Alto a la violencia estatal en Colombia

Desde la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), integrada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, expresamos nuestro total rechazo por el uso excesivo de la fuerza pública, ordenado desde el Estado Nacional, que ha derivado en graves violaciones a derechos humanos de la población civil que se ha sumado a la indignación en Colombia.

La represión estatal, como respuesta a quienes hacen uso legítimo de su derecho a la protesta social, es parte de la violencia estructural que se ha expresado en el país a través de la creación de nuevas cargas tributarias para la clase trabajadora y explotada, exonerando a la clase alta del país de una reforma. También acompañada de una propuesta de reforma en salud, que en tiempos de pandemia, fortalece la idea de la salud como un negocio y no como derecho.

La continuidad de los asesinatos de líderes sociales en el país y el incumplimiento de los acuerdos de paz, son también parte del antecedente del contexto actual que ha conducido a miles de personas que han salido a la calle a manifestar su rechazo a la política actual del Presidente Iván Duque Márquez.

Sin embargo, su punto más visible y violento es ahora, durante las protestas, a través de la violencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la Policía de Colombia que, además, es justificada desde el Ministro de Defensa y la Presidencia a través de discursos que estigmatizan, criminalizan y califican como “amenaza terrorista” las protestas sociales, legitimando el uso desmedido de la fuerza.

Al respecto, Amnistía Internacional ha señalado que la respuesta ha sido la de un “uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura”.

De acuerdo con la documentación de Temblores.org, entre el 28 de abril y el 6 de mayo, se han documentado 1728 casos de violencia policial. Entre los que destacan 934 detenciones arbitrarias, 11 víctimas de violencia sexual por parte de fuerzas de seguridad y, al menos, 98 casos de disparos de arma de fuego por parte de elementos policiamos. Además la Defensoría del Pueblo de Colombia ha investigado 89 casos de desaparición forzada. Otras organizaciones del país han señalado que, en promedio, cada 9 horas un manifestante ha sido asesinado, sin embargo, esta cifra puede tener problemas de subregistro en las ciudades de Cali y Palmira.

Que en varias ciudades y puntos del país se expresen los mismos tipos de ataques y modus operandi contra quienes ejercen su derecho a la protesta social significa que no se trata de hechos aislados, sino que corresponde a una respuesta estatal organizada, que en Colombia existe una política de aniquilamiento contra la población y, especialmente, contra las personas defensoras y activistas.

Es por ello es que desde la Red TDT condenamos los ataques y violencias. Instamos a los organismos nacionales e internacionales a poner  la atención sobre las graves violaciones a derechos humanos que continúan sucediendo en Colombia y hacemos un llamado a la solidaridad internacional para demandar que el Estado colombiano ponga fin a la violencia, se detengan los abusos policiales, agresiones, desapariciones forzadas y asesinatos. A que se garantice el derecho a la protesta social y se escuchen las peticiones del Comité de Paro Nacional y la sociedad civil que se encuentra en las calles. Además, que se conforme una Comisión Internacional de Derechos Humanos para documentar la situación actual.

La protesta social es un derecho, no es terrorismo.

Ciudad de México,. 7 mayo de 2021