Al oído de los que “conversan” sobre el futuro
En este noviembre de 2019, gran parte de la población colombiana ha reaccionado con enérgico descontento y en búsqueda de cambios efectivos que transformen la situación de las mayorías. Parece que la acumulación de frustraciones se vuelve insoportable.
La “vuelta trizas” de los acuerdos de paz; el asesinato sistemático de centenares de líderes sociales y de desmovilizados de la guerra; las sin-salidas del problema educativo, del pro- blema de la salud, del problema de la impunidad; la corrupción cada vez más escandalosa y la negativa de los poderes a corregirla para no perder prebendas conquistadas; el desas- tre ambiental provocado por el extractivismo; la criminalidad del ESMAD y sus estrategias para impedir, castigar y exterminar la protesta social; el copamiento del territorio por transnacionales saqueadoras de recursos, evasoras de impuestos y destructoras del am- biente; el paramilitarismo rampante y su goce de tolerancia absoluta por instituciones y empresariado; los niveles escandalosos de desigualdad que campean en las estadísticas mundiales; el cierre de la productividad agrícola para abrirle paso a tratados de libre co- mercio; la rápida caída de popularidad del gobierno recién elegido; el desprestigio de los partidos, de los cuerpos legislativos, del poder judicial y de la fuerza pública; la decepción frente a los órganos creados por los acuerdos de paz para superar la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto armado, como la JEP, y la dedicación de ésta a otros tipos de crímenes ajenos al conflicto, como los falsos positivos.
Ya se contabilizan 36 años de negociaciones de paz en el último ciclo de violencia, en que todos los acuerdos han fracasado; los desmovilizados asesinados; las promesas burladas y las violencias recicladas y multiplicadas.
Pero en las marchas y protestas de este noviembre revientan interrogantes más de fondo:
¿será que nunca hemos enfrentado las raíces y por eso nunca logramos cambiar nada?
Si examinamos el último “proceso de paz” (2012-2016) ciertamente no se tocaron, ni remo- tamente, las raíces de la violencia: los problemas alrededor de tierra, democracia, droga y víctimas quedaron ilesos en los acuerdos. El Presidente Santos había dicho desde Oslo: ni el modelo económico, ni el modelo político, ni el modelo militar se pueden tocar. Y de hecho no se tocaron. Por eso todas las propuestas de las FARC fueron a parar a un congelador (al final las llamaron “salvedades” y nunca más se retomaron), con gran decepción de los países garantes y acompañantes. La reforma agraria terminó en un fondo de tierras que no se ha hecho efectivo y que sólo servirá para alimentar el clientelismo y la corrupción en los pe- ríodos pre-electorales. La reforma política terminó en un intento de volver a lubricar los partidos y las votaciones, abriéndole un pequeño campo a un grupo de excombatientes farianos, para entronizarlos en un congreso ultra-corrupto que no cesa de insultarlos, vili- pendiarlos y amenazarlos. El acuerdo sobre drogas ilícitas prometió no seguir persiguien- do a los que sólo viven de la droga por necesidad extrema o la consumen por enfermedad psíquica, pero el gobierno actual volvió a la persecución, incumplió la sustitución y recicló la violencia contra los inocentes. La política de víctimas, centrada en la JEP, rápidamente fue convertida en privilegios enormes para los victimarios del Estado, quienes habían ac- tuado fingiendo ser parte en falsos enfrentamientos, destinados a eliminar a millares de civiles. El modelo, como tal, salió pues remozado en los “acuerdos”, pero en acuerdos que, a pesar de toda su inutilidad, fueron hechos trizas gracias al plebiscito, al congreso y al nuevo gobierno.
El país joven e inconforme que está despertando en esta especie de “primavera novembri- na”, se está preguntando dónde es que están las raíces de tanta desgracia. Las élites tratan de apaciguarlo diciéndole que nada se puede cambiar de la noche a la mañana; que no se deje manipular de los “castro-chavistas” o del “Foro de Sao Paulo”; que no sea ingenuo al querer apartarse de los estándares de la economía y la política mundial –neoliberal-, pues el país quedaría aislado del mundo y ahí sí que se hundiría en la miseria; que no se pue- den echar atrás tratados y convenios ya firmados con empresas extranjeras ni desconocer títulos ya reconocidos, pues habría que pagarles penalidades monstruosas que nos arrui- narían; que todo cambio debe amoldarse a las instituciones vigentes, pues las instituciones son sagradas y fruto de “la democracia”; que el pueblo puede protestar y sugerir salidas pero que no crea que ellas tienen fuerza vinculante para el gobierno. Otras muchas y simi- lares razones han sido esgrimidas contra la protesta.
Quienes se están retirando el lente de la ideología dominante, blindado por los medios masivos de desinformación, comienzan a ir más allá, preguntándose si estas estructuras e instituciones que hemos construido son legítimas y tienen algo de democracia. Quizás la polarización extrema que ha precedido estos estallidos, ha dejado al desnudo la fragilidad de las ideologías que la sostienen, pues en su exacerbación no dejan ver ninguna referencia concreta a los problemas cruciales que se viven en la cruda realidad ni a sus soluciones lógicas, sino que se amparan y enfrascan en dogmas, autoridades, dependencias de poder, falsas sacralidades y concepciones del desarrollo y del progreso que no resisten ningún exa- men de autenticidad.
Al parecer, estamos viviendo momentos de cansancio, de hastío, de “rebosamiento de co- pas”, de “des-engaño” que invitan a arrancarse las vendas y a tirar lejos los filtros que des- cribe magistralmente Erich Fromm1, cuando muestra que las sociedades se valen de ellos para establecer censuras, con el fin de seleccionar lo que puede entrar en la consciencia social y lo que no puede entrar allí, y si entra, hay que expulsarlo. Muchos colombianos y latinoamericanos comienzan a rechazar dogmas ligados a esos filtros, como creer que las armas pueden defender instituciones legítimas y silenciar reclamos legítimos; que los sis- temas electorales, aunque estén sostenidos y alimentados por altas concentraciones de dinero, pueden dar origen a instituciones realmente democráticas; que los gobiernos se pueden conformar con funcionarios provenientes de élites económicamente privilegiadas y empresariales y que las demás capas y estratos sociales no tienen condiciones adecuadas para gobernar ni para decidir; que la democracia se ejerce exclusivamente en votos que equivalen a “cheques en blanco”, sin necesidad de mecanismos de consulta ni de control de las decisiones por parte de las poblaciones afectadas; que los gobernantes pueden dis- poner de los recursos de un país, pasando por encima de quienes serían afectados por su extracción o enajenación … en fin, infinidad de dogmas asimilados pasivamente durante siglos o décadas, están pidiendo ser examinados a la luz de un nuevo humanismo inclu- yente, que no sea etiquetado de antemano con denominaciones estigmatizadas para ser parte de los filtros que sabiamente puso al desnudo el profundo Maestro Erich Fromm.
Después de la guerra de independencia de España, la élite criolla que se apoderó de las tierras y gobiernos regionales tenía arraigo militar y por ello los conflictos en el siglo XIX se solucionaron a punta de bala, en 9 guerras civiles nacionales, 14 guerras regionales y numerosas revueltas locales. Los partidos que fueron naciendo se consolidaron sobre una ideología hegemonista, de modo que al ganar las violentas elecciones, el poder se pusiera al servicio del “ganador”, dándole atribuciones para aplastar y despojar al sector adversa- rio. La violencia estuvo, pues, desde un comienzo en el corazón del sistema y modelo so- cial que hemos construido y nos ha regido, de modo que cuando los pobres más victimi- zados y despojados quisieron reivindicar sus derechos, el único camino viable fue el de las guerrillas, que tuvo múltiples expresiones históricas. Estados Unidos tomó a su cargo, desde los años 50 del pasado siglo, el monitoreo de la “seguridad” de este Estado colom- biano que se había ido configurando, y lo obligó a adoptar la estrategia paramilitar desde 1962 y a combatir a los buscadores de justicia poniéndoles etiquetas demonizantes para justificar contra ellos todas las formas de persecución y exterminio. La inclusión de la po- blación civil en la guerra llevó a la máxima degradación de ésta y las mismas guerrillas tuvieron que reproducir, en parte, métodos de su adversario, sin otra posible salida bélica. La guerra produjo millones de víctimas, pero el Estado, tolerado por la comunidad inter- nacional, evadió todos los instrumentos de humanidad para frenar y sancionar las atroci- dades, permitiendo sólo investigar y sancionar contados casos demostrativos. Los Estados Unidos no le permitieron ni le permiten aún a Colombia cambiar el paradigma militar pa- ra enfrentar los conflictos, pues la venta de armas y las asesorías militares constituyen el primer renglón de su economía y de su geopolítica internacional.
Sin embargo, todo muestra que si no hay cambio de paradigma, de modelo, de sistema, la injusticia y la violencia van a seguir inmodificables. El monstruoso aparato de guerra cons- truido por el Estado para eliminar a sus opositores, succiona ya rutinariamente altos por- centajes del presupuesto nacional, gran parte del mismo pagado o debitado a los Estados Unidos, y se ha convertido en una carga inercial que exige mantenerse y expandirse bajo chantajes, y que por su misma naturaleza se convierte en causante y responsable de las violencias contrarias: las violencias rebeldes, toda vez que éticamente es inadmisible res- ponder con violencia a exigencias de justicia y eso es lo que ha hecho siempre el Estado colombiano, manteniendo una guerra contrainsurgente regida por manuales importados, absolutamente inmorales. Tal absurdo se ha explicitado nuevamente ahora, cuando el ELN ha exigido la participación de los sectores sociales excluidos en sus negociaciones de paz y el gobierno se ha negado rotundamente a aceptarlo, o ha establecido que sus reclamos no tendrían entonces ninguna fuerza vinculante o imperativa para la capa gobernante.
Esta “primavera novembrina” –que ojalá no sea pasajera- invita a la reflexión, al análisis, al sueño, a la audacia, a la radicalidad.
Sacudir las fuentes y causas de las desgracias, implicaría:
• Adoptar una estrategia urgente de democratización de la información. El blog “De quién son los medios”, evidencia que son propiedad de los conglomerados más ricos del país y del mundo y la experiencia demuestra que su falsa “verdad” está al ser- vicio de intereses inconfesables. Fue un craso error pensar que se podía realizar un proceso de paz y reconciliación con un aparato tan monstruosamente poderoso de manipulación de conciencias, que conduciría inexorablemente el proceso hacia donde en realidad lo condujo.
• Establecer un fundamento legal ético, de rango constitucional, que dé vía libre al desconocimiento y reversión de tratados, convenios y pactos firmados con empre- sas, conjuntos de empresas, Estados o conjuntos de Estados e instituciones interna- cionales, en violación de principios ético-democráticos y constitucionales, descono- ciendo que el legítimo propietario de los bienes de la Nación es el conjunto de ciu- dadanos que conforman la empresa común que se llama “Estado colombiano”, y no una élite minoritaria y privilegiada que actúa al servicio de intereses foráneos, exclusivos y contrarios a los del legítimo propietario. Un tribunal imparcial y re- presentativo de todos los estratos de la Nación debería tomar tales decisiones.
• Una revisión de primer orden debería centrarse en reconsiderar si con armas se puede construir una sociedad humana; si con armas es legítimo gobernar; si las armas son respuesta válida, legítima y ética a quienes reclaman derechos o a quie- nes, victimizados por múltiples violencias, las han asimilado y adoptado como vía válida de sobrevivencia. Y hay que examinar también la validez de la respuesta ru- tinaria que se suele dar: todos los Estados se defienden con armas; hay que res- ponder a los armados con armas (es decir: los incendios se apagan con gasolina). Respuesta anclada en el adagio milenario: “mal de muchos, consuelo de tontos”, con- vertida en excusa de los sin moral. Si se trata de ir a las raíces, hay que enfrentar es- ta fuente raizal de los crímenes y de los absurdos más monumentales, por sensible y desestabilizador que ello sea. Lo será por un tiempo, mientras se destruyen las armas, se re-educan las conciencias enfermas y se deslegitima su discurso histérico y afectado de autismo heroico. Los siglos vividos de violencia patológica y cruel, con sus millones de víctimas, convirtiéndonos en una sociedad terriblemente envi- lecida e inhumana, deberían motivar la audacia que conduzca a la construcción de un paradigma de gobernanza sin armas.
• Pero es necesario enfrentar también el problema de la anti-democracia, a la cual seguimos denominando absurdamente “democracia”. Nos hemos acostumbrado a que las decisiones las toma una élite institucionalizada y “legitimada” por partidos, parlamentos y cortes, que se inter-legitiman y se perpetúan en puestos altísima- mente remunerados y que utilizan el patrimonio nacional como botín de repartija, sometido a infinidad de mecanismos de corrupción que gozan de impunidad. En tan cuestionable institucionalidad actúan numerosas puertas giratorias, para que la élite empresarial más rica ocupe los ministerios y los centros más importantes de decisión del Estado, acomodando allí a sus parentelas y clientelas que saben usar muy bien el sistema y los mecanismos electorales para mantener el control de tan corrupto aparato estatal. Las capas medias, los movimientos sociales y quienes tie- nen ideales más éticos de Estado, son mantenidos al margen de toda decisión, principalmente de las que tienen incidencia en prácticas democráticas y éticas. Es evidente que si se quiere modificar esta podredumbre, se necesita hacer “borrón y cuenta nueva”: crear un Estado nuevo realmente democrático, donde las elecciones no cuesten ni un centavo y en ellas se elija, en proporciones justas, a personas re- presentativas de todos los estratos sociales y étnicos, para un solo período, sin re- elección, con remuneraciones muy modestas y sin opciones de pensión ligada a ese servicio; sin que representen a partidos políticos sino a grupos identificados de ciudadanos que mantengan sobre ellos comunicación y control permanente sobre sus decisiones, con posibilidad permanente de revocatoria, y que realicen sus cam- pañas en estricta igualdad de condiciones mediáticas reguladas, durante muy po- cos días antes de la fecha de elecciones, sancionando con exclusión de candidatura a quien se le pruebe haber recaudado un solo peso para su campaña o haber usado algún medio publicitario no regulado e igualitario.
• Si hay un campo en que la angustia se revela más fuertemente en esta “primavera novembrina” con sus explosiones de protesta, es justamente en la repartición del presupuesto. Los estudiantes, los trabajadores formales y más aún los informales que son la inmensa mayoría, los desempleados que son también una amplia franja, y los no remunerados como las mujeres jefes de hogar, los de la tercera edad recha- zados siempre de cualquier opción laboral, ven su futuro terriblemente oscuro, sobre todo cuando comprueban que el patrimonio nacional se dedica a otras muchas cosas menos a las necesidades básicas de quienes conforman, a pleno derecho, esa empresa común que se llama “Estado colombiano”, cuya administración se le ha encomendado siempre a una élite enormemente alejada de sus necesidades, intere- ses y angustias. Los estudiosos nos demuestran que llevamos ya muchas décadas orientando la economía al sector externo: exportando materias primas, o mejor permitiéndoles a numerosas empresas transnacionales venir y extraer nuestros re- cursos, dejando desérticos y envenenados nuestros territorios y nuestros ríos y ofreciéndoles las más favorables condiciones de explotación, lo que viene a consti- tuirse en un regalo ilegítimo. Pero vivir de regalías es destruir dimensiones de la naturaleza que no se pueden reconstruir sino que quedan destruidas para siempre, y lo peor es que para facilitar eso, se ha destruido la verdadera producción que es la agricultura y la industria nacional. Estamos agotando nuestras posibilidades de sobrevivencia en el futuro próximo, para beneficiar a empresas ricas y poderosas de países ricos y en detrimento de las mayorías nacionales despojadas. Se impone renunciar cuando antes al extractivismo, revertir todos los pactos que lo sustentan y volcar la economía hacia la producción interna: agricultura e industria. Pero además, es urgente señalar prioridades al gasto nacional: no se le debería permitir a ningún municipio gastar un solo peso en otra cosa, sin tener antes cubiertos es- tándares básicos de: alimentación, vivienda humana, servicios básicos domicilia- rios, atención en salud y educación fundamental a TODOS sus ciudadanos. Este debería ser el primer delito del código penal y ser causa de destitución de cualquier funcionario que infrinja esa jerarquía de gasto.
• El aparato de justicia, inteligencia y represión del Estado concentra también eleva- dísimos niveles de corrupción y criminalidad. En los siglos “republicanos” la vio- lencia estructural y nuclear del sistema ha inspirado un derecho penal centrado en la polaridad Estado/Enemigo, complementado con organismos de inteligencia y de represión tan sesgados y delictivos, que varios de ellos han tenido que ser auto- eliminados por vergüenza (DAS, Brigada XX y hoy se insiste en la eliminación ur- gente del ESMAD). Todos los códigos están pidiendo a gritos un re-enfoque, en que la búsqueda de un mundo justo no sea el símbolo central de lo perverso y el núcleo originante común de los tipos penales, sino que lo sea precisamente su con- trario: los actos que obstaculicen la búsqueda de la justicia. La impunidad que la sociedad ha soportado hasta ahora en porcentajes cercanos al 100%, debería re- examinarse con enfoques de futuro, es decir, radicalizando medidas de NO REPE TICIÓN, capítulo que en el último acuerdo de paz quedó totalmente vacío. Es ab- surdo pensar que con el personal militar, policial y de inteligencia que sostuvo los millones de crímenes que hoy claman justicia, sea posible construir una sociedad sin violencia, y algo similar ocurre con el personal judicial que fue tan exuberante- mente creativo para condenar inocentes y absolver culpables durante dos siglos. Se impone rediseñar desde un punto cero el perfil de esos agentes y sus códigos pro- cedimentales y excluir para siempre de esas instituciones a quienes las integraron en el pasado y hoy nos entregan tan horrendos balances.
Ojalá la juventud que hoy se levanta en protesta en esta insinuante primavera novembrina, nos arrastre a todos a tomar consciencia de los filtros que nos han mantenido apoyando un modelo de sociedad absurdo e ilegítimo. Es necesario sacar a un primer plano los princi- pios de derecho más puros y radicales y exigir que se proyecten en la realidad, descono- ciendo las construcciones perversas que se fueron afianzando, parapetadas en una pasivi- dad alimentada con traumas y terrores represivos, con imágenes de cadáveres ensangren- tados por miles de miles que se apoderaron de nuestra cotidianidad y legitimaron iner- cialmente la violencia como principio de gobernanza.
Es hora de acoger y realizar sueños reprimidos y de acariciar utopías que se legitiman por sí mismas. Se impone recordar las palabras de Acevedo y Gómez el 20 de julio de 1810: “si dejamos escapar estos momentos de efervescencia y calor”… basta mirar para atrás y observar el infierno vivido, el cual está listo con sus brazos abiertos para seguirnos envolviendo en su macabro abrazo.
Javier Giraldo Moreno, S. J. Noviembre de 2019
Al Oa-do de Los Que Conversan by Anonymous UeGxFwA on Scribd