Agronegocio financiado por gobierno legaliza repoblamiento
El sábado 13 de junio desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en la escuela de Nueva Unión, Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, se realizó una reunión convocada por el cuestionado representante legal del Consejo Comunitario, Baldoyno Mosquera.
A la reunión asistieron, las comunidades de El Diez, Nueva Unión y Bijao. En la misma se observó la presencia de repobladores que participaron avalados por Mosquera.
Con el respaldo de Mosquera los cerca de 80 repobladores desde el 2017 están ocupando tierras comunitarias sin consentimiento de sus legítimos habitantes.
En la ocupación de mala fe han deforestando 300 hectáreas y proyectan hacerlo en 200 más. La denuncias ante autoridades no han sido escuchadas. Los daños ambientales han causado daños irreparables en la Ciénaga del Bajo de los Patos y sus zonas de amortiguamiento con operaciones de retroexcavadoras y canalizaciones, afectando flora, fauna y especies acuáticas.
El representante legal sin consulta alguna presentó a los participantes el deslinde que realizará en la comunidad Nueva Unión del territorio colectivo para ampliar la operación del agronegocio bananero.
Baldoyno dio a conocer el nuevo orden político administrativo del Territorio Colectivo que debe presentar ante la Alcaldía y el Ministerio del Interior en el que se reconoce a los repobladores como sujetos de derechos territoriales.
Añadió que para continuar con el proceso de arreglo y reparación de caminos era necesario pagar una cuota mensual de $5.000 por hectárea. Algunos pobladores manifestaron su desacuerdo con la medida. Pero dado el temor a las retaliaciones de los repobladores y del propio Mosquera o de los paramilitares de las AGC todos se ven obligados a aceptar la medida.
El representante continúa con los abusos de autoridad expandiendo el agronegocio bananero financiado con recursos públicos de la Agencia Nacional de Tierras. Del mismo modo que con los daños ambientales, ninguna autoridad ha adoptado medidas ante este proyecto que tiene irregularidades evidentes.
Bogotá D.C., 20 de junio de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.