Amenazas de muerte por la siembra de palma
“La tierra grita y sus surcos lloran con ella, han destruido sus frutos, han hecho morir a sus dueños, ¡en vez de trigo broten en ella espinas, y en lugar de cebada hierba hedionda! ” Job 38-39
RESUMEN
Durante los últimos 15 días de abril se intensificó la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, con deforestación de árboles primarios, bosques nativos de los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó. Al lado de la deforestación se ha iniciado la desertización, la relimpia de canales, la preparación de potreros para la ganadería.
A pesar de los compromisos del Gobierno Nacional en la Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 14 de marzo, de actuar en relación con las empresas palmicultoras para que cesen en sus actuaciones y definir mecanismos para resolver el problema de fondo, lo que se ha constatado es una avance acelerado de la preparación de nuevos predios, la destrucción ambiental, la imposibilidad de retorno de las familias afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó y el incremento de amenazas de muerte en desarrollo de estrategias paramilitares que cuentan por ACCION y por OMISIÓN con la Brigada XVII y la Policía de la región.
Las nuevas amenazas de muerte han sido proferidas en medio de operaciones militares de presencia territorial de la Brigada XVII contra los verdaderos propietarios, que ante la inacción gubernamental, la negligencia del ente investigador y de organismos de control han intentado recuperar las fincas para su sobrevivencia. A lado de las amenazas de tipo paramilitar, personal vinculado con las empresas palmicultoras han intimidado a los pobladores –legítimos dueños- con la advertencia de que mataran a 5 de ellos y quemarán las enrramadas de sus fincas si persisten en trabajar en las propiedades, que ya están destinadas para la siembra de palma.
HECHOS EN DETALLE
* Entre el lunes 11 de abril y el 24 de abril, durante todo cerca de 8 días laborables, los puntos conocidos como Caño Claro y la Cristalina, en áreas pertenecientes al Consejo Comunitario del Curvaradó han marcado las próximas áreas de bosque que serán tumbadas.
Los trabajadores pagados por las empresas palmicultoras, abrieron guarda Rayas para la ubicación de lotes y adelantar los transplantes de semillas en su entorno y como custodia perimetral han contado con la presencia de unidades militares de la Brigada XVII.
Entre los Kilómetros 10 y 11, durante la semana del lunes 18 al 22 de abril, un hombre apodado “El Compadre” con un grupo de trabajadores, adelantó la preparación de potreros, en propiedades ancestrales de modo ilegal, al lado y lado de la carreteras adecuadas por las empresas palmicultoras dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario del Curvaradó.
En los lugares aledaños al caserío conocido como Santa María, los verdaderos dueños de esas propiedades constataron que las empresas palmicultoras argumentan que esas tierras les pertenece, desconociendo los documentos que acreditan la propiedad de las familias expropiadas.
En el sitio conocido como Zapayal, a 45 minutos a pie de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”, de frondosa selva, trabajadores de las empresas palmicultoras trazaron trochas al lado y lado del río para iniciar de modo ilegal, la tala de árboles y la construcción de canales como preparación para la siembra de palma.
Desde el lunes 18 de abril hasta hoy 25 de abril, en la zona humanitaria “Nueva Esperanza”, cuenca del río Jiguamiandó se ha escuchado desde tempranas horas del día el sonido de motosierras, maquinaria pesada y el sonido del apeo de árboles en dirección del río Zapayal, mientras unidades paramilitares se movilizan por tierra.
* Domingo 24 de abril, a las 4:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada por el poblador DOMINGO TORRES, ubicado entre las antiguas comunidades de Camelia y Villa Luz, hombres que trabajan para las empresas palmicultoras entre ellos uno apodado como “Dimas” y otro de nombre ORLANDO MORENO, abordaron a este campesino y a otros que lo acompañaban en sus actividades de siembra y recogida de cosechas. El llamado “Dimas” amenazó de muerte a los campesinos con quemar las enrramadas construidas para estos trabajos, indicando que, cinco de ellos serían asesinados si no desocupan la finca inmediatamente, pues la propiedad no es de ellos sino de la empresa.
“Dimas” es uno de los hombres que adelanta la extracción de madera en las fincas que posteriormente se emplean en la siembra de palma aceitera, reconocido en la comisión de verificación de octubre de 2004, como trabajador de los empresarios. En una de las reuniones, este manifestó que no se permitiría que se les filmara, que si lo hacían se exponían a que las cámaras fueran tiradas al río. “Dimas” se encontraba en esa misma Comisión al lado de uno de los empresarios quien indicó que ellos tenían temor que todas esas cosas llegaran a la FARC y que ellos no iban a permitir que las FARC volvieran a tomar las tierras que ellos habían recuperado.
Durante la misma semana se constató la presencia de paramilitares, “de civil” circulando entre Barranquillita, Brisas, Belén de Bajirá con armas cortas y radios de comunicación, en clara connivencia con la Policía Nacional y unidades de la Brigada XVII que continúan su patrullaje dentro de los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó.
LINEAS DE INTERPRETACION
Ni un solo indicio existe para creer al Gobierno Nacional en su palabra empeñada en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelantada el 14 de marzo según la cual se trabajaría hacia la suspensión del avance de la siembra de palma aceitera en las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó. Todo lo contrario, pareciera que esa palabra ha acelerado la preparación de terrenos, la excavación de canales, las nuevas amenazas de muerte contra los verdaderos propietarios de las tierras, la preparación de potreros para la expansión ganadera en los territorios de las comunidades afrodescendientes.
La certeza pública y oficial de la ilegalidad en la apropiación de los territorios ya denunciada desde el 2001 por las comunidades, descrita en los antecedentes de la resolución de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2003, ratificada en el informe a la verificación de octubre de 2004 por parte de INCODER y denunciada por la Defensoría del Pueblo en su comunicado público de abril de 2005, no ha hecho que acción alguna de orden administrativo se implemente tendiente a detener el ecocidio, la expropiación y la imposición del monocultivo en las áreas tituladas a las comunidades y la ofensiva de intimidación y de amenazas de muerte. Bastaría una orden del Presidente del República, de la Ministra de Ambiente y Vivienda, del Ministro del Interior, del Vicepresidente de la República, de la Corporación Autónoma Regional del Chocó, CODECHOCO, para que cesara la apropiación ilegal desarrollada en un escenario de protección paramilitar, de desmovilización y o de la implementación de la Política de Seguridad de Uribe
El proyecto agroindustrial avanza en medio de la ilegalidad y de la imposición de un modelo de desarrollo sin ética sin principios de convivencia y de respeto a la vida y al Territorio Biodiverso de la Humanidad. El proyecto agroindustrial avanza sostenido en la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad que avala el control a sangre y a fuego de los Territorios Colectivos de las Comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, de
Antes que acción alguna a favor de las comunidades legalmente propietarias del territorio sembrado con palma aceitera o dispuesto para la extensión ganadera, la Fuerza Pública convive con el delito, comparte territorialmente en términos militares con “civiles” armados de la estrategia paramilitar vinculados con las plantaciones de palma, y la Brigada XVII del Ejercito; acompaña de manera permanente el desarrollo de las actividades de extracción de madera, de construcción de canales de drenaje, de esquilmación de la selva, de siembra de palma y de preparación de potreros. Y en desarrollo de la estrategia paramilitar se combinan los escenarios de desmovilización de Santafé de Ralito con el de las acciones militares como Bloque “Elmer Cárdenas”, BEC, se pretende confundir con los nombres, pero es precisa la proyección de la constitución de un modo de desarrollo excluyente, que a su vez se muestre como proyecto de reconciliación entre los victimarios y las víctimas y bajo el olvido y el desconocimiento del Derecho, posibilite la legalización de la ilegalidad y de lo ilegítimo a través de la institucionalización de propiedades y de proyectos como la Palma y la Ganadería.
Las amenazas de muerte persisten, ahora el aparato de investigación, que nunca ha actuado frente a más de 110 Crímenes de Lesa Humanidad, solicitaran el nombre de pila de los que profieren las amenazas de muerte o de los paramilitares que se encuentran en el entorno de las Zonas Humanitarias. Seguramente, ahora, pedirán que las víctimas suministren pruebas técnicas, porque ellos oyen o ven lo que quieren ver, no lo que la sensatez y los cinco sentidos muestran a todos. La impunidad frente a todo lo que ocurre en el Curvaradó y Jiguamiandó expresa que no es posible creer ni en las políticas de gobierno en materia de ambiente, de respeto a los Derechos Consagrados en la Ley 70 de comunidades negras; que no es posible esperar que el circuito de impunidad cese… queda en evidencia, se constata nuevamente, que Derechos para los empobrecidos no existen sino en la formalidad, en centenares de papeles o de archivos electrónicos.
Se constata que el exterminio, la persecución, la destrucción de un grupo humano desarrolla las más diversas técnicas desde la tortura corporal a la psicológica, desde la desaparición forzosa hasta la destrucción de caseríos, desde el asesinato selectivo y la masacre hasta el arrasamiento de todo tipo de vida, desde el desplazamiento forzoso hasta el desarraigo total y absoluto.
Se ha impuesto el Estado de Hecho, el Derecho No Existe. La verdad no es posible. La ambición se impone sobre la solidaridad. El odio del poder sobre el amor de los empobrecidos. El Estado está erosionado.
SOLICITUDES URGENTES
Retomamos las presentadas por los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y 9 comunidades del Curvaradó
DE SOLIDARIDAD
1. Presencia urgente de voluntarios internacionales en las 3 Zonas Humanitarias y apoyo a la presencia permanente de Justicia y Paz en nuestras Zonas Humanitarias “Pueblo Nuevo”, “Bella Flor Remacho”, “Nueva Esperanza”
2. Participación de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en la semana de presencia mundial en las territorios de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó del 1 al 10 de agosto de 2005, con el fin de:
Constatar las actividades de las empresas palmicultoras durante esa semana, exigir la suspensión de los trabajos en los territorio de las comunidades y realizar un acto de indignación.
Visualizar la expropiación de tierras, de la que vienen siendo víctimas las comunidades, a través de medios nacionales e internacionales de información que serán convocados a la jornada en terreno.
Señalizar las propiedades familiares dentro de los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó de las propiedades individuales con los nombres de las or ganizaciones internacionales
Hermanar las propiedades familiares dentro de los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó de las propiedades individuales con los nombres de las or ganizaciones internacionales
Adherir como organización la acción Popular que interpondremos los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó y la Comisión Justicia y Paz conforme al formato que adjuntamos a esta.
DE EXIGENCIA AL ESTADO Y AL GOBIERNO
1. Dirigir cartas al Presidente de la República ALVARO URIBE VELEZ, al Vicepresidente FRANCISCO SANTOS; al Ministro del Interior SABAS PRETEL DE LA VEGA, al Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS; a la Ministra del Medio Ambiente, SANDRA SUAREZ ´PEREZ; Ministra de Relaciones Exteriores, CAROLINA BARCO, exigiendo:
Honrar la palabra empeñada ante la Corte interamericana el 14 de marzo pasado, en San José de Costa Rica, de frenar y de suspender de modo inmediato la siembra de palma aceitera en los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó
Responder integralmente a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo respecto a la asistencia humanitaria, condiciones de retorno de las comunidades, respeto a las Zonas Humanitarias, dotación de los sistemas de comunicación , presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en las Zonas Humanitarias
– Crear una Comisión de Verificación de Medición de Daños Ecológicos en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó y Curvaradó por efecto de la siembra de palma Aceitera y las posibilidades de Retorno de las comunidades afrodescendientes
2. Al Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON solicitando investigar URGENTEMENTE y sancionar a los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Autónoma Regional del Chocó, CODECHOCO, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura, de la Policía Nacional, El Ejercito Nacional, que han permitido y protegido la implementación de la siembra ilegal de palma aceitera y la destrucción de la biodiversidad en los territorios colectivos y de propiedad individual de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó.
3. Al Defensor Nacional del Pueblo WOLMAN PEREZ, adelantar todas las acciones jurídicas en lo administrativa, disciplinaria y penales que le corresponden, para que se detenga la siembra de Palma aceitera, se devuelvan las tierras expropiadas a las comunidades, se les indemnice por los daños causados y se les garanticen las condiciones de un retorno digno y seguro, conforme a los principios rectores del desplazamiento forzado.
Bogotá, D.C, 25 de abril de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ