Amenaza con artefacto explosivo a líder del Naya
Persisten amenazas contra Manuel Garcés, integrante del consejo menor de bajo Naya y candidato a la alcaldía de López de Micay
Bogotá, D.C. Junio 21 de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
ANGELA MARÍA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
VIVIAN MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Hoy en día, Colombia mantiene su problema clásico de déficit de legitimidad del sistema político; tiene quizás un estado más eficaz, pero solo respecto a un tipo de actores sociales que se oponen al régimen. Mauricio García
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la grave amenaza de muerte contra MANUEL GARCÉS y su familia, y la afección a su entorno comunitario en el Bajo Naya, por operaciones de tipo paramilitar de carácter permanente y sistemático que pretenden imposibilitar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las familias de los consejos menores que habitan en el Naya.
Esta actuación grave se suma y es coincidente con los señalamientos y estigmatización que los integrantes de la junta directiva del Consejo Comunitario de bajo Naya han sufrido por la fuerza pública, entre ellas, la brigada 2, cuando esta ha conocido de la decisión de MANUEL de presentarse como candidato con el respaldo de las familias de comunidades negras a la alcaldía de López de Micay a través del Polo Democrático.
La existencia del conflicto armado interno dentro del territorio del municipio de Buenaventura, en su casco urbano y los espacios rurales, el que se expresa con las operaciones de la guerrilla de las FARC y las operaciones contra insurgentes de la Fuerza Pública y las estrategias paramilitares, se ha usado como pretexto para la estigmatización y la asociación de los ejercicios de derechos civiles y político con el movimiento armado.
Ante ustedes los fundamentos fácticos de esta Constancia Histórica
* Lunes l3 de junio a las 6:00 a.m. en Buenaventura, en la residencia de MANUEL GARCÉS GRANJA, afrodescendiente del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya, candidato por el movimiento social a la alcaldía de López de Micay, ubicada en la carrera 47 No. 9 -37, Barrio La Comuna, en el sector del oriente, fue dejada una granada, de uso privativo de la fuerza pública, colgada en la ventana derecha.
La propiedad se encontraba deshabitada debido a que la familia en razón de las permanentes amenazas ha dejado de estar allí. El artefacto explosivo se encontraba en una bolsa transparente con un panfleto escrito en hoja de cuaderno lineal, con tinta roja y letra mayúscula, escrita literalmente en los siguientes términos: “LE HABIAMOS ADVERTIDO QUE SE RETIRARA DE LA CAMPAÑA, LA PROXIMA VES SE LA EXPLOTAMOS DENTRO DE LA CASA Y LA DE SUS CORDINADORES”.
A las 6:20 a.m. la policía fue informada por vecinos del sector, quienes acudieron una hora después, y confirmaron que se trataba de una granada. Al lugar también acudieron los afronayeros, ELVER VALENCIA RODALLEGA de 21 años y JULIO FRANCISCO ANGULO VALENCIA de 18 años, personas encargadas de la casa y miembros del equipo de coordinadores juveniles de l consejo del bajo Naya, para verificar la situación.
Hacia las 8:30 a.m. fueron detenidos por la policía como sospechosos y llevados a las oficinas de la SIJIN, frente a la terminal de trasportes en el centro de Buenaventura. Allí fueron separados para un interrogatorio y luego juntados para una prueba escrita,. En el interrogatorio les preguntaron por MANUEL. Si había sido o no amenazado antes, por el partido con el que se presenta a las elecciones, sobre su relación o no de parentesco, por las direcciones de las casas de los otros coordinadores. Posteriormente, fueron obligados a escribir tres páginas y media, utilizando ambas manos, escribiendo en mayúscula relatos donde incluyeron todas las palabras de la amenaza, intercalándolas de distinta manera.
A las 12:28 p.m, fueron dejados en libertad, luego de que argumentaran su condición de estar protegidos por medidas cautelares y los abusos de autoridad. Al escuchar de las medidas de protección y del acompañamiento que tienen de nuestra Comisión de Justicia y Paz, les hicieron firmar nota de buen trato, de esta no lograron copia.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para las y los integrantes del consejo comunitario del bajo Naya en su libre movilización, su libre expresión y libre derecho a la asociación y a la participación política, cobijados con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de imparcialidad de la Fuerza Pública y la mirada doctrinaria excluyente de la seguridad nacional que desconoce la posibilidad de la libre expresión disidente, civilista, de los ciudadanos, de las familias de las comunidades negras que se identifican con una apuesta política.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de eficaces investigaciones penales tendientes a desestructurar la empresa criminal electoral que se encuentra detrás del control político, económico, social en las conflictivas subregiones de Buenaventura.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional requerimos con carácter urgente se dé respuesta a las siguientes solicitudes.
1. Luego de la reciente reunión de medidas cautelares ¿qué respuesta existe frente a las medidas materiales allí solicitadas para garantizar la libre movilización y participación de las familias del consejo comunitario de bajo Naya?
2. ¿Cuál es el estado de las investigaciones adelantadas, bajo que radicado, quiénes son los presumibles imputados y cuáles son las hipótesis de investigación?
3. ¿Cuáles son las directrices existentes sobre las garantías que debe ofrecer la Fuerza Pública frente a las comunidades negras, las campañas políticas y su participación?
Con profunda preocupación.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz