Alguien que cuide de mí
El Fondo de Solidaridad con las Víctimas del Poder Judicial (Fasol) reporta que entre 1989 y 2008 hubo 270 asesinatos y 38 desapariciones de trabajadores de la justicia en general: jueces, fiscales, abogados, investigadores, secretarias de juzgado, asistentes judiciales, escribientes de juzgado y hasta conductores de las oficinas.
Nadie se extraña. Cinco balazos en la cabeza, un sicario, a 3 cuadras de una estación de policía, a la vista de todos, unos días antes del juicio. Es un lugar común. Todos sabemos que los jueces en Colombia son carne de cañón.
Con cifras como estas es bastante previsible que un juez reciba un atentado, más todavía si está trabajando en un caso caliente que involucra el asesinato de unos niños, un subteniente como presunto culpable y se ubica en un departamento en la periferia colombiana donde no hay ni Dios ni ley.
Siendo la judicatura una carrera tan evidentemente peligrosa uno creería que hay algún equipo que se dedica exclusivamente a su protección, pues, ¿cómo se le puede pedir a un juez que sea justo si no se le garantiza que su vida esta fuera de peligro? Sin embargo, algo que parece tan elemental para asegurar el buen funcionamiento de la justicia en Colombia no existe. No existe tal cosa como un organismo especial para cuidar a los jueces cuya vida está en constante riesgo no solo por los casos penales, también por los civiles en los que un ciudadano desafortunado puede llegar a culpar al juez de sus desgracias y llevar su rabia hasta las últimas consecuencias.
A los jueces los cuidan los mismos policías que cuidan a todos los ciudadanos, policías que ni siquiera son lo suficientemente efectivos para proteger a quienes no están en peligro explicito, como cualquier colombiano víctima de algún delito (¿es decir todos?) lo puede atestiguar.
Se dirá entonces que de todas formas es imposible poner escoltas para todos los jueces cuando no hay presupuesto suficiente ni para los suministros de oficina de los juzgados. El asunto queda más difícil todavía si las acusaciones que se han hecho a el Consejo Superior de la Judicatura por despilfarro resultan ciertas. Pero bueno, digamos que no hay plata para cuidarlos con esmero a todos, solo a los que denuncien, claro, si siguen vivos después del trámite burocrático que para mayor tranquilidad y eficiencia termina en una evaluación del caso hecha por el DAS.
Así las cosas es casi ingenuamente optimista pedir ayuda personalizada, pero entonces, ¿qué hacer? Digamos que a sabiendas que la seguridad en un municipio como Arauca no es la mejor, se piensa en trasladar el proceso a la capital. Precisamente el 18 de noviembre de 2010 se solicitó a la Fiscalía que trasladara el proceso judicial por el asesinato de los niños de Tame de Arauca a Bogotá por intimidaciones, amenazas y falta de garantías. Nada de esto convenció al fiscal 51 de Derechos Humanos que respondió que no había causales para radicar el caso en Bogotá. 4 meses después mataron a Gloria Gaona, la juez encargada del proceso, y solo hasta ayer, ante la inminencia del rigor mortis, se hizo un anuncio oficial en el que se afirma que el proceso será trasladado inmediatamente. Los causales supuestamente inexistentes se hicieron palpables.
Admiro profundamente a los hombres y mujeres que se dedican a ser jueces en Colombia, arriesgando su vida sin garantías y desde el anonimato, propensos a prever sus muertes sin poder hacer nada más que trabajar, como Gaona que contra todo impulso de supervivencia allá estaba, en Arauca, sin protección, pronta a morir de la obviedad.