Amenaza de muerte a líder de restitución y funcionarios de Agencia Nacional de Tierras y Ministerio del Interior.
El día viernes 23 de noviembre a las 4:40 p.m., llegó a los correos de los funcionarios del Ministerio del Interior una comunicación que en su asunto versaba: SENTENCIA DE MUERTE, amenazando directamente a Guillermo Padilla, Camilo Botero, Carlos Salazar y el líder comunitario Enrique Cabezas.
Los tres funcionarios del Ministerio del Interior y de la Agencia Nacional de Tierras, han venido cumpliendo con los autos de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, realizando desalojos a poseedores de mala fe. Esta labor estaba siendo acompañada por el líder del Territorio Colectivo de Curvaradó, Enrique Cabezas.
En el texto del correo indican que ellos le están quitando las tierras a personas honestas y apoyando procesos de restitución de tierras, razón por la cual son declarados objetivo militar.
Sobre el líder Enrique Cabezas, le solicitan que se abstenga de visitar el territorio y de desalojar a las personas que han “bienestar, empleo y seguridad a la región”.
Al momento se había realizado desalojo en Caño Claro y Apartadocito, en cuatro áreas ocupadas por empresarios poseedores de mala fe. Sin embargo, estos predios no han sido restituidos en debida forma por parte del Consejo Comunitario.
Los riesgos que ha corrido el lider Enrique Cabezas son evidentes de tiempo atrás en medio de un complejo proceso de devolución de la tierra, y los procesos de cooptación empresarial que desarrollan tácticamente para evitar un uso, goce y posesión de la totalidad de los habitantes tradicionales de Curbaradó.
Las medidas de protección de Enrique son inadecuadas para el riesgo que padece y que se agudizó desde noviembre de 2017, cuando fueron asesinados Mario Castaño y Hernán Bedoya, denunciantes de empresarios.
Este hecho es un obstáculo para lograr el proceso de restitución de tierras en el Territorio Colectivo de Curvaradó, previamente ordenado por la Corte Constitucional desde 2010.
Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2018
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
