Amenazas Comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó
Nuevamente nuestra Constancia y Censura Moral ante los hechos que vienen sucediendo durante los últimos 15 días de abril en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en donde habitan o habitaron comunidades afrodescendientes y mestizas, con la intensificación de la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, la deforestación de árboles primarios, bosques nativos, desertización, la relimpia de canales, la preparación de potreros para ganadería extensiva en los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó.
Bogotá, D.C 26 de abril de 2005
Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
Doctor
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref. Amenazas Comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó
Reciban un respetuoso saludo
Nuevamente nuestra Constancia y Censura Moral ante los hechos que vienen sucediendo durante los últimos 15 días de abril en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en donde habitan o habitaron comunidades afrodescendientes y mestizas, con la intensificación de la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, la deforestación de árboles primarios, bosques nativos, desertización, la relimpia de canales, la preparación de potreros para ganadería extensiva en los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó.
Nuestra Censura Moral ante la incoherencia entre la palabra comprometida y la realidad en la Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 14 de marzo. Pues es evidente que el Gobierno Nacional no ha actuado en relación con las empresas palmicultoras para que cesen en sus actuaciones ilegales, y actúen con medidas administrativas y en Derecho a fin de evitar la destrucción y la negación del Derecho a la supervivencia de las comunidades afrodescendientes. Lo que se constata después de la presentación del Informe del Incoder sobre la siembra de Palma en los Territorios Colectivos es el avance acelerado de la preparación de nuevos predios, la destrucción ambiental, la imposibilidad de retorno de las familias afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó y el incremento de amenazas de muerte en desarrollo de estrategias paramilitares que cuentan por ACCION y por OMISIÓN con la responsabilidad de la Brigada XVII y la Policía de la región.
* Entre el lunes 11 de abril y el 24 de abril, durante todo cerca de 8 días laborables, los puntos conocidos como Caño Claro y la Cristalina, en áreas pertenecientes al Consejo Comunitario del Curvaradó han marcado las próximas áreas de bosque que serán tumbadas.
Los trabajadores pagados por las empresas palmicultoras, abrieron guarda Rayas para la ubicación de lotes y adelantar los transplantes de semillas en su entorno y como custodia perimetral han contado con la presencia de unidades militares de la Brigada XVII.
Entre los Kilómetros 10 y 11, durante la semana del lunes 18 al 22 de abril, un hombre apodado “El Compadre” con un grupo de trabajadores, adelantó la preparación de potreros, en propiedades ancestrales de modo ilegal, al lado y lado de la carreteras adecuadas por las empresas palmicultoras dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario del Curvaradó.
En los lugares aledaños al caserío conocido como Santa María, los verdaderos dueños de esas propiedades constataron que las empresas palmicultoras argumentan que esas tierras les pertenece, desconociendo los documentos que acreditan la propiedad de las familias expropiadas.
En el sitio conocido como Zapayal, a 45 minutos a pie de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”, de frondosa selva, trabajadores de las empresas palmicultoras trazaron trochas al lado y lado del río para iniciar de modo ilegal, la tala de árboles y la construcción de canales como preparación para la siembra de palma.
Desde el lunes 18 de abril hasta hoy 25 de abril, en la zona humanitaria “Nueva Esperanza”, cuenca del río Jiguamiandó se ha escuchado desde tempranas horas del día el sonido de motosierras, maquinaria pesada y el sonido del apeo de árboles en dirección del río Zapayal, mientras unidades paramilitares se movilizan por tierra.
* Domingo 24 de abril, a las 4:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada por el poblador DOMINGO TORRES, ubicado entre las antiguas comunidades de Camelia y Villa Luz, hombres que trabajan para las empresas palmicultoras entre ellos uno apodado como “Dimas” y otro de nombre ORLANDO MORENO, abordaron a este campesino y a otros que lo acompañaban en sus actividades de siembra y recogida de cosechas. El llamado “Dimas” amenazó de muerte a los campesinos con quemar las enrramadas construidas para estos trabajos, indicando que, cinco de ellos serían asesinados si no desocupan la finca inmediatamente, pues la propiedad no es de ellos sino de la empresa.
“Dimas” es uno de los hombres que adelanta la extracción de madera en las fincas que posteriormente se emplean en la siembra de palma aceitera, reconocido en la comisión de verificación de octubre de 2004, como trabajador de los empresarios. En una de las reuniones, este manifestó que no se permitiría que se les filmara, que si lo hacían se exponían a que las cámaras fueran tiradas al río. “Dimas” se encontraba en esa misma Comisión al lado de uno de los empresarios quien indicó que ellos tenían temor que todas esas cosas llegaran a la FARC y que ellos no iban a permitir que las FARC volvieran a tomar las tierras que ellos habían recuperado.
Durante la misma semana se constató la presencia de paramilitares, “de civil” circulando entre Barranquillita, Brisas, Belén de Bajirá con armas cortas y radios de comunicación, en clara connivencia con la Policía Nacional y unidades de la Brigada XVII que continúan su patrullaje dentro de los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó.
Nuestra Constancia, pues no existe ni un solo indicio para creer al Gobierno Nacional en su palabra empeñada en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelantada el 14 de marzo, según la cual se trabajaría hacia la suspensión del avance de la siembra de palma aceitera en las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó. Todo lo contrario, pareciera que esa palabra ha acelerado la preparación de terrenos, la excavación de canales, las nuevas amenazas de muerte contra los verdaderos propietarios de las tierras, la preparación de potreros para la expansión ganadera en los territorios de las comunidades afrodescendientes.
La certeza pública y oficial de la ilegalidad en la apropiación de los territorios ya denunciada desde el 2001 por las comunidades, descrita en los antecedentes de la resolución de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2003, ratificada en el informe a la verificación de octubre de 2004 por parte de INCODER y denunciada por la Defensoría del Pueblo en su comunicado público de abril de 2005, no ha hecho que acción alguna de orden administrativo se implemente tendiente a detener el ecocidio, la expropiación y la imposición del monocultivo en las áreas tituladas a las comunidades y la ofensiva de intimidación y de amenazas de muerte. Bastaría una orden del Presidente del República, de la Ministra de Ambiente y Vivienda, del Ministro del Interior, del Vicepresidente de la República, de la Corporación Autónoma Regional del Chocó, CODECHOCO, para que cesara la apropiación ilegal desarrollada en un escenario de protección paramilitar, de desmovilización y o de la implementación de la Política de Seguridad.
El proyecto agroindustrial avanza en medio de la ilegalidad y de la imposición de un modelo de desarrollo sin ética sin principios de convivencia y de respeto a la vida y al Territorio Biodiverso de la Humanidad. El proyecto agroindustrial avanza sostenido en la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad que avala el control a sangre y a fuego de los Territorios Colectivos de las Comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó.
Nuestra Censura Moral ante el desmoronamiento del Estado de Derecho, antes que acción alguna a favor de las comunidades legalmente propietarias del territorio sembrado con palma aceitera o dispuesto para la extensión ganadera, la Fuerza Pública convive con el delito, comparte territorialmente en términos militares con “civiles” armados de la estrategia paramilitar vinculados con las plantaciones de palma, y la Brigada XVII del Ejercito; acompaña de manera permanente el desarrollo de las actividades de extracción de madera, de construcción de canales de drenaje, de esquilmación de la selva, de siembra de palma y de preparación de potreros. Y en desarrollo de la estrategia paramilitar se combinan los escenarios de desmovilización de Santafé de Ralito con el de las acciones militares como Bloque “Elmer Cárdenas”, BEC, se pretende confundir con los nombres, pero es precisa la proyección de la constitución de un modo de desarrollo excluyente, que a su vez se muestre como proyecto de reconciliación entre los victimarios y las víctimas y bajo el olvido y el desconocimiento del Derecho, posibilite la legalización de la ilegalidad y de lo ilegítimo a través de la institucionalización de propiedades y de proyectos como la Palma y la Ganadería.
Nuestra Constancia ante las amenazas de muerte persisten. Por lo menos, ahora esperamos, que el aparato de investigación, que nunca ha actuado frente a más de 110 Crímenes de Lesa Humanidad, actúe sin solicitar el nombre de pila de los que profieren las amenazas de muerte o de los paramilitares, a quiénes sufren las amenazas. Esperamos que no se exija a las víctimas suministren pruebas técnicas, pareciera que el aparato de investigación oyen o ven lo que quieren ver, no lo que la sensatez y los cinco sentidos muestran a todos. La impunidad y la práctica política permiten caso concluir que frente a todo lo que ocurre en el Curvaradó y Jiguamiandó, no es posible creer ni en las políticas de gobierno en materia de ambiente, de respeto a los Derechos Consagrados en la Ley 70 de comunidades negras; que no es posible esperar que el circuito de impunidad cese… queda en evidencia, se constata nuevamente, que Derechos para los empobrecidos no existen sino en la formalidad, en centenares de papeles o de archivos electrónicos.
Nuestra Censura ante el exterminio, la persecución, la destrucción de un grupo humano con las más diversas técnicas desde la tortura corporal a la psicológica, desde la desaparición forzosa hasta la destrucción de caseríos, desde el asesinato selectivo y la masacre hasta el arrasamiento de todo tipo de vida, desde el desplazamiento forzoso hasta el desarraigo total y absoluto. Se ha impuesto el Estado de Hecho, el Derecho No Existe. La verdad no es posible. La ambición se impone sobre la solidaridad. El odio del poder sobre el amor de los empobrecidos. El Estado está erosionado.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante actuaciones de la guerrilla de las FARC EP que afecto nuestro derecho a la defensa de los derechos de los afrodescendientes
Nuestra apelación ética a que actúen URGENTEMENTE a fin de evitar el exterminio, la destrucción de unas comunidades, a que ejerzan el Derecho a fin de honrar la palabra empeñada ante la Corte interamericana el 14 de marzo pasado, en San José de Costa Rica, de frenar y de suspender de modo inmediato la siembra de palma aceitera en los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó; de responder integralmente a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo respecto a la asistencia humanitaria, condiciones de retorno de las comunidades, respeto a las Zonas Humanitarias, dotación de los sistemas de comunicación , presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en las Zonas Humanitarias; de crear una Comisión de Verificación de Medición de Daños Ecológicos en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó y Curvaradó por efecto de la siembra de palma Aceitera y las posibilidades de Retorno de las comunidades afrodescendientes
Nuestra Constancia ante las nuevas amenazas de muerte han sido proferidas en medio de operaciones militares de presencia territorial de la Brigada XVII contra los verdaderos propietarios, que ante la inacción gubernamental, la negligencia del ente investigador y de organismos de control han intentado recuperar las fincas para su sobrevivencia. A lado de las amenazas de tipo paramilitar, personal vinculado con las empresas palmicultoras han intimidado a los pobladores –legítimos dueños- con la advertencia de que mataran a 5 de ellos y quemarán las enrramadas de sus fincas si persisten en trabajar en las propiedades, que ya están destinadas para la siembra de palma.
En nombre de Dios, en nombre de la destrucción de la vida humana y del planeta apelamos a que ACTUEN PRONTA, DILIGENTE Y URGENTEMENTE en Derecho, antes de que todo sea demasiado tarde. Aún hoy es posible que actúen mañana los daños a la vida y al territorio, a la existencia de un pueblo serán irreparables.
Quizás, lo que hoy continúa siendo una Constancia, algún día, ante los ojos de la humanidad se convierta en la posibilidad de la Verdad y de la Justicia.
De toda consideración,
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ