Amenazas de incursión para la explotación
La operación militar encubierta de tipo paramilitar a la Zona Humanitaria “Nueva Vida”, las amenazas de una incursión a las zonas humanitarias, y actuaciones de hostigamiento y control sobre los coordinadores de CAVIDA, la contención por este medio de las acciones de defensa de Derechos Humanos de nuestra Comisión, unida a las acciones de control y bloqueo en Tumaradó y La Honda, las operaciones armadas desde La Balsa y su extensión a Balsagira y Cirilo, La Raya y Barranquilla son coincidentes con los mapas y los proyectos de extensión de la explotación maderera y de promoción del monocultivo de Palma Aceitera y de Coca.
1. Miércoles 26 de marzo, integrantes de las estructuras militares encubiertas, en la que intervinieron “civiles armados vestidos de camuflado, algunos de ellos con insignias de la Brigada XVII, que participaron en la reciente incursión a la Zona Humanitaria de “Nueva Vida” en el Cacarica (12-13/03/03), expresaron, en el municipio de Turbo, a fuentes de alta credibilidad, que se estaría preparando una acción armada para iniciar el control del Territorio Colectivo con una agresión a los coordinadores de CAVIDA e intentando buscar la salida de nuestra Comisión de JUSTICIA Y PAZ de la región.
De acuerdo con la información antes que se inicie el período de invierno que dificulta operaciones militares por tierra, era necesario ingresar a las Zonas Humanitarias de “Nueva Vida” y de “Esperanza en Dios” con el intento de limpiar a través de una retención masiva de los coordinadores y producir efectos sobre JUSTICIA Y PAZ para que abandonen el acompañamiento. Según la fuente, en la reunión los comandantes de los “civiles” armados del “Elmer Cárdenas” expresaron que es necesario evitar costos políticos mayores por lo que la acción armada debe ser eficaz y lograr resultados de corto plazo pues es necesario avanzar en las propuestas productivas y controlar la población.
3. Viernes 7 de marzo, un poblador de la comunidad del Cirilo, Territorio Colectivo del Cacarica, que se encontraba aserrando en una parcela, fue golpeado brutalmente por “civiles” armados que se trasladaron desde La Balsa, caserío, en el que se encuentra una base paramilitar. El poblador fue cercado por los paramilitares, luego de ser acusado de auxiliar de la guerrilla fue golpeado fuertemente con planazos, posteriormente se le acusó de haber incumplido la prohibición de ingresar a las Zonas Humanitarias, y desacatar la orden de tener cualquier contacto con los afro descendientes de CAVIDA. Fue golpeado con punta pies, con las armas largas, lo amarraron y lo arrastraron, le colocaron bolsas en la cara con ácidos. Luego lo amenazaron de muerte, si denunciaba los hechos y hablaba con los de las zonas humanitarias “te vamos a matar”, repitieron.
Las agresiones contra el campesino se produjeron cuando persistía en en permanecer en Cirilo, cuando la mayoría de las familias se habían trasladado hacia La Balsa o a cercanías a La Balsa. La presencia militar encubierta se ha extendido hacia El Cirilo, punto, ubicado a menos de 40 minutos de la Zona Humanitaria “Nueva Vida”. El campesino por los maltratos recibidos tuvo que desplazarse a Turbo para una atención especializada
4. Miércoles 18 de marzo, los dos afro descendientes, entre ellos CARLOS QUINTO, luego de haber sido detenidos, amarrados de manos, y golpeados en desarrollo de la operación militar de tipo encubierto, (Ver Informe Ejecutivo 16 12-13/03/03) fueron dejados en libertad. Al otro poblador afro descendiente, el jueves 13 de marzo, antes del ingreso a la Zona Humanitaria de “Nueva Vida”, los armados lo desamarraron, lo obligaron a quitarse la ropa de campesino, lo obligaron vestirse de camuflado y a colocarse un pasamontañas. Minutos después, fue obligado a ingresar al lugar de habitación de la población, donde observó todo sin que la población lo lograra reconocer ni poder hacer nada a favor de la misma. Este poblador fue llevado posteriormente en cercanías a La Balsa.
Días después a este poblador, los “civiles” armados le reiteraron que iban a controlar la zona, que iban nuevamente a ingresar a las zonas humanitarias, lo subieron en una panga /embarcación de fibra y de motor potente/ que presta sus servicios a la empresa Maderas del Darién y lo dejaron en un paraje cercano a los lugares de habitación de la población de CAVIDA.
5. En desarrollo de la estrategia integral para estatal en el municipio de Turbo y Riosucio se ha ido promoviendo la conformación de Consejos Comunitarios, bajo la normatividad de la Ley 70, que bajo el ideal de la participación comunitaria y las necesidades sentidas de educación, salud, canalización y derechos territoriales, están siendo coptados por los intereses de la empresa Maderas del Darién, para implementar la explotación de recursos naturales de la especie forestal cativo con el apoyo armado de la estrategia militar encubierta.
Desde febrero se conoció que se ha ido extendiendo de modo aún ilegal, la explotación de los recursos forestales de la comunidad de Balsagira, la mayoría de cuyas familias se encuentran entre las Zonas Humanitarias o refugiados en Panamá.
Van siendo muchas las coincidencias, las convergencias y las evidencias de la articulación y la causalidad entre las actuaciones estratégicas y tácticas militares en desarrollo de políticas contra insurgentes frente a la FARC EP y los intereses de explotación de recursos naturales e implementación agroindustrial.
Las acciones militares abiertas y encubiertas, justificadas aparentemente en la lucha contra la guerrilla, se orientan contra la población civil, tanto, como las acciones socio económicas que la acompañan para negar de facto los derechos territoriales de las comunidades, las posibilidades de su subsistencia y de su existencia.
Existe una coincidencia en los recorridos de control recientes de tipo paramilitar y los planes de explotación industrial que ahora bajo una forma legal, aprobación por Consejos Comunitarios y control de los mismos, permita ampliar el aprovechamiento forestal de las últimas manchas de cativales que se encuentran dentro del Territorio Colectivo del Cacarica en las cabeceras de los ríos Cacarica, Perancho, Peranchito, La Raya.
En el Cacarica se evidencia un modo de la “Seguridad” llamada democrática con evidente ACCION, OMISION, COMPLICIDAD de la Brigada XVII en desarrollo del paramilitarismo y de aseguramiento del Estado Comunitario. Los métodos de control y de represión sobre la población se han ido modificando, tanto como, los mecanismos para atenuar los efectos políticos de las violaciones de los derechos humanos. No solo se mata con bala, se mata con hambre y también se mata el alma. Hoy se quiere a la población para que esta se constituya en fiel servidora de las grandes empresas privadas para las que no existe legislación real ni resquemor alguno en usar de las leyes que instauran derechos ancestrales para usarlos en su propio beneficio.
Urge que el Estado Colombiano actúe eficaz y de modo claro, transparente, como se anunció en la campaña y discurso de posesión del actual Presidente ALVARO URIBE VELEZ, de modo preciso en la base paramilitar de La Balsa, y los controles militares encubiertos en Turbo, Tumaradó, Riosucio, Necoclí.
Urge que el Estado Colombiano valide en lo concreto, lo que afirma en foros nacionales e internacionales, la legitimidad de los Derechos Humanos y de su defensa, actuando en conformidad con las recomendaciones internacionales y ejerciendo un monitoreo preciso sobre la Brigada XVII.
Urge que el Estado Colombiano de respuesta pronta a las solicitudes las comunidades del Cacarica para que cese el corte ilegal y explotación industrial de los recursos forestales por parte de la empresa Maderas del Darién e implemente medidas que impidan la extensión de proyectos agroindustriales que no son propios de las comunidades.
Como desde hace seis años, urge sobre todo la Justicia, sin la cual, es imposible esperar que las acciones militares regulares sean al futuro en Derecho, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Mientras tanto, las estrategias de la guerra seguirán siguiendo el derrotero de la barbarie y del cinismo en las estrategias de control a cualquier precio, como viene ocurriendo desde febrero de 1.997 con la “Operación Génesis” en el Territorio Colectivo del Cacarica y como se ha manifestado con los más de 87 víctimas de asesinatos, de desapariciones, de torturas, de persecuciones, de amenazas, de señalamientos.
La comunidad internacional es testiga de la impunidad, de la sordera institucional, de la ausencia de voluntad política para atender en este caso, de la ausencia de respuesta a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 17 de diciembre de 1.997.
Todo lo que se ve venir es muestra de la impunidad reinante sobre la que navega la seguridad y el “progreso” anunciado en el Estado “Comunitario”.
Bogotá, abril 1 del 2003
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ