Amenaza a la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), coalición de 199 organizaciones colombianas que trabajan por la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, denuncia ante los organismos de control del Estado, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, embajadas, agencias de cooperación, Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, observadores internacionales, plataformas de derechos humanos y de paz, medios de comunicación y comunidad en general, sobre las amenazas contra la vida e integridad física de las defensaoras de derechos humanos de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, conforme a los siguientes:
DENUNCIA PÚBLICA
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS-NODO NORORIENTAL
12 de marzo de 2010
HECHOS
1. Judith Maldonado Mojica, representante legal de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, se sirve del teléfono celular que responde al número 320- 2317155 de la empresa de comunicaciones celular S.A. (Comcel).
2. El día de hoy, 12 de marzo de 2010, en el teléfono arriba mencionado, siendo las 7:12 a.m se recibió una amenaza en el buzón de voz de este celular. El mensaje proviene del abonado telefónico número 313- 6418100.
3. En el correo de voz, entre muchas cosas, deja el siguiente mensaje: Ustedes se metieron en un problema, en un problema del que no van a salir, vamos a colocar una bomba,… vamos a poner una bomba, donde ustedes serán los culpable… se metieron en la comunidad y no entraran más, se metieron donde no debieron… se lo digo, una bomba donde ustedes serán los culpables..Oiga Judith, su organización se metió arruinaron los planes, los planes que las águilas negras teníamos contra ellos. La van a pagar, la van a pagar muy caro”…
4. Dicho mensaje fue enviado desde el abonado telefónico Número 313 6418100.
LA CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PEREZ, es una organización no gubernamental, que trabaja desde hace ocho años en el Nororiente Colombiano (Santander, Magdalena Medio, Norte de Santander y Catatumbo) en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en la lucha contra la Impunidad y acompañando las justas causas de las comunidades, los sectores sociales y populares, como la población desplazada, la población campesina y el Pueblo Indígena Motilón Bari.
Dentro de las causas que acompañan se encuentran: 1. la defensa de la Vida, la Naturaleza, el Territorio y la Cultura que se adelanta junto con la Asociación de Campesinos del Catatumbo y el Pueblo Indígena Motilón Bari, para evitar que se adelante la explotación de petróleo y carbón a cielo abierto dentro de sus territorios y sin ser tenidos en cuenta, 2. El seguimiento a la situación de derechos humanos, en particular los casos de ejecuciones extrajudiciales (denuncia, representación de victimas, informes, etc.), 3. seguimiento a los crímenes cometidos por los paramilitares (aplicación de la ley de Justicia y Paz), acompañamiento a las victimas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral; 4. Fortalecimiento a los procesos organizativos de Población victima del Desplazamiento Forzado; 5. Defensas penales a campesinos del Catatumbo, quienes han sido injustamente privados de la libertad desde el 6 de febrero de 2010 y 6. Acompañamiento jurídico y político, a la persecución, hostigamiento, amenazas y judicialización de los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT; 7.Defensa de la biodiversidad, la tierra y el trabajo de los campesinos de Guamocó, frente a la amenaza de explotación de oro a cielo abierto por parte de multinacionales; 8. Defensa a los recursos naturales en la Provincia Guanentina.
Conforme a lo anterior la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-Nodo Nororiental, exige que frente a estos graves hechos, el gobierno adopte de manera urgente las recomendaciones que hace la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en su informe del 4 de marzo de 2010, que van dirigidas a:
Garantizar los derechos de la población civil ante la violencia organizada perpetrada por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, implementando estrategias adecuadas de combate; y recomienda redoblar esfuerzos para prevenir, investigar, juzgar y sancionar firmemente y sin ambigüedad cualquier vínculo, tolerancia o aquiescencia de la Fuerza Pública con estos grupos;
Avanzar en las investigaciones sobre el origen y los autores de las amenazas.