Amenazas de incursión paramilitar persisten abusos de autoridad
“Maldigo el país donde se derrama sangre; el país donde los humanos se traicionan unos a otros; donde las riquezas se construyen mediante la rapiña y donde unos despojan a otros de lo poco que tienen” (Nahum, 3, 1ss)
RESUMEN
Una nueva amenaza de incursión de tipo paramilitar contra los afrodescendientes que habitan en el Jiguamiandó y sus Zonas Humanitarias fue conocida el pasado Domingo por nuestra Comisión de Justicia y Paz.
De acuerdo con la fuente, esta actuación se realizaría entre el 11 y 14 de noviembre pretendiendo sacar habitantes de las tres zonas humanitarias. Las amenazas de incursión paramilitar se han producido luego de la realización de la verificación de siembra de palma aceitera en el Curvaradó.
Las amenazas, los señalamientos, los abusos de autoridad contra los afrodescendientes por parte de la Brigada XVII han persistido deslegitimando el carácter de autoridad. Las presiones policiales o militares contra los afrodescendientes para que acusen a los miembros de los consejos comunitarios como miembros de la guerrilla ha sido un método de control y deslegitimación.
Durante la reciente visita de verificación la tensión, los señalamientos a las comunidades participantes, los organismos humanitarios nacionales e internacionales y los mismos entes civiles de gobierno y de Estado fueron evidentes. Y las persistentes amenazas de muerte y advertencias contra nuestra Comisión de Justicia y Paz se mantuvieron.
Solicitamos a la comunidad internacional y nacional comunicarse con
Doctora CAROLINA BARCO, Ministerio de Relaciones Exteriores, (571 5667701- 571 5662008) a fin de dar cumplimiento a las medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Doctor FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República, (57 3152100467-57 3102389120 – 57 3107720130 – 571 3345077 adoptar las medidas de carácter civil preventivas y el respeto a las tres Zonas Humanitarias a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó
HECHOS
• Domingo 7 de noviembre, nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió a las 20:00 horas, una comunicación desde Belén de Bajirá en la que se nos informó por parte de una fuente confiable que luego de la verificación de siembra de palma en el territorio colectivo del Curvaradó, existe mucho malestar por parte de los grupos paramilitares que tienen asiento y presencia en Barranquillita, Belén de Bajirá, Mutatá, Pavarandó y Brisas.
Según esta información, del 11 y el 14 de noviembre se estaría adelantando un operativo de la estrategia paramilitar contra los campesinos que habitan en el Jiguamiandó atacando en el entorno y en las tres Zonas Humanitarias.
La misma fuente indicó, que los paramilitares irían por algunos integrantes de los Consejos Comunitarios sin importar que estén los acompañantes nacionales e internacionales, y si es necesario pasar por encima de ellos o de una vez llevarse a alguno de ellos.
* Martes 26 de octubre, En las plantaciones de palma aceitera en territorios colectivos del Consejo Comunitario de la cuenca del Curvaradó, Unidades militares de la Brigada XVII, en el puente en dirección hacia el poblado de Caño Claro, impidieron el paso de la comisión de verificación más allá de este puente, argumentando que había otra tropa “no hay seguridad. En cada finca hay tropas y no se como cuadran las cosas, pero los de allá no están avisados”.
* Miércoles 27 de octubre, A las 9:30 horas, en Belén de Bajirá, a la salida en el Templo Parroquial, personas vinculadas con el proyecto agroindustrial de Palma Aceitera, expresaron a los participantes en la verificación: “además sobre las filmaciones tengo mis reservas con las ONG internacionales, a que manos en última instancia van a llegar estas filmaciones, entonces filman a los empresarios, los filman en sus empresas y a los 7, 10 kilómetros tenemos un centro de las FARC y mañana comienzan los secuestros en la zona, cosa que hemos erradicado en este tiempo. A los amigos de las FARC, esto no les gusta, por supuesto”. Uno de los presentes agregó: “a mi no me filman, si no quieren que tire una de esas cámaras al río” y dirigiéndose a un funcionario de la Defensoría del Pueblo quien sostenía que se trataba de una diligencia pública, le reitera que si lo filman “tira una cámara al río y el verá como arregla el problemita”.
En horas de la tarde, en el puente que conduce de Andalucía a Caño Claro en el Territorio Colectivo del Curvaradó, unidades militares que se encontraban en los lugares de siembra de palma gritaron a funcionarios estatales y gubernamentales, observadores internacionales, acompañantes nacionales de derechos humanos, “allá va una cuadrilla de las FARC”.
Hechos antecedentes a estas nuevos señalamientos y amenazas han sido los abusos de autoridad entre los que registramos los siguientes:
* Miércoles 29 de septiembre, en horas de la noche en el sitio conocido como La Grande, integrantes del Consejo Comunitario que llegaron a este lugar para la compra y venta de productos en horas de lo noche, cuando dormían fueron abordados por unidades militares del Batallón Fluvial, quienes los hicieron levantarse, a uno de ellos lo condujeron a un paraje cercano.
Allí un hombre encapuchado acusó al afrodescendiente de ser un vendedor de madera, los militares que lo acompañaban presionaron al integrante del Consejo Comunitario para que aceptara la falsa aseveración del encapuchado. Luego de interrogarlo, lo dejaron regresar al lugar de dormida.
Los militares desde las 21:30 horas hasta la madrugada del día siguiente, rodearon la casa de los pobladores afirmando que eran guerrilleros.
Debido al acoso militar los pobladores se vieron obligados a regresar a primeras horas de la madrugada a las Zonas Humanitarias.
• Martes 12 de octubre, hacia las 16:00 horas un grupo de afrodescendientes del Consejo Comunitario del Jiguamiandó que se movilizaba en una embarcación, fue abordado por unidades de la Infantería de Marina, en el sitio conocido como La Grande.
Las unidades se dirigieron al motorista de la embarcación, integrante del Consejo Comunitario RICHARD ANTONIO GUARAONA, a quien luego de solicitarle su documento de identidad, lo interrogaron preguntándole por la guerrilla, “en este momento yo no he visto, como civil no debo estar dando información a actores armados. Yo trabajo en las labores del campo, siembro plátano, yuca”.
Uno de los militares lo acusaron de ser guerrillero: “Usted es un guerrillero… nosotros lo vimos en Dabeiba, en la vía entre Apartadó y Medellín… ahí estabas uniformado, guerrillero HP… allí cogiste a un soldado y lo requisaste bolsillo por bolsillo… trabaje para nosotros, entréguese… dénos informes claros de dónde está la guerrilla y le va bien…”
El poblador afirmó, “yo nunca he estado por allá donde usted dice… yo como población civil no puedo hacer lo que usted dice”.
Una hora después de requisas, interrogatorios, intimidaciones, chantajes y falsas acusaciones, dejan seguir la embarcación hacia Murindó.
• Miércoles 13 de octubre, hacia las 7:00 horas, RICHARD salió en la embarcación con dirección al Jiguamiandó. Al pasar por el sitio conocido como La Grande, un militar le gritó: “Usted, blanco, RICHARD ANTONIO GUARAONA… deténgase”.
A este miembro del Consejo Comunitario lo hicieron bajar de la embarcación, y lo trasladan a la cancha de fútbol de La Grande. Allí los militares lo sometieron a un nuevo interrogatorio, diciéndole: “Nosotros sabemos que la guerrilla anda por Nueva Esperanza… nosotros sabemos que usted es un guerrillero y que el día que saliste a Curvaradó cogiste una niña y la amenazaste con matarla… donde dejaste la pistola guerrillero HP…”
RICHARD negando todas las falsas acusaciones, fue luego conducido por el Cabo DIAZ y otro militar hasta la escuela de La Grande. Allí los militares lo siguieron presionando: “entréguese… diga que es guerrillero… en La Nodriza tenemos a dos desertores del Jiguamiandó y lo reconocieron a usted, ya nos confesaron que usted es guerrillero. Si se entrega lo sacamos a cualquier ciudad, le damos casa, estudio, no tiene que seguir sembrando plátano y yuca… confiese, dénos información y recibe buena platica, qué dice… hágale…”. RICHARD se negó a aceptar las ofertas, pero los militares mantuvieron la presión por muchas más horas.
Hacia las 11:30 horas a La Grande llegaron tres pobladores del Jiguamiandó en búsqueda de un motor para bajar madera que transportaban tres pobladores afrodescendientes del Consejo Comunitario.
Uno de ellos CRISTÓBAL CUADRADO fue abordado por los militares y sometido a un interrogatorio: “¿De dónde viene?”, ¿Cuál es el motivo de su visita? “¿Por allá hay guerrilla?”(…) “Deje de decir mentiras”. Al interrogatorio el afrodescendiente respondió: “yo lo que he visto son paramilitares, ametrallan a la gente, se quedan con las tierras, por allá lo que hace presencia es la AUC”.
El sargento SÁNCHEZ, expresó: “dígale a sus compañeros que tienen que venir a acá a reportarse… necesitamos hablar con ellos”.
Hacia las 12:30 los pobladores del Jiguamiandó ERASMO CUADRADO y LUIS SIERRA, quienes bajaban la madera junto con CRISTÓBAL, fueron obligados a detenerse, les exigieron los documentos de identidad y las billeteras, las que son esculcadas minuciosamente.
Los militares del Batallón Fluvial 20 separaron a ERASMO y a LUIS, a quienes les dijeron: “Se acaba de entregar un guerrillero de los lados de Jiguamiandó. Ustedes lo conocen, se llama RICHARD GUARAONA alias El Blanco. Ahí lo tenemos, y se los mostraron a la distancia, ustedes no serán también guerrilleros, quítese la camisa y las botas.” A pesar que los pobladores les exigieron respeto a sus derechos como población civil y les exigieron el cese de falsas acusaciones a la comunidad, los campesinos fueron obligados a quitarse las camisas.
Los militares intimidaron y presionaron a los integrantes del Consejo Comunitario. “Ayer el avión sobrevoló por el Jiguamiandó y vio guerrilla. Dénos información precisa de dónde están y les pagamos. Sino, pues ustedes saben cómo les va… díganos algo concreto… confiesen que ese Richard es un guerrillero, ustedes lo conocen o no?”.
Los pobladores respondieron: “así nosotros conocemos a RICHARD y él no es lo que ustedes dicen, él es un campesino de la comunidad, es población civil… lo único concreto es que somos campesinos”.
Mientras las unidades militares presionaron a ERASMO y LUIS para acusar a RICHARD GUARAONA como guerrillero, les ofrecieron dinero, otros militares continuaron con las mismas técnicas contra RICHARD diciéndoles: “es mejor es que se entregue, dos compañeros suyos nos acaban de decir que usted si es guerrillero, entréguese y le va bien con nosotros…”
Por otra parte, el Cabo DIAZ, presionó a CRISTÓBAL: “usted tiene cara como de guerrillero. Usted conoce al que le dicen El Blanco, ese que se llama Richard, dígame que es guerrillero, y hay recompensa. Usted conoce el camino que va de Murindó a Nueva Esperanza, dígame…”
Hacia las 13:15 horas aproximadamente, dejaron ir a CRISTÓBAL, a ERASMO y a LUIS, quienes antes de marcharse solicitaron a los militares dejar en libertad a RICHARD. Los uniformados respondieron: “el no está detenido sino retenido. Lo vimos en Dabeiba haciendo retenes y robando carros con la guerrilla”.
Horas más tarde, cansados de tanta presión, hacia las 16:00 horas, el Cabo DIAZ se dirigió a RICHARD, expresándole: “se puede ir. La Nodriza se detuvo y desde allí nos confirmaron que usted no debe nada, le vamos a leer unas hojas que tiene que firmar”, un acta en el que se dice que RICHARD había recibido buen trato. Luego de firmarlo lo dejaron en libertad.
• Viernes 15 de octubre, hacia las 15:30, pobladores de la Zona Humanitaria de Bella Flor Remacho mientras se encontraban en el día de trabajo comunitario en la cancha de fútbol, escucharon una explosión fuerte por la quema de monte con la cual se generó una estampida general.
Posteriormente se pudo comprobar por esquirlas encontradas, que se trataba de una granada de mortero dejada por el ejército en desarrollo de sus operaciones militares del primer semestre del año.
LINEAS DE INTERPRETACION
La amenaza de incursión armada de tipo paramilitar no es de extrañar, se ha ido escudriñando en lo profundo las causas y las razones de una estrategia que no ha sido combatida, que debido a la omisión, a la tolerancia, y a la anuencia de las autoridades ha desarrollado mecanismos no solo militares sino técnicas sociales y de impulso de proyectos de gran inversión privada desde bases paramilitares en Mutatá, Pavarandó, Belén de Bajirá, Brisas, sin que exista actuación alguna de tipo institucional por parte de la Policía de Urabá o de la Brigada XVII
Lo que sigue siendo evidente es que las actuales políticas de seguridad no están evitando daños irreparables a la vida e integridad personal de las Comunidades afrodescendientes , ni respetando su derecho a ser pobladores civiles en el conflicto armado, ni vigilando el comportamiento de la fuerza pública omisivo frente a las estructuras armadas paramilitares que actúan en la región ni combatiendo con decisión estructuras armadas ilegales.
Es evidente la vulneración de los derechos de los afrodescendientes por la implementación de la Política de Seguridad que no ha propiciado garantías para la vida de los afrodescendientes del Jiguamiandó y Curvaradó. Nuevos mecanismos y técnicas de persecución, de hostigamiento se han implementado frente a estas comunidades por parte de las autoridades.
La presión psicológica, la instrumentalización de las necesidades de la población, el ofrecimiento de recursos con los cuales se puedan sostener las falsas acusaciones y los montajes castrenses o la facilitación de canales para que los afrodescendientes se vinculen a la siembra de palma aceitera, han deslegitimado la naturaleza de la autoridad.
Los permanentes procedimientos arbitrarios e ilegales utilizados por las autoridades con pretensiones de judicialización, confunden los papeles del justiciero y del guerrero. El blanco de las acusaciones son los miembros de los consejos comunitarios de las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó que han afirmado en diversos escenarios gubernamentales, en algunos de los cuales ha participado la Fuerza Pública, su decisión de defender la Vida y el Territorio ante las constantes violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al derecho Humanitario y la siembra de palma aceitera de modo ilegal e inconsulto.
La perversión de la estrategia contrainsurgente se evidencia pues nuevamente se ha erigido como blanco a los pobladores que han denunciado el avance de la compra ilegal de las tierras tituladas colectivas, ellas y ellos son las víctimas de permanentes abusos de autoridad de las fuerzas militares y policiales.
La presión que se mantiene frente a los pobladores es la posibilidad de que se inicien procesos judiciales en contra de los miembros de los Consejos Comunitarios basados en falsos testigos que repiten falsos libretos dentro de un proceso difamatorio y carente de toda coherencia; que los mismos señalamientos proferidos por la autoridad pretenden deslegitimar las iniciativas de la población civil para mantenerse al margen del conflicto y que las amenazas de incursiones de tipo paramilitar se encuentran ambientadas con este tipo de expresiones y de procedimientos de actuación de agentes estatales.
Se mantienen ejercicios de control y recorte de los Derechos y de las garantías de los afrodescendientes que afirman su derecho a la Vida y al Territorio, avanzan los procesos de apropiación de sus tierras para la ampliación del cultivo agroindustrial de palma aceitera, con la actuación de civiles armados de la estrategia paramilitar, sin que exista un actuación clara y diáfana militar o policial.
Existe un absoluto desconocimiento de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Gobierno Nacional en materia preventiva y del derecho a la justicia.
Bogotá, D.C Noviembre 9 de 2004
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ