Amenazas de muertes de paramilitares
Trece políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos han sido declarados “objetivo militar” por un grupo paramilitar, que ha anunciado su intención de matarlos.
La organización paramilitar Ejército Anti Restitución de Tierras envió el 3 de julio un mensaje de correo electrónico en el que cita a 13 personas a las que califica de “objetivo militar”, entre ellas políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos. El mensaje incluye las fotografías de los 13, y enumera sus nombres bajo el encabezamiento “objetivos”. La amenaza dice: “13 guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares”. El texto continúa: “Nuestro ejercito tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere [sic] quitarle la tierra [sic] los ciudadanos de bien para darsela [sic] a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te [sic] tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no tambien [sic] …”.
Muchas de las personas citadas en la amenaza de muerte trabajan en zonas en las que la gente ha respaldado las peticiones para que les sean devueltas sus tierras, de acuerdo con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que entró en vigor a principios de este año. El 18 de julio se celebrará en el Congreso una vista pública sobre la política de restitución y devolución de tierras, en la que está previsto que participen dirigentes de grupos de todo el país que luchan por la restitución de tierras. Varios de esos dirigentes han sido asesinados desde que el Congreso aprobó la ley a mediados de 2011.
INFORMACIÓN ADICIONAL
En el transcurso del prolongado conflicto armado de Colombia, millones de hectáreas de tierra han sido robadas, a menudo con violencia, a sus dueños legítimos, especialmente comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Las diversas partes en el conflicto –en un bando, los paramilitares y las fuerzas de seguridad, actuando juntos o en connivencia, y en el otro, los grupos guerrilleros– han expulsado de sus hogares a más de cinco millones de personas.
Los dirigentes de las comunidades desplazadas y los que piden la devolución de las tierras robadas han sido víctimas de homicidios y amenazas, especialmente desde que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se aprobó en junio de 2011 y entró en vigor a principios de 2012. Esta ley reconoce la existencia de un conflicto armado en el país, y los derechos de sus víctimas. Además, prevé una reparación para muchos de los supervivientes de abusos contra los derechos humanos, incluidos los perpetrados por agentes del Estado. Sin embargo, priva a muchas otras víctimas del conflicto de la posibilidad de presentar reclamaciones de reparación, y hace que importantes extensiones de tierras robadas puedan no ser devueltas a sus legítimos dueños. No hay salvaguardias suficientes para garantizar que las personas a las que se devuelven las tierras no se ven obligadas a entregarlas de nuevo, incluso a los mismos que las habían expulsado de ellas. Muchas de las personas que hacen campaña por la restitución de tierras, o que piden que les sean devueltas sus tierras, han sido amenazadas o asesinadas, lo cual puede socavar la aplicación de la ley.
Desde febrero de 2012 se ha informado en distintas partes de Colombia sobre la presencia de fuerzas paramilitares que se denominan a sí mismas “ejércitos antirrestitución”. La organización paramilitar “Ejército Anti Restitución de Tierras”, que según algunas estimaciones se compone de un millar de miembros, empezó a actuar en julio de 2012 en la zona de Montes de María, en los departamentos de Bolívar y Sucre, en el noroeste de Colombia.
Durante el conflicto armado de Colombia, que ha durado más de cuatro décadas, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han calificado frecuentemente a las organizaciones de derechos humanos y a los sindicatos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, y han amenazado, secuestrado o matado a sus miembros. Los grupos guerrilleros también han amenazado o matado a defensores y defensoras de los derechos humanos y a sindicalistas a los que consideran aliados del enemigo.
Los grupos paramilitares de Colombia supuestamente se desmovilizaron en un proceso promovido por el gobierno que comenzó en 2003 pero, por las constantes amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra otros grupos vulnerables en distintas partes del país, está claro que siguen actuando.
Varias de las personas citadas en la amenaza participaron también en la manifestación organizada el 6 de marzo de 2012 por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) para pedir la puesta en marcha de un proceso efectivo y completo de restitución y restauración de las tierras confiscadas violentamente por todas las partes del conflicto: los paramilitares, las fuerzas de seguridad y los grupos guerrilleros.
Nombres: Hombres: Iván Cepeda, Diego Martínez, Jeison Pava, Juan David Díaz Chamorro, Franklin Castañeda, José Humberto Torres y Pedro Geney. Mujeres: Gloria Cuartas, Piedad Córdoba, Soraya Gutiérrez, Ayda Quilcué, Yessika Hoyos y Lilia Solano
Amnistía Internacional