Amenazas de muerte e indicios de montaje contra integrante de consejo comunitario y del MOVICE en el Bajo Naya
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las actuaciones ilegales, arbitrarias, y el montaje contra ELMER VALENCIA RODALLEGA, en el que participa la SIJIN y las amenazas de muerte contra NELSON ANGULO, líder de las comunidades negras de Naya y asesor en la candidatura de MANUEL GARCÉS y las amenazas contra el candidato a la Asamblea por el Polo Democrático LUIS CARLOS VALLEJO por su apoyo a MANUEL GARCÉS por parte de estructuras criminales encubiertas.
Bogotá, D.C. 8 de septiembre de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“No quieren ver, ni escuchar, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucitara ” Relectura Lucas 16,31
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las actuaciones ilegales, arbitrarias, y el montaje contra ELMER VALENCIA RODALLEGA, integrante del consejo comunitario del bajo Naya, integrante del MOVICE, animador de la campaña de MANUEL GARCÉS, en el que participa la SIJIN; y las amenazas de muerte contra NELSON ANGULO, líder de las comunidades negras de Naya y asesor en la candidatura de MANUEL GARCÉS y contra el candidato a la Asamblea por el Polo Democrático LUIS CARLOS VALLEJO por su apoyo también a la candidatura de este afrocolombianos por parte de estructuras criminales encubiertas.
Detrás de estos medios de control ilegal como las amenazas de muerte a NELSON y LUIS, la detención y la falsa imputación de terrorismo contra ELMER VALENCIA, se pretende asegurar el control político en la costa pacífica por parte de estructuras criminales; al mismo tiempo, desvirtuar y deslegitimar la persecución de que ha sido víctima el afrocolombiano de Naya, MANUEL GARCÉS GRANJA y su equipo de trabajo, entre ellos, NELSON ANGULO para hacerla ver como pugnas internas en el consejo comunitario, las que no existen, y de este modo, asegurar en el próximo debate electoral otra elección a la alcaldía de López de Micay, logró que es posible conseguir con un montaje judicial, cuando no con el asesinato anunciado de MANUEL y de NELSON.
Antes ustedes dejamos Constancia Histórica que en junio pasado en medio de la instalación de una granada en una bolsa transparente en la residencia de MANUEL en la ciudad de Buenaventura, con una amenaza escrita en su interior, en los siguientes términos: “LE HABIAMOS ADVERTIDO QUE SE RETIRARA DE LA CAMPAÑA, LA PROXIMA VES SE LA EXPLOTAMOS DENTRO DE LA CASA Y LA DE SUS CORDINADORES”, la SIJIN inició una serie de actuaciones contra ELMER, bastante dudosas, abusivas, mentirosas, que hoy tiene como colofón la privación de su libertad bajo una acusación de cómo todos testifican él no es responsable.
Ese día a la residencia de MANUEL, acudieron los afronayeros, ELMER VALENCIA RODALLEGA, de 21 años, y JULIO FRANCISCO ANGULO VALENCIA, de 18 años, luego de ser llamados por sus vecinos para verificar la amenaza proferida contra MANUEL. Los afrocolombianos fueron detenidos por efectivos de la SIJIN como sospechosos, fueron separados para un interrogatorio y luego obligados a una prueba escrita.
En el interrogatorio les preguntaron por MANUEL, sus actividades y riesgos, por el partido que respalda su candidatura, sobre su relación o no de parentesco, por las direcciones de las casas de los otros coordinadores. Posteriormente fueron obligados a escribir tres páginas y media, utilizando ambas manos, escribiendo en mayúscula relatos donde incluyeron todas las palabras de la amenaza, intercalándolas de distinta manera.
Horas después fueron dejados en libertad, luego de que argumentaran su condición de estar protegidos por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de aseverar que habían sufrido abusos de autoridad. Los efectivos de la SIJIN les hicieron firmar nota de buen trato, de esta no lograron obtener copia.
Hoy ELMER VALENCIA RODALLEGA ha sido detenido bajo la grave acusación de terrorismo en este hecho y luego de que se le manifestara telefónicamente que le iban a brindar medidas de protección como beneficiario de medidas cautelares.
Nuestra Constancia Histórica ante este evidente exabrupto, que hace parte de la serie de mecanismos de persecución contra las comunidades del bajo Naya que se han incrementado desde el segundo semestre de 2010.
*Miércoles 7 de septiembre hacia las 12:45 p.m. en Buenaventura a la casa de ELMER VALENCIA RODALLEGA, integrante del consejo comunitario del bajo Naya, llegó personal de la SIJIN con una orden de captura emanada del Juez 2do penal municipal por el punible de terrorismo.
En horas de la mañana, los agentes de la SIJIN llegaron primero a la casa de MANUEL GARCÉS, preguntaron por todos los integrantes del consejo comunitario sobre los que en aplicación de las medidas cautelares de la CIDH han exigido protección específica. En ese lugar preguntaron por la totalidad de la junta directiva del bajo Naya y luego insistieron en ubicar a ELMER. Los agentes estatales aseguraron que necesitaban concretar con ELMER las medidas de protección ordenadas.
Luego de conocer la dirección los efectivos de la SIJIN se trasladaron al lugar donde ELMER se encontraba y allí le detuvieron.
En el momento de la detención del integrante del MOVICE, los efectivos de la SIJIN le manifestaron que no podía comunicarse con nadie. Posteriormente en las instalaciones de esta entidad policial le insistieron que aceptara cargos para no ser trasladado a Buga y que asumiera un defensor de oficio.
A las 6:00 p.m. fue trasladado a la sede de la fiscalía de Buenaventura.
ELMER es integrante del consejo comunitario de bajo Naya, miembro y promotor del MOVICE, animador en la postulación a la alcaldía de MANUEL GARCÉS.
ELMER durante el último mes recibió por lo menos seis llamadas de efectivos de la SIJIN para realizar un análisis de la situación de riesgo, requerida en el marco de la implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Días antes, el sábado 27 de agosto a las 8:12 p.m. NELSON ANGULO, líder de las comunidades negras del bajo Naya, recibió una nueva amenaza de muerte desde el teléfono 3164146184. En el mensaje telefónico se escuchó la voz de un hombre que le adviertieron a él, a MANUEL GARCÉS GRANJA y a los integrantes del consejo comunitario del bajo naya que deben retirar su candidatura a la alcaldía de López de Micay “o se mueren
Ese día desde el número móvil 3115268526 las amenazas de muerte se produjeron también contra LUIS CARLOS VALLEJO, candidato a la Asamblea Departamental por el Polo Democrático por respaldar la candidatura de MANUEL GARCÉS.
El viernes 26 de agosto LUIS CARLOS VALLEJO recibió tres llamadas desde el número 3164146184 en la que se le amenazó de muerte y le exigieron retirar su apoyo a MANUEL GARCÉS.
Nuevamente nuestra Censura Ética ante, lo que tiene todos los indicios, de ser un montaje judicial con participación en los más altos niveles de agentes estatales de Buenaventura, entre ellos agentes de la SIJIN e instancias de investigación de la mal llamada justicia, tendiente a evitar la participación política de MANUEL GARCÉS Y criminalizar el apoyo de los integrantes del consejo comunitario de bajo Naya a esta.
Nuestra Censura Ética ante el uso inadecuado, tergiversado y engañoso de la aplicación de las medidas cautelares resueltas por la Comisión Interamericana a favor de los integrantes del consejo comunitario de bajo Naya para otro tipo de objetivos, no necesariamente respetuosos de los procedimientos legales y del derecho.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para las y los integrantes del consejo comunitario del bajo Naya en su libre movilización, su libre expresión y libre derecho a la asociación y a la participación política, cobijados con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de imparcialidad de la Fuerza Pública y la mirada doctrinaria excluyente de la seguridad nacional que desconoce la posibilidad de la libre expresión disidente, civilista, de los ciudadanos, de las familias de las comunidades negras que se identifican con una apuesta política que enfrenta la criminalidad.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces tendientes a evitar el desarrollo de una estrategia criminal con diversidad de mecanismos y de técnicas perversas de persecución contra los integrantes del consejo comunitario de bajo Naya.
Comunidades que decidieron en su autonomía, persistir en la titulación integral de sus predios colectivos, en enfrentar el conflicto armado interno distanciándose y asumiendo las consecuencias por asumir sus derechos como población civil, en construir alternativas a siembras de uso ilícito con propuestas agroambientales y a enfrentar la erosión del Estado de Derecho afirmando el derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y que en el último tiempo como parte de su dignificación colectiva decidieron participar políticamente para enfrentar el narcoparamilitarismo que se enquistó en la vida política de esta región del país.
Hoy esta apuesta, este proyecto de vida, continúa siendo muy costoso para ellos. Las lógicas encubiertas en la institucionalidad operan con todo su poder con una persecución que ha combinado la restricción a la libre movilización, los señalamientos, las falsas acusaciones, las amenazas y los montajes.
Nuestra Censura Ética ante las operaciones institucionales que continúan por la inacción judicial o por sus lógicas de actuación al lado del poder dominante, sea este, incluso criminal. Esta actitud vergonzosa desconoce los derechos de todos los ciudadanos y con un carácter especial de los afrodescendientes. La ausencia de eficaces investigaciones penales tendientes a desestructurar la empresa criminal electoral que se encuentra detrás del control político, económico, social en las conflictivas subregiones de Buenaventura está vulnerando las garantías para la deliberación y la participación política.
Como lo hemos escrito una y otra vez, desde el año pasado, las amenazas de paramilitares, los hostigamientos y señalamientos de la fuerza pública, las presiones de políticos tradicionales contra integrantes del consejo comunitario de bajo Naya se incrementaron e intensificaron a raíz de la decisión de participación política.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional requerimos con carácter urgente se dé respuesta a las siguientes solicitudes.
1. Qué valoración merece al Ministerio de Relaciones Exteriores el que la exigencia de estudios de riesgo o de implementación de medidas dependientes de agentes estatales de la SIJIN sea usado inadecuadamente contra los beneficiarios de las medidas cautelares?
2. ¿Qué actuación diligente va a realizar las instancias del poder ejecutivo y de los organismos de control y de investigación frente a los móviles que se ocultan detrás de la acusación desarrollada contra ELMER VALENCIA RODALLEGA? Cómo se va asegurar desde ya un debido proceso cuando todos los indicios precisan que estamos ante un montaje judicial parte de una persecución contra integrantes del bajo Naya para asesgurar el control político de sectores vinculados con el narco paramilitarismo?
3. ¿En qué estado se encuentran las investigaciones y bajo qué tipo penal todas las actuaciones contra integrantes de bajo Naya desde el segundo semestre de 2010 cuando decidieron elegir y apoyar la candidatura de MANUEL GARCÉS? Qué agentes estatales y privados se encuentras vinculados? Podrían explicar las razones del estado de las investigaciones?
4. Qué medidas materiales y políticas se han adoptado para asegurar, para proteger los derechos de los afrocolombianos del Naya ante la persecución que vienen siendo objeto sus integrantes desde el segundo semestre desde el 2010?
Con profunda preocupación.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz