Amenazas de muerte contra defensores
El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas de muerte dirigidas a varios defensores y defensoras de derechos humanos y figuras públicas en Colombia…
entre las cuales se incluyen las integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Sras. Yessica Hoyos y Soraya Gutiérrez, quien es también Vice Presidenta de la FIDH, así como Diego Martínez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Jeison Paba, integrante de la misma organisacion y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación
El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas de muerte dirigidas a varios defensores y defensoras de derechos humanos y figuras públicas en Colombia, entre las cuales se incluyen las integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Sras. Yessica Hoyos y Soraya Gutiérrez, quien es también Vice Presidenta de la FIDH, así como Diego Martínez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Jeison Paba, integrante de la misma organisacion y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Según las informaciones recibidas, el 4 de julio de 2012, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) recibió vía correo electrónico una amenaza de muerte declarando objetivo militar a las Sras. Soraya Gutiérrez y Yessica Hoyos, así como a once personas más, acompañada de sus respectivas fotografías y diciendo:
“13 guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares. Nuestro ejercito tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los ciudadanos de bien para darsela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no tambien [HP] guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.
La amenaza también va dirigida a los Sres. Iván Cepeda, fundador del MOVICE, Juan Díaz Chamorro y Pedro Geney, integrantes del MOVICE, Franklin Castañeda, Presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), José Humberto Torres, integrante de esta misma fundación, y a las Sras. Gloria Cuartas, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, así como a la ex senadora Piedad Córdoba.
El Observatorio condena rotundamente esta nueva amenaza generalizada a un amplio grupo de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y solicita una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a estos hechos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
El Observatorio hace notar que, como señala el Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos tras su misión en Colombia en 2009, estas amenazas generan un clima de terror en la comunidad de defensores de derechos humanos que, a su vez, impide su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos. El Observatorio ha recibido información del Programa Somos Defensores en Colombia sobre el asesinato en 2011 de 49 defensores y 7 desapariciones forzadas, así como el registro, en el transcurso del año 2012, de 16 defensores asesinados, la mayoría de ellos vinculados a la reivindicación por la restitución de tierras.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia instándolas a:
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de los integrantes de las organizaciones y de las personas amenazadas;
ii. Llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, amenazas, hostigamiento y violencia contra las organizaciones y los individuos que defienden los derechos humanos en Colombia;
iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.