Amenazas de Muerte y Judicializaciones a la USO

AMENAZAS DE MUERTE
Y NUEVAS JUDICIALIZACIONES POR TERRORISMO
CONTRA PARTICIPANTES DE LA JUSTA HUELGA POLÍTICA

Días antes de haber firmado el acta de acuerdos que originó el levantamiento de la justa huelga política de los trabajadores petroleros, se tuvo conocimiento que los paramilitares del Sur de Bolívar ordenaron a sus hombres que actúan abiertamente en la ciudad de Barrancabermeja atentar contra la vida de los dirigentes sociales y trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera que participaron en el movimiento huelguístico.

Se tiene advertencia que los paramilitares que operan con la aquiescencia y apoyo directo de las autoridades militares y políticas en la región del Magdalena Medio han ordenado asesinar a los dirigentes sindicales PEDRO JULIAN COTE de la Junta Nacional de la USO; y JUAN CARLOS GALVIS presidente de la CUT Barrancabermeja; igualmente contra dirigentes sociales que participaron activamente en las asambleas obrero-populares efectuadas en los barrios marginales convocadas por El Foro Social de Magdalena Medio.

Mientras que se derrumba el proceso penal por el delito de rebelión contra los compañeros EDGAR MOJICA VANEGAS, RAMÓN RANGEL, JAIRO CALDERÓN, LUIS VIANA y ALONSO MARTÍNEZ capturados el 19 de octubre de 2001, se ha iniciado una nueva ola de judicializaciones, contra miembros de la Unión Sindical Obrera, evidentemente retaliativa por su participación en la huelga.

En esta ocasión, los trabajadores sindicalizados se les investiga por el delito de TERRORISMO, con base en montajes orquestados por la inteligencia militar y la fiscalía. Sus procesos han sido edificados de forma arbitraria por los fiscales 277 y 273 Seccionales de Bogotá, quienes obedeciendo órdenes directas del Fiscal General de la Nación y despachando desde las mismas instalaciones de ECOPETROL abrieron numerosos expedientes contra los trabajadores que estuvieron en pie de huelga, remitiendo las investigaciones a la justicia especializada de Bucaramanga, donde actualmente han proferido medidas de aseguramiento por el delito de TERRORISMO, tal como ha ocurrido con los trabajadores EDWIN PALMA EGEA y JAMER SUAREZ SIERRA.

Las amenazas de los grupos paramilitares que operan en el Magdalena Medio y la abierta intención de judicializar por terrorismo a los trabajadores afiliados a la USO, evidencia que se continuará la política de exterminio del movimiento obrero que cuestiona la concentración de la riqueza y denuncia la apropiación descarada de nuestros recursos energéticos por parte de las multinacionales petroleras. El movimiento sindical, concretamente la Unión Sindical Obrera, es víctima del TERRORISMO DE ESTADO que se expresa los siguientes hechos de violación a los derechos humanos:

El 26 de mayo, a las 12:30, seis horas después de firmado el acuerdo de terminación del movimiento huelguístico, fue enviado a la residencia de unos de los trabajadores participante de la Huelga un sufragio en que anunciaba su muerte. Igualmente durante las marchas, mitines y asambleas convocadas por la USO y el Foro Social del Magdalena Medio estuvieron civiles armados a ordenes de la Policía Nacional quienes fotografiaron, grabaron y filmaron a los manifestantes, actuaciones que se han hecho al parecer, sin orden judicial y se desconoce su utilización.

El 28 de mayo de 2004, el mismo día en que ocurrieron los presuntos hechos delictivos, el fiscal seccional 277 de la ciudad de Bogotá JAIME ALIRIO DIAZ GAMBOA ordena abrir investigación penal contra los dirigentes sindicales de la Subdirectiva de El Centro LUIS MESIAS SUAREZ y ALFREDO PLATA y contra el trabajador de base afiliado a la Uso GUILLERMO EDUARDO LASTRE CASTILLO. Los cargos formulados en la indagatoria fueron por daño en bien ajeno y amenazas, según la fiscalía por presuntos hechos ocurridos en las instalaciones de El Centro de ECOPETROL cuando los trabajadores se dirigían a sus puestos de trabajo a verificar las condiciones en que los recibirían luego de la huelga, siendo recibidos de forma agresiva por vigilantes armados de la empresa privada SEVICOL Ltda y miembros de la policía nacional del corregimiento de El Centro al servicio de ECOPETROL, quienes impidieron el ingreso de los trabajadores a las instalaciones internas.

El 2 de junio de 2004, circuló en la ciudad de Barrancabermeja un anónimo en la que se formulaban señalamientos y amenazas de muerte contra los dirigente sindicales JAVIER VILLANUEVA, HERNANDO HERNÁNDEZ, NELSON DÍAZ, PEDRO JULIAN COTE y VÍCTOR JAIMES, quienes son tildados de formar parte de grupos rebeldes. Termina el anónimo con la frase “Fuera Guerrilleros de la USO, fuera, fuera…”

Son los grupos paramilitares, que actúan abiertamente con la anuencia y apoyo de las autoridades militares del puerto petrolero, los autores de estas amenazas y señalamientos que circularon ampliamente en Barrancabermeja. Pero en este caso sorprende la inactividad de la Fiscalía para determinar el origen de estos comunicados. No hay sospechosos, ni detenidos procesados por terrorismo, como lo están haciendo con los trabajadores que participaron en la huelga.

El 3 de junio de 2004, en horas de la tarde fue allanada la residencia del trabajador de base operador de plantas JAMER SUÁREZ SIERRA. La orden de registro fue impartida por las Fiscalías seccionales procedentes de la ciudad de Bogotá con apoyo del cuerpo técnico judicial. Una vez registrada su vivienda procedieron a detener al trabajador quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Barrancabermeja con medida de aseguramiento por el delito de TERRORISMO. Este proceso se funda en la declaración de un supuesto testigo preso en la cárcel del Puerto Petrolero, quien de forma extraña formula aseveraciones falsas contra JAMER y contra la Unión Sindical Obrera.

El 11 de junio de 2004 en el barrio la Libertad de Barrancabermeja, el trabajador temporal afiliado a la USO ANTONIO RIVERO DIAZ fue brutalmente golpeado por miembros de la Policía Antimotines Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD –. El trabajador fue agredido en el piso por varios agentes quienes le propiciaron golpes en brazos y espalda, ocasionándole incapacidad medico-legal de 10 días. Posteriormente es conducido a la fuerza hacia las instalaciones de la SIJIN, para después ponerlo a disposición de la fiscalía seccional de turno, iniciándole proceso penal por el delito de lesiones personales contra sus agresores.

El 11 de junio de 2004, en lugar público de Barrancabermeja fue detenido el trabajador de base y afiliado a la Uso EDWIN PALMA EGEA de 20 años de edad, simultáneamente su vivienda fue allanada por miembros del CTI y de la Fiscalía. El compañero fue llevado a las instalaciones de la SIJIN de Barrancabermeja, para luego tomarle indagatoria donde confusamente se le formulan cargos según el Fiscal 277 de Bogotá por los delitos de TERRORISMO TELEFONICO y TERRORISMO MEDIANTE ESCRITO ANÓNIMO supuestamente por haber ser el autor de varios boletines que circularon durante la huelga en la que se denunciaban a las personas que permanecían laborando. Durante el allanamiento a su vivienda fue decomisada una CPU de computadora, en el momento que la familia pregunta por este objeto la Fiscalía manifiesta que ellos no la tienen.

Las labores de inteligencia realizadas por los miembros del CTI se fundamentan en ANÓNIMOS, vulnerando abiertamente el derecho a la defensa y pone en duda la imparcialidad del ente investigador al darle credibilidad a testigos ocultos. Actualmente el compañero se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Barrancabermeja, lugar que no reúne las condiciones para su seguridad por cuanto es de público conocimiento que este centro es controlado por los paramilitares.

El 17 de junio de 2004, trabajadores de base, temporales y contratistas de la USO llevaron a cabo una concentración frente a la Alcaldía de Barrancabermeja, con el objeto de solicitar permiso para realizar una marcha DE COMPAÑEROS CONTRATISTAS Y DESEMPLEADOS DE Barrancabermeja y trabajadores de ECOPETROL, por la decisión de la administración de ECOPETROL de contratar de forma temporal a personal de afuera. En el lugar fueron constantemente hostigados y provocados por la fuerza pública, en razón a lo cual cerca de la 16:00 horas los dirigentes sindicales ordenaron disolver la concentración, dirigiéndose hacia la biblioteca del colegio de USO. En el lugar llamado Cristo Petrolero por la avenida circunvalar hasta la USO, sub-directiva refinería, los miembros del ESMAD empezaron a correr tomándose el ancho de la avenida, golpeando fuertemente los escudos, haciendo sonar las botas y atropellando a los trabajadores. En ese momento como reacción la gente corre y entra al interior de la sede de la sub-directiva. Entonces los antimotines lanzaron gases lacrimógenos y comenzaron a golpear a los obreros.

Quienes se ubicaron dentro de la biblioteca de la USO, fueron asaltados por casi treinta miembros de la ESMAD, que tumbaron la puerta de acceso a puntapiés. Varios de ellos fueron golpeados con bastones y arrojados al piso, otros son sujetados por los cabellos y sacados a la fuerza para subirlos a la tanqueta de la policía, siendo detenidos de forma arbitraria el miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la USO-ECOPETROL RAMÓN RANGEL, los trabajadores temporales: FERNANDO ROJAS, EDILSON NORIEGA y FREDY TORO GALVIS; los trabajadores de base: HERNANDO ARIZA, LUIS POLO y OSCAR JAVIER CELIS SUÁREZ; y los trabajadores independientes VIRGILIO DE LA ROSA DIAZ y JAVIER CARVAJAL.

Los trabajadores son conducios al las instalaciones del Comando Operativo Especial del Magdalena Medio –COEMM-, siendo maltratados física y verbalmente por los policías. Una vez allí, son conducidos a la oficina de la SIJIN donde no se les informa los motivos de privación de la libertad. Al miembro de la Comisión nacional de Derechos Humanos RAMÓN RANGEL los policías de forma agresiva le decían: “al fin logramos detener al dirigente que estaba provocando”. En el COEMM miembros del ESMAD les decía a los trabajadores retenidos que ellos “eran personal subversivo”, inmediatamente revisaron los bolsos de cada uno, porque según los policías allí “debería de haber panfletos de la subversión”, comprobando que solo había ropa de trabajo.

Otro trabajador que ya se dirigía para su casa fue retenido por varios agentes de la policía perteneciente al ESMAD, quienes lo sujetaron del brazo y golpearon con los bastones por las piernas. Le propinaron cinco golpes fuertes con el bolillo. Mientras realizaban estos actos de tortura, los policías se cubrían la cara con el escudo para que la gente no los identificaran. Posteriormente procedieron a llevarlo a un camión grande de la policía, le dijeron que se subiera, a lo que el trabajador respondió que no podía hacerlo porque estaba esposado, razón por la cual el Coronel GIL CAICEDO, comandante de la Policía de Barrancabermeja, se agachó y lo alzó lanzándolo al camión de forma brusca, hecho éste que fue presenciado por el Defensor del Pueblo Regional, JORGE GOMEZ. Luego lo llevaron hacia las instalaciones del COEMM en la electrificadora, donde ya estaban los demás compañeros detenidos.

Ante la presión que se hizo por parte de la defensoría regional del pueblo y la presencia solidaria de los trabajadores petroleros y de las organizaciones sociales y de derechos humanos, son puestos en libertad a 19:15 horas. Los trabajadores registran signos de golpes en sus cuerpos.

Un periodista de un canal de TV regional fue amenazado por un miembro de civil perteneciente de la SIJIN, lo cual fue registrado por un noticiero regional de Televisión. Igualmente la periodista que cubría los hechos, LUZ DARY INES del canal local de televisión “Enlace 10” fue brutalmente golpeada al parecer por miembros de la policía vestidos de civil, quienes se encontraban en momentos de la refriega al frente del edificio de la Alcaldía. Como consecuencia del golpe, la periodista de 30 años de edad, sufrió tres fracturas del pómulo, una muela partida y un hematoma en su ojo derecho, siendo examinada por medicina legal, que le determinó una incapacidad medico-legal de 40 días. Se presume que los responsables de este grave hecho atentatorio contra la libertad de prensa son miembros de instituciones armadas del Estado debido a que la periodista durante el desarrollo de la huelga realizó varios programas en la que cuestionó los excesos de la fuerza pública contra los huelguistas.

Actualmente se tiene el informe concreto que existen 33 procesos contra dirigentes y afiliados de la USO. La mayoría en investigación preliminar por el cargo de amenazas, daño en bien ajeno, injuria y terrorismo. Lo anterior hace presumir que continuará los allanamientos y capturas contra trabajadores que valientemente apoyaron la huelga política convocada por la USO. Como lo sucedido con EDWIN PALMA seremos judicializados por TERRORISMO, todo por defender los recursos energéticos que pertenecen a todo los colombianos.

La responsabilidad directa de lo que pueda ocurrir a los compañeros recae exclusivamente en el Presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ quien como mandatario de la Nación y comandante supremo de las fuerzas armadas de Colombia y en cumplimiento de su deber de garante lo obliga tomar las medidas necesarias para que de forma inmediata imparta ordenes a los comandos de paramilitares de la estrategia encubierta del estado de suspender todo hecho de retaliación y se garantice la vida de cada uno de los trabajadores afiliados a la USO y sus dirigente, máxime cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA profirió medidas cautelares a favor del sindicato y sus afiliados.

En los 36 días de huelga política se logró reactivar el movimiento obrero-popular del puerto petrolero, y despertar en todo el país expresiones concretas de solidaridad de clase alrededor de Huelga. Además, se confrontó con Dignidad las propuestas privatizadoras del gobierno, se fue un obstáculo para las multinacionales de combustibles que persistentemente han querido apropiarse de nuestros recursos energéticos; se confrontó el autoritarismo de URIBE VÉLEZ, quien no duda en “negociar” con los paramilitares, mientras que la justa Huelga Política fue reprimida despidiendo 248 compañeros y judicializando la actividad sindical tildándola de terrorista.

Ante el irrebatible triunfo del movimiento obrero-popular de la Unión Sindical Obrera y del pueblo de Barrancabermeja se prevé retaliaciones mediante la aplicación de guerra sucia contra todos los participantes de la histórica huelga, por tanto responsabilizamos a URIBE VÉLEZ, a los comandantes de la V Brigada del ejercito, al Batallón Antiaéreo Nueva Granada de Barrancabermeja, y al comandante de la Policía Nacional de Barrancabermeja Coronel JOSÉ WILLIAM GIL por cada uno de los hechos de violación a los derechos humanos que se han y puedan registrar desde que se levantó la Huelga Política de ECOPETROL.

La persecución, hostigamiento y actos de exterminio, que sufren hoy los trabajadores sindicalizados de la USO, que han defendido los recursos petrolíferos del país, convirtiéndose en un obstáculo en la implementación de medidas que favorecen los intereses de las multinacionales, tiene una estrecha relación con los actos de genocidio, delitos de lesa humanidad y de guerra, que vive el pueblo de Irak, perpetrados en aras de la dominación y control de un país eminentemente petrolero.

Estos hechos evidencian que la guerra, independientemente de sus formas, es una motivada en el afán por la concentración de las riquezas del mundo, profundizando la dependencia y la dominación. Igualmente, demuestran que la RESISTENCIA obrero-popular en el mundo es una realidad que crece.