Alternativas agroambientales ante la mercantilización territorial
Durante cuatro días en el municipio de Sucre, departamento de Cauca, se reunieron 38 organizaciones Nacionales y personas de otros países para avanzar en el análisis y el fortalecimiento de propuestas agroambientales y de protección ambiental del territorio.
“Hacia la construcción de alternativas propias de producción e intercambio frente al modelo de mercantilización del territorio”.
En medio de la fase de control social territorial bajo el lema de la “Prosperidad Democrática”, del impulso para la aprobación del TLC con Estados Unidos, las afecciones que hemos sufrido por el fenómeno de las lluvias que nos tienen en crisis habitacional, alimentaria e inestabilidad de ingresos, la continuidad de cambios ambientales y en continuidad con el proceso iniciado desde 1999 en la Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización del Mercado, convocamos para avanzar en el análisis y fortalecimiento de propuestas agroambientales y de protección ambiental ante la mercantilización territorial los días: 16, 17, 18 y 19 de junio, en el municipio de Sucre, departamento del Cauca, Colombia, delegados de 38 organizaciones y comunidades rurales mestizas, indígenas y afrodescendientes del orden nacional, con presencia de ciudadanos de Italia, Canadá, Francia y España.
Durante estos días recorrimos la Zona de Biodiversidad el “Arca” experiencia demostrativa de producción y protección de la naturaleza de la asociación “Bienandantes”, espacio desde el cual se lidera una campaña en protección del agua oponiéndose al plan departamental y denunciando la presencia de la multinacional Anglo Gold Ashanti que pretende realizar explotaciones de oro en el cerro Negro.
Arribamos a la casa de salvaguarda de las semillas en la Zona de Biodiversidad “Renacer” que permitió a los participantes comprender como en un pequeño espacio se puede implementar sistemas integrados de producción con el adecuado cuidado al medio natural, con una distribución del espacio para la diversificación productiva, plantas medicinales, pancoger y excedentes, buenas prácticas de saneamiento básico con el tratamiento de aguas y su re-uso en otras actividades como el riego y lagos, la protección del recurso hídrico en el nacimiento de un ojo de agua como bien colectivo y bien de la humanidad.
En el museo de la memoria se evocó la vida de las víctimas de la masacre de Trujillo Valle, la masacre del Naya, la violación y asesinato de Juana Bautista Angulo, los asesinatos de Eduardo Umaña Mendoza, Mario Calderón y Elsa Alvarado, Marino López, Argenito Díaz, Walberto Hoyos, Álvaro Ulcue, la masacre de los 12 jóvenes de Buenaventura, las desapariciones y el desplazamiento forzado del municipio de Argelia, Cauca y la muerte reciente en extrañas circunstancias del joven integrante de CAVIDA, Marcial Angulo; los crímenes en el bajo Calima.
En medio de una evidente militarización en el municipio de Sucre, continuamos reconstruyendo desde la memoria nuestras prácticas agroecológicas, de protección ambiental y de convivencia con los ecosistemas. Construimos en estos días, el museo del territorio, ahí nuestras historias, sobre el sentido del suelo, el subsuelo, el aire, su uso o su habitación y convivencia con nosotros, diversidad de siembras y nuestros planes alternativos de ordenamiento.
Constatamos que continúa la puesta en marcha de las llamadas locomotoras del modelo de desarrollo en Colombia: extracción minera, agroindustria, Infraestructura, estimulo a generación de empleo temporal con construcción de viviendas y nuevas fases de militarización y criminalización de los sectores rurales y urbanos que exigimos democratización en las decisiones, respeto a iniciativas de economía alternativa, a las de habitación territorial y al medio ambiente y ecosistemas.
La normatividad estatal favorece la actividad extractivista de empresas privadas y multinacionales; los agro- negocios de palma aceitera, caña de azúcar, maíz, cacao, banano, la expansión del monocultivo de pino y eucalipto; las obras de infraestructura como La Transversal de las Américas, el proyecto Arquímedes, La Ruta del Sol, La Marginal de la Selva, el corredor multimodal Tumaco-Belén Dopara, Terminal de contenedores de Buenaventura, Doble Calzada Buga–Buenaventura, Línea del Ferrocarril del Oeste, Dragado de la bahía, Malecón turístico, Carretera de Bahía Malaga. En el Plan Nacional de Desarrollo se percibe con claridad la nueva configuración geográfica de las regiones, el rediseño territorial con fines desarrollistas, un ejemplo demostrativo es la configuración de la región suroccidental de Colombia en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá que dejan de pertenecer a la zona de la Amazonía para convertirse en “zona suroccidental” por sus inmensos recursos en agua, biodiversidad, tierra, minería, petróleo, entre otros. Hoy continúan las amenazas a las comunidades, a los ecosistemas, la vida humana y natural siguen en un riesgo mayor.
Constatamos que persiste la delicada situación de violación de derechos humanos y derechos colectivos con nuevas operaciones de tipo paramilitar que comprometen la responsabilidad del Estado a través de la participación de estructuras policiales y brigadas militares con lo que llaman “Bacrim”. No percibimos voluntad política para frenar y desestructurar la criminal maquinaria de muerte y terror paramilitar, estas se han expandido por amplias regiones del territorio nacional y continúan generando miedo a sus habitantes. Continúa el control social, político y económico de estas estructuras paramilitares que con otros nombres actúan como siempre lo han hecho
Los crímenes de lesa humanidad como desapariciones, masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, expropiación a sangre y fuego de los territorios que hemos vivido en los últimos 30 años continúan en impunidad.
La ley de víctimas es un avance, parcial, en el reconocimiento de la existencia de una violencia política y de las consecuencias en daños irreparables a la vida e integridad personal, comunitaria, colectiva, política, ambiental, reconversión de la propiedad y su concentración, así como, el uso de la tierra.
Ese reconocimiento implícito en la ley de víctimas, no es integral ni estructural frente a las dimensiones históricas, políticas, económicas, culturales de la violencia. Las responsabilidades estatales se ocultan, se mimetizan o se niegan en formalismos. Se construye de suyo una historia oficial sobre las causas de la violencia sociopolítica, la exclusión agraria y rural, la modernización forzosa que se ha venido desarrollando.
Los mecanismos contemplados, aun no reglamentados, posibilitan a beneficiarios del despojo continuar en los territorios y no se comprende la reparación como un proceso cierto de transición hacia una democracia real. La concepción humanitaria de la reparación desdibuja el carácter de fondo de la reparación.
Si bien hay un avance importante, existen problemas que desconocen las propuestas de las víctimas y avances del derecho internacional frente a los principios de enfrentamiento de la impunidad, la memoria histórica, y la reparación.
La intensificación de la guerra con graves afectaciones a la población civil persiste. La militarización territorial del Estado no ha logrado un triunfo militar sobre las guerrillas de las FARC y del ELN, las operaciones militares continúan desarrollándose sobre los marcos de la Doctrina de la Seguridad Nacional lo que pretende legitimar sus abusos permanentes y violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. Las guerrillas en desarrollo de su modelo de guerra de guerrillas han cometido infracciones al derecho humanitario, alguna de ellas, muy graves.
La guerra interna no se ha resuelto por la vía militar, los costos humanos entre los combatientes, los costos sobre la población civil, los costos financieros, los costos sociales y ambientales son mayores que los costos de un diálogo político en el que además del Estado y gobierno y las guerrillas, debemos ser parte nosotras y nosotros.
A pesar de este panorama desolador, los delegados de las 38 organizaciones y comunidades asistentes valoramos las apuestas heroica, pacíficas que sostenemos, y nos planteamos retos a corto y largo plazo con un objetivo claro: la defensa de la vida y del territorio, la vida de los ecosistemas con todos y para todos, desde la palabra hecha acción, desde nuestra caminada y reconociendo en cada uno de los recorridos las iniciativas que son experiencias demostrativas de lo posible y lo que puede ser replicado, socializado.
Nuestras conclusiones en relación con las tres mesas de trabajo TERRITORIO – PRODUCCIÓN – COMERCIALIZACIÓN, TERRITORIO- PROTECION DE LA VIDA Y EL TERRITORIO, TERRITORIO-GÉNERO E IDENTIDADES SEXUALES.
1. Fortalecer la economía propia y la soberanía alimentaria, a través de una planificación en la producción, consecuente con la recuperación de semillas nativas, la recuperación orgánica de suelos, la conservación de los saberes y prácticas tradicionales, y la protección del medio ambiente.
2. Unificar en sistemas de información que nos permita diseñar un plan de acción conjunta en la producción agroecológica, sabiendo de ante mano los periodos de siembra y cosecha, así como la producción real para el autoconsumo y la producción de excedentes para el intercambio y la comercialización.
3. Avanzar en la consolidación de la red de intercambio y comercialización con el establecimiento de acopios en cada comunidad y tiendas locales. Así como, ir estableciendo intercambios entre las comunidades cercanas. Desde la experiencia de algunas asociaciones campesinas que han logrado romper con la dictadura de los mercados internacionales y que tienen establecidos mercados a nivel nacional e internacional.
4. Continuar afirmando y exigiendo del gobierno nacional el reconocimiento de los mecanismos propios de protección a la vida y al territorio implementados por las comunidades y procesos organizativos: Zonas humanitarias, zonas de biodiversidad, espacios de refugio, zonas de encuentro y autonomía nasa, resguardos humanitarios y ambientales y las zonas de reserva campesina.
5. Impugnar como parte del MOVICE los aspectos de la ley de víctimas que desconocen estructural y estratégicamente nuestros derechos, y las leyes aprobadas por el gobierno colombiano en las que se desconoce la verdadera situación y condición de victimas de los pobladores indígenas, afrodescendientes, mestizos, urbanos, a quienes se les vulnera sus derechos colectivos a la vida y al territorio, y las disposiciones de inteligencia y criminalización.
6. Diseñar una línea estratégica de propuestas de reforma y transformación agraria integral que pueda en un gobierno democrático ser reconocido como derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos, economía rural, con democracia alimentaria, protección ambiental, de ecosistemas y fuentes de agua.
7. Convocar a nivel nacional diversas formas de expresión y manifestación con veeduría internacional por la restitución del territorio a las comunidades que han sido expropiadas, la ampliación de territorios en los resguardos y zonas campesinas, contra el desplazamiento forzado y las violaciones de derechos humanos.
8. Sumarnos a las iniciativas de Vía Campesina frente a la mercantilización de los territorios, la impunidad y las violaciones de derechos humanos y derechos colectivos..
9. Sistematizar y reconocer los aprendizajes que las mujeres desde su sensibilidad, su saber, su expresión y sus formas organizativas que han afirmado y construido en experiencias agroecológicas, el afrontamiento de la violencia, la resignificación de la vida, la protección y recreación de las nuevas generaciones y las del porvenir.
10. Participar en iniciativas contra toda forma de discriminación integrando a las reflexiones del género, la de diversidad en las opciones sexuales, de etnia desde la exclusión socio política, socio económico y cultural.
11. Asumir colectivamente mecanismos de resonancia de los saberes y prácticas ancestrales y formas de habitación en el valor de los mayores y jóvenes, niñas en las iniciativas de recopilación de la memoria y las historias de vida de los para que sean parte de la dignificación en las casas de la memoria o sitios especiales donde los niños y jóvenes puedan reconocerlos.
12. Por la persistencia de la guerra creemos que debemos seguir apoyando iniciativas de paz como diálogo político, un pacto social en que las comunidades rurales podemos aportar a propuestas de justicia ambiental, justicia agraria, justicia social y democracia política como lo venimos planteando a través de Colombianos y Colombianas por la Paz.
13. Continuar participando en todas las iniciativas de discusión y alternativas frente a Tratados de Comercio que maximizan la destrucción del planeta y desconocen formas y derechos de los habitantes rurales. La crisis ambiental y alimentaria están interrelacionadas, ante sus afecciones y respuestas institucionales asumiremos una veeduría sobre los recursos recaudados por el gobierno, propondremos el respeto a formas de salida a estas crisis.
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Suscribimos
Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad–CAVIDA. Cacarica-Chocó
Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó y Curvaradó: Chocó
Resguardo Indígena de Urada Jiguamiandó-Espacio Humanitario Ambiental – So Bia Drua, Pueblo Embera Katio
Comunidad de Vida y trabajo “la Balsita” Dabeiba-Chocó
Comunidad civil de Vida Y Paz CIVIPAZ. Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad- Meta
Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA. Trujillo-Valle
Asociación Agroecológica Koinonia-ASOKOINONIA. Trujillo-Valle
Asociación Agroecológica de familiares de víctimas de Trujillo-ASAVIP. Trujillo-Valle
Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam. Calima-Valle
Jóvenes unidos por el Bajo Calima JUBCA. Calima-Valle
Comité veredal comunidad el crucero Km 9. Bajo Calima-Valle
Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya. Valle
Familias desplazadas pro-retorno de Argelia. Cauca
Asociación campesina “Huerto Renacer”. Sucre-Cauca
Familiares de víctimas “Sembradores De Paz” Inzá. Cauca
Escuela-Taller Ullucos Zonas de Encuentro, Autonomía y Resistencia indígena nasa. Toribío- Cauca
Asociación campesina BIENANDANTES. Sucre-Cauca
Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica ADISPA. Putumayo
Asociación de Productores y Procesadores “Semillas de Paz” ASPROSEPAZ. Putumayo
Asociación de Productores y Procesadores “Camino al Futuro” ASPROCAF. Putumayo
Asociación Campesina de Desarrollo Sostenible San Salvador ASCADES. Putumayo
Juventud Raíces de Dignidad Perla Amazónica. JURADIPA. Putumayo
Kwe´sx ksxa´w. Consejo Regional Nación Nasa del Putumayo.
Grupo porvenir–Zona de biodiversidad de Ancura. Putumayo
Familias campesinas vereda Puerto Playa, corregimiento Perla Amazónica. Putumayo
Familias campesinas vereda Guadalupe, corregimiento Perla Amazónica. Putumayo
Asociación campesina del Valle del Cimitarra. ACVC. Santander
Zona de Biodiversidad “La Esperanza” Palestina-Huila