Alerta en el Naya
La ausencia de un proceso de Reparación Integral que incluya la Titulación Colectiva del Territorio, la ausencia de una política de seguridad que proteja la vida e integridad personal y de los derechos de los pueblos, y la carencia de investigaciones que profundicen la responsabilidad de estructuras institucionales y mandos de estrategias militares y paramilitares por la masacre de abril de 2001 ocurrida en El Naya, son las razones de fondo para que los pueblos afrodescendientes, indígenas y mestizos hoy lancen la acción preventiva que reproducimos.
Comunicado de la Unión Territorial Interétnica del Naya.
Bogotá, D.C Noviembre 11 de 2005
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Presencia del ejército nacional crea angustia en nuestras comunidades del Alto Naya
Los hechos
El martes 8 de noviembre, comenzó a entrar a la región del Alto Naya un contingente del ejército nacional. El ingreso se hizo partiendo del sitio conocido como La Silvia. Las versiones que hemos obtenido de campesinos e indígenas que hacen parte de la Coordinación de UTINAYA (Unión Territorial Interétnica del Naya) y que ese día se encontraban saliendo del Naya para participar de una reunión con el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) es que por lo menos se trataba de 100 personas uniformadas, identificadas como del ejército nacional.
Este contingente estaba dividido en tres grupos, el primero de los cuales (compuesto por una docena de soldados) se encontraba en el sitio La Mina, a media jornada (6 horas) de distancia a pie desde La Silvia, al momento de la llegada de los coordinadores de UTINAYA. Causó extrañeza, que la mayoría de ellos tuviera la cara cubierta. Posteriormente se encontraron en el sitio ‘Patio Bonito’, al filo de la cordillera (3 horas de distancia de La Silvia) otro grupo de cerca de 30 uniformados. Estos no llevaban el rostro cubierto. Luego, los dirigentes de UTINAYA se encontraron con el tercer grupo de uniformados (cerca de 70) que apenas estaban subiendo al Filo de ‘Tierra Grata’, la parte más alta del trayecto hacia la región del Alto Naya.
En ningún momento, ninguno de los tres grupos se identificó ante las personas que salían del Alto Naya. Tampoco manifestaron públicamente las razones para su entrada a la región, cosa que no hacía el ejército desde hace 5 años.
El Naya
En nuestra región, la cuenca del río Naya vivimos cerca de 25.000 personas pertenecientes a cuatro pueblos diferentes: indígenas nasa, campesinos, indígenas eperara siapidaara y afrocolombianos, agobiados todos por la pobreza, la exclusión y el abandono del Estado. Para nadie es un secreto, que el Estado en esta región se ha caracterizado por la desidia, la incompetencia y la corrupción.
En el Naya, con excepción del pueblo eperara, ningún grupo tiene títulos sobre la tierra que habita. Esta región se caracteriza además por una asombrosa diversidad biológica. Estas son las razones por las cuales se vuelcan sobre esta región toda suerte de intereses, algunos de ellos disputándonos el derecho al territorio.
En abril de 2001 tuvo lugar en el Naya una masacre perpetrada por paramilitares del grupo Calima, hoy desmovilizado. Según los cálculos de nuestras comunidades en esa ocasión fueron brutalmente asesinados cerca de 100 personas, aunque la fiscalía dice que no fueron más de 50.
Nuestras preocupaciones
Lo primero que recuerda nuestra población es que con antelación a la masacre, miembros de la fuerza pública habían hecho presencia en la zona, haciendo averiguaciones sobre personas y sobre la situación de orden público, algo que en tiempos de paz parecería normal, pero que en el contexto de violencia y conflicto en esta zona del país, hace que crezca la alarma, y la confusión. El hecho de que el primer grupo de uniformados tuvieran cubierta la cara, aumenta la angustia que se siente ante la presencia de tantas armas.
Nos preocupa sobremanera que ahora que indígenas y campesinos del Cauca, hayan decidido presionar por las vías de hecho el cumplimiento de acuerdos sobre entrega de tierras, el Cauca haya entrado en la mira del gobierno como zona gris, donde toda movilización reivindicativa es criminalizada como acción terrorista. Es bueno recordar que estos acuerdos, cuyo cumplimiento exigen hoy los indígenas, son el producto de la condena al Estado que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de indígenas en Caloto, Cauca en diciembre de 1991, en la cual hubo conocimiento y participación de miembros de la fuerza pública.
En el caso del Naya, en el año 2006 se vencen los 5 años del plazo que se establece para que el gobierno haga justicia por los daños ocasionados a nuestras comunidades por la masacre. Si el Estado no abandona su desidia en materia de hacer justicia y vencido el plazo, la Corte Interamericana, que tiene competencias para ello, puede intervenir. Y creemos que hay suficientes indicios sobre la anuencia de miembros de la fuerza pública en la masacre y en los hechos de violencia sucedidos dos años anteriores a ella, durante los cuales los paramilitares se ensañaron contra la población civil de toda la región del Norte del Cauca y Sur del Valle.
La razón por la cual los miembros de la coordinación de UTINAYA se encontraban saliendo de la región es que esta semana (del 8 al 11 de noviembre) se definirían los equipos y se haría la inducción a las personas que entrarían al Naya junto con funcionarios del INCODER para hacer el estudio de clarificación de la propiedad del Naya y decidir, de una vez por todas, la titulación de este territorio a nuestras comunidades. Nos preocupa que la entrada del ejército interfiera en este trabajo, o que haya gente o aún instituciones privadas o públicas interesadas en que este estudio no se lleve a cabo. Por lo menos nos preocupa que el ejército no coordine con otra entidad del Estado, como es el INCODER.
Nos preocupa también que el Estado con su presencia militar, destruya los esfuerzos que venimos realizando indígenas, negros y campesinos en el Naya por reconstruir nuestras vidas y territorios y se desconozca la importancia de construir desde la región experiencias de entendimiento interétnico, para el manejo y control de los territorios. Para nadie es un secreto y somos concientes del enorme reto que tenemos en nuestro trabajo por la existencia de cultivos de uso ilícito en la región. No obstante el uso de la fuerza la consideramos altamente inconveniente para nuestros esfuerzos por crear espacios de paz y convivencia multiétnica en la región.
Para nadie es un secreto que las zonas altas del Pacífico, el Naya es una de ellas, son zonas estratégicas en cuanto vía de paso desde la zona central hacia el litoral del Pacífico. Su control es primordial como espacio estratégico desde un punto de vista económico y militar (favorece un proceso de control estructural del espacio geográfico). En ese sentido, se trata de una región en disputa y afectada por la violencia y represalias de uno y otro lado. La masacre de abril de 2001 por paramilitares es la mayor de esas represalias hasta la fecha.
Nos preocupa de esta militarización la restricción de alimentos y medicamentos a la zona y que se detenga arbitrariamente y al azar a comuneros para obtener información. No creemos que sea bueno para una región tan azotada por la violencia y el abandono, que se le aumenten sus problemas, creando más zozobra y temor a la población. Ante todo no consideramos conveniente que se crea que por ser una región al margen de la economía de mercado, sin ninguna presencia del Estado, el Alto Naya sea, como alguna vez lo dijo un personaje notable del Cauca, “una guarida de delincuentes, a donde llevan todos los secuestrados de la guerrilla”. Creemos que los cerca de 3.270 indígenas y campesinos que alguna vez llegamos allí huyéndole a la violencia, merecemos un trato mejor.
Nuestra organización, ante la negligencia del Estado para hacer justicia y ante el temor de que estos hechos de sangre puedan repetirse, ha logrado incidir internacionalmente para que nuestra región del Naya esté en el mapa de los derechos humanos, elevando el costo político para el gobierno de cualquier agresión que se pueda cometer a nuestras comunidades. Es por eso que no creemos que el gobierno autorice un atropello a nuestras comunidades. Pero si nos preocupa que se den hechos de sangre a población indefensa, como lo sucedido en otras regiones del país, Cajamarca por ejemplo, donde una familia de campesinos, entre ellos menores de edad, fue asesinada, o los niños escolares de Pueblo Rico que fueron asesinados, confundidos con guerrilleros. Este tipo de “accidentes”, como fueron catalogados estos hechos por el gobierno, no los queremos en el Naya.
Esperamos que el doctor Álvaro Uribe Vélez este al tanto de esta militarización y siga paso a paso el desenvolvimiento de esta operación, ya que él como presidente de la República y jefe supremo de las fuerzas armadas, es el responsable directo de lo que lo que suceda a nuestra población. Porque si de algo puede estar seguro el gobierno es que vamos a estar pendientes de esta acción y vamos a dar a conocer nacional e internacionalmente cualquier hecho de violencia que suceda a nuestra gente, como producto de esta militarización.
Creemos que lo mejor que puede hacer el gobierno es indudablemente retirar este contingente armado y buscar la forma de que se agilicen los trámites para que se titule la cuenca del río Naya a nuestras comunidades, desestimulando así la rapiña sobre nuestras tierras. Porque también puede estar seguro el doctor Uribe Vélez de que lucharemos a brazo partido por lo que justamente nos corresponde.
Unión Territorial Interétnica del Naya, UTINAYA
Popayán, noviembre 10 de 2005