Amenazas a liderezas y defensoras de derechos humanos en Putumayo
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la arbitrariedad, los abusos de la Fuerza Pública en dos circunstancias diferentes en Puerto Playa y la Pedregosa y Villagarazón, en el mismo departamento de Putumayo.
Bogotá, D.C. octubre 22 de 2010
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
ANGELA MARÍA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“Tanto grito contenido, tanta humillación empozada en el alma, las palabras malditas y los pañuelos blancos que se agitan….”Consuelo Hernández
Reciban un respetuoso saludo
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la arbitrariedad, los abusos de la Fuerza Pública en dos circunstancias diferentes en Puerto Playa y la Pedregosa y Villagarazón, en el mismo departamento de Putumayo.
Los tratos crueles, las amenazas, las intimidaciones, los hostigamientos ante unas comunidades, que han venido construyendo iniciativas de sustitución de siembras de coca para uso ilícito, no cesan. La reedición de las fórmulas de represión ante las reivindicaciones sociales se constata hoy ante la protesta legítima de sectores rurales y obreros afectados por las operaciones empresariales extractivas.
Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética esperando que ustedes en coherencia con el lema de la prosperidad democrática, habiliten los mecanismos expeditos, para que se brinden garantías a las liderezas de la Perla Amazónica, a las familias que han sido objeto de abusos y violaciones de derechos humanos, se conozca y respeten las iniciativas de sustitución de las comunidades.
Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética para que se adopten medidas para el diálogo político a fin de posibilitar mecanismos para el mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas y mestizos, trabajadoras y trabajadores afectados o vinculados a la exploración y explotación petrolera.
Ante ustedes nuestra Constancia sobre de los siguientes graves hechos en el corazón del plan Colombia, Plan de Consolidación y Plan Patrióta.
*Miércoles 7 de octubre SANDRA LAGOS, presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC, del caserío Puerto Playa, Perla Amazónica, municipio de Puerto Asís, con el comienzo de operaciones de erradicación de cultivos de coca se comunicó con el Coronel COLÓN de la Fuerza Naval del Sur con la finalidad de recordar la necesidad de concertar una salida de fondo al problema como lo habían acordado con el gobierno nacional.
En respuesta el militar insinuó que los cultivos de coca pertenecían a la guerrilla y que “la orden ante cualquier movimiento sospechoso era bombardear”.
Los señalamientos contra la comunidad en que se les asocia como parte de la guerrilla de las FARC EP se realizan a través de comunicados de la Fuerza Naval. Los resultados en la destrucción de cultivos de coca de las comunidades se muestran como partes militares contra la guerrilla.
*Viernes 15 de octubre en horas de la mañana, sobre la ribera del río Putumayo, a la altura del caserío Puerto Playa, corregimiento Perla Amazónica, unidades de la Fuerza Naval del Sur abordaron a campesinos reclamando por las Constancias de nuestra Comisión de Justicia y Paz sobre los tratos crueles y amenazas en Puerto Playa.
El militar expresó a los campesinos que la responsable de esa denuncia era SANDRA LAGOS e invitó a estos a una reunión advirtiendo que si no había pruebas: “él hacía una contrademanda”.
De acuerdo con versiones de testigos el efectivo regular llevaba consigo un listado con el nombre de integrantes de la comunidad.
*Sábado 16 de octubre hacia las 9:00 a.m. llegaron al caserío de Puerto Playa, unidades de la fiscalía acompañados por uniformados de la Fuerza Naval del Sur.
El ente investigador solicitó a los pobladores que se les condujera hacia el lugar en donde ocurrieron los hechos y requirió al teniente SALAS para que los esperara. El efectivo regular manifestó que él debía acompañar su presencia. El fiscal decidió comunicarse con el mando de la brigada 27 quien le reiteró que si iba solo no le garantizan la seguridad.
La fiscalía decidió adelantar la indagatoria en una vivienda a la orilla del río.
El militar SALAS expresó su malestar por la denuncias, agregando que lo mejor sería que hubieran dado sus quejas a él o el Coronel. Aseveró que su hoja de vida valía mucho y que iba a reclamar a los habitantes que iban a declarar. SANDRA, la presidenta la JAC, manifestó que ellos no tenían nada que hablar directamente con él, salvo en presencia de su abogado o del Fiscal del caso
SALAS manifestó que detrás de la denuncia se encontraba SANDRA LAGOS, JANETH SILVA y una la misionera.
Hacia la 1:00 p.m. en Puerto Asís, se tomaron las declaraciones de DARLY CORTÉS y ANDRÉS RAMÍREZ, dos de los afectados por las actuaciones arbitrarias de las fuerzas militares.
*Domingo 17 de octubre entre las 10: 00 a.m. y la 1:00 p.m. la lidereza JANETH SILVA recibió a sus celulares 3118110836 y 3138858044.seis llamadas, al contestar, no le respondían. En una ocasión devolvió la llamada y no le hablaron.
* Lunes 18 de octubre entre las 10:00 a.m. y 11:45 a.m. la lidereza recibió varias llamadas sin que le hablen. A las 11:45 a.m. llaman otra vez y al contestar se escucha la fuerte carcajada de un hombre.
* Lunes 18 de octubre en horas de las tarde la profesora de la escuela de Puerto Playa observó que su lugar de habitación fue saqueado y hurtados 3 rollos de papel higiénico, e1 toldillo, 3 vasos, 5 cucharas, 1 canasta de cerveza, 1 tarro de nescafé grande, 1 kg de azúcar, 2 mecheras, de propiedad comunitaria.
Durante los últimos tres días efectivos militares de la brigada 27 acamparon en la escuela.
* Martes 19 de octubre a JANETH le llaman nuevamente desde las 10:00 a.m. por espacio de media hora, en esta ocasión se identifica el número de celular 310 487 43 27.
A las 11:45 a.m. recibió una última llamada del mismo número, a voz de hombre, le advierte a través de una pregunta: “¿No hay miedo por lo que le pueda pasar?”,
*Martes 19 de octubre hacia la 1:00 a.m. en el caserío Puerto Playa, ingresaron a la vivienda de la familia RAMÍREZ DÍAZ, seis sujetos armados, vestidos de sudadera verde y saco negro, quienes se identificaron como agentes del CTI de la Fiscalía.
Ellos mismos se identificaron como los responsables de los atropellos de septiembre pasado, solicitaron la hoja de coca. Segundos después le colocaron a CARLOS RAMÍREZ un machete en el cuello y un revólver en la cabeza, y luego lo golpearon con los pies.
Posteriormente ingresaron a la vivienda, se llevaron ropa y otros objetos y encerraron a los pobladores en el interior de la casa, antes de retirarse dejaron tirado el registro civil que habían sustraído en el anterior allanamiento ilegal.
Como en la ocasión anterior las víctimas lograron identificar en la abusiva operación efectivos militares.
Las unidades militares de la brigada 27 que estaban acampando en el poblado fueron inmediatamente informados de lo sucedido, su respuesta fue que para hacer algo, había que llamar y reportar.
A pesar de la inacción de las fuerzas militares, los pobladores siguieron las huellas de los victimarios coincidentes con las botas de los militares y ubicaron el bote en que los supuestos agentes del CTI se habían movilizado.
*Martes 19 de octubre los padres de familia del caserío Puerto Playa, citaron al ejército para aclarar el saqueo y hurto de la escuela.
* Miércoles 20 de octubre en horas de la tarde en Bogotá conocimos en nuestra Comisión de Justicia y Paz un testimonio que indica con nuevas precisiones que en los hechos ocurridos en la residencia de la familia RAMÍREZ DÍAZ, participaron víctimas del abuso de la Fuerza Naval.
De acuerdo con este testigo, se identifican los militares por las prendas de vestir el pantalón y las botas, que son las mismas que usan en el retén fluvial. Agregó que los hombres que cubrían su rostro se dirigían entre ellos con los grados militares, días después de los tratos crueles, identificaron relojes y uno de los celulares hurtados en el remolcador del batallón Fluvial Fuerza Naval del Sur.
En el relato se expresó que los militares desarrollaron operaciones psicológicas amenazando a los pobladores que tenían licencia para matar, pero a uno de ellos “le encanta descuartizar”. Otro de los uniformados expresó que “se iban a morir quemados” y procedieron a rociarles con gasolina.
Uno de los militares que maltrató físicamente a las personas expresó: “Teniente nadie quiere decir nada”. Otro respondió “Mi cabo, llame a mi capitán y dígale que el sapo nos mintió” y otro manifestó el Capitán ordenó quedarse a dormir en el lugar “porque la coca esta aquí, rodeen el área y ubiquen un hombre cada 5 metros”.
Los participantes en el operativo se quejaban de no haber encontrado nada y que los datos del informante eran falsos.
Cuando iniciaron el registro de la vivienda los militares y civiles se encuentran los documentos de ANDRÉS RUÍZ, conocido en la región como “El Narvas”. Uno de los militares expresó que este pasaba por el remolcador ya agregó: “a este lo estamos buscado, lo tenemos en el sistema”, ANDRËS estuvo siempre presente en la vivienda, exigiendo respeto a las mujeres y los niños.
El testigo expresó que en la semana del 7 al 11 de septiembre en el caserío El Amaron, de la Inspección de Puerto Asís, ocurrió un operativo del mismo tipo. Sustrajeron dinero, objetos de valor, celulares, mercados y los ahorros de la escuela ($48.000); golpearon a los miembros de las familias, se montaron encima de las mujeres y les apretaron el cuello.
El testigo expresó que conoció que el domingo 19 de septiembre en horas de la tarde, una de las víctimas de los hechos del 11 de septiembre reconoció a uno de los abusadores en el remolcador “Capitán Vladimir Vadek Moore” de la Fuerza Naval del Sur.
Cuando la Constancia y Censura Ética fue conocida el lunes 20 de septiembre efectivos de la Fuerza Naval del Sur se acercaron a una de las viviendas del caserío Puerto Playa , preguntando quién de la comunidad los había demandado.
Días después, el jueves 23 de septiembre a eso de las 2:45 p.m. expresa otra víctima que un grupo de la familia MIRAMAR SILVA de La Perla Amazónica, de la lidereza JANETH SILVA, que se movilizaba en un bote al acercarse al remolcador militar para presentar documentos de identidad, militares desde una piraña realizaron disparos indiscriminados.
Protesta de organizaciones sociales frente a políticas extractivas petroleras
*Martes 12 de octubre en horas de la mañana se se inició en Villagarzón las protestas de organizaciones indígenas, sociales y el sindicato de Trabajadores Petroleros del Putumayo por que la perforación y explotación de pozos petroleros no está posibilitando e mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.
Los manifestantes no han bloqueado la vía, informan a todos los transeúntes de sus exigencias e impiden temporalmente el paso de vehículos de las compañías petroleras, cumpliendo la palabra dada al gobernador de Putumayo.
*Jueves 14 de octubre hacia las 10:00 a.m. unidades de policía se acercaron al lugar de concentración en Villagarzón con la orden de desalojo emanada por el alcalde LUIS EDUARDO GARCÍA FRANCO.
Hacia las 12 de la tarde, el alcalde a los beneficiarios del Programa Familias en Acción, les instó a no participar en la protesta con la amenaza de desafiliar a quien se vinculara a esta.
*Viernes 15 de octubre hacia las 4:00 a.m. con la orden de la alcaldía, nuevamente llegaron unidades policiales del ESMAD al sitio donde acampaban los manifestantes. Luego de hostigarlos, les lanzaron bombas aturdidoras y gas lacrimógeno.
Ante esta actuación la multitud, incluso moradores de Villagarzón, se volcaron contra los uniformados.
Hacia las 4:30 p.m. las organizaciones que dialogaban en la mesa de concertación con las autoridades locales se levantaron al no encontrar en una respuesta efectiva a sus demandas.
Al intentar volver a la vía, los delegados de las comunidades fueron atacados por unidades del ESMAD, quienes lanzaron bombas aturdidoras, gas lacrimógeno y al parecer balas de goma.
Cerca de diez indígenas resultaron heridos..
Nuevamente en respuesta más de mil personas, un gran número de Villa Garzón, reaccionan lanzando piedras contra los uniformados. Dos de ellos resultaron heridos y dos motocicletas policiales incendiadas.
Desde ese momento y hasta el amanecer del siguiente día la vía estuvo bloqueada para todo tipo de transporte. Sin embargo, los medios de información reportaron que el ESMAD y el ejército habían habilitado la vía.
*Domingo 17 de octubre en horas de la tarde ante la imposibilidad del diálogo indígenas y líderes de organizaciones sociales decidieron realizar tomas pacíficas de pozos petroleros.
Hacia las 4:30 p.m. un grupo de 30 guardias y autoridades indígenas del pueblo Nasa se dirigieron hacia el pozo petrolero Costayaco 10, operado por la compañía Gran Tierra Energy, ubicado en Villagarzón junto a la vía Mocoa-Puerto Asís, enfrente a la Base de la Policía Antinarcóticos.
Luego de ingresar, el ESMAD respondió lanzando bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, mientras el ejército disparaba contra los indígenas.
Por la respuesta de la fuerza pública los manifestantes se dispersan, y se reportaron seis indígenas retenidos OLIMPO CANÁS, LISANDRO CAMPO, EDWIN ACHIOIZ, MARIO CAMPO, JUAN CARLOS CUNDA y DANIEL BAICUÉ.
DANIEL fue sorprendido por unidades del ESMAD, quienes le lanzaron gas lacrimógeno, al parecer balas de goma, uno de los cuales le impactó en la parte frontal izquierda dejándole una herida de consideración. Por este golpe, cayó al piso en donde fue golpeado con punta pies y bolillos.
Dada su situación de afección física fue trasladado al interior de la base de la policía antinarcóticos., pero según relata, no recibió atención médica alguna, siendo trasladado posteriormente al E.S.E. Hospital Local de Puerto Asís
Hacia las 8:00 p.m. a las instalaciones policiales tan solo permitieron el ingreso de una enfermera para prestar primeros auxilios.
*Lunes 18 de octubre hacia las 8:00 a.m. delegados de la coordinación del paro se reúnen con el Secretario de Gobierno departamental para solicitar agilizar la reunión con el alto gobierno y solicitar la libertad de los detenidos.
Alrededor de las 10:00 a.m. se decidió en un consejo de seguridad no judicializar a los seis indígenas. Una comisión encabezada por la Defensoría del Pueblo acudió a las instalaciones de policía antinarcóticos. Allí se constata que dos de ellos tienen heridas en la cabeza, uno con doce puntos, otro con tres puntos; un tercero seriamente comprometido el dedo meñique y uno último que fue trasladado al hospital de Puerto Asís con heridas de gravedad.
Hacia las 2:00 p.m. en la base de la policía a la Defensoría se les informn que no pueden dejar en libertad a los indígenas, pues la compañía petrolera demandó por daños causados. Agregó, que si la policía no los judicializaban, la empresa demandaría a la policía.
*Martes 19 de octubre hacia las 3:00 p.m. agentes policiales se acercaron al hospital para tomar datos de su lugar de habitación, oficio, número de teléfonos de DANIEL.
Hacia las 4:00 p.m. se conoció la historia clínica que dice que DANIEL “fue encontrado en la vía (carretera” y es traído al servicio de urgencias”. Sin embargo, tal aseveración es falsa y fue imposible para la familia indagar sobre lo que dice la historia clínica.
Respecto a las heridas la historia expresa que DANIEL, está con una herida frontal H-6 cm profunda, no hundimientos, con edema en labio superior, equimosis, en el lado derecho del tórax y signos de golpes en pared toráxica. Y finalmente la expresión: Signos de alarma.
*Miércoles 20 de octubre en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió el reporte que los indígenas fueron dejados en libertad.
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la aplicación de la política represiva a los sembradores de coca, detrás de la cual se ocultan los intereses de militares por apropiarse de la materia prima que genera recursos, usando mecanismos encubiertos y clandestinos de tipo paramilitar.
Esa política refleja el uso de la fuerza de modo arbitrario con tratos crueles, el uso de la tortura psicológica a fin de proteger o asegurar ganancias propias, encubierto en la institucionalidad.
Nuestra Censura al uso simbólico, mediático de la existencia de la guerrilla de las FARC en esta región del país para criminalizar a los pobladores rurales que pretenden sobrevivir con la siembra de coca, justificando de este modo la represión, la judicializaciones y produciendo positivos falsos contra la guerrilla, cuando se reprime las condiciones sociales de exclusión de los campesinos.
Nuestra Censura ante los abusos policiales del ESMAD que aplica una política represiva para negar el diálogo y la concertación frente a problemas estructurales en el campo, protegiendo proteger los intereses extractivos de empresas poderosas vinculadas a los hidrocarburos, pretendiendo desconocer las exigencias básicas de justicia, de equidad, de compensación por los efectos negativos de la extracción petrolera sobre comunidades y los ecosistemas.
Ante la delicada situación que se vive en el Putumayo en materia social, de marginalidad y de inequidad, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional se dé una respuesta pronta y oportuna:
1. Qué medidas concretas se van adoptar administrativamente frente las situaciones presentadas con la brigada 27, batallón fluvial?
2. Estas operaciones del batallón fluvial son financiadas con recursos de los Estados Unidos? Bajo que cuantía y que aspectos de la brigada 27 financia?
3. Qué medidas concretas de garantías y de protección para la libre expresión, el derecho a la verdad y a la justicia se van a brindar a las familias que fueron violentadas en septiembre pasado en Puerto Playa, y las liderezas JANETH SILVA y SANDRA LAGOS?
4. Qué garantías especificas para el caso va a brindar el ejecutivo a la fiscalía para garantzar la independencia judicial y la protección de víctimas y de testigos?
5. Respecto a la situación de exploración y explotación petrolera que medidas se van adoptar frente a las solicitudes legitimas de equidad y de mitigación frente a los efectos de estas?
6. Qué medidas para la protección de los lideres y familias de las organizaciones de base que han demandado esos derechos?
7. Qué medidas concretas para el desarrollo de actuaciones consultadas y consentidas con las comunidades?
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz