de la estrategia paramilitar asesinaron a una trabajadora de las plantaciones de Palma de nombre MARIA, apodada “La Macha”. La trabajadora oriunda de Belén de Bajirá fue despedida por la empresa URAPALMA S.A. dos días antes.
* Viernes 24 de junio, nuestra Comisión de Justicia y Paz, recibió el testiminio de que En el caserío de Santa María, cerca de Belén de Bajirá, “civiles” armados de la estrategia paramilitar comandados por el apodado “El Compadre” continuaron presionando a los campesinos que aún se encuentran en la zona para que se presenten periódicamente a la base y los centros de información en Belén de Bajirá a fin de “conocerlos” . Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar exigen una cuota de $ 3.000 (1.25 US) semanales, de no participar en la reuniones se les sanciona con $20.000 ( 8.50 $ US).
* Lunes 27 de junio, pobladores de la región denunciaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz, que el empresario de la palma JAIME SIERRA, continúa ordenando, de manera directa, el avance de la siembra en los territorios con títulos individuales y colectivos, a pesar del conocimiento que tiene de las resoluciones de Codechocó y de las conclusiones de los Informes del Incoder, la Resolución Defensorial.
En las actividades de deforestación, canalización y siembra realizada por la empresa de SIERRA, de acuerdo, con testigos se ha contado con la protección y presencia perimetral de la Brigada XVII o en su defecto de “civiles” armados de la estrategia paramilitar.
* Jueves 30 de junio, aproximadamente entre las 3.30 y 4.00 p.m. un grupo de 4 hombres vestidos de blanco, algunos con sombreros blancos, y ponchos se ubicaron en la margen izquierda del río Jiguamiandó enfrente de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”. Los hombres gritaron desde la otra orilla, exigiendo que la comunidad los cruzara el río, les indicara en donde se encontraba el cerro Cara de Perro –lugar de yacimientos -, les ubicara el lugar de paso de la carretera conduce de las plantaciones de siembra ilegal de palma de aceite hasta el caserío de Brisas.
Ante la solicitud de las mujeres de la comunidad de identificarse, los hombres se negaron a hacerlo, reiteraron sus preguntas y expresaron: “dejen la desconfianza” , se echaron a reír, se retiraron del lugar en dirección a Brisas.
* Viernes 1 de julio, a las 2:00 p.m. en el entorno del punto conocido como Zapayal testigos identificaron el avance de la destrucción forestal, el inicio de la marcación de nuevas plantaciones que serán arrasadas y la desertificación de las fuentes de agua
* Martes 5 de julio, a las 12:30 en el río Atrato aguas abajo a menos de 10 minutos del casco urbano del Carmen del Darién, fueron vistas dos remolcadores de la Empresa Maderas del Darién, “El Tigre” y “El Tiburón” arrastrando rastras de árboles de 80 c.m. de ancho por 5 mts de largo, aproximadamente, sumando una longitud aproximada de 300 metros.
* Viernes 8 de julio se tuvo conocimiento del asesinato de 4 trabajadores que se dedicaban a actividades de aserrío, cuyos cuerpos fueron hallados en la zona aledaña a la comunidad de ANDALUCIA, comunidad del tìtulo colectivo de Curvaradó, plantada ilegalmente con palma aceitera.
A la fecha el empresario de la palma JAIME SIERRA continuaba promoviendo la siembra de palma y reuniones con los legítimos propietarios de las tierras para “arreglar lo de las tierras”. El empresario argumentaba en las reuniones que si le estaban exigiendo que devolviera las tierras, el también tenía su abogado para defenderlas.
*Jueves 14 de julio, unidades militares de la Brigada XVII, en horas de la tarde, acompañaron al empresario JAIME SIERRA al punto conocido como Zapayal, Territorio Colectivo del Jiguamiandó, a pocos minutos de la Zona Humanitaria ofreciendo a la familia NUÑEZ, habitante tradicional de una mejora de 400 hectáreas salir de allí, recibir a cambio otra propiedad en Caño Claro. El empresario agregó que el campesino debía entregar su tierra porque esta se encontraba comprometida con la siembra de Palma. La “tierra está ya prevista dentro de un negocio”.
El poblador expresó que esa decisión no la podía tomar solo, que era necesario consultar la ley de comunidades negras y a sus familiares.
* Viernes 15 de julio, a las 7:40 a.m. Noticias RCN divulgó la información según la cuál entre Curvaradó y Vigía del Fuerte, la guerrilla de las FARC EP destruyó maquinaria de empresas palmicultoras.
LINEAS DE INTERPRETACION
La ilegalidad en la apropiación de tierras y Territorios de las Comunidades mestiza y afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó pretende ser negada, ocultada y tergiversada.
Las falsas argumentaciones empresariales y gubernamentales, pretenden en algunas ocasiones culpabilizar a las comunidades de las siembra ilegal de la palma, pues algunos, pobladores “vendieron” sus predios individuales, desconociendo en este argumento, la invalidez de la venta. En otras ocasiones pretenden dar rienda a la creatividad judicial, con falsos procesos judiciales, amparando a voceros que defienden los intereses empresariales, negando el derecho a la consulta. O finalmente, dando rienda suelta a la ampliación de los mecanismos de presión y de corrupción para hacer de lo ilegal lo legal.
Todas las justificaciones de tratar de hacer lo ilegal y lo legal se caen de su peso.
Son múltiples las denuncias de falsificación de documentos públicos, de presiones y de amenazas sobre los propietarios de títulos individuales, se arguye que el problema es que dentro de los Territorios Colectivos se encuentran tierras con titulación anterior a la ley 70, por lo que se deduce que el INCORA – hoy INCODER – no realizo una titulación ajustada a las disposiciones contempladas en el procedimiento de adjudicar propiedad Colectiva. De este hecho se concluye que, en sana lógica, los afrodescendientes en sus tierras ancestrales fueron invasores y que a ellos les antecedió la presencia de foráneos.
Son múltiples los mecanismos cómo se ha pretendido usar del ente investigador, la fiscalía, para encerrar a los líderes de las comunidades que se han negado a aceptar, una siembra, un negocio, que no tiene ninguna ética, que se sustenta en la muerte, en la destrucción del patrimonio de la humanidad.
Cuando se atraviesa este panorama es acaso posible hablar de una solución en ética empresarial? Qué pasa con los destrozos a la vida e integridad personal de un pueblo originario? Qué pasa con los destrozos y daños al patrimonio de la humanidad? Los de ayer y los de hoy. La obsesión por el dinero no tiene ética, no respeta la vida humana, la palabra, ni la naturaleza
Por eso, nuestras preguntas, ante las actuaciones del gobierno continúan siendo las mismas.
Por qué no actúan administrativamente, en Derecho, antes que en silencio o en intermediación con el ESTADO DE HECHO EMPRESARIAL Y PARAINSTITUCIONAL?
A pesar de las Recomendaciones del INCODER, una de ellas referidas a PARAR INMEDIATAMENTE LA AMPLIACIÓN DEL CULTIVO, de la Directiva 08 del Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON y de la esquiva Resolución de la Corporación Autónoma del Chocó, CODECHOCO, y de la Resolución Defensorial, la palma avanza sin descanso arrasando la biodiversidad y sitiando a los afrodescendientes que se encuentran en las Zonas Humanitarias.
Por qué las medidas efectivas no se han tomado para evitar la ampliación de la siembra de palma en el último mes y medio?
Por qué la Fuerza Pública ampara la actuación ilegal, si se conocen resoluciones de Procuraduría, Codechocó y la Defensoría?
Por qué los campesinos continúan siendo sometidos a presiones paramilitares y empresariales, a la vista de las Fuerzas Militares ?
Por qué avanzan falsos procesos judiciales contra los afrodescendientes que defienden sus Derechos en el marco de la ley 70, que afirman su derecho a la justicia y al ambiente, como patrimonio de la humanidad? Por qué tanta dilación para actuar? Qué derechos se protegen?
Cómo puede pretenderse oficiar el gobierno como un MEDIADOR entre los empresarios y las comunidades, cuando la situación que se ha presentado es de HECHO y lo aquí consignado refleja niveles de complicidad institucional profundas
Qué garantías existen de un Retorno para los pobladores, cuándo los poblados abandonados por el desplazamiento forzado del 2001 debido a los asesinatos, las torturas, las quemas de poblados, que comprometen directamente la responsabilidad del Estado, pues las operaciones que dieron origen a las violaciones de derechos humanos son la estructuras de la Brigada XVII y la estrategia paramilitar, hoy se encuentran sembradas de palma?
Que garantías existen cuándo las autoridades locales son participes de falsificaciones, de actuaciones corruptas que favorecen los intereses empresariales y ofician con una actitud sorda, cómplice ante las actuaciones paramilitares ? .
Por qué el Gobierno Nacional continúa insistiendo que las medidas provisionales no tienen absolutamente nada que ver con la siembra de palma, cuando justo la siembra extensiva dentro del Territorio Colectivo, impide el retorno de 14 comunidades? Cuándo existe una absoluta coincidencia de las operaciones de control y de registro de la Brigada XVII con la de las propiedades arrasadas por los empresarios? Cuándo existe una alternación en la protección armada, cuando se combina lo paramilitar y lo militar?
Qué existe detrás de los falsos procesos judiciales contra MARIA LIGIA CHAVERRA, representante legal del Consejo Comunitario del Curvaradó y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz?
Hoy se sigue constatando que las actuaciones de la violencia política están absolutamente relacionadas con la ilegalidad en la siembra. El pretexto de la persecución a la guerrilla de las FARC EP ha sido la destrucción de vidas humanas de campesinas y de campesinos, y del patrimonio de la humanidad. No puede haber una coincidencia mayor, 14 comunidades afrodescendientes desplazadas desde el 2001 en el Curvaradó, 14 comunidades sembradas en palma aceitera.
Cinco años después, algunos métodos se han sofisticado, como se expresa en el Proyecto de Alternatividad Social, PASO, de las estructuras paramilitares del Bloque “Elmer Cárdenas”, y lo reitera el Comandante Vicente Castaño de las AUC. El arrasamiento a sangre y fuego pasa a una fase de control, y de reconciliación – práctica concreta de la reingeniería de la impunidad- de control con presencia armada e intimidaciones y amenazas y judicializaciones y el progreso con asociaciones campesinas y consolidación de cooperativas, en las que seguramente se proyecta la propuesta de reconciliación de la ley de “justicia y paz”. Es acaso esto, transparente, correcto, propio de un Estado de Derecho, de un Estado democrático?
Hoy la sitiación empresarial coincide con la sucesiva serie de amenazas y advertencias de muerte a través de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar que subsiste con la aquiescencia, acción, omisión de la Brigada XVII y de la Policía de Urabá, con los patrullajes de control sobre la siembra que realiza la Brigada XVII, cuando no a través de paramilitares y los permanentes abusos de la Policía de Urabá en el Carmen del Darién sobre los afrodescendientes y mestizos que habitan en las Zonas Humanitarias.
En las actuaciones eficaces y efectivas del Gobierno Nacional está la posibilidad de enderezar, de reconstruir el Estado de Derecho. Hasta hoy, todo muestra el desconocimiento absoluto de las medidas provisionales resueltas y ratificadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de marzo.
Las respuestas eficaces y de fondo son inexistentes, por eso la siembra de la palma avanza y la extensión ganadera, no hay condiciones de retorno porque la tierra es aridez, es palma. Todo muestra que no existe voluntad real gubernamental para enfrentar el enquistamiento parainstitucional en la región, abdicando de este modo en la protección de los derechos de los afrodescendientes.
Evidentemente, el Gobierno Nacional durante este período, nunca impulso las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación a pesar de todo lo sucedido nunca indagó con profundidad, el más de un centenar de Crímenes, muchos de ellos de Lesa Humanidad, continúa en investigaciones dispersas, y persiste en abocar como prueba reina el testimonio de las víctimas, para después desestimarlas o acusarlos falsamente de no contribuir con el aparato de justicia. Y ahora en el nuevo momento judicial, la estructuras criminales expiarán ciertas responsabilidades con proyectos económicos, bofetada para las víctimas.
En sus decisiones y actuaciones está la responsabilidad de evitar la extinción del pueblo del Jiguamiandó y del Curvaradó enfrentando las estructuras paramilitares y la siembra ilegal de palma aceitera.
Hoy cinco años después, de las primeras Constancias Histórica y Censuras Morales y Eticas dirigidas al alto Gobierno expresa que nunca actuaron para enfrentar la estrategia parainstitucional, paramilitar, para política, para social a través del proyecto PASO en la región. Y hoy casi tres años después, la política de Seguridad demuestra, en este caso, como en muchos más, que los excluidos y que los empobrecidos que afirman sus derechos no son protegidos en sus derechos a la vida y al Territorio.
Bogotá, D.C 21 de julio de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ