Alto riesgo de asesinatos, desplazamiento forzado y confinamiento de reclamantes de tierra en el Bajo Atrato

La Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco) expresa su profunda preocupación frente a la presencia y a los enfrentamientos entre actores armados en las cuencas de Jiguamiandó y Curbaradó (región de Urabá, noroccidente de Colombia) amenazando y atentando contra la integridad física y emocional de las comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas de la región.

En las últimas dos semanas se han registrado múltiples entradas de grupos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de esas cuencas, inclusive en presencia de una organización internacional miembro de Oidhaco, amenazando y sitiando a los miembros de las comunidades ya víctimas de muchos casos de violencias y crímenes de lesa humanidad registrados a lo largo de los años.

A pesar de numerosas denuncias ante las autoridades colombianas por parte de las comunidades rurales y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) que las acompaña, la población civil se encuentra en medio de enfrentamientos entre actores armados, legales e ilegales, que evidencian la expansión del control territorial de las AGC y del ELN en los territorios colectivos del Bajo Atrato (Urabá), sin que hasta la fecha haya habido una respuesta adecuada por parte del Estado colombiano en materia de prevención y protección.

Estos hechos se ubican en medio de un proceso de restitución de tierras estancado, que incrementa la ausencia de garantías para las comunidades en las cuencas. Cabe recordar que en diciembre de 2017, fueron asesinados dos líderes de restitución de tierras de la región, reconocidos históricamente, Mario Castaño y Hernán Bedoya, ambos amenazados por sus denuncias frente a intereses económicos en sus territorios y por su resistencia ante el desplazamiento forzado. Aún no se conocen los resultados de la investigación ni las autorías intelectuales de esos asesinatos.

A su vez, es importante subrayar que las comunidades de las cuencas de Jiguamiandó y Curbaradó son receptoras de excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc-Ep, y aportan paralelamente con información y testimonios ante los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No-Repetición, por lo cual enfrentan mayores riesgos en cuanto a su seguridad.

Adicionalmente ha sido denunciado a comienzo de febrero de este año un plan de atentado en contra de la CIJP quien acompaña a las comunidades en sus reivindicaciones de defensa de los derechos humanos y restitución de tierras. Tanto la CIJP como varias de las comunidades directamente afectadas por dichos acontecimientos, son beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ampliadas en febrero de 2018.

Por lo tanto, y con carácter de máxima urgencia, se solicita a la Unión Europea, sus Estados miembros, Suiza y Noruega a que insten al gobierno colombiano para:

• Convocar de inmediato una misión civil y humanitaria de verificación de los hechos, compuesta por integrantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y de la Consejería Presidencial, así como del cuerpo diplomático y de otros organismos internacionales
• Avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la región, incluyendo asesinatos y amenazas a reclamantes de tierras, así como casos de despojo de tierras, asegurando que contribuya al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Eso abarca el desarrollo de investigaciones por parte de la Unidad Especial de Investigación para el Desmonte de los grupos sucesores del paramilitarismo sobre la responsabilidad de las estructuras criminales con intereses políticos y económicos en la región, en particular en el caso de los asesinatos de Mario Castaño y Hernán Bedoya.
• Investigar de forma independiente y con la mayor celeridad posible las denuncias con respecto al plan de atentado en contra de integrantes de la CIJP (en particular a lo referente a su Representante Legal, Danilo Rueda, y a los y las integrantes del equipo del Bajo Atrato) y de los y las lideresas de la región.

Foto: Cristian Garavito.

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