16 Abr 2022
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Amenazas a la vida, libertad e integridad de comunidades, lideres y liderezas sociales, comunales, indígenas del departamento del Caquetá

14 de abril de 2022


DENUNCIA URGENTE
AMENAZAS A LA VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD DE COMUNIDADES, LIDERES Y LIDEREZAS SOCIALES, COMUNALES, INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
El COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS –CPDH-
Seccional Caquetá, la FEDERACIÓN COMUNAL DE CAQUETA y la COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y CAMPESINAS DEL CAQUETÁ – COORDOSAC
DENUNCIAN


Ante la Comunidad Nacional e Internacional, las Organizaciones de Derechos Humanos y el Estado Colombiano, la difícil situación que, en materia de Derechos Humanos, atraviesan las comunidades del Departamento del Caquetá, que, como lo hemos venido denunciando de forma reiterada, vienen siendo amenazadas por grupos armados, al margen de la ley, vulnerando de manera grave el derecho a la vida, la libertad e integridad personal de los habitantes del Caquetá.


HECHOS


1. Presencia de grupos armados al margen de la ley. Como resultado del incumplimiento en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP) el departamento del Putumayo y el Caquetá, en zonas con fuerte presencia del ejército nacional, se ha visto aterrorizado por grupos armados al margen de la ley al servicio de carteles del narcotráfico y que por acción u omisión de algunos servidores y agentes del Estado, han venido haciendo presencia en los territorios del Putumayo, Baja Bota caucana (Piamonte), sur del Caquetá y, últimamente, en los municipios de Cartagena del Chairá, Paujil, Solano y La Montañita, presentándose como “comandos de la frontera” sembrando temor e inseguridad entre las comunidades obligadas a guardar silencio.
2. Asesinatos, masacres, desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados:
• Tomando como referencia la ALERTA TEMPRANA N° 001-21 del 7 de enero de 2021 emitida por la Defensoría del Pueblo, se evidencia el reacomodamiento de grupos armados (“Comandos de la frontera” “Los Azules”, “Los Escorpiones”, “Los Niches”, “los Cobra”, Facciones disidentes de las antiguas FARC-EP) en los municipios de Puerto Guzmán (Putumayo), Piamonte (Cauca), San José del Fragua, Curillo y Solita (Caquetá)
• El día 7 de julio desaparece el líder social Dagoberto Giraldo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la inspección de policía de Berlín del municipio de El Doncello. Nueve meses después, continua la zozobra y las autoridades aún no brindan ninguna respuesta.
• El 9 de noviembre 2021, fue asesinado WILLINTON HERNÁNDEZ, presidente de la Junta de Acción Comunal Barrio el Centro de la Unión Peneya, municipio La Montañita.
• El 5 de marzo 2022, hombres armados irrumpieron en el caserío de San Isidro y asesinaron a Carlos Augusto Hurtado Monroy.

• El 9 de marzo 2022, en la vereda Tailandia, Unión Peneya, La Montañita, fue asesinado MARCO ANTONIO MORALES MONROY.
• El 25 de marzo 2022, hombres armados presuntamente al mando de alias Alexander o el mocho, quien fuera el tercero al mando del grupo que en 2018 comandara Osnar Ordeley Galvis Méndez, alias Sabajón o Edwin; llegaron al Corregimiento Orteguaza municipio de Florencia, presentándose esta vez como miembros de la Columna Alfonso Cano de la Nueva Marquetalia. Entre las orientaciones impartidas estaba la de votar por cualquiera de los candidatos a la presidencia, menos por GUSTAVO PETRO.
• El 31 de marzo de 2022, a las 2:00 am, en el centro poblado de Puerto Gaitán, Unión Peneya
-La Montañita- fue asesinado ALEXANDER PASTRANA LOSADA.
• El 10 de abril, hombres armados, vistiendo prendas militares y de color negro, llegan hasta la vereda Horizonte, del núcleo Miramar del municipio de La Montañita Caquetá, secuestran al señor FABINSON DUCUARA, presidente de la Junta de Acción Horizonte quien luego fue hallado muerto el día 14 de abril de 2022.
• El 11 de abril de 2022, en horas de la mañana, hombres armados que se presentaron como integrantes de los Comandos de Frontera, entran en el caserío Miramar, hacen compras y se retiran. A media mañana regresan y ordenan a los habitantes del caserío Miramar reunirse en la Caseta Comunal. Dos miembros del grupo dirigen la reunión. Le dicen a la comunidad que todo el que tenga algún vínculo con las Disidencias de las FARC o sea militante de izquierda, será objetivo militar. Que debían guardar silencio sobre su presencia en la zona y que nadie debía andar por los caminos después de las 6:00 pm.
• Luego de la reunión se retiran, para regresar nuevamente en horas de la tarde. Llegaron preguntando por dirigentes comunales entre ellos Ludivia Galindez, Defensora de Derechos Humanos del lugar, pero la comunidad les dijo que no se encontraba en el Caserío.
• También preguntaban por Mayury, pero esta no se encontraba en el lugar. Decían haber interceptado una llamada al batallón en la que esa persona (Mayury) había informado sobre la presencia del grupo en el lugar. Le quitaron el celular a una joven de nombre Yury, revisaron el registro de llamadas y su cuenta de whatsApp, devolviéndoselo después. No sin antes amenazar a las familias BEJARANO SÁNCHEZ, que debían abandonar el caserío Miramar dentro del término de 24 horas; siendo en total cuatro familias obligadas a desplazarse forzadamente.
• El lunes 11 de abril se recibe información sobre presencia de hombres armados en la vereda Buenos Aires, sitio la Quesera, municipio de Paujil, De otro lado estamos recabando información sobre una masacre que tuvo lugar en municipio de Solano, donde fueron asesinadas 6 personas y varias familias desplazadas.
RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano en cabeza del señor presidente IVAN DUQUE MARQUEZ, al ministro del Interior DANIEL PALACIOS MARTÍNEZ, al ministro de Defensa DIEGO MOLANO, a la Gobernación del Departamento del Caquetá en Cabeza de ARNULFO GASCA TRUJILLO, del departamento del Putumayo en Cabeza de BUANERGES ROSERO PEÑA, del departamento del Cauca en Cabeza de ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ; al Brigadier General FREDY MARLON COY VILLAMIL Comandante de la Sexta División del Ejército Nacional; de las

consecuencias que pueden originarse de no esclarecer cuanto antes estos actos, y de continuar poniendo en riesgo la vida e integridad de las comunidades.
EXIGIMOS
1. Al Gobierno nacional, Departamental y Municipal; Tomar medidas urgentes para salvaguardar los derechos fundamentales, a la vida, libertad e integridad personal, en especial, de quienes habitan los territorios relacionados en la presente denuncia y a exhortar a las Fuerzas Militares y de Policía, para que, en cumplimiento del mandato constitucional, garanticen la seguridad y el orden público en los territorios, y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos.
2. A la fiscalía general de la Nación; Ordenar se adelanten las investigaciones pertinentes, para establecer responsabilidades de funcionarios públicos, frente a la tolerancia u omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, para desmantelar las organizaciones armados ilegales. Y dar las herramientas y presupuesto necesario a la Unidad Especial de Investigación, para que en cumplimiento del punto 3.4.4 del AFP, realice un trabajo eficaz y eficiente en el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales, responsables de homicidios y masacres, amenazas y desplazamientos, objeto de la presente denuncia.
5. A los Organismos de Control del Estado. Adelantar las acciones pertinentes para establecer posibles faltas disciplinarias de funcionarios públicos, por incumplimiento u omisión en el ejercicio de sus deberes constitucionales y/o tolerancia con grupos armados al margen de la ley.
6. A la Organización de Naciones Unidas / Misión de Verificación a la Implementación del AFP. Realizar las acciones pertinentes para exhortar al gobierno colombiano a cumplir lo acordado en el AFP, Punto 3.4 (3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5) que trata sobre las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos; en especial para qué se generen las mesas técnicas, para que hagan seguimiento a las manifestaciones criminales, objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuyan a complementar el esfuerzo estatal.


SOLICITAMOS


A la Defensoría del Pueblo, personería, oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Segunda misión de verificación, a MAPP-OEA, a los organismos de derechos humanos y organizaciones que, en el marco del cumplimiento de su mandato, presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido.


CONVOCAMOS


A las organizaciones e instituciones que promueven la defensa del goce efectivo de derechos a estar atentos, fortalecer la comunicación interna y construir estrategias de protección colectiva, pues solo juntos podremos afrontar los mal sanos deseos de los amigos de la guerra que buscan mancillar esta imparable marcha hacia la democracia.